Por Antonio Muñiz
La llegada al gobierno de Alberto Fernández abrió la esperanza de que un nuevo modelo de país inclusivo, productivo, generador de riqueza y conocimientos fuera posible.
El nuevo gobierno heredó una crisis económica y social producto de la mala praxis de la gestión macrista, tal vez la peor y más corrupta en la historia. Es por ello que AF se preparó para enfrentar un escenario muy complejo donde los dos ejes centrales eran la renegociación de la deuda externa generada por el macrismo y atender la emergencia social y alimentaria, también heredada. Sin embargo la vida te da sorpresas, y a poco de iniciar se desató la pandemia global de Covid-19, que puso al mundo en cuarentena.
Rápidamente el gobierno de AF puso en marcha políticas de prevención extrema: a contramano de los países centrales, se privilegió la salud por sobre la economía y los negocios. Hasta el momento la estrategia ha dado muy buenos resultados, al calor de la estadística global; es notorio el desastre sanitario -y por ende económico- que la estrategia contraria ha generado en EEUU, Brasil, Chile o Ecuador, etc.
Mirar hacia adentro.
Es indudable el colapso de la economía global, dado el fracaso ya evidente y la inviabilidad histórica mostrada por la hegemonía neoliberal. Sumada al golpe de la pandemia, han puesto patas para arriba el sistema mundial que rigió en las últimas cuatro o cinco décadas.
Argentina necesita (y es la oportunidad de) cambiar drásticamente su proyecto de país, debatir modelos alternativos de desarrollo para abandonar el ya caduco, basado en la exportación de materias primas, en la lógica extractivista de la explotación de los recursos naturales no renovables, servicios y sobre todo la financiarización de la economía, en detrimento de la economía real de bienes. Este modelo, imperante desde 1976, ha entrado en crisis, pero en el medio dejó más del 50% de población en la pobreza y la indigencia, un aparato productivo monopolizado y extranjerizado, un país endeudado y una sociedad desintegrada.
Es previsible una baja sostenida en los próximos años de los precios de los commodities agropecuarios que exporta Argentina; para agravar aún más la situación externa futura, el proyecto Vaca Muerta, entra en una situación de inviabilidad con los precios internacionales del petróleo en caída. Fue y es riesgoso creer que un proyecto como Vaca Muerta y la explotación de combustibles fósiles pueden ser la salvación ante la crisis económica del país. Hace una década se decidió apostar por el desarrollo del fracking, que se sostuvo a fuerza de altos subsidios a las empresas petroleras o altísimas tarifas en el sector energético. Si queda una enseñanza de este fracaso es que es inviable para un país y sobre todo para Argentina, basarse en una explotación de recursos naturales, con una lógica puramente extractivista, cuando el país no maneja los precios, por lo que queda dependiente de los mercados internacionales, ayer de la soja o el trigo, y en este caso del petróleo. Se apostó muy fuerte a Vaca Muerta, siguiendo la lógica de las petroleras, y se fracasó, se perdieron 10 años, generando una mayor dependencia de los combustibles fósiles, mientras se renunciaba a generar otras fuentes energéticas renovables.
Lo mismo sucede con otras explotaciones extractivistas como la minería. La mayoría de las veces se trata de explotaciones que contaminan el agua, el aire y la tierra, que pagan poco o nada al erario público en impuestos. En el caso de las mineras -protegidas hace treinta años por una ley de estabilidad fiscal- solo pagan, poniendo de ejemplo al oro, 4 pesos por dólar ingresado, mientras que las provincias recaudan el 3% sobre lo que las empresas declaran por declaración jurada. En 2018, Argentina exportó 62 toneladas de oro por 2442 millones de dólares: es mayor el ingreso por la exportación de oro que las tradicionales de carne.
Todas estas actividades operan con alta rentabilidad, pero son verdaderos enclaves que agreden al medio ambiente, sin efecto multiplicador sobre el trabajo y la economía; cuando se analiza el impacto sobre la mano de obra local, se verá que en general es muy escasa y en otros es expulsiva de la población del lugar.
Sin Estado y planificación participativa no habrá desarrollo, ni sociedad incluyente.
Argentina tiene actualmente 45 millones de habitantes y se estima que alcanzará los 54 millones para 2050. La edad promedio estimada en el país es de 32,5 años y se proyecta que para 2060 sea de 43 años. Es decir que tendremos por entonces una pirámide poblacional envejecida, similar a países europeos hoy, lo cual agudizará problemas ya existentes sobre todo el previsional y los gastos de salud. Esta tendencia poblacional indica además una limitación al desarrollo: carecemos de escala suficiente. Esto nos obliga a pensar un modelo de integración, sobre todo con los países de la región, que además deberá basarse en salarios altos con máximo empleo, a fin de ampliar y potenciar el mercado local y regional.
Descartadas las inversiones extranjeras orientadas al sector productivo como motor del desarrollo, dado el cierre de las economías y las crisis en cada país. Ya esa táctica neo desarrollista planteada por el macrismo permitió ver su inviabilidad, tendencia hoy agudizada con la pandemia. Teniendo claro también que la burguesía argentina tiene vicios de origen, taras ideológicas y una incapacidad de conducir un proceso sostenido de reindustrialización. A lo largo de la historia la burguesía nacional defeccionó en varias oportunidades históricas y nada hace pensar que cambiará su conducta. Con el agravante de que muchos de sus negocios transnacionalizados quedarán golpeados por las secuelas de la pandemia y la crisis global.
Por ello es vital el rol que asuma en la próxima etapa el estado. Es necesario que este sea el motor del proceso re-industrializador, volver a un Estado Desarrollador, en todos los ámbitos de los servicios públicos y en aquellas áreas estratégicas, que lidere el proceso, como orientador de las fuerzas económicas y del trabajo, dador de premios y castigos, que instrumente la táctica basada en los objetivos estratégicos definidos en la etapa previa de la planificación participativa.
Está clara la necesidad de una planificación estratégica para potenciar el desarrollo nacional y regional, que permita generar riqueza con una inclusión social plena y la utilización inteligente de los recursos naturales; es decir, lograr un desarrollo sustentable.
La planificación debe basarse en un criterio participativo, en el que la comunidad en su conjunto fije los objetivos y la estrategia para su concreción. Este proceso de planificación participativa debe basarse en la premisa de tres ejes complementarios: crecimiento económico, inclusión social y protección ambiental. Sin el cumplimiento de estos tres objetivos simultáneamente no existe desarrollo sustentable. Estos objetivos, deben a su vez pensarse con otros tres ejes transversales: soberanía nacional, desarrollo federal y perspectiva de género.
Seguramente el camino más rápido y lógico sea poner en marcha el aparato productivo nacional, hoy semi parado, y luego avanzar en todas las industrias relacionadas al agregado de valor a las materias primas exportables (granos, carne, minerales, petróleo, energía, etc.), potenciando las cadenas de valor, generando empleos y exportando con mayor valor agregado.
En este esquema es importante el rol tanto de las pymes y de la empresa cooperativa, en todos sus niveles y categorías.
La apropiación de los recursos de la comunidad a partir algunos instrumentos cooperativos y su re direccionamiento hacia el bien común, puede ser una salida a muchos problemas y carencias sociales así como también una vía de acumulación de capital en manos de la comunidad toda.
El sector pymes es dinámico, puede rápidamente coordinar y aunar recursos humanos y económicos en una unidad productiva flexible. En este sector la creación de puestos de trabajo requiere una baja inversión por puesto, comparada con la gran empresa, lo que lo hace una salida en una estrategia de creación de empleo.
Este nuevo escenario trae nuevos desafíos, producto, por un lado, del descalabro económico y financiero y de los cambios políticos y sociales que dejara la pandemia a nivel local y global. Por otro lado, las nuevas tecnologías generan cambios en los procesos productivos y en el mundo del trabajo, con el surgimiento de nuevas modalidades y sectores que aún no han sido regulados apropiadamente. Resaltan las economías del delivery, el teletrabajo, la educación a distancia, entre otras.
Cuando hablamos de desarrollo industrial debemos considerar nuestra principal restricción externa: la imposibilidad de generar dólares necesarios para nuestra economía, drama que nos lleva a crisis recurrentes y limita los campos en los cuales podemos invertir como nación. Esto sucede, por ejemplo, con nuestra industria automotriz, que tiene carácter deficitario en dólares.
Por ello es necesario planificar actividades de exportación que generen los dólares necesarios para afrontar los compromisos externos, las importaciones de bienes intermedios e insumos con destino a la industria local, la importación de bienes para el consumo final y el turismo al exterior, y la demanda de dólares para el ahorro personal, que rompan la lógica de las crisis recurrentes y el endeudamiento externo.
Saltando etapas.
Es importante considerar que un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, tal cual ha sido el modelo utilizado en nuestro país, corre con la desventaja de su lentitud, y pareciera nunca alcanzar los estándares internacionales. Resulta fundamental pegar un salto cuali y cuantitativo, posicionarnos en las áreas claves.
Según los expertos estamos viviendo las postrimerías de la Tercera Revolución Industrial, basada en la integración de las computadoras y las tecnologías automatizadas a los procesos de producción, con las redes y telecomunicaciones también presentes. Sin embargo, hay quienes opinan que ya estamos en el comienzo de la cuarta revolución, basada en las tecnologías conectadas a internet (internet de las cosas, inteligencia artificial, «big data», la nube, robótica, realidad aumentada, drones, etc.), denominada Industria 4.0 o industria inteligente.
Para Andrés Silva Arancibia: “La quinta revolución industrial será mucho más rápida y más escalable, y será adoptada por mucha más gente. Todas las personas en el planeta experimentarán una revolución personal. La impresión en 3D, los «wearables», asistentes virtuales, robots, autos sin conductor, entre otros, todo estará disponible y hará las vidas más simples, rápidas y productivas. Los actuales avances en inteligencia artificial y computación cognitiva están haciendo que los sistemas puedan analizar datos en tiempo real para completar funciones más complejas, asociadas a la resolución de problemas, que en el pasado se creyó que eran el dominio exclusivo de la mente humana, como también se creyó en algún momento de nuestra historia que la tierra era el centro del universo. Lo cierto es que estamos en presencia de etapas iniciales de una revolución industrial 5.0, lo que en palabras simples implica una mayor y estrecha colaboración entre las tecnologías inteligentes y los seres humanos y no la sustitución de este último. Las nuevas tecnologías inteligentes presentarán a las personas distintas opciones factibles, para así guiar sus decisiones sobre cómo proceder de la mejor manera. En este entorno 5.0 de colaboración entre personas y tecnologías inteligentes, todos los procesos se ejecutarán más rápido, las decisiones serán mejores y los resultados serán mucho mayores”.
Comparando la cuarta revolución con la quinta, pareciera que la gran diferencia reside en el impacto mayoritariamente industrial de una, y fuertemente social de otra.
Es por ello que será necesario y posible planificar el desarrollo industrial potenciando aquellos sectores intensivos en tecnología espacial, nuclear, 4 y 5G, biotecnologías, robótica, IA, farmacéuticas, software, nuevos materiales, etc.
Tienen varias ventajas, pero una es que requieren menor inversión inicial de capital y que con poca inversión adicional se puede generar nuevos empleos, en contraste con la industria tradicional que requiere ingentes sumas de inversión para la creación de puestos de trabajo.
“La economía del conocimiento, conformada por sectores vinculados a la alta tecnología, al software, a la educación, a la investigación científica, al desarrollo, la robótica, las telecomunicaciones, y las audiovisuales, entre otras, es una industria que atraviesa cada vez más a todas las ramas de la economía, para potenciar su productividad”.
“Asimismo, la industria del conocimiento ya es el tercer complejo exportador de la economía, después del complejo sojero y el de la industria automotriz, que facturó 6088 millones de dólares el año pasado, con mayor valor agregado, y por lo tanto, con un mayor margen superavitario”. El sector contaba con “un total de 437.000 puestos de trabajo, a fines del 2019” (Verónica Tenaglia). (1)
Por último, otra ventaja de la quinta revolución industrial está enfocada a la «economía circular» ecológica y sostenible. Todo se recicla y nada sobra. Este concepto de una eco industria verde es imprescindible para un planeta de recursos finitos, en el que todo puede aprovecharse.
Queda claro que un proceso de desarrollo como el aquí resumido requiere en principio un fuerte consenso de la comunidad, que puede lograrse con una activa participación de todos los actores sociales, económicos, del conocimiento y de la cultura, en la fijación de los objetivos estratégicos; en segundo lugar, un rol muy activo del Estado, por un lado invirtiendo en educación, en formación laboral y en ciencia y tecnologías. Hay que plantear una revolución educativa que prepare a toda la población para el salto tecnológico, que nos permita pensar la educación como un proceso continuo, pero que a su vez cubra a toda la población, y no solo a los jóvenes, que por supuesto deben ser los sujetos directos y más importantes, aunque no los únicos.
El estado también debe asumir un rol emprendedor. Por supuesto que no se trata de volver al estado burocratizado de antaño, sino a uno dinámico y controlado por la participación comunitaria en su conducción. Por ello será necesario en este proceso cambiar y modernizar la estructura legal y gerencial de las empresas del estado.
Finalmente, deberá llevar adelante la política de desarrollo orientando sus recursos a los objetivos planteados, utilizar su poder de compra para el fomento de áreas, empresas o regiones, y emprender, por si o asociado con los privados, aquellos proyectos estratégicos de punta. Argentina cuenta con experiencias importantes en este tipo de proyectos tecnológicos, como ser la CNEA y el desarrollo en energía nuclear, al igual que INVAT, con el desarrollo de pequeños reactores, así como tecnología satelital.
Antonio Muñiz
10 de junio 2020
