“La estrategia sin táctica es el camino más lento hacia la victoria. La táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota”. Sun Tsu
Esta última semana ocurrieron dos hechos altamente positivos para el gobierno de AF y para la democracia en la región. Uno, la masiva movilización popular del pasado 17 de octubre en apoyo al gobierno: se demostró que el peronismo puede, si quiere, “ganar la calle”. Un dato no menor -poco citado en las crónicas de la fecha- fue la fuerte presencia de la clase media porteña de la ciudad y del conurbano. Por otro lado, el gran triunfo del MAS de Evo Morales en las elecciones de Bolivia, que dejó atrás 11 meses de un gobierno golpista, auspiciado por la OEA en representación de intereses norteamericanos.
Sin embargo, el conflicto interno sigue con mucho ímpetu. Se expresa, entre otras cosas, en la corrida del dólar, la acción destituyente de ciertas minorías en las calles o el desgaste permanente de los medios hegemónicos, concentrados contra todo el gobierno nacional.
La derecha argentina se muestra, como en otras ocasiones, muy activa en su trabajo de desgastar al gobierno -buscando, de mínima, debilitarlo y condicionarlo sobre sus futuras políticas-. Está en juego el modelo de país para las próximas décadas, nada menos.
Compuesta por el círculo rojo del empresariado agro exportador, los grupos transnacionalizados, los medios concentrados (y detrás, como empleados, el periodismo mercenario), parte del aparato judicial -en el que se integran los servicios de información- y, como siempre, la CIA y la embajada -en fin, los grandes grupos ganadores durante las últimas décadas-, la derecha (por darle un nombre) muestra su poderío. La alianza Cambiemos es hoy su herramienta electoral, pero mañana puede ser otra. Como dicen: “no hay lealtades permanente, sino intereses permanentes”.
La minoría activa que se moviliza es parte de una minoría social y política, siempre presente en la sociedad argentina. La novedad es que ahora ha ganado la calle, y defiende una agenda marcada por los medios hegemónicos.
No es casual esta acción destituyente: se enmarca en una muy fuerte campaña de los intereses anglo yanquis en la región, asociados a las oligarquías locales. Este “Plan Cóndor 2” tiene como objetivo barrer todos los movimientos populares en Latinoamérica y resetear a estas naciones en el marco del neoliberalismo globalizante.
Tampoco es casual que Argentina sea un foco de acción muy concreta. Hoy puede decirse que es el único gobierno (ahora junto a Bolivia y Méjico) que encarna una alternativa nacional y popular frente al modelo derechista.
En este momento las acciones destituyentes hacen más ruido: luego de un comienzo muy complejo para la actual gestión -condicionado por la deuda externa y una crisis socioeconómica heredada, a lo que se sumó la pandemia-, ha iniciado un programa de reformas en el modelo económico-social que, a pesar de ser tímidas y acotadas, generan reacciones cada vez más violentas en sectores de la oposición.
Aunque debe reconocerse la existencia de áreas importantes en las que el gobierno no termina de arrancar. A 10 meses de gestión, abundan todavía ministros y funcionarios sin peso político en rubros claves; su continuidad, así como la de funcionarios macristas en la segundas líneas, se convierten en verdaderos contra pesos.
Subestimar a los grupos oligárquicos argentinos es suicida. Se trata de una minoría apátrida, saqueadora, violenta y, para peor, tremendamente bruta e ignorante. Su lógica de acumulación es la especulación, la apropiación por desposesión, el usar al estado para sus negocios, un capitalismo de amigos y de clase. Carecen de proyecto nacional: la gestión de Macri mostró claramente la incapacidad de estos sectores de generar un programa de gobierno que incluya a los cuarenta y cinco millones de argentinos.
El gobierno debe recalcular su estrategia frente a estos sectores, que solo han respondido con agresiones a las buenas intenciones y los gestos de buena voluntad desde el primer día. Estrategia “amistosa” que no ha funcionado. Hace falta construir mucha fortaleza política, generar nuevos liderazgos, nuevos consensos y esto solo se puede lograr articulando con las organizaciones populares (sindicatos, cámaras empresarias, organizaciones de base, sociales, clubes, agrupaciones estudiantiles y toda expresión de la comunidad organizada). La lucha política debe ser una lucha por el poder, y para ello hay que abandonar ciertos infantilismos izquierdosos de subestimar la lucha por tomar los resortes del estado.
Los movimientos populares deben ir por el estado, arrebatárselo a los sectores oligárquicos. Tomarlo para transformarlo.
Se requiere construir un estado fuerte y organizado, que pueda llevar adelante el proceso de reindustrialización acelerada como estado empresario, pero también como regulador de la economía, como estado que lleve adelante y conduzca el desarrollo económico y social. No se trata de volver al viejo estado burocrático, sino de impulsar un estado ágil y eficiente para enfrentar y poner límites a los grandes intereses económicos. Hay que refundar el estado bobo, neoliberal, por un nuevo Estado Desarrollador.
Para ello, animarse a decir lo “políticamente incorrecto” es menester. Expresar la voz de los sectores que están afuera del sistema, aquellos que nadie quiere levantar aunque este discurso espante algunos votos “progres”.
Con todo, no puede pensarse la política actual sin considerar el conflicto como inherente a la misma. Podrá discutirse como se resuelve, pero no negarlo. El neoliberalismo, con su lógica de apropiación por desposesión, solo puede generar procesos de violencia para llevar adelante su saqueo. Por ende, va a generar resistencia y lucha de los sectores populares. El conflicto es inherente a cualquier sociedad humana, es la esencia que da origen a lo político y a la política; el colonialismo -y su versión actual- lo llevan al límite.
El objetivo de una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, lleva aparejado una lucha, casi nunca pacífica, por la apropiación de los excedentes que esa economía produce para volcarla en el bien común.
Es necesario la construcción de fuertes consensos sociales y políticos que den sustento a estas políticas de redistribución del ingreso y pongan límites a los grandes grupos económicos que se sienten dueños de esa porción de la riqueza, a la vez que permitan desmontar todo el aparato legal del coloniaje, que permite y avala “legalmente” y “culturalmente” el saqueo.
En el caso argentino existe una larga tradición de participación ciudadana a partir de consejos económicos sociales, donde los actores discuten y debaten las acciones gubernamentales en cuanto a salarios, precios, condiciones de trabajo, etc. Es conveniente, en esta etapa, profundizar la apuesta hacia un gran consejo de la comunidad donde se puedan fijar las metas nacionales y planificar las acciones tácticas. Igualmente, se requiere una fuerte presencia del estado como dador de premios y castigos, como ejecutor de las acciones planificadas. A su vez, hay que recuperar el rol del estado empresario en las áreas estratégicas de la economía y en los servicios públicos.
Toda apelación a una burguesía nacional que ate sus intereses a los de una Argentina desarrollada e inclusiva está condenada al fracaso y la frustración. El gran empresariado argentino es una burguesía fallida, saqueadora, que ha atado sus intereses con los intereses del imperio y sus socios locales, la oligarquía.
Otra falacia es apostar a “una lluvia de inversiones extranjeras”: estas no existen y menos en el mundo post pandemia. Las inversiones que podrían venir tienen solo una lógica especulativa, de rápidos negocios y fuga o de financiamiento de actividades extractivista. En ambos casos solo sirven para perpetuar la dominación, la primarización de nuestra economía y la pobreza generalizada.
La tarea es ardua y compleja, pero es ahora. Hay que ir desmontando la vieja Argentina que muere y sembrar las semillas de una nueva estructura política, social, legal y económica que de forma y sustentabilidad a la Nación Argentina que queremos.
