Por Teodoro Boot, especial para Causa Popular.- El presidente Néstor Kirchner afrontó con éxito las elecciones legislativas. Si bien por el peculiar sistema de alianzas establecido en algunas provincias es difícil determinar con exactitud los porcentajes y mucho menos anticipar la alineación de muchos de los diputados electos y su comportamiento respecto a las iniciativas o intereses del Poder Ejecutivo, podría decirse que del 20 por ciento de los votos obtenidos en el 2003 con la ayuda del aparato duhaldista, el presidente ha pasado a un aproximado 40 por ciento de los votos y a un porcentaje sensiblemente mayor de las bancas en disputa, sin, o más bien, en contra del aparato duhaldista, convertido ahora en su principal rival y, presumiblemente, en el futuro articulador de una coalición opositora a la derecha del gobierno.
Poco queda, casi nada, de los rivales de Kirchner en la elección presidencial del 2003. Carlos Menem logró consolidar su impunidad a cambio de su incorporación al PAMI; López Murphy tal vez busque cobijo en su cucha de FIEL; Adolfo Rodríguez Saa -aun demostrando ser un dirigente mucho más serio y eficiente de lo que vienen asegurando sus opositores y críticos- fracasó en su desopilante alianza con el menemismo y carece de proyección nacional, y Elisa Carrió volvió a explicar mediante acusaciones de juego sucio una derrota que más le valdría entender como fruto de su sectarismo e inconsistencias: la entronización en la lista de legisladores del representante más conspicuo del ala conservadora del radicalismo, partícipe de la privatización ferroviaria y funcionario de Domingo Cavallo; la crítica a las retenciones agropecuarias y la defensa de la empresa Suez nada tienen que ver con una hipotética propuesta de centro izquierda.
La oposición, a la derecha
A los otros «presidenciables» del peronismo no les ha ido mejor: la sobresaliente elección de Luis Juez en Córdoba y el triunfo de Hermes Binner en Santa Fe, ambos funcionales a la estrategia gubernamental, auguran un futuro muy complicado para José Manuel De la Sota y Carlos Reutemann.
Si bien Jorge Sobisch se mantiene incólume en su petrofeudo de Neuquén, tal sólo Mauricio Macri emergió -al menos para los medios de prensa- como un triunfador con posibilidades de proyección nacional, aunque difícilmente sea rival para el oficialismo en las próximas elecciones presidenciales y a la vez le resultará muy difícil imponerse en una segunda vuelta en la ciudad de Buenos Aires.
La derrota de Carrió y el triunfo de Macri han dejado al gobierno restregándose las manos: esa es la oposición que prefiere, la derecha, habida cuenta de que también el presidente se tiene por centroizquierdista y no quiere confusiones. Es más, hasta podría decirse sin exagerar demasiado, que, no obstante la participación presidencial en el último tramo de la campaña, el gobierno -en particular por la mano del Jefe de Gabinete- hizo más por la derrota de Carrió que por la victoria de Bielsa.
Y, en fin, la izquierda, la más frontal y ruidosa oposición a todo cuanto ha hecho o dejado de hacer el oficialismo, demostró algo más que su proverbial inoperancia: su absoluta inexistencia electoral, que no es cualquier cosa, sino el punto en que se demuestran las preferencias populares.
Una expectativa esperanzada… e insatisfecha
El gobierno está satisfecho y el presidente ha conseguido su objetivo: salir fortalecido de las elecciones de mitad de mandato. El pueblo, a través de una variedad de expresiones electorales, mostró que no es insensible a la reconstrucción de la estructura productiva, al fortalecimiento del poder del Estado y a la renovación política e institucional, si bien no ha recibido la cuota parte de los beneficios que le corresponden. El apoyo obtenido por el gobierno no debería verse como satisfacción popular, sino como aliento y expectativa, ya no la escéptica expectativa de quien deposita su voto como compra un número de lotería, sino una expectativa esperanzada… y aún insatisfecha.
En estos dos años y meses, el presidente ha hecho mucho con nada, y el resultado electoral muestra que el pueblo no es insensible a esos esfuerzos, y sin duda espera que ahora, con mucho, haga más.
¿Qué es «más»?
La renovación impulsada por Kirchner se ha asentado hasta el momento en cuatro patas:
– la recuperación de la soberanía monetaria y del manejo de gran parte de las políticas económicas.
– una negociación de la deuda que, por serlo, no consiste en la simple y llana aceptación de las condiciones impuestas por los acreedores.
– limpieza de la Corte Suprema presumiblemente en camino a mejorar y adecentar el sistema judicial.
– una clara política de respeto a los derechos humanos sin por eso considerar que esta o cualquier otra transformación pueda llevarse a cabo linealmente, sin obstáculos ni contradicciones.
Pero así como no todo es coser y cantar, las inevitables contradicciones no terminan de explicar que, simultáneamente, subsistan líneas de acción implementadas en décadas anteriores, pilares de un “modelo” que el presidente no se cansa de denostar.
La batalla del agua
Según el refrán, al enemigo que huye conviene tenderle un puente de plata. Sin embargo, la amenaza de la empresa Suez de retirarse de lo que sigue siendo Obras Sanitarias bajo el rótulo de fantasía de Aguas Argentinas, impulsó al gobierno a extrañas negociaciones con Aguas de Barcelona, socia de la delictiva empresa y con antecedentes no menos turbios.
El propósito de las autoridades sería que el concesionario español quedara como operador de una empresa que sería financiada con inversiones directas o indirectas del Estado. En otras palabras: que la sociedad haga las inversiones y los operadores ganen plata administrando.
El proceso de potabilizar el agua, distribuirla y luego recogerla no requiere de una empresa extranjera que «opere»: lo llevan a cabo operarios y técnicos formados en la vieja Obras Sanitarias de la Nación y en los institutos y universidades nacionales. Están y seguirán estando y lo único que necesitan para que el sistema funcione es que se les paguen los sueldos.
Las carencias y necesidades de la red de agua y cloacas de Capital y Gran Buenos Aires no se relacionan con la operación, sino con una infraestructura que ya hace 40 años había cumplido con su vida útil, y en la cual ni Suez ni su socia Aguas de Barcelona han invertido un pesos de los muchos que se habían comprometido a invertir al firmar la concesión.
Quitar a los concesionarios la responsabilidad de la inversión -que pasaría a ser materia y preocupación del Estado- dejándoles la «operación» de un servicio que prestan los trabajadores es, por decirlo suavemente, un absurdo lógico y una necedad: como una mujer que pasa de tener un marido inútil y abusivo a mantener a un gigoló, que encima es muy poco satisfactorio.
Esta incoherencia en el tema específico de Obras Sanitarias está en línea con lo que ha sido hasta ahora la actitud respecto al conjunto de empresas privatizadas, donde el eje del esfuerzo gubernamental ha consistido en evitar un incremento general de las tarifas.
No basta con eso, y cualquiera sabe que no es posible patear eternamente la pelota para adelante: en el mejor de los casos, luego de dar la vuelta al globo terráqueo, llegaríamos al punto de partida. Y éste es el de que todas las concesiones deben ser revisadas, renegociadas y según los casos, anuladas, porque todas han consistido en la renuncia por parte del Estado a cumplir su rol de orientación y control, privatizando los beneficios, estatizando las pérdidas y contribuyendo a la creación de oligopolios mucho más perjudiciales que el difamado monopolio estatal.
De todos modos, no se trata de estatizar a tontas y a locas lo que se entregó graciosamente ni de volver a construir un mastodonte estatal, sino de recuperar la conducción de los servicios públicos, replantear el rol de las empresas concesionarias y modificar el sistema vertical y concentrado de las concesiones, dando mayor participación a empresas regionales, cooperativas de servicios y asociaciones de consumidores.
Transportes paralizados
Hay también un particular déficit, desorientación o mala orientación en todo lo referido a la política de transportes, que mejor deberíamos llamar la no política de transportes, ya que se limita a sacarse todo rápidamente de encima. Ocurre que, sin negar ni desalentar la participación privada, es imprescindible recuperar una línea aérea de bandera, el sistema ferroviario y una línea marítima y fluvial.
Como en el caso del correo, estos servicios cumplen una función integradora del territorio nacional, de sus habitantes y de su actividad económica, aun en los casos donde ese servicio sea aparente o circunstancialmente deficitario, cosa que no puede pretenderse de la empresa privada, incapacitada, además, de pensar y actuar a tan largo plazo como debe hacerlo el Estado. Sin embargo, con las concesiones ferroviarias se ha hecho hasta ahora exactamente lo mismo que se planea con Obras Sanitarias: librar a los concesionarios de la responsabilidad de la inversión a cambio de lo que puede hacer cualquier trabajador ferroviario, excepto, naturalmente, el sindicato y en particular el señor Pedraza.
Independientemente de los Pedrazas o los Lingeris, la participación de los trabajadores en la recuperación y reconstrucción de esas empresas es muy importante, y así como se concibe la cogestión empresaria-estatal debería concebirse la cogestión obrera con participación de capitales privados. La Secretaría de Transportes ha perdido una magnífica oportunidad de intentarlo al diluir en la nada a la efímera empresa Lafsa, probando así, de paso, que todo lo que atina a hacer es a inventar parches que deben ser emparchados inmediatamente después de algún desastre, como fue el caso de la «experiencia» Southern Winds.
Pesca, minas, gas y petróleo = despilfarro y violación de niños
El celo con que el gobierno impulsó la anulación de los indultos y las leyes de Punto final y Obediencia debida, contrasta con el desinterés en acabar con aberraciones jurídicas casi equivalentes, como la legislación que regula -es un decir- las actividades mineras y pesqueras, modelos de despilfarro y entrega de nuestros recursos naturales, a cambio de absolutamente nada.
Si el gobernador Maza -hoy convertido en el niño mimado del oficialismo- tras su experiencia mística ha efectivamente visto la luz, como esos pecadores arrepentidos debería ser el primero impugnar la reforma al Código Minero -que retrotrajo la situación del subsuelo a la de la Década infame- que engendró con el demonio en tiempos en que oficiaba de secretario de Minería. Sería muy edificante confirmar así la sinceridad de tantos arrepentimientos.
Queda también pendiente, si de recuperar se trata, la renta petrolera dilapidada tras la desarticulación y posterior muerte de YPF, tal vez el más claro símbolo del suicidio colectivo en el que nuestra sociedad se embarcó en las últimas décadas.
No es concebible, ni desde los manicomios más extravagantes, que un país se dé el lujo de derrochar un recurso no renovable, esencial para el desarrollo económico, y cuyo precio carece de límites. Con mayor razón cuando los concesionarios han violado sistemáticamente no sólo la Ley de Hidrocarburos sino hasta los mismos contratos leoninos que firmaron.
El grupo Moreno ha estimado en 8 mil millones de dólares anuales el dinero perdido por nuestro país luego de la inolvidable sesión en que los diputados festejaron su hazaña con el cretinismo de quien se jacta de la violación de un niño. En quince años, se perdieron 120 mil millones de dólares, un monto equivalente al total de la deuda externa nacional. Si recordamos que una cifra similar -o aun superior- suman los depósitos off shore de algunos argentinos, tal vez comprobemos que nuestro país no necesita más inversiones externas sino menos exfoliaciones internas.
Inflación, alimentos y macanas
Es mucho, seguramente demasiado para los dos años que le restan de mandato al presidente, pero si no se empieza a caminar jamás se llega a ningún sitio. Por otra parte, las actuales dificultades económicas no podrán superarse sin una reforma de la estructura productiva, para la cual es esencial el poder político y económico del Estado y su manejo de los recursos básicos de la actividad económica: el transporte, los bienes primarios y la energía.
Es un lugar común decir que el exitoso programa de crecimiento económico no tuvo equivalencia en un aumento del bienestar general y que, por más que se intente disimularlo mediante estadísticas de crecimiento del empleo, el gobierno ha fallado en sus intentos de redistribuir los beneficios. Todo intento distributivo ha sido seguido -y las más de las veces precedido- de una mayor rentabilidad empresaria, en los últimos meses, por la vía de una inflación que, según algunos, se origina en una demanda que supera la capacidad productiva.
Esto puede ser cierto en algunos, pocos, rubros, pero en general es un macanazo: el actual proceso inflacionario es impulsado por el aumento de precios de los alimentos, que casi sextuplica el aumento general de precios, con una producción que supera ampliamente a la demanda y partiendo, tras la devaluación, de un dólar de referencia de 3,60-4 pesos.
Un sistema oligopólico
El actual ritmo inflacionario se explica únicamente por un aumento de la rentabilidad empresaria y si lo primero puede ser controlado -con altas reservas, superávit comercial y fiscal y un dólar ya subvaluado que al Banco Central le ha costado evitar que se desplome, no existen riesgos de descontrol- hasta el momento han fracaso todos los intentos de frenar los aumentos mediante acuerdos sectoriales y manejo de las retenciones.
Tal vez una política de sanciones más dura y el uso de instrumentos impositivos aleccionadores o disuasivos, logre contener temporalmente la voracidad empresaria, pero en tanto se trata de un sistema oligopólico, en el que un puñado de empresas tienen capacidad de determinar los precios de prácticamente todos los productos, es absurdo ilusionarse en acuerdos de largo plazo, más o menos consistentes, que permitan redistribuir ingresos a fin de incrementar el mercado interno.
La descarada propuesta con que la UIA pretende negociar con la CGT una suerte de «pacto social», gracias al que los trabajadores financiarían durante seis meses una todavía mayor rentabilidad de las empresas, es reveladora de cuán poco puede esperarse de la conciencia e inteligencia de eso que algunos ilusos llaman «burguesía nacional», y debería servir de aviso a las autoridades: cualquier intento de redistribuir ingresos mediante un pacto con el empresariado chocará con su resistencia a reducir los márgenes de rentabilidad.
Para atenuarla, es indispensable comenzar a transformar la estructura productiva, agregando más jugadores a la mesa y recuperando para el Estado el manejo de la economía, que va mucho más allá de la fijación del valor de la moneda.
La actual inflación no sólo reduce la capacidad adquisitiva de los asalariados, sino que atrasa el tipo de cambio, volviendo menos competitiva la producción nacional.
No faltarán los cráneos a quienes se les ocurra detener la inflación mediante el aumento de las tasas de interés, el congelamiento de salarios y la reducción de circulante, provocando así una disminución de la demanda de quienes ya están por debajo de la línea del consumo. Equivaldría a dar la patada inicial a un círculo vicioso que en breve transformaría en nada lo conseguido en estos tres años de crecimiento.
Distribución vs. Concentración
La inflación no es el problema. El problema es la concentración del ingreso en manos de un reducido grupo de empresas, situación que altera y pervierte la actividad económica y la vida cotidiana de la sociedad.
A dos años y medio de gestión, el presidente ha obtenido un amplio y justo respaldo, que conservará e incrementará si acierta a poner remedio a los males profundos del país. Que sean herencia de décadas de entrega no justifican su continuación y permanencia. Por el contrario, indican cuán urgente e indispensable es atacarlos a fondo.
