Basura amontonada, roedores, suciedad. En las calles de Quilmes, el desolador paisaje se hizo habitual desde mediados de diciembre, cuando una sucesión de hechos y decisiones desafortunadas del intendente Martiniano Molina pusieron al populoso partido bonaerense al borde de una crisis sanitaria.
El problema comenzó hace meses, pero terminó de estallar a fines de diciembre, cuando el municipio anunció que no renovaría los contratos de decenas de empleados. La disposición de Molina detonó un conflicto con los trabajadores nucleados en ATE, que todavía persiste.
En el marco de las protestas, a principios de este año, los manifestantes bloquearon la salida de camiones recolectores en la base del GIRSU, el organismo municipal a cargo de la recolección de residuos. La medida duró pocas horas, pero los funcionarios de Molina aprovecharon la circunstancia para acusar a los trabajadores por el déficit en el servicio de recolección de residuos. “ATE y LA CAMPORA unidos para desestabilizar a un gobierno electo por la gran mayoría de los quilmeños. Ya gobernaron Quilmes y la destruyeron pero quieren volver poniendo a toda la ciudad de rehén” escribió en su cuenta de tuiter el secretario de Gobierno, Diego Buffone, a tono con la estrategia nacional de Cambiemos: desde que comenzó su mandato, es usual que el macrismo inculpe al kirchnerismo por sus desventuras. Los datos, sin embargo, apuntan las responsabilidades en otra dirección.
Según información oficial, el municipio sólo tiene quince camiones disponibles para cubrir las treinta rutas en las cuales se divide el servicio de recolección de residuos. El problema, de todos modos, no es la falta de vehículos –Molina compró varios camiones en lo que lleva de mandato–, sino la falta de mantenimiento. Por esa razón, casi la mitad de la flota se encuentra en desuso.
La ausencia de recolectores suficientes y el calor estival potenciaron el riesgo sanitario. Por ese motivo, a pesar del receso legislativo, un grupo de concejales presentó el lunes un proyecto para declarar la emergencia y así dotar al ejecutivo municipal de recursos extras para hacer frente a la crisis.
El proyecto fue elaborado por el bloque de Unidad Ciudadana (UC), y en sus considerandos detalla las razones de la iniciativa. “Es necesario tomar acciones tendientes a reorganizar el área municipal responsable de las tareas de limpieza, recolección y disposición de residuos, poniendo en marcha políticas que posibiliten un servicio eficiente y equilibrado en todo el distrito”, indica en su encabezado el proyecto, donde se recuerda que “cuando hablamos de problemática ambiental incluimos: el saneamiento ambiental, los residuos sólidos, la limpieza urbana, la atención de grandes generadores y los residuos peligrosos”.
La mención final hace referencia a la proliferación de basureros a cielo abierto en el distrito, un racimo de focos infecciosos que se extiende en Quilmes de la mano de la crisis de recolección.
En su proyecto de ordenanza, los concejales de UC –encabezados por el titular del bloque, Ángel García– instan a declarar la Emergencia Sanitaria “en todo el territorio del Partido de Quilmes por el plazo de ciento ochenta (180) días corridos a contar desde la promulgación de la presente”, y constituir una comisión especial de seguimiento “que tendrá vigencia en el período que dure la Emergencia Sanitaria y Ambiental, encabezada por el Presidente del Cuerpo y constituida por nueve (9) miembros, facultándose al Presidente a conformarla en forma proporcional por los representantes de los diferentes bloques”.
La declaración de Emergencia le permitiría a Molina disponer el cambio de partidas presupuestarias para hacer frente a los gastos excepcionales que requiera la crisis. Por esa razón la norma también prevé la creación de una comisión que siga y audite el correcto uso de esos recursos.
“Después de hablar con los trabajadores, verificar la existencia de dos basurales a cielo abierto y la proliferación de micro basurales en distintos puntos del municipio, le pedimos al intendente una explicación oficial”, indicó el concejal García a Zoom. Y agregó: “Pero además de pedir explicaciones, le ofrecemos al intendente una posible solución, como la declaración de Emergencia”.
Consultado al respecto, García se mostró esperanzado con la posibilidad de que el intendente Molina tome su propuesta. «Espero que sí, porque fue presentada con la mejor buena voluntad. Por eso le extendimos el proyecto al oficialismo en una reunión con el presidente de la legislatura, sin convocar a una sesión extraordinaria. No queremos hacer un show político, queremos colaborar a resolver el problema».
Desde el bloque de Unidad Ciudadana advierten, sin embargo, que esperarán un tiempo prudencial antes de activar la vía institucional. En caso de que la respuesta oficial se demore, el bloque evalúa presentar el pedido de sesión extraordinaria. Para eso necesitan la firma de ocho concejales. Sólo con los miembros del bloque de UC se aseguran siete, y, confían, no sería difícil sumar el que falta entre el resto de la oposición.
En caso de darse esa circunstancia, será Molina quién tenga en su poder la potestad de definir si acepta o no la mano que le tiende la oposición. Es que, más allá de las ocho firmas requeridas para la convocatoria, el oficialismo debería aportar el quorum para poder sesionar.
Sería insólito, sin embargo, que en medio de una crisis sanitaria en ascenso, sea el propio intendente quien bloquee el acceso a recursos extraordinarios sólo porque la propuesta surgió de la oposición. Aunque, como se vio en estos años, en la imprevisible gestión de Molina todo puede suceder.
