ALGO HUELE MAL EN BUENOSAIRES

Las complicidades de Larreta, Eduardo Elsztain y el poder judicial porteño en los planes urbanos de la ciudad amarilla.

COMPLICIDADES. En su edición del 14 de marzo, el portal de noticias del diario La Nación publicaba y anunciaba con bombos y platillos en su sección “Propiedades”, la aprobación por parte del Gobierno de la Ciudad, del proyecto inmobiliario en la ex Ciudad deportiva de Boca y la Costanera Sur. En la nota se puede leer que después de años de idas y vueltas, la Cámara de Apelaciones validó el convenio urbanístico entre el estado porteño y la empresa de bienes raíces Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA). Con ese visto bueno, la compañía podrá finalmente llevar a cabo su proyecto que sumará a la Costanera Sur nuevas viviendas, oficinas, comercios, escuelas, sanatorio y un parque público. Como es sabido IRSA es presidida por Eduardo Elsztain, quien además preside el Banco Hipotecario, y las agropecuarias Cresud y BrasilAgro. Es también presidente de la compañía Austral Gold, de la Fundación IRSA, y es cofundador de Endeavor Argentina. Además de ser el dueño de los grandes shopping de la ciudad de Buenos Aires como el Abasto y Alto Palermo. Por fuera de estos datos curriculares, Eduardo Elsztain está ligado en diversos negocios al inglés Joe Lewis quien privatizó a la fuerza el Lago Escondido, en cercanías de Bariloche, en un claro avasallamiento a la soberanía nacional. Pero además, fue el patrocinador del encuentro que reunió a jueces, empresarios y CEOS de medios hegemónicos en la residencia de Lewis llevada adelante a mediados de octubre del 2022, bajo la cobertura de un retiro espiritual. De dicho “retiro” participaron entre otros: “el juez Julián Ercolini —uno de los jueces que lideró la ofensiva judicial contra Cristina Kirchner y el grupo Indalo—, Carlos Mahiques —juez de Casación alineado con el macrismo y exministro de María Eugenia Vidal—, su hijo Juan Bautista Mahiques —jefe de los fiscales de CABA y operador judicial del macrismo—, Marcelo D’Alessandro —ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta—, Pablo Cayssials —juez en lo contencioso administrativo, clave en el bombardeo contra la ex procuradora Alejandra Gils Carbó—, Pablo Yadarola —juez en lo penal económico, candidato del radicalismo a la Cámara Federal—, el empresario especialista en campañas digitales, Tomás Reinke y el exjefe de Legales de la SIDE, en tiempos de Antonio Jaime Stiuso, Leo Bergroth”. Según informa una nota de Raúl Kollmann e Irina Hauser, publicada en Página 12, el 17 de octubre de 2022. Viendo, quien era el patrocinante y sus invitados, no extraña entonces, que el Gobierno porteño haya modificado la normativa para habilitar la construcción edilicia frente al Río de la Plata, a cambio de que la empresa entregue al dominio público 48 de las 71 hectáreas para realizar un espacio verde público. Ya sabemos qué clase de espacios públicos genera el Gobierno de la Ciudad. En ese sentido podemos señalar como una clara muestra de la complicidad del poder judicial porteño, la anulación por parte de la Cámara de Apelaciones, de un amparo presentado por varias entidades a principios del 2022 por “la falta de participación ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final” en torno al emprendimiento.

HISTORIA. A mediados de los años 60, precisamente en el año 64, esos terrenos y humedales, fueron cedidos al club Boca Juniors presidido por Alberto J. Armando, quien buscó en el mismo barrio de La Boca un terreno donde construir un nuevo estadio y al no encontrarlo, se decidió en llevarlo al río donde proyectó una obra faraónica llamada Ciudad Deportiva, donde no sólo se ubicaría el estadio sino también piletas de natación, canchas de tenis, basket y cuanta disciplina deportiva se le cruzara por la cabeza, el estadio también sería sede del mundial 78 según los cálculos del desmesurado Armando, que solo llegó a concretar obras casi de utilería y al cabo de unos años se abandonó la desmesura utópica. En 1989, durante el gobierno de Carlos Menem, para salvar a Boca de la quiebra, se sancionó una ley por la cual se le da al club la posibilidad de vender las tierras, en realidad se trata de humedales rellenados. La ley mencionada, también trajo aparejada un cambio de zonificación que pasa de ser “sólo para uso deportivo” a permitir la construcción hotelera y la instalación de clubes náuticos y marinas. En 1992, Boca le vende la Ciudad Deportiva por 20 millones de dólares a una Sociedad Anónima llamada Santa María del Plata. Cinco años después, en 1997 entra en juego el grupo IRSA que compra las tierras por 50 millones de dólares y da comienzo a un largo periodo de negociaciones y especulación que mantiene el lugar en desuso y cercado por 25 años. Es decir un tiempo necesario para la especulación y que nos lleva a preguntarnos: ¿Qué esperó durante todos esos años? La respuesta es sencilla, otro cambio de zonificación que habilite al especulador inmobiliario a construir hoteles, comercios y alrededor de 6000 viviendas bajo la tipología torre. Veinte torres de hasta 45 pisos, o sea de unos 150 metros de altura y lujosas, lo cual significa una expansión sobre uno de los pocos humedales que aún conserva la ciudad y una clara prolongación  de Puerto Madero, un barrio donde el 70% de las viviendas permanecen vacías. Ante esto se torna imposible creer en la palabra de Eduardo Elsztain quien declaró, una vez autorizada la urbanización, que el barrio está dirigido a sectores de clase media para que puedan acceder a una vivienda digna. Más allá de la declaración que suena a humorada, lo cierto es, que las construcciones se harán sobre un humedal, que es un ecosistema fundamental y que continúa sin recibir una ley que los proteja, tal como sucedió en Nordelta, donde para crearle paisajes bucólicos a sus habitantes, se desviaron aguas del río para crear canales que atraviesan las islas, modificando la geografía al antojo de los emprendedores.

VOCES. El fenómeno de la gentrificación en los barrios y el avance sobre tierras públicas es parte del negocio y de la especulación inmobiliaria que avanza de la mano de determinaciones políticas tomadas por el oficialismo de la ciudad, amañadas por la justicia porteña. En un párrafo del informe del Observatorio Metropolitano del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo de febrero de este año se señala: “Una de las interpretaciones posibles nos reenvía a la composición de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto ámbito de debate democrático para validar decisiones estructurales del desarrollo urbano. La composición parlamentaria actual, de amplia mayoría oficialista, opera como una “escribanía” donde se validan las decisiones del poder ejecutivo. En ese marco, diversas leyes fueron cuestionadas en la justicia, poniendo en duda su validez constitucional. Un ejemplo fue la aprobación del Códigos Urbanístico en 2018, que se obtuvo exclusivamente con los votos del bloque de gobierno, y por el cual se multiplicaron los amparos de vecinos, quienes cuestionaron las transformaciones que un código morfológico impulsa de fondo, en tanto lineamiento central para alcanzar una ciudad homogénea, sin apoyarse en estudios previos y negando la diversidad del tejido existente”. En el mismo informe se puede leer la carencia de un plan serio, ya que en realidad se urbaniza donde existe la veta de un negocio y no con una proyección que permita a los habitantes sin casas tener una vivienda digna en una ciudad donde el 40% son inquilinos. Esta cifra se cuadriplicó desde los años 90 y vale agregar que, según datos del último censo, en la ciudad más de 300.000 personas viven en villas y asentamientos y unas 7.000 se encuentran en situación de calle. En una nota publicada por la agencia Télam en septiembre del 2022, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), argumentó que este proyecto de IRSA «es la síntesis de un modelo urbano privatista basado en el despojo y destrucción de nuestros bienes comunes», que a su vez es «responsable de la actual crisis ambiental, climática y habitacional de la ciudad». A las voces discordantes, se le añaden la de los vecinos de la Villa Rodrigo Bueno, quienes se quejan entre otras cosas, que de las 400 viviendas construidas, 90 les fueron entregadas a familias de otros asentamientos, que en las construcciones hay filtraciones de aguas en la paredes, además de obstrucciones en las cañerías y desagües, mientras que del otro lado del canal que separa a la villa de los terrenos de IRSA se planea construir torres de 145 pisos. En una visita de campaña electoral, Larreta debió huir custodiado del lugar por la Policía de la Ciudad, su fuerza de choque, ante el aluvión de insultos y repudios propalados por los vecinos debido a sus promesas incumplidas. “Algo huele mal en Buenosaires”, como dijera el polaco Gombrowicz.

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