Al rojo vivo

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La conflictividad política en México no se limita a la disputa por la presidencia tras las elecciones de julio. En el estado de Oaxaca, lo que comenzó como una mera demanda laboral de los maestros locales se ha transformado casi en insurrección. Todo empezó hace cinco meses, cuando los dirigentes del gremio magisterial en Oaxaca coparon el centro histórico de la ciudad, iniciando una serie de protestas contra el gobierno federal, en demanda de un incremento salarial.

El gobernador Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), creyó ver detrás de la protesta una celada construida desde el gobierno de Vicente Fox para afectar la carrera hacia la presidencia de la República de Roberto Madrazo, el candidato del PRI.

Ruiz, uno de los principales operadores político-electorales de Madrazo en el sur de México, identificó como parte de la conspiración a la dirigente nacional del sindicato de maestros Elba Esther Gordillo, quien ocupaba la secretaría general del PRI cuando Madrazo era presidente del partido. Públicos los nexos de Gordillo con Fox y la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN, oficialista) y la ruptura entre la maestra y el candidato del PRI, no dejaba de tener cierta lógica la teoría del complot.

Foxilandia

El gobernador no dudó en ir a la guerra contra los maestros, y buscó enfrentar al movimiento magisterial con la sociedad oaxaqueña. Para ello utilizó la vasta experiencia autoritaria de los gobiernos de su partido. Una encuesta publicada por el diario El Imparcial el 29 de mayo indicaba que el 97 por ciento de la población oaxaqueña rechazaba el paro de los maestros.

Pero el cuadro de situación era más complejo y Ruiz lo sabía. La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que dirige Gordillo, está conformada por maestros disidentes que han venido reclamando desde posiciones radicales una democratización del gremio. Estado de larga conflictividad social, Oaxaca ha sido cuna de la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario, que según información de inteligencia contaría entre sus dirigentes iniciales a maestros de la sección 22. Con lo cual, en la confabulación identificada por Ulises Ruiz, aparte de la larga mano de Fox había dos enemigos dentro del magisterio, confrontados entre sí.
El aumento de la explosividad y polarización del conflicto magisterial, en vísperas de las que se anticipaban como las elecciones presidenciales más reñidas de la historia de México, alentó el clima de sospecha.

Las autoridades oaxaqueñas dieron la impresión de estar empeñadas en la incubación de un conflicto con la esperanza de que le estallara en las manos a un foxismo terminal y desacreditado que, para colmo, ha exhibido en sus postrimerías actitudes represivas y medidas de fuerza como método de solución ante los conflictos sociales, como en la huelga de los mineros de la siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, en Michoacán y en el caso Atenco, reprimidos con saña y con un saldo de varios muertos.

A su vez, la radicalización del movimiento magisterial, que en junio llegó a paralizar durante 12 horas el aeropuerto de la ciudad, tiene como contexto social las tradicionales condiciones de marginación, miseria, represión y opresión que padecen los sectores populares de la entidad.

Radicalización

La escalada represiva se inició la madrugada del 14 de junio, cuando Ruiz ordenó una operación de desalojo contra los maestros, con un saldo de 92 heridos, varios de gravedad. Dos días después, una megamarcha por las calles principales de la ciudad incorporó una nueva petición: la salida de Ruiz de la gubernatura estatal. Asimismo, y como resultado de la respuesta represiva de Ruiz, el movimiento magisterial anunció la constitución de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), en la que convergieron los maestros de la sección 22, organizaciones civiles, estudiantiles y sindicales.

Desde entonces -en sentido contrario a los cálculos del gobierno, que apostó a un desgaste de los huelguistas y asambleístas- el movimiento se radicalizó y ensayó acciones de desobediencia civil que incluyeron, entre otras medidas, la toma de Radio Universidad, para trasmitir sus proclamas. La noche del 22 de julio un grupo de hombres que vestían de negro y llevaban armas de alto poder tiroteó las instalaciones de la radio.

El 1 de agosto unas dos mil mujeres de diferentes organizaciones de la APPO, armadas con ollas y cacerolas, tomaron dos estaciones de radio y el estatal Canal 9, que se dedicaban a emitir loas al gobierno local, y comenzaron a trasmitir denuncias y proclamas, demandando también la renuncia del gobernador. Para entonces, la suerte de Ruiz ya estaba echada, pero no iba a cejar tan fácilmente y aumentaría las medidas represivas.

El 7 de agosto una “brigada móvil” del magisterio y de la APPO fue atacada a balazos y gases lacrimógenos por un comando de la policía municipal. El 9, dos desconocidos con armas de fuego irrumpieron en las oficinas del diario Noticias e hirieron a cuatro trabajadores. Ese mismo día fueron acribillados tres indígenas integrantes de la APPO, a quienes unos francotiradores emboscaron en una carretera. El 11 de agosto, una manifestación que concentró a más de 20 mil personas fue tiroteada, con el saldo de un muerto. Algunos manifestantes identificaron el edificio de donde salieron los disparos y le prendieron fuego.

Crisis institucional

El clima de tensión sociopolítica siguió creciendo y la crisis en Oaxaca se convirtió en problema de seguridad nacional. Según la APPO, sólo un acuerdo de Fox, el candidato de Acción Nacional, Felipe Calderón, el PRI y empresarios, mantiene a Ruiz en el gobierno. La madrugada del 22 de agosto un comando paramilitar integrado por 60 hombres vestidos de civil, a las órdenes del gobernador, atacó con disparos de fusil AK-47 las estaciones de radio en poder de la APPO. En respuesta, el movimiento opositor ocupó otras 12 radioemisoras, cerró los accesos a Oaxaca y quemó cinco autobuses.

La rebelión se extendió, las barricadas se multiplicaron día y noche. La procuradora estatal declaró a la opinión pública que la APPO opera como “guerrilla urbana”. Justificó sus dichos en “las manifestaciones y mensajes subversivos”, los bloqueos carreteros y la toma de radiodifusoras. Después se supo que en el “operativo limpieza” ordenado por el gobernador murió otro hombre.

El domingo 27 decenas de sacerdotes oaxaqueños pidieron la renuncia de Ruiz, mientras un relator de las Naciones Unidas advertía que existe el riesgo de que ocurran desapariciones forzadas en el estado. Un día después, la APPO aceptó negociar con la Secretaría de Gobernación en la ciudad de México, pero mantuvo como condición que Ruiz renuncie o sea removido.

El martes 29, mientras se celebraban las primeras negociaciones en la capital, el empresariado de Oaxaca paró sus actividades para exigir la solución al conflicto. Ese día, el vocero de la presidencia de la república anunció que “la remoción de Ulises Ruiz está sobre la mesa”. Al cierre de esta edición continuaban las negociaciones para encontrar una salida a una situación definida como prerrevolucionaria por algunos comentaristas.

Una experiencia de lucha de masas urbanas que, por otra parte, podría contagiar al movimiento de desobediencia civil pacífica que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien ya anunció estar dispuesto a encabezar un gobierno paralelo. México se encamina hacia un conflicto de nuevo tipo.

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