Oaxaca está al borde de la guerra civil y no precisamente por la huelga docente que lleva 5 meses, sino porque cuando iban a levantarla la semana pasada, un grupo de hombres de negro con el rostro tapado desató un tiroteo que dejó cuatro muertos y decenas de heridos.
Una semana después el plan ya está en funcionamiento: la prensa mexicana adjudica la intervención paramilitar a grupos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la fuerza que gobernó México por más de 40 años y que ahora está fuera del poder central, aunque en cerrada defensa de lo peor del Estado que construyó durante décadas.
Esa siniestra intervención que enlutó el sur mexicano dejó las manos libres al saliente presidente Vicente Fox del oficialista Partido de Acción Nacional (PAN) para hacer lo que hace meses no se animaba: enviar fuerzas federales. El resultado: un número indeterminado de muertos, que ronda entre 6 y 11, decenas de heridos y centenares de desaparecidos.
Con las escenas de la resistencia civil de los últimos meses muy frescas en la memoria, los docentes y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca han demostrado que si bien el poder por ahora ha podido sortear el veto popular contra el presunto fraude que confirmó al oficialista Felipe Calderón en la sucesión presidencial, la crisis no ha terminado ni mucho menos.
Para prueba basta sólo recordar que la huelga de maestros del sur mexicano lleva un poco menos de duración que la resistencia civil que convocó Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a la ínfima mayoría que lo alejó de la primera magistratura y que, luego de las reiteradas denuncias de fraude que la justicia no avaló, ha dejado a amplios sectores populares movilizados y en pie de rebeldía.
En esa línea, la resistencia sindical en Oaxaca no es más que la prolongación de ese malestar general que atascó el Distrito Federal entre julio y septiembre con la Plaza del Zócalo colmada de manifestantes, que ahora ha menguado su presencia en la principal ciudad del país, pero que ha dejado en evidencia las tremendas desigualdades por las que atraviesa México tras la aplicación sistemática de los dictados de Estados Unidos.
Planes que ahora han llegado a su fase más humillante: la construcción de un muro que separa a los dos países y que tiene por objetivo oficial impedir la inmigración ilegal de mexicanos hacia territorio norteamericano, aunque por su confirmada inutilidad, los ladrillos del muro que construye el gobierno de Bush posiblemente permanezcan mientras dure la época electoral.
Sin embargo, la mayor inutilidad queda de manifiesto en términos simbólicos. La construcción de este muro en estos tiempos no es más que la señal de agotamiento del modelo que construyó el PRI y que Fox no ha sabido administrar tal como esperaban sus antecesores y Washington.
El tiro de gracia a ese esquema de sucesiones se lo dio la resistencia civil al fraude, que multiplicó como nunca el contacto de la izquierda con la población y que en Oaxaca abrió las puertas de su descontento popular, que sigue ocupando las calles, que eligió como mejor órgano representativo a una Asamblea Popular y que el gobierno de Fox no ha encontrado mejor idea que reprimirlo ferozmente, continuando desde el Estado lo que los encapuchados del PRI iniciaron la semana pasada. Ahora operan juntos.
El viernes 3 desconocidos vestidos de negro y con el rostro cubierto dispararon con armas de alto poder desde un auto en marcha contra la antena de la Radio Universidad, que sigue en poder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y detonaron dos artefactos explosivos cerca de la emisora, sin que se produjeran heridos.
Fue en el mismo lugar donde el día anterior cientos de miembros de la Policía Federal Preventiva (PFP) atacaron a los manifestantes con un saldo de 70 heridos.
El dirigente de la APPO, Flavio Sosa, dijo que “poner a la policía frente a los universitarios es ponerle fuego a la gasolina y más en un problema tan complejo como Oaxaca”. La principal demanda de los grupos del magisterio y de la APPO es la renuncia del gobernador priísta Ulises Ruiz Ortiz para poner fin al conflicto que comenzó hace más de cinco meses. Hasta ahora la suerte le ha sido esquiva.
Con la capital de su Estado regada de sangre, la Corte Suprema rechazó un recurso que presentó luego de que ambas cámaras del Congreso aprobaran declaraciones que lo invitaban a pedir licencia o dimitir para contribuir a una solución del conflicto.
Tras la dura jornada del jueves, cuando la resistencia de los manifestantes obligó al repliegue de la policía, la APPO pidió la intervención directa de Fox para resolver el conflicto.
“Ya se demostró que la gente está con nosotros y vamos a defender a Oaxaca con nuestras vidas”, dice la APPO, aunque esta exigencia de dialogar directamente con el gobierno federal condiciona las gestiones que realizan desde el miércoles algunos de sus miembros para que la iglesia local intermedie en una mesa de diálogo. El problema es que desde la Iglesia proponen que participe Ruiz Ortiz.
Desde la Asamblea rechazaron la posibilidad de admitir al gobernador en el diálogo: “No, porque no es un punto de equilibrio. Estaríamos dispuestos a negociar con el gobierno federal, pero no con el de Ruiz Ortiz, eso queda descartado”.
Es que a pesar de la llegada de fuerzas federales, el PRI Oaxaqueño ha amenazado con lanzar a las calles a 20 mil de sus militantes para enfrentar a los maestros de la Sección 22 y a los asambleístas. Como si eso fuera poco y emulando a un grupo paramilitar, el partido de Ruiz Ortiz advirtió que si la policía no detiene a los dirigentes de la Asamblea, lo harán ellos mismos: “Somos más que ellos y estamos dispuestos a todo para restablecer el orden y la paz pública de la manera que sea”.
Parece que la realidad los desmiente. En el mes previo al traspaso presidencial, el gobierno de Fox hará todo lo posible para salir peor de lo que ya está. Posiblemente Ruiz Ortiz tenga los días contados y seguramente Oaxaca jamás volverá a ser la misma.
Queda por verse cuáles serán los próximos pasos de la APPO, de la resistencia civil que se viene movilizando desde julio y que tiene varios asambleístas en huelga de hambre desde hace 20 días, y de los zapatistas, cuyo Ejército de Liberación Nacional ya realizó 15 bloqueos intermitentes. Falta poco para que termine el 2006, pero en México estos dos meses pueden ser tanto o más intensos que un año.
