La multinacional minera BHP Billiton buscó agua argentina para alimentar sus proyectos en Chile a través de un conducto trasandino. Con la ayuda de socios locales, se realizaron excavaciones exploratorias en la Puna Salteña. Chile, gran exportador de minerales, le había dicho no a la iniciativa, pero aquí comenzó a caminar. Mientras la sociedad manifiesta su preocupación y sospechas, el gobernador Urtubey afirma que no aprobará la exportación de agua. Una investigación de Revista ZOOM que pone en evidencia los pormenores de un negocio espurio concebido a expensas de un recurso vital y del futuro de la región noroeste del país.
La minería a cielo abierto necesita de dos elementos para ¿vivir?: cianuro y agua. El primero genera preocupaciones a largo plazo, la gente de la región donde se instala un emprendimiento minero comienza a inquietarse por saber cuán contaminante resultará ese producto con los años. El segundo, es un problema inmediato. Los productores saben que el agua que se usa para el proceso de lixiviación no puede usarse para el riego. Saben, también, que los ríos tienen un límite. Sobre todo cuando el ritmo de consumo es de 350 litros por segundo. O cuando las autoridades del Departamento de Hidráulica de San Juan no pueden garantizar que la cota de agua de los ríos será suficiente para abastecer al proyecto binacional Pascua Lama y a los productores viñateros. O cuando se enteran que Chile está trabajando en un proyecto para importar agua argentina para alimentar a sus minas.
“Sería un verdadero disparate que se haya avalado este proyecto, que generaría grandes impactos ambientales, sociales y económicos y afectaría los consumos potables de agua. Todos sabemos de la escasez y la importancia de este recurso”, se quejó María Fernanda Reyes, diputada nacional por la Coalición Cívica e integrante de la Comisión de Minería. La queja vino acompañada por dos pedidos de informes, uno al Ministerio de Relaciones Exteriores y otro a la Secretaría de Minería. Quiere saber si a través de la Comisión Administradora del Tratado sobre Integración Minera, “se aprobó, aconsejó o autorizó” la exportación de agua de la Puna Salteña a Chile, con el fin de abastecer emprendimientos mineros. Pero para que esas solicitudes prosperen será necesario que la Cámara de Diputados las avalen y envíe los pedidos de informes a las dependencias correspondientes.
Según la información a la que accedió Reyes, se permitieron las excavaciones en busca de agua en la Puna Salteña, específicamente en la Quebrada de Caipe (en las proximidades del Salar de Arizaro), el Salar de Llullaillaco (en las cercanías del volcán homónimo) y en el Salar de Río Grande (en las inmediaciones del complejo azufrero de mina La Casualidad). Los buscadores de agua llegaron allí luego de fracasar en Chile.
Del otro lado de la cordillera, la Comisión Regional de Medio Ambiente de Antofagasta (Corema) rechazó el proyecto para perforar 35 nuevos pozos de agua dulce en la zona de Pampa Colorada, en el norte chileno, para cubrir los requerimientos de la mina La Escondida. La alcaldesa de San Pedro, Sandra Berna, planteó sus dudas sobre el estudio de impacto ambiental de la minera: “Dicen que se van a preocupar de no impactar, pero lo dudo. Los resultados no son los mismos que quedan en el papel. El papel aguanta mucho”.
Amigos son los amigos
Pero una puerta que se cierra, son oportunidades que se abren. Eso dicen los hombres de negocios. El rechazo no los amilanó. Los ejecutivos de BHP Billiton, a cargo de La Escondida, iniciaron gestiones ante Inversiones El Álamo SA, en Santiago de Chile. Allí se elaboró un nuevo informe de impacto ambiental para ser presentando ante las autoridades argentinas. Esto incluía un acueducto trasandino.
Al fundamentar sus pedidos de informes, Reyes señaló que ese documento “fue recogido por un referente del estudio jurídico Arrizabalaga (del cual también es socio el ex subsecretario de Energía y Minería de la Nación, Carlos Saravia Frías) y habría sido impulsado en Salta por varias empresas entre las que estarían MIM Argentina Exploraciones, Mines S.A. y Servicios Mineros (que luego pasó a ser denominada Servicios Hidrogeológicos y Mineros Internacionales y que, en una instancia posterior, fue rebautizada Servicios Hidrológicos y Mineros Internacionales)”.
El estudio Schwarzberg – Arrizabalaga “respaldó —según detalla su página web— varias transacciones mineras con Behere Dolbear Chile & Cia. Ltda., sucursal de la compañía consultora americana del mismo nombre y proporcionó diversos servicios en conjunto”. En su listado de clientes menciona a Mega Uranium Ltd., Maple Minerals, Cascadero Resources, Alexander Gold, Atlas Copco, Patagonia Drill Mining Services. Además, según se detalla, “está asociada en Argentina con Alto Américas S.A. con quien ofrece servicios de consultoría para inversores extranjeros en el sector minero, que incluye: análisis de mercado, legal opinions para solicitudes de inscripción en bolsas como Londres, Toronto y Vancouver, evaluación de proyectos mineros, due diligences y estudios ambientales tanto para el sector privado como el público”.
Más claro que el agua
El trabajo de exploración —denunciado en una nota del diario El Tribuno, de Salta— se hizo. Así lo reconoció el ministro de Desarrollo Económico salteño, Julio César Loutaif. Precisó también que las tareas quedaron en manos de Servicio Minero S.A que —tal vez en una de esas típicas operaciones de lavado de cara— fue cambiando de nombres hasta que se llamó Servicios Hidrológicos y Mineros Internacional SA. “Por decreto se establece que la empresa Servicios Hidrológicos y Mineros Internacional S.A, ha dado cumplimiento al programa de trabajo para exploración y evaluación hidrogeológica para alumbramiento de agua subterránea en los departamentos Los Andes y La Poma, aprobado por Resolución 460, de abril del 2007”, dijo Loutaif. Subrayó, además, que el gobernador Juan Manuel Urtubey tiene la decisión de “no vender agua de la Puna”.
La operación, iniciada en octubre de 2000, estaba atada también a un fabuloso negocio. La otrora Servicios Mineros rebautizada Servicios Hidrológicos y Mineros Internacional pensaba pagar 3 centavos de peso argentino por cada metro cúbico de agua y venderlo a 1,5 dólares en Chile. El proyecto estimó el envío de unos 6000 litros de agua por segundo, con una inversión de unos 203 millones de dólares para construir el acueducto. Con esta tasa de ganancia, el dinero invertido se habría recuperado en 9 meses. Un negocio clarísimo que fuera autorizado por la administración del ex gobernador Juan Carlos Romero. Lo que no está claro es cuáles fueron las ventajas para el país que se evaluaron al momento de dar el visto bueno para las operaciones.
