La parcial recuperación de un rol activo para el Estado nacional en la Argentina no ha merecido el aplauso cerrado del poder internacional, sino todo lo contrario.
El FMI (que, como su tutor, cuando no tiene contendientes, los inventa) se encargó de criticar duramente la política económica argentina, pero su opinión, inmediatamente respondida por el presidente Kirchner, tiene más valor mediático que efectivo, y así encabezó los titulares de los canales de televisión controlados por los grandes grupos económicos con el argumento de que “los mercados la tendrían en cuenta para decidir sus inversiones”.
¿Dónde están y cuáles son esas benditas inversiones?
Sólo es necesario recordar qué consecuencias traían esas reprimendas en el pasado (nuevos ajustes, devaluaciones, achicamiento del Estado, etc.) para valorar de otra manera el pago anticipado que realizaron Brasil y Argentina a fines del 2005, un hecho sobre el cual la desprestigiada izquierda vernácula -que acusó al gobierno de cipayo y otra serie de epítetos anticuados- no se autocriticó en público, ni en privado.
Los EEUU y la Comunidad Europea preferían tratar con el Mercosur anterior a la reunión cumbre de Córdoba, un sistema que funcionaba más para aceitar sus grandes negocios, sobre todo los de la industria del automóvil, que para promover el crecimiento de la zona.
Algo ha cambiado, sin embargo.
Y eso puede apreciarse por las reacciones más que, todavía, por los hechos nuevos.
Pero hay que lidiar con un nuevo diseño mundial, una de cuyas consecuencias es la mayor interdependencia de los países: el nuevo modelo forestador de Uruguay es un buen ejemplo, por los prejuicios que acarreará a la Argentina.
Y también lo es una industria como la chilena, que está sujeta a las exportaciones de gas argentino.
Un presente griego de los 90
El abastecimiento de gas argentino a Chile fue resultado de una serie de protocolos suscriptos por Carlitos Menem y el presidente Aylwin en julio de 1990 mediante los cuales, al parecer, quienes construyeron los gasoductos a Chile recuperarían su inversión en un año, y a partir de allí, todo se sería para financiar la vida loca. Protagonistas de esa negociación fueron Cavallo, Granillo Ocampo, Dromi y Emir Yoma.
Chile es el caso atípico de un país que ha firmado un acuerdo de Libre Comercio con EEUU y, si bien con una economía floreciente, presentada por algunos liberales locales como el modelo a seguir, ese dinamismo no ha derramado ni una sola gota sobre el pueblo chileno.
Es de esperar que el socialismo en el poder cambie ese estado de cosas, alguna vez.
En este contexto debe ser interpretada la carta enviada desde La Moneda, en la que se protesta por el aumento de precios del gas: todos saben que sería así, y que eso es preferible a una interrupción del suministro.
Si el gas boliviano se reinyectara a Chile con una ganancia para nuestro país, aunque lógica, podría merecer críticas del otro lado de la cordillera.
Pero es sabido que compramos más caro para no vernos obligados a cerrar las válvulas, lo que produciría en Chile una crisis mayúscula: aumento generalizado de tarifas de electricidad, cierre de industrias, desocupación, con las consiguientes consecuencias sociales y políticas para el gobierno de la señora Bachelet.
Chile y Perú son los dos países de América Latina que han firmado Tratados de Libre Comercio con EEUU, y Uruguay puede sumarse a la lista.
En este contexto, es preferible tener a Santiago de este lado. La derecha chilena se ha sentado a esperar que el diálogo y la buena relación entre Bachelet y Kirchner fracasen, y aplaudieron que el gobierno estudie un arancel extra a las leches argentinas por considerarlas subsidiadas, a pesar de lo cual el ministro de Economía chileno afirmó: «No hay que gasificar la leche».
Parte del gas natural que llega a Chile se transforma en metanol, exportado a EEUU y Canadá por Methanex, por valores aproximados a U$S 400 millones anuales. ¿Por qué exportamos un insumo sin valor agregado mientras un alto porcentaje de la población argentina carece de gas en sus domicilios?
Por otro lado, las multinacionales que actúan a ambos lados de la cordillera, comprando y vendiendo a sí mismas, han firmado contratos de provisión cuyos detalles, por ser privados, se desconocen, y están basados en protocolos que no fueron ratificados por el Congreso, además de tener, según los especialistas, un dudoso rango constitucional.
Sin preferencias
En los primeros días de octubre, la representante comercial de la embajada de EEUU en Buenos Aires, anunció con el gesto típico de John Wayne que su país estaba dispuesto a rever, por primera vez en 20 años, el Sistema Generalizado de Preferencias lo que, dijo, acarrearía perjuicios a nuestro país.
¿Acaso porque se estaba perjudicando a alguna actividad económica en el Norte?
Si esto parece imposible, no lo es tanto que el gobierno de EEUU haya estado informado de que la Comunidad Europea haría lugar -24 horas después de la advertencia- al reclamo argentino de no pagar royalties por la harina de soja producida con semillas de Monsanto, la famosa RR o Round Up Resistent.
Cuando se supo que la multinacional buscaba sacar tajada de las exportaciones argentinas, el diario La Nación, refiriéndose a los embarques embargados en puertos de Holanda y Dinamarca, tituló deprimida: “Otro mercado que se cierra”. Luego sostuvo que la multinacional, a pesar del anuncio europeo, seguiría adelante con los juicios contra las exportadoras de harina.
Tampoco es improbable que sea una represalia, por ahora verbal, tras el fracaso de la Ronda de Doha, donde Argentina tiene un papel más o menos activo.
No será la primera vez ni la última: en 1997 la mitad de los productos argentinos exportados al mercado norteamericano bajo el sistema generalizado de preferencias fueron tachados de la lista luego de que el Congreso argentino sancionara una ley de patentes que otorgaba cierto espacio a los laboratorios nacionales. Los ex diputados Roggero y Sebastiani podrán certificar en sus memorias que no fueron motivos patrióticos los que abrieron ese espacio para los genéricos.
Además, no es casual que esta suerte de castigo, además de a nuestro país, también incluya a Brasil y la India, quienes coinciden en el G-20 en criticar dentro de la OMC los subsidios de EEUU y la Comunidad Europea a los productos agrícolas. En este campo, las posturas del Norte no son coincidentes, pero tampoco tan divergentes como para eliminar la protección agropecuaria.
El Sistema Generalizado de Preferencias funciona así: el Congreso de EEUU, autoriza que ciertos productos puedan ingresar al mercado con tasas preferenciales.
Esto permite a las empresas norteamericanas, comprar en el país beneficiado -a precios del mercado local, no a valores internacionales y ni siquiera del mercado de EEUU- determinados productos incluidos en una lista.
Estos productos luego son vendidos por el importador al mercado norteamericano a los precios corrientes, y han representado unos 600 millones de dólares para nuestro país sólo en el último año, de los 4.000 que se exportan a EEUU.
Aumenta el volumen de venta, pero el valor lo fija el comprador.
Los rubros eventualmente perjudicados serían quesos, carnes preparadas, alimentos azucarados, aluminio, metanol y cueros.
La cuota Hilton de carnes es un caso especial en la que Europa fija un cupo anual y el gobierno argentino la distribuye entre varios frigoríficos que han cumplido determinadas normas de calidad. El valor de venta es mucho más cercano al vigente en Europa.
Con el modelo norteamericano, sin embargo, las compras se harían a los valores en el mercado interno argentino, por lo que el Sistema Generalizado de Preferencias bien podría desaparecer sin consecuencias para el país.
La nueva etapa del Mercosur, como se ve, se pone en marcha en medio de dificultades, pero el clima de diálogo presidencial permite encararlas con un horizonte distinto.
