Las discusiones respecto al funcionamiento del modelo productivo de agricultura convencional, más conocido como de agronegocios, han ido tomando mayor volumen en las últimas décadas. La aprobación del Trigo HB4, semilla transgénica de recientemente desarrollada por laboratorios argentinos, provocó una ola de rechazos y discusiones que vienen marcando el pulso de los proyectos vinculados a nuestro modelo agropecuario. Ahora bien, en general no queda muy claro como fue el proceso histórico por el cual esta forma de producir se implanto en nuestro país. La hija favorita de la revolución verde se codeo por igual con gobierno democráticos y dictaduras, desarrollando un proyecto rural donde solo 6% de la población argentina vive ligada a la tierra, donde la expulsión de campesinos, pequeños y medianos productores parece ser un precio alto para un progreso cada vez mas dudoso.
Desarrollismo y Revolución Verde.
Con el golpe de estado de 1955 gran parte de las políticas agrarias del peronismo fueron desmanteladas, en particular aquellas que afectan a los intereses inmediatos de los grandes propietarios ligados a la SRA. Un punto de conflicto que fue manejado de manera moderada es aquel que afectaba al congelamiento de las prórrogas y el valor de los cánones de arriendo. Este constituye un elemento muy tensionante por lo cual se demoró poco más de una década para dar fin al régimen de tenencia y arriendo que se había inaugurado en la década del 40’. Se interrumpieron los procesos de colonización agraria y se suprimió el funcionamiento del IAPI, aunque los gobiernos dictatoriales de las décadas del 50 y 60 no renegaron de la utilización de instrumentos de transferencia de renta como los derechos de exportación, tal como los aplicó Adalbet Krieger Vasena en 1966, cuando ocupó la cartera de economía en el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Este mecanismo formó parte de las estrategias desarrollistas implementadas por igual por gobierno militares y democráticos bajo administración radical. A estas deben agregarse la apertura importaciones y la cuenta capital, fomentando el endeudamiento externo con organismos de crédito internacional.
En este contexto, a las problemáticas económico agrarias de la Argentina se le ofrecerían soluciones provenientes de organismos alineados a la política exterior estadounidense – en el marco de lo que más adelante sería la Alianza para el Progreso – como la CEPAL y la Comisión Interamericana para el Desarrollo Agrario (CIDA). Los términos del desarrollo allí planteados estaban orientados hacia la modernización tecnológica resultante de una activa acción estatal sumada a la participación de capitales extranjeros en el proceso. Entre estas iniciativas se planificó la ”importación” de los postulados de la Revolución Verde, como paradigma occidental del desarrollo agrícola moderno. Promovido durante el gobierno de Arturo Frondizi, este modelo consiste en la aplicación de un paquete tecnológico integrado por semillas híbridas, la aplicación de pesticidas y fertilizantes mediante el uso de maquinaria agrícola pesada. Contaba también con un eslabonamiento productivo donde diferentes industrias – químicas, de maquinaria, laboratorios desarrolladores, etc. – que favoreció la aceleración productiva y la homogeneización del producto final.
Estas transformaciones ofrecían respuesta en ese contexto a una discusión en torno al lugar de los terratenientes en la economía argentina, un sector descapitalizado y de baja productividad. La llamada “cuestión agraria” también aludía al carácter de los dueños de la tierra como jefes de estancias antes que como empresarios dinámicos. El fomento de esta nueva ética empresarial y de una racionalidad productiva hacia adentro de la clase terrateniente llegó de la mano de asociaciones orientadas al gerencialismo.
Este proceso de modernización de los perfiles productivos chocó en principio con los valores identitarios de un sector que se presentaba como clase dirigente por su autorreferida “condición natural”, es decir, por su lugar en el orden socioeconómico, por su inserción en ámbitos educativos e intelectuales y acceso a ámbitos de poder. Asociaciones de gerenciamiento y asesoría como AACREA y AAPRESID propiciaron en distintos momentos una discusión en torno al rol productivo que debían ocupar las familias terratenientes respecto a los procesos de modernización agropecuaria que se estaban desarrollando en todo el globo e incorporando lentamente diferentes propuestas tanto de gestión financiera como de la aplicación de nuevas tecnologías dispuestas al potenciar el manejo de la gran explotación agrícola.
La instalación de este modelo en nuestra región comenzó muy tempranamente durante la gobernación del frondizista Silvestre Begnis, de la mano de quien llegaron al sur de la provincia empresas como John Deere, Química Duperial, y otras tantas de capitales argentinos sumados a otros extranjeros como Marathon Argentina, dedicada al desarrollo de plegados y partes. Estas empresas se situaron en el cordón industrial entre Puerto San Martín y Villa Constitución, proyecto de metropolización de la región sur que terminó por extenderse a la ciudad de Rosario y sus alrededores. Esa situación acentuó la desigualdades norte-sur que afectan estructuralmente a la provincia. Un sur más inscripto en la lógica productiva de la pampa húmeda, donde el Gran Rosario funcionaba de caño maestro para el flujo de esas producciones a mercados extranjeros, donde el 60% de los establecimientos industriales se ubicaban en los departamentos Rosario, San Lorenzo y Villa Constitución. Un norte mucho más afectado por la agonía duradera de la empresa La Forestal, que había comenzado su deterioro en la década del 40 y alcanzó su paralización total en 1963, dejando – por goteo – un tendal de empresas quebradas y obreros desempleados más el constante despoblamiento de varias localidades, en particular Vera. Incluso se llegó a aislar la región cuando las arterias ferroviarias que la comunicaban con el resto de la provincia fueron desmanteladas. En lo que tiene que ver con la estructura agraria de la provincia, el sector rural recupera el dinamismo perdido por medio del avance de la tractorización, el constante flujo de insumos externos (semillas mejoradas, pesticidas y fertilizantes, y la incorporación de nueva maquinaria – como la cosechadora de maíz – que tuvieron grandes impactos en el mercado laboral rural, y en la masiva expulsión de trabajadores del campo. Este creciente dinamismo también trajo como consecuencia una mayor dependencia de los productores para con el sistema aprovisionamiento de insumos y maquinarias, lo que trajo aparejado una mayor presencia de los capitales multinacionales del sector.
El ocaso del último proyecto agrario
A comienzos de 1973, el movimiento nacional popular volvía al poder, por medio del notable liderazgo de Juan Domingo Perón, el cual había transitado los 18 años previos exiliado debido a la proscripción política que se había impuesto sobre él y su fuerza política. El principal objetivo del gobierno era la restitución de un sistema económico sustentado en un Pacto Social, donde Estado, Empresarios y Sindicatos puedan acordar políticas para poder estabilizar la situación económica. Esto implicaba una reedición de las políticas implementadas durante el primer gobierno peronista, pero en un contexto totalmente diferente. En este momento no existían condiciones como las de la segunda posguerra donde la renta diferencial producida por el sector agropecuario podría aportar las divisas necesarias para impulsar un proceso de transferencia de recursos del agro a la industria. Como indica el Plan Trienal en sus postulados sobre comercio exterior:
“Para alcanzar este objetivo de la independencia económica es básico el logro y mantenimiento de un balance de pagos favorable, que contribuya a alcanzar los propósitos del Plan, y al desarrollo de la economía nacional, en vez de seguir constituyendo un freno de la expansión. Para ello el Plan prevé una vigorosa política de incremento de nuestros saldos exportables, en cuanto hace a los productos tradicionales del agro, así como un crecimiento acelerado de las exportaciones de bienes manufacturados”.
Atendiendo a esto, el sector agropecuario – como señala este documento – debía cumplir el doble rol de abasto de alimentos e insumos para el mercado interno a la vez de proveer las divisas necesarias para revitalizar el impulso del sistema sustitutivo de importaciones. Para tal disposición debería ampliarse tanto la frontera agrícola como la superficie cultivada. El mismo Perón señala la necesidad de alcanzar la cifra de 200 millones de toneladas de cereal anual, lo cual, más allá de las posibilidades marcaba una mayor orientación de este gobierno hacia el sector agropecuario. Esta ampliación de la productividad agropecuaria iba de la mano de la recuperación del programa agrario del primer peronismo, donde se entendía a la tierra como un bien de trabajo y no de especulación. El blanco de esta política volvía a ser el latifundio improductivo y el minifundio antieconómico, generando condiciones para que el acceso a la tierra esté abierto al productor capitalizado. El proyecto impulsado por Horacio Giberti, Secretario de Agricultura, se orientaba hacia la captación de renta vía impuestos a la tierra improductiva. Por todo esto, el programa agrario de este gobierno debía transitar el delicado camino de potenciar la eficiencia productiva y capturar la renta diferencial, cuestión esta última que inquietaba a los sectores conservadores del agro. A pesar de esto, el Ministro de Hacienda Jose Ber Gelbard logró concertar un acuerdo con todas las corporaciones rurales – incluyendo a las Ligas Agrarias del norte argentino – de nombre Acta Compromiso del Campo. Este documento fijaba las bases para una “auténtica revolución en paz” donde el Estado Nacional se comprometía a ofrecer asistencia financiera, tecnológica, vivienda y acceso a la tierra a cambio de aumento en la productividad agropecuaria. Si bien la Sociedad Rural aceptó participar de los diversos ámbitos de concertación, se opuso de manera constante a todos los avances legislativos tendientes al aumento de las cargas tributarias sobre el latifundio.
Pero los sectores conservadores rurales estaban más preocupados por un proyecto legislativo en el que venía trabajando Giberti, de nombre Ley Agraria. Esta propuesta se orientaba a impulsar políticas de colonización agrarias poniendo a disposición tanto terrenos fiscales como segmentos de tierras improductivas retenidas por esta condición. El conocimiento público de este proyecto coincidió con el fallecimiento del General Perón y el avance de los grupos vinculados a la derecha peronista, que se hallaban bajo la órbita del Ministro de Acción Social José Lopez Rega. La enorme gravitación de este funcionario puso fin no solo a estas iniciativas agraristas, sino además forzó la renuncia de toda la cartera económica que estaba bajo la dirección de Gelbard en octubre de 1974, entre ellos, el propio Horacio Giberti. A partir de aquí y hasta la caída del gobierno en manos del poder militar en 1976, la política agropecuaria se caracterizó por una total inactividad.
La destrucción del entramado agrario como política de estado
Con el golpe de estado de 1976 se pone fin al modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Se da inicio a un proceso de desindustrialización a la vez que se eliminan los mecanismos de transferencia de renta agropecuaria hacia los corredores industriales. A partir de 1976 se inicia un periodo de consolidación del encuadre tecnológico impuesto de la mano de la Revolución Verde, estimulado además por un nuevo ciclo de valorización de los precios de los productos agropecuarios que se vio habilitado por el periodo de estabilización inmediatamente posterior a la crisis del petróleo de 1973. En este contexto, tuvo lugar en la Argentina una dinámica de reorientación del régimen social de acumulación, a partir de la nueva capacidad exportadora del sector agropecuario. Así, se puede observar como el aumento global del crecimiento bruto de este sector coincide con un periodo de deterioro generalizado de la economía y estancamiento del PBI nacional. Sin embargo, este crecimiento fue desparejo, ya que afectó fundamentalmente a los cereales y oleaginosas, mientras se puede advertir un estancamiento en los productos de consumo masivo y la ganadería.
Durante la última dictadura cívico-militar se inició, además, un proceso de desmantelamiento del entramado legislativo que regulaba el régimen productivo y alimentario. Un ejemplo de esto es la sanción de una nueva Ley de Arrendamientos Rurales en octubre de 1980, la cual sustrae los artículos vinculados a la intervención del Estado en defensa de los derechos de los arrendatarios. Reduce además el plazo de arriendo de 5 a 3 años, sin posibilidad de prórrogas y eliminando las Cámaras Paritarias dispuestas para la negociación colectiva de los cánones de arriendo y aparcería. Esta política de monopolización económica y marginación de los pequeños y medianos productores agrarios se verá profundizada durante la década del 90’.
Entre la enorme cantidad de políticas de desregulación económicas que se desplegaron durante el gobierno de Carlos Menem podemos destacar las siguientes:
- Eliminación de impuestos y gravámenes de exportación: durante el periodo que va de 1991 a 1993 se derogaron las llamadas retenciones o derechos de exportación. Estas modificaciones permitieron a los agentes económicos locales capturar mayores porcentajes de renta e ingreso por el precio de los commodities. De esta manera el sector agropecuario exportador dejaba de ser el principal proveedor de divisas para la hacienda pública.
- Igualdad legal entre la inversión extranjera y la local: esta modificación fue el marco para la radicación permanente de capitales internacionales vinculados al sector agroalimentario, de la mano de la compra de empresas nacionales tanto públicas como privadas que se hallaban descapitalizadas en materia financiera.
- Eliminación de los organismos y desregulación de la política agropecuaria: este proceso formó parte de la primera etapa de reformas del Estado, que determinaron el desmantelamiento y privatización de entidades públicas que ordenaban los vínculos entre el estado y el sector rural. Entre estas medidas encontramos la disolución de la Junta Nacional de Granos; la disolución de la Junta Nacional de Carnes; la privatización del Mercado de Hacienda en Liniers; la disolución del Instituto Nacional Forestal; la eliminación de la Corporación Reguladora de la Yerba Mate, de la Dirección Nacional de Azúcar, del Fondo Promotor de la Actividad Lechera y de la Comisión de Concertacion de Políticas Lecheras.
Si bien el abanico de políticas de desregulación y eliminación de dispositivos del Estado es mucho más extenso, los procesos enumerados son de los que más han afectado al entramado agrario. El proceso de subordinación de los pequeños y medianos propietarios, ya sea como contratistas rurales o como minirentistas rurales, se empezó a desplegar durante este periodo y ha dejado como consecuencia su progresiva expulsión del ámbito de la producción, agravado además por los remates de explotaciones productivas que afectaron en gran medida a este segmento durante la segunda mitad de la década menemista. El desmoronamiento demográfico y productivo del mundo agrario es una de las tragedias ocultas de nuestro país.
