Pese a los sostenidos esfuerzos de quienes hegemonizan el relato y el discurso públicos por otorgarle un contundente certificado de defunción, la Argentina sigue transitando en buena medida la dinámica de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, con sus efectos de transformación virulenta del cuadro político partidario, de provisoriedad en los contratos de delegación surgidos de cada vez más coyunturales corrientes de opinión de los sectores medios. También, el conflicto agrario de alguna manera lo reproduce, con la supervivencia de un ánimo destituyente por la vía de la irrupción en las calles de esos sectores medios, sobre todo quienes se sienten tocados en lo más profundo de sus bolsillos.
Esta Argentina es, también, la que fue marcada a fuego por la Masacre de Avellaneda, otro hito al que se pretende sepultar. Las consecuencias políticas del diseño represivo del 26 de junio de 2002, los asesinatos Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y el modo como se consumaron, la participación del presidente y buena parte de sus funcionarios en el diseño, terminaron con un proyecto preciso de poder preparado durante mucho tiempo, el de Eduardo Duhalde y el aparato del PJ bonaerense.
De alguna manera complementarios en la configuración del país de hoy, el 19 y 20 de diciembre de 2001 y el 26 de junio de 2002 muestran una importante diferencia fenomenológica, además de la sustancial diversidad en la composición social de quienes protagonizaron mayoritariamente cada uno de las dos acciones violentamente reprimidas, en el número de participantes y en sus alcances territoriales. Los 30 asesinados por la represión de diciembre de 2001 fueron las víctimas de la reacción salvaje de un poder institucional en retirada; Darío y Maxi, la causa directa de la retirada de Duhalde y del fin de su proyecto personal de poder.
La diferencia es importante, porque explica en buena medida por qué la transferencia de hegemonía en la cúpula del poder económico que se había insinuado con la llegada de Duhalde al poder —del sector financiero y las multinacionales concesionarias de los servicios públicos privatizados hacia grandes grupos industriales y sectores exportadores— permaneció y se consolidó con el gobierno de Néstor Kirchner y mantiene ahora esa hegemonía, en el marco de cuya lógica interna se desarrolla el conflicto por los excedentes del modelo a partir del nuevo esquema de retenciones a las exportaciones. No está de más recordar que la voz más pública del poder económico en la preparación del clima para el diseño de la represión del 26 de junio en el Puente Pueyrredón y sus alrededores haya sido el entonces presidente de la Sociedad Rural, Enrique Crotto.
Pero el acceso de Kirchner a la presidencia implicaba, éso sí, un cambio de estilo y de discurso, expresiones formales de una modificación de la política hacia la protesta social que priorizó la cooptación por sobre la confrontación directa en las calles a través de las fuerzas de seguridad.
El desarrollo de la nueva etapa del capitalismo argentino y el marco internacional, al compás del crecimiento económico y la etapa de generación de empleos, produjo una nueva transferencia de centralidad en las luchas populares, de las organizaciones de desocupados a los ocupados, muy mediatizados por las burocracias gremiales tradicionales en el caso de los ocupados formales y sindicalizados. Pero la experiencia asamblearia, de construcción de base construida por los movimientos que habían protagonizado el 26 de junio —algunos de los cuales, además, como el propio Frente Popular Darío Santillán, se fueron reconformando como fuerzas multisectoriales— se empezó a reproducir, aunque de manera minoritaria, entre los sectores de ocupados formales que generaron algunos de los principales conflictos por la renacida puja redistributiva, y también en nuevos modos de auto organización y lucha de los trabajadores precarios e informales, una situación en la que se encuentra, por características estructurales del proyecto económico y político impulsado desde el gobierno, una enorme porción de la fuerza de trabajo del país.
