Desde que regresó la democracia en el año 83 en la Argentina fueron asesinadas 1.684 personas, por la represión policial. El pasado viernes 1 de abril se sumó otra victima. Una chica embarazada de 14 años fue asesinada por efectivos de la Policía Federal en Villa Lugano. Según las pericias balísticas de la Gendarmería Nacional fue ultimada de un disparo en la espalda efectuado desde menos de cinco metros.
Algunos testigos declararon que los policías habrían disparado luego de que un grupo de adolescentes del barrio se negara a comprarles cocaína. Pasaron purgas, desplazamientos, jefes relevados, ministros del Interior, presidentes, gobernadores, pero la Policía, tanto Federal como Bonaerense, continúa implicada en numerosos casos de gatillo fácil en los que, en su mayoría, son asesinados adolescentes que viven en barrios pobres.
El último homicidio en el que estuvo implicado la Policía Federal y tuvo trascendencia en la prensa fue el de Ezequiel Demonty, quién fue obligado a tirarse al riachuelo por cuatro efectivos policiales, y luego murió ahogado. La conexión entre el hecho del viernes 1 de abril con este caso, no sólo está dada por la participación de efectivos de la Policía Federal, cuyo titular en ese entonces era Norberto Giacomino, sino que además Camila Arjona iba a la misma escuela que Demonty.
Por el crimen están acusados tres suboficiales de la Federal de la comisaría 52 – Adrián Bustos, Miguel Angel Cisneros y Mariano Almirón – que se encuentran a disposición del juez de instrucción Jorge López quién deberá resolver sus procesamientos.
Según precisó a la prensa el abogado de la familia Arjona -el mismo que representó a la familia Demonty- el viernes 8 personal de la Dirección de la Policía Científica de la Gendarmería Nacional comenzará la reconstrucción balística del homicidio, en donde se van a entrecruzar los resultados de la autopsia con las pericias de criminalística. Esos estudios permitirán establecer desde qué lugar exacto se hizo el disparo y la proximidad a la que estaba la joven, ya que -según dijo Vera- por lo que surge del informe elevado hasta ahora, «el disparo en la espalda habría sido hecho desde menos de cinco metros de distancia».
Si bien el ministro del Interior Aníbal Fernández aún no decidió la intervención de la comisaría 52 cuyo titular es el comisario Eduardo Malerba, sí dispuso que la División Asuntos Internos de la Policía Federal se constituya como control en la comisaría de Villa Lugano para decidir luego si es necesario intervenirla. La decisión fue tomada por Fernández luego de una reunión que mantuvo con la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la ex – menemista Alicia Pierini, quien le transmitió al funcionario que había varias personas de la villa que estaban siendo amenazadas, el comisario Malerba es uno de los que según algunos familiares, estaría implicado en las amenazas.
Rápido de reflejos, el ministro del Interior sin hacer ninguna referencia a los reiterados casos de este tipo en los que se encuentra involucrada la Policía Federal, que está a su mando, recibirá la semana próxima a la madre de Camila, Norma Díaz, ya que la mujer quiere pedirle protección y justicia por el crimen de su hija.
Pasada una semana del asesinato el caso de esta jóven de 14 años asesinada a sangre fría comienza a adquirir las regularidades que caracterizan a los casos de gatillo Fácil. En este sentido, desde que testigos denunciaron que los policías habrían disparado luego de discutir con un grupo de menores que se negaban a irles a comprar droga, no sólo se pidió la protección de esos testigos sino que, además, hubo vecinos y allegados a la familia de la víctima que denunciaron haber sufrido intimidaciones, seguimientos y mensajes para guardar silencio.
Dos de los vecinos le indicaron a la prensa, que personal de la policía habría registrado las imágenes de los que fueron a las marchas pidiendo justicia por Camila y señalaron que en las últimas horas recibieron la visita de presuntos policías que habrían enviado a los testigos mensajes para que guarden silencio.
En este sentido, Martín Eyerbe , compañero de trabajo del tío de Camila e integrante de una organización barrial que está organizando las marchas en reclamo de Justicia, denunció también que personal policial «anda por los pasillos de la villa amenazando a las personas que estuvieron junto a los padres» de la menor exigiendo el esclarecimiento del hecho.
En ese sentido, Ayerbe mencionó que las cinco personas que el viernes pasado por la tarde se entrevistaron con el comisario Eduardo Malerba, de la 52, fueron filmadas y en las últimas horas habrían recibido amenazas.
Camila Arjona, de 14 años y embarazada de casi cinco meses, fue asesinada el viernes 1 de abril en la villa 20, cuando recibió un tiro que, según se sospecha, habrían disparado alguno de los tres agentes de la comisaría 52, uno de los cuales se encontraba custodiando un local de la zona.
El episodio aún es muy confuso. Según lo declarado por los testigos, Camila estaba en una casilla con su novio y por una ventana habrían visto que el hermano del muchacho “discutía con los policías». Según se indicó, la pareja fue a «ver qué pasaba».
Aún o está claro cómo siguieron los episodios. Inicialmente, la madre de Camila dijo que uno de los chicos que estaba en esa reunión corrió y los policías le dispararon, mientras el novio de Camila alcanzó a escapar, pero la joven no se movió y cayó muerta con un balazo en la espalda.
Más Policías federales acusados
El pasado jueves 7, La fiscalía de Lomas de Zamora solicitó 12 años de prisión para el suboficial de policía que es sometido a juicio oral y público por el asesinato de un nene de 10 años, en 1998, durante un tiroteo desencadenado en el complejo habitacional de «Don Orione», en la localidad bonaerense de Claypole.
El próximo lunes el tribunal que juzga al policía Roberto Hugo Villalba dará a conocer el veredicto y la eventual sentencia del caso, la fiscal Sandra Rull solicitó 12 años de prisión para Villalba, sargento retirado de la Policía Federal, involucrado en el asesinato del niño Gastón Ezequiel Vallejo en Claypole.
El hecho que se le imputa al policía ocurrió el 29 de diciembre de 1998 en el complejo Don Orione cuando el policía se tiroteo con varios ladrones. Durante el enfrentamiento fue herido Gastón -que se encontraba en el palier de uno de los moblock del complejo- que murió a los pocos minutos. Familiares de Gastón dijeron a la prensa que «el policía imputado llegó al juicio en libertad, se pasea por los tribunales como si nada y por eso tememos que no se presente a la audiencia del próximo lunes».
El mismo día en que la fiscalía solicitaba 12 años de prisión para este sargento de la policía Federal, la Cámara Civil y Comercial Federal condenó a la Policía Federal a pagar casi 2.000.000 de pesos de indemnización a un joven que quedó parapléjico al ser baleado en 1998 por un subcomisario que lo acusó de un intento de robo e, incluso, armó la escena para que lo procesaran por ese delito aunque finalmente fue absuelto.
La decisión judicial se tomó luego de que el Tribunal Oral Criminal 2 porteño absolviera a la víctima del «gatillo fácil», Claudio Norberto Albarracín, en un juicio al que llegó tras ser denunciado por tentativa de robo por el propio policía, Patricio Eduardo Femía, entonces subcomisario de la seccional 43.
La Cámara Civil y Comercial Federal resaltó que el subcomisario «ejerció su función» cuando, según él mismo relató, se identificó como policía antes de efectuar los disparos con una arma no reglamentaria. La Sala III de la Cámara sostuvo que un subcomisario de la Policía Federal es un funcionario del Estado y que Femía ejerció su función no sólo al identificarse, sino también cuando intentó detener primero y disparó después, ya que está dentro del servicio policial perseguir y evitar el delito. Según este tribunal la función policial «es permanente» y la prevención del delito «puede ejercerse fuera del horario de servicio».
Cada vez son más las denuncias, investigaciones, sentencias y condenas que van develando la trama del gatillo fácil, aunque es probable que nunca se tenga certeza de su total magnitud debido a la maquinaria de complicidades que dentro de las instituciones policiales han dejado varias muertes en el anonimato y sin castigo.
Quizás por esa razón es que resulta increíble confiar en las explicaciones policiales que siempre se refieren a “ovejas descarriadas” cuando tienen que responder sobre los vejámenes cometidos por uniformados contra la población civil y en especial contra jóvenes pobres.
El nivel de impunidad con el que se manejan las fuerzas policiales en las sectores más desprotegidos de la población confirma que no es una anomalía, sino una práctica sistemática.
