Durante tres meses, la señal de TV pública (y gratuita) del país no pudo verse en la provincia de Mendoza. Una jueza dictaminó que interfería en el servicio pago de TV por cable, por presiones del Grupo Vila-Manzano. La Cámara Federal de Apelaciones revocó esa decisión el 9 de abril pasado. En toco ese tiempo, los adalides de la libertad de prensa que se rasgan las vestiduras por el funcionamiento del Observatorio de medios, no dijeron ni publicaron una sola palabra para condenar más de 90 días de censura.
A poco menos de tres meses de la suspensión de sus trasmisiones, Canal 7 volvió a emitir en Mendoza. La Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia fue la encargada de revocar la medida dictada por la jueza Olga Arrabal que había dejado sin televisión estatal a más de un millón de mendocinos.
No es casual que la suspensión de un canal público se haya dado en esta provincia, ya que si bien la llamada renovación política llevada adelante por el ex presidente Néstor Kirchner abrió las puertas de muchos distritos a quienes fueron marginados de la arena política durante las últimas décadas, es también una realidad innegable que los resultados son dispares.
El caso de Mendoza es paradigmático y se materializa en la figura del Gobernador electo por mayoría popular el pasado mes de diciembre. El contador público Celso Alejandro Jaque asumió la Gobernación como representante del PJ en alianza con el Partido Demócrata y, sin embargo, es un enemigo acérrimo del Gobierno Nacional y tiene muy buenas migas con el Opus Dei.
En la provincia actualmente conducida por Jaque se han sucedido un sinfín de denuncias de los organismos de derechos humanos sobre abusos policiales y persecuciones a los disidentes políticos en los últimos años, siendo el caso más conocido el de Sebastián Bordón, joven asesinado por la policía provincial en el año ’97. A pesar de esto, durante la campaña de Jaque en los últimos meses del 2007, ante la suba de los índices delictivos producto de la exclusión social, se intentó invertir la realidad mediante una campaña que vinculaba la delincuencia social con la falta de apoyo político y recursos financieros para las fuerzas de seguridad.
Consecuente con su programa proselitista en materia de seguridad, Jaque designó como Viceministro de Seguridad de Mendoza al comisario Carlos Rico Tejeiro. Al conocerse esta designación, organismos de derechos humanos denunciaron que Tejeiro está imputado por la Fiscal Federal María Gloria André, en un caso en el que se investiga la desaparición de una docena de militantes políticos en el año 1978. Otra denuncia afirma que este comisario fue entrenado militarmente en «tácticas antisubversivas» por el ex carapintada Mohamed Alí Seineldín. Poco tiempo después, desde el Gobierno Nacional ya conducido por Cristina Fernández de Kirchner, se solicitaba la remoción de Rico Tejeira por «falta de idoneidad parta ejercer cargos públicos». A pesar de la presión ejercida, al día de hoy no ha sido removido.
Televisión pública vs. Televisión por cable
En este contexto y poco tiempo antes de asumir Jaque al poder, el Sistema Nacional de Medios Públicos dependiente de la Secretaría de Medios de la Nación y encargado tanto de Canal 7 como de Radio Nacional, inauguraba una nueva repetidora televisiva en la provincia. Más precisamente, el 4 de diciembre del pasado año entró en funcionamiento una estación ubicada en la cumbre del cerro Arco, a 10 kilómetros al oeste de la Capital provincial. La señal emitida consta de un alcance aproximado de 75 kilómetros y abarca la mayor parte del Gran Mendoza, llegando de este modo a alrededor de un millón de habitantes.
De esta manera se ampliaba la oferta televisiva de los mendocinos que no tuviesen contratado un servicio de cable. A las señales ya existentes, canal 7 Mendoza, perteneciente al grupo Vila-Manzano, y canal 9 Mendoza, vinculada al grupo Alonso, se les sumaba la señal estatal de Canal 7 de Buenos Aires, que allí se sintonizaría en el número 11.
A un mes y medio de su entrada en funcionamiento, los ojos del Gobierno Nacional se posaron nuevamente sobre la provincia cuyana. El día 5 de enero la Jueza Olga Arrabal, a cargo del Segundo Juzgado Federal de Mendoza, ordenó mediante un fallo judicial la interrupción de la señal de Canal 7. Según Arrabal la orden debía implementarse inmediatamente ya que pretendía garantizar «no interferir en la grilla que con igual número ocupan las empresas de televisión por cable de la Ciudad de Mendoza».
El fallo respondía a la presentación efectuada por el Grupo Vila-Manzano, que a través de la empresa Jorge Estornell S.A./Supercanal, manifestaba ser objeto de supuestas interferencias ocasionadas por las señales de radiodifusión abierta en los servicios de televisión por cable. Ante esta afirmación, funcionarios del Gobierno Nacional salieron a desmentir la posibilidad que una señal de aire, tal como lo es la repetidora de Canal 7, pudiese tener injerencia en una señal de cable, a menos que esta empresa estuviese prestando un servicio sin el material adecuado. Por otro lado, la dirección del canal estatal, a cargo de Rosario Lufrano, denunciaba que la actuación de la justicia en un caso de estas características es, al menos, improcedente, ya que el único organismo con potestad para determinar irregularidades técnicas y encargarse de su resolución es la Comisión Nacional de Comunicación.
Consultado por ZOOM, Gustavo López, titular del Sistema Nacional de Medios Públicos, afirmó que «las irregularidades en las que incurrió la Jueza Arrabal son tremendas. Desconoció voluntariamente las leyes vigentes, ya que tanto el artículo 14 de la Constitución Nacional como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (incluido en el Pacto de San José de Costa Rica) prohíben la censura previa, y ordenar el cese de la transmisión de un canal de aire en beneficio de uno de cable fue un brutal acto de censura previa. Este tipo de situaciones tienen que ver con una justicia sometida al poder político y económico en la provincia de Mendoza, controlada por el grupo Vila-Manzano.»
Finalmente, la semana pasada, la Cámara Federal de Apelaciones emitió el fallo en el cual se ordenaba restituir la transmisión a la ciudadanía mendocina. En el escrito se afirmaba que «advertimos que los efectos de la precautoria -parcialmente- ordenada, excede el propio interés de la amparista, afectando a otros miembros de la sociedad; toda vez que, al impedírsele -al canal de Buenos Aires- operar en la frecuencia n° 11, de aire, lo que en verdad ocurre es que, en los departamentos del Gran Mendoza, como así también en Maipú, Luján de Cuyo, Lavalle, San Martín, Palmira, Junín, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia (donde se extiende la cautelar de fs. sub 71/74 vta.); quiénes no son abonados -por la razón que fuera- al circuito cerrado, en particular a Supercanal S.A.; no pueden acceder a la información y programación que brinda el canal de Buenos Aires, constituyendo éste -más allá de las preferencias personales que tenga cada ciudadano- un derecho colectivo que se encuentra diezmado por la decisión judicial.”
El Grupo Vila-Manzano
Este grupo está compuesto principalmente por la familia Vila y José Luís Manzano, mítico político menemista amigo de las cirugías estéticas y la monárquica malversación de fondos estatales.
Sobre este grupo, que es titular o en algunos casos accionista de media docena de diarios o revistas (entre ellas El Gráfico, el diario La Capital de Rosario y Diario Uno de Entre Ríos), una docena de radios (las principales La Red, Radio Rivadavia y LT 41 Radio Gualeguay-chú) y al menos 20 empresas de televisión por cable (Pehuenche Cable, Cablevideo y Supercanal), pesan varias investigaciones judiciales por diversos motivos. Una de las causas apunta a las irregularidades en la adquisisción de medios de comunicación. El 21 de junio de 2001 diputados de la Comisión Anticorrupción, recibían un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) donde se vinculaba a este grupo al lavado de dinero para la compra de medios de comunicación, principalmente provinciales. Otra causa investigada por la justicia es la que deviene de la denuncia presentada por la Universidad de Cuyo contra el grupo por la apropiación irregular de un predio de 32 hectáreas, propiedad de esa casa de altos estudios.
Pero no son estos los únicos escándalos. Ya en junio del 2007 Roberto Picco, titular del gremio de prensa de San Rafael de Mendoza, advertía sobre los intentos judiciales de Supercanal, empresa del mismo grupo, de remover la repetidora estatal instalada en esa localidad en abril del mismo año. Como muestra del poder de este grupo en la provincia basta con ver el resultado de la maniobra. Finalmente el día 9 de junio el Juez Federal de San Rafael, Mendoza, Héctor Acosta, dispuso el cese de las transmisiones de la repetidora pública en San Rafael, medida que luego de ser apelada por la titular del canal, fue suspendida.
