Tres militares retirados que prestaban servicios en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes confirmaron que en el lugar existía «un área restringida» que servía como centro clandestino de detención durante la última dictadura. Los testigos habían sido convocados por la defensa de cinco integrantes de las fuerzas de seguridad acusados de crímenes de lesa humanidad y prestaron declaración en el marco del juicio popularmente conocido como «RI-9», donde se investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas en el ex Regimiento de Infantería de Monte Número 9 Coronel Pagola, con asiento en la capital correntina.
Los testimonios correspondieron a Lucindo Reyes, Víctor Pérez y Julián Pruyas. No se presentó, aunque estaba citado, Adolfo Miranda Gallino.
No obstante, los testigos dijeron desconocer la práctica de torturas realizados en el lugar.
El sub-oficial Reyes (R), a su vez, señaló que «entre los años ’75 y’ 76» el ex capitán Juan Carlos De Marchi (Jefe de Inteligencia del área 231) se retiró de la compañía para pasar al área de Inteligencia y que «al poco tiempo pidió la baja». No obstante, señaló también que luego de ello «se lo veía habitualmente en el Regimiento».
Reyes además mencionó como responsable del área de enfermería a un médico de apellido Allison y a un ex capellán llamado Luchetti, quienes habían sido nombrados por varios ex detenidos.
Entre las víctimas de los crímenes que se investigan en la «causa RI9» se encuentran los desaparecidos Juan Ramón Vargas y Rómulo Artieda, cuyas familias son querellantes en la causa en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Comisión Provincial de Derechos Humanos.
Artieda es hasta el momento el único desaparecido en la provincia cuyos restos fueron reconocidos mediante el trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Su cadáver, que según testimonios había aparecido flotando en el río en 1977, fue encontrado en un cementerio de la localidad de Empedrado, distante a 50 kilómetros de la Capital provincial.
Los abogados defensores son Eduardo San Emeterio, Jorge Buompadre, Martín Gesino y Gonzalo Molina (defensores oficiales) y Victor Ross (patrocinante de la Gendarmería).
Los representantes de la querella son Ramón Leguizamón y Diego Vigay por la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes.
En tanto que Daniel Domínguez Henaín y Mario Bosh representan a la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La fiscalía está conformada por el fiscal federal que tuvo a su cargo la instrucción, Flavio Ferrini, el fiscal federal de Corrientes, Germán Weins, y titular del Ministerio Público Fiscal Nacional de Seguimiento de Juicios por Violaciones de los Derechos Humanos, Jorge Auat.
En tanto que el Tribunal está conformado por Víctor Alonso (presidente) y los jueces Lucía Rojas de Badaró y Gabriel Navarro.
El juicio comenzó el martes de la semana anterior, con la presencia de reconocidos dirigentes de movimientos de derechos humanos y familiares de las víctimas. Es el primero en el país donde se investiga el funcionamiento de un centro clandestino de detención durante la dictadura.
Algunos de los imputados se desempeñaban además como empresarios, dirigentes de la Sociedad Rural y diplomáticos.
Los testimonios
La jornada fue sorprendente, tanto para la querella como para los imputados, ya que los testigos de la defensa reconocieron al RI9 como lugar de detención y echaron por tierra la defensa de De Marchi, quien sostenía que no podía ser culpable de lo que se le acusa debido a que se había retirado del Ejército. Sus víctimas lo ubicaban a De Marchi mucho después de la fecha de su supuesto retiro, pero ahora sus propios testigos ratifican lo que aseveraban los ex-detenidos.
El primer testigo fue Lucindo Reyes, Suboficial retirado del Ejército, muy memorioso a la hora de recordar fechas de su dilatada carrera militar, excepto cuando ésta se acercaba a la mitad de la década del «70. Reconoce que hubo un lugar de detención absolutamente restringido en el ex- Casino de Soldados, ratificando lo que declararon los ex-detenidos.
De los 35 años en los que estuvo en el regimiento 9 solamente en el período que va del «75 al «77 o 78 existió ese lugar de detención, aseveró. La Jueza del Tribunal, la Dra. Badaró, le preguntó si existían otras áreas restringidas y el dijo que sí, que «polvorines» y donde se hallaban las armas, lugares adonde en varios momentos de su carrera pudo ingresar, con la debida autorización, pero nunca en la cuadra donde funcionaba el centro de detención durante ese período de la dictadura.Aseguró que vio a De Marchi varias veces de civil en el RI9 mucho después de su supuesto retiro.
Le tocó el turno a Fredemundo Guillén, quien claramente no estaba en condiciones síquicas de declarar, por lo que el propio Dr. Buompadre desistió de su testimonio, cuestión que no generó objeción alguna por parte de la querella ni la fiscalía.
El testigo Víctor Pérez, ex-militar de 70 años y de profesión mecánico, quien dijo que De Marchi fue su jefe en el año 1966, confundiéndose aparentemente por al menos una década y también tenía problemas para precisar fechas. Reconoció como el anterior, que en el RI9 había un área de detención restringida aunque negó haber tenido acceso a ella.
Por último atestiguó Julián Pruyas, es quien compromete aún mas al ex- Capitán De Marchi, ubicándolo como Oficial de inteligencia en un tiempo muy ulterior al de su supuesto retiro, además al igual que los otros testigos, ratificó la existencia de un centro de detención en la misma cuadra que refirieron las víctimas, es decir en el ex-Casino de Soldados.
