Es posible que nadie se hubiera imaginado que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, recién asumida, no tuviera tiempo de estrenar el poder recién recibido. Pero lo cierto es que, como una pieza de relojería programada para activarse a poco del traspaso de mando, la Justicia estadounidense arrestó a tres venezolanos y un uruguayo, acusados de ser agentes encubiertos. Las detenciones caerían como una bomba en Buenos Aires porque uno de los venezolanos confesaría que su compatriota, Guido Antonini Wilson, le dijo que el maletín con 800.000 dólares que le habían confiscado en agosto en la capital argentina estaba destinado a la campaña de la candidata oficialista. Mientras la prensa reconoce que los caminos del caso llevan a algo muy parecido a una conspiración, Wilson sigue protegido en Estados Unidos por el FBI.
En momentos en que la primera mujer presidenta argentina electa por las urnas cumplía un maratón de audiencias con mandatarios latinoamericanos y el príncipe Felipe de Asturias, la flamante mandataria quedó bajo fuego cruzado por denuncias en Estados Unidos de financiamiento ilegal de su campaña.
«Estas son operaciones basura, de los basurales de la política internacional. Más que países amigos quieren países empleados», replicó la mandataria con gesto adusto y puño crispado, tras conocerse la noticia el miércoles 12 diciembre, cuando pasaban al olvido las pompas y el boato de la asunción.
Antonini Wilson había traído el maletín a bordo de un avión oficial junto con funcionarios de Argentina y Venezuela, pero pudo regresar sin inmutarse a Miami, donde reside, pese a que Buenos Aires pidió su extradición, ignorada
hasta el momento por EEUU.
«Todo esto me parece una formidable operación de inteligencia de Estados Unidos. Están protegiendo a Antonini Wilson para no extraditarlo», atacó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. La reacción de la oposición liberal y de derecha en el Congreso fue reclamar una comisión investigadora del escándalo, aunque los parlamentarios coincidieron en que el hombre del maletín, ahora supuesto colaborador de EEUU, debe rendir cuentas ante la justicia argentina.
La trama del caso
Mientras el gobierno argentino despliega varios recursos para defenderse ante las sospechas que dispara el caso y cuando los tribunales norteamericanos se transforman en el centro de atención por las revelaciones que la investigación irá generando, las pesquizas siguen descansando sobre una pregunta sin respuesta: ¿Qué relación puede tener ese dinero con el gobierno venezolano como con funcionarios del gobierno argentino?
En principio, se podría suponer que ninguna, ya que, tal como hasta lo admitió Clarín: hay formas mucho más sencillas y menos riesgosas de mover el dinero, y según afirma el mismo diario, desde tiempos inmemoriales, las valijas diplomáticas han servido como vía segura para canalizar la solidaridad internacional, y tantas otras cosas.
En términos generales, y más allá del escándalo mediático, para la República Argentina, el caso de la valija sigue siendo un caso de contrabando de divisas. Al parecer, uno de los absurdos de la legislación argentina es impedir el ingreso de divisas sin declararlas. Con que Antonini hubiera dicho «traigo 800 mil dólares», estaba a salvo de cualquier infracción. Entonces, ¿por qué el juez lo dejó salir del país? Quizás porque se trata de un delito menor.
Así las cosas, todo sugiere que el oscuro Antonini traía dinero para personas que poco tienen que ver con el gobierno argentino y que poco tendrían que ver con el venezolano. A pesar de los titulares, la histeria periodística y las maniobras informativas de algunos medios, lo cierto es que, teniendo en cuenta que los flujos financieros circulan por vías menos peligrosas, el caso, hasta ahora parece una eficaz provocación para fabricar un «escándalo».
De este modo, los interrogantes se remontan nuevamente a agosto de 2007, el momento en que estalló el caso: es decir, cuando el ciudadano norteamericano – venezolano Alejandro Antonini Wilson intentó ingresar el 4 de agosto de este año una maleta con unos 800.000 dólares al arribar a Buenos Aires en un vuelo privado contratado por la petrolera argentina ENARSA, proveniente desde Caracas en un vuelo privado junto a funcionarios argentinos y ejecutivos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Más allá de las especulaciones, las preguntas centrales siguen siendo: ¿qué hacía un hombre tan sospechoso como Wilson en un avión fletado por Enarsa? ¿por qué los funcionarios de Enarsa alquilan un avión en vez de viajar en vuelos de línea? ¿qué hacía el funcionario del ministerio de Planificación, Claudio Uberti encargado de controlar las obras camineras, en un avión de Enarsa, y finalmente ¿qué hacía en Venezuela?
Palabras desde Caracas
Con el correr de los días, el caso va sumando volumen, y con su dimensión, le preocupación venezolana. Así fue que el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, advirtió que Estados Unidos amenaza las relaciones en el continente al impulsar un «montaje» con la detención de tres venezolanos vinculados con el escándalo de la «valija».
El funcionario señaló que se trata de un paso «aventurero» que el gobierno de Washington está dando con el que afecta las «reglas de juego básicas» del respeto entre los estados, al utilizar el sistema judicial para atacar a los gobiernos progresistas de la región. Agregó que con el caso de la «valija» el gobierno de Washington pretende «judicializar con un montaje las relaciones políticas y las luchas políticas que puede haber de ideas que pueden debatirse en distintos foros».
Alertó que «es un paso aventurero que amenaza a la estabilidad de las relaciones porque rompe con reglas de juego básicas de lo que es el respeto en las relaciones entre los estados». Maduro afirmó que el gobierno de Estados Unidos está «desesperado» porque no ha podido contener los cambios en el continente y apela a este tipo de «montajes». Una declaración de la Cancillería acusó a Estados Unidos de poner en marcha una operación «delincuencial» que busca «enlodar» a los dirigentes legítimos de Venezuela y Argentina.
Expresó su repudio a la operación «político-judicial» que asegura puso en marcha el gobierno de Washington, que dijo se pretende esconder bajo la supuesta independencia del Poder Judicial y policial norteamericanos.
Afirmó que por más «brutal» que sea la campaña emprendida contra los gobiernos democráticos de la región «no logrará detener el proceso de consolidación de los nuevos liderazgos patrióticos y democráticos del continente».
«Apenas a 48 horas de haberse iniciado una nueva operación política del gobierno de Estados Unidos en contra de la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina, ya comienza a comprobarse la participación vulgar y descarada de agentes policiales y judiciales estadounidenses en lo que constituye una peligrosa maniobra contra dirigentes legítimos de naciones democráticas de nuestro continente», dijo.
Puntualizó que los «avances de los pueblos del Sur no son tolerados por la élite que gobierna Estados Unidos, que ha pretendido de mil maneras, a través del sabotaje económico, golpes de Estado, campañas de guerra psicológica y mediáticas revertir la corriente natural de nuestra historia contemporánea».
Dijo que a eso se suma ahora «una operación político-judicial que calificamos de delincuencial, y cuyo único fin es enlodar a dirigentes legítimos y a instituciones democráticas de nuestros países».
En la declaración, la Cancillería puntualiza que la maniobra salió precisamente del estado de Florida, «donde reside, bajo protección expresa del gobierno norteamericano, el terrorista más criminal de nuestro continente, Luís Posada Carriles».
«La República Bolivariana de Venezuela ratifica su repudio a esta maniobra que el gobierno estadounidense pretende esconder bajo la supuesta independencia del Poder Judicial y policial. Por brutal que sea, esta campaña política y mediática no logrará detener el proceso de consolidación de los nuevos liderazgos patrióticos y democráticos
del continente», reiteró.
Igualmente, manifestó la admiración del gobierno por la «respuesta transparente y digna de la presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y le ratifica a la Nación argentina toda nuestra solidaridad para seguir juntos construyendo la nueva época de unión de nuestros pueblo».
