A veces, en los pliegues inadvertidos de una noticia, en los datos menores o en esas cosas que se dicen al pasar, se revela la verdad de una historia. Recientemente, tras recibir un ataque de las “espadas” más conocidas del oficialismo, a raíz de sus denuncias e insinuaciones sobre negociados K, la dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió declaró ingresos mensuales de $ 11.000 (once mil pesos), provenientes -según dijo- de sus honorarios por las clases brindadas en el Instituto Hanna Arendt (por ella creado) y de donaciones de algunos diputados.
“Tampoco puedo ser una homeless”, expresó Carrió, con frivolidad digna de una señora de ésas a las que el hambre y el desamparo de los pobres urbanos le despiertan curiosidad, cuando no algo de compasión.
Después, Carrió se comparó con el ya desaparecido médico Arturo Humberto Illia, quien llegó a la presidencia de la nación con una casa y un automóvil como únicos bienes, y que al retirarse ya ni siquiera tenía el automóvil.
“Hasta el pueblo le compró la casa”, dijo Carrió refiriéndose a Illia, sin que nadie supiera por qué la fundadora del ARI comparó la situación de aquel austero dirigente político con su propia situación, cuando son tantas y tan evidentes las diferencias.
Pero la pregunta que cabe hacerse (una pregunta marginal, intrascendente, odiosa) es por qué Elisa Carrió, como legisladora, presentó en 2001 el proyecto 1.460 denominado FINCINI (Fondo para el Ingreso Ciudadano a la Niñez) y lo volvió a impulsar en 2004, bajo la forma de una Asignación Universal para Menores y Embarazadas que contemplaba “una escala de subsidios de 60, 80 y 100 pesos” (así se publicó en los diarios). Es decir, por qué lo hizo, si ella sabía que con esa plata a nadie le alcanza para vivir, ni menos que menos para salir de la pobreza.
Si ella, Elisa Carrió, “para no ser una homeless” necesita 11 mil pesos por mes ¿cómo piensa que puede vivir un niño o una mujer embarazada con 60, con 80 o 100 pesos?
A esa misma hipocresía nos referíamos, la semana pasada, en nuestra nota “Ideas para Diputados”, donde criticábamos el proyecto de asignación universal de 72 pesos por mes para los hijos de los desocupados.
En la satanizada década argentina del ’90, en la que tuvieron cargos públicos y cobraron jugosas regalías muchos de esos funcionarios que hoy siguen -debidamente reciclados- en el Gobierno, el ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, padre de la Convertibilidad, reconoció en un reportaje que no podía vivir con menos de 10 mil pesos (pesos-dólares) por mes.
Allí quedaba en evidencia el “doble estándar” de Cavallo: no aplicaba a sí mismo la regla que, como ministro, pretendía aplicar a los demás.
“Obra deseando que ese principio que rige tu acción se convierta en ley universal” escribió el filósofo y humanista Inmanuel Kant, inaugurando la denominada Ética del imperativo categórico.
Kant vivió toda su vida en Könisberg, una ciudad ya desaparecida de la Prusia oriental, que casi dos siglos después le daría al mundo otra gran filósofa y humanista: Hanna Arendt.
Pero ¿qué tienen que ver Inmanuel Kant, Hannah Arendt y aquel heroico y modesto médico de Pergamino, Arturo Illia, con esta dirigencia actual que cultiva el doble estándar y que no ama al prójimo -siguiendo el precepto cristiano- como a sí misma?
Nada tienen que ver. Felizmente, nada. Y eso nos da esperanza.
(*) Gentileza Nuevo Siglo
