Los nuevos procesamientos dispuestos por la justicia chilena en relación con la muerte de Eugenio Berríos, y la participación que éste habría tenido en la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, complican la situación de los tres militares uruguayos extraditados a Chile y su aspiración de volver a Uruguay.
El 23 de julio, en Santiago, el Ministro de Corte Alejandro Madrid dictó cuatro nuevos procesamientos de altos Oficiales del Ejército chileno en relación con la investigación sobre la detención, traslado a Uruguay y homicidio de Eugenio Berríos. Los cuatro militares fueron enviados a la cárcel. Uno de ellos, el ex auditor General del ejército Fernando Torres Silva, ya había sido procesado y encarcelado por otros hechos. Los otros encausados ese día fueron el ex Coronel Enrique Ibarra y los Suboficiales del Ejército Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Vargas, quienes tuvieron a su cargo, junto a sus colegas uruguayos Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, la custodia de Berríos en Uruguay. Torres Silva e Ibarra fueron procesados por el delito de asociación ilícita, mientras que Sandoval y Vargas lo fueron por ese mismo delito y por el de secuestro.
La investigación judicial ha revelado un estrecho vínculo entre el asesinato de Berríos y la cada vez más verosímil intervención de terceros en la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, en 1982. El eslabón entre ambos crímenes resultó ser el reciente esclarecimiento por el propio ministro Madrid de la “liquidación”, en marzo de 1977, mediante el empleo de gas sarín, de un molesto subalterno de la DINA, el Cabo Manuel Leyton, en la clínica London, montada por sus superiores y un grupo de médicos y enfermeras dedicadas a experimentar sustancias letales con “personas molestas para el régimen militar”.
Cuando ocurrió la muerte de Frei Montalva la versión oficial fue que se había tratado de “un shock séptico” que le sobrevino a una intervención quirúrgica menor que se le había practicado en la clínica Santa María. Pero hace ya algunos años su hija Carmen, que fue senadora por la Concertación, denunció públicamente que su padre, que a principios de los ochenta era el principal dirigente de la oposición a la dictadura de Augusto Pinochet, en realidad fue envenenado con gas mostaza. El 24 de enero de este año, al cumplirse el 25 aniversario de la muerte de su padre, el ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle presentó formalmente la querella criminal por el homicidio ante la justicia chilena.
Por su parte, su hermana Carmen declaró esta semana que el esclarecimiento del crimen de su padre está próximo, que los médicos de la DINA Pedro Valdivia y Vittorio Orvietto (procesados recientemente, junto a otros dos médicos y una decena de enfermeras y auxiliares, por su participación en el caso Leyton) pertenecían al cuerpo profesional de la clínica Santa María y que el primero de ellos había ingresado diariamente a la habitación en la que convalecía su padre, sin que la familia nunca se enterara.
En este escenario, los militares uruguayos extraditados corren el riesgo de convertirse en encubridores de un magnicidio y en obstructores a la acción de la justicia, incluso en su propio país, donde nunca han sido enjuiciados. Si bien desde el punto de vista legal su situación en Chile no se modificará porque no podrían ser encausados por delitos diferentes a aquellos por los cuales se pidió y se otorgó la extradición, el caso en el cual están involucrados puede adquirir una gravedad mucho mayor y acelerar las actuaciones.
A la vez, en Uruguay probablemente cambiaría la actitud de las autoridades castrenses, que en todo momento mostraron su solidaridad con los extraditados. Entre otras consideraciones, Casella sigue percibiendo sus haberes como retirado, y Sarli y Radaelli sus remuneraciones como oficiales en actividad. Casella, que durante la dictadura uruguaya estuvo varias veces en Chile en misiones de inteligencia, fue el edecán de Pinochet en su visita “por asuntos privados” a Uruguay en el verano de 1993, que coincidió con la fecha aproximada de la desaparición y muerte de Berríos.
Después de haber estado seis meses presos en Santiago y de cuatro intentos fracasados de sus abogados de lograr su libertad provisional, los tres militares uruguayos obtuvieron su excarcelación bajo fianza. Desde entonces se encuentran en libertad vigilada, un régimen que los obliga a no abandonar el territorio chileno. La defensa ha solicitado sin éxito que se les permita viajar a Uruguay, e incluso solicitó en más de una oportunidad que se les dejara instalarse en su país con el compromiso de presentarse ante la justicia chilena ni bien ésta lo determinara.
Al menos por ahora, y en especial a partir de las decisiones del ministro Madrid del 23 de julio, parece difícil que prospere el intento de lograr que se los autorice a esperar la finalización de las investigaciones judiciales cómodamente instalados en sus pagos.
