El jefe de Gabinete y el presidente del Ansess dieron a conocer un proyecto de ley de reforma del sistema provisional, en un bastante demorado cumplimiento de una de las pocas promesas electorales de Néstor Kirchner.
El proyecto busca alterar en forma significativa el régimen instaurado en 1993 por la inefable dupla Menem-Cavallo, que, además de desquiciante y desquiciado, fue uno de los pilares del plan económico del ex ministro.
Las características de aquella reforma llegan al extremo de poder alentar en las personas sensatas una marcada tendencia a la paranoia, a presentir la existencia de un designio malévolo que no cejaba ante nada, si siquiera ante el más elemental sentido común.
La idea menem-cavallista, inspirada en un “invento chileno”, desquició completamente el sistema previsional (basado en un principio de solidaridad, en tanto eran los aportes de los trabajadores activos quienes pagaban las jubilaciones de los retirados) al transferirle a los fondos de jubilación privada, casi de prepo, la mayor parte de esa masa de dinero.
Pero a la vez, sin transferirles los trabajadores pasivos, cuyas jubilaciones quedaron a cargo de una caja estatal que, tras muchos años de ser pésima y dolosamente administrada, recibió en ese momento su golpe mortal al quedar desfinanciada de un plumazo.
La perversión intrínseca del nuevo sistema se revelaba con absoluta claridad en la exigencia de optar explícitamente por el sistema estatal -llamado de reparto- como condición para seguir en él, lo que llevó a gran número de distraídos e incautos a quedar atrapados en el sistema privado. Atrapados literalmente, ya que les era imposible retornar al sistema estatal.
Como para agravar este “fenómeno” (que no hay modo de calificar sin caer en la grosería), un elevado número de trabajadores, que en su momento habían optado por seguir en el régimen de reparto, ante un cambio de empleo, en gran medida si se trataba de un nuevo empleo eventual o si acaso eran contratados temporalmente por algún organismo del Estado (en especial en los casos de suplencias docentes), al olvidar o ignorar que debían volver a optar, eran derivados automática e inconsultamente al sistema privado.
Desconcertante situación que no pocos advirtieron recién al iniciar sus trámites jubilatorios.
Como para cerrar el círculo, a fin de seguir pagando las jubilaciones preexistentes (que, de paso, quedaron congeladas durante un decenio), la desfinanciación del sistema “obligó” al Estado a tomar deuda, en muchos casos, de esos mismos fondos privados a los que les había derivado graciosamente sus propios recursos y pagando los exorbitantes intereses de la época.
La reforma fue, claramente, un negociado que, además de perjudicar seriamente al Estado, era de dudoso beneficio para los ciudadanos (convertidos, como en los demás casos de privatizaciones, en clientes cautivos de los nuevos dueños del negocio) y no le reportaba al gobierno de entonces ventaja alguna como no fuera la de seguir alimentando la infantil fantasía primermundista, inducida por funcionarios, huecos tecnócratas y “formadores de opinión” pero a la vez -y es preciso no olvidarlo jamás- compartida con entusiasmo por la mayor parte de la sociedad, particularmente, por el arrogante anafalbestialismo de los “sectores cultos e informados”.
El flamante proyecto gubernamental no elimina el engendro cavallista, pero cambia las reglas al permitir el retorno al régimen de reparto, poner un tope a las exorbitantes comisiones de las AFJP (equivalentes hoy al 30% del aporte jubilatorio) y, fundamentalmente, al derivar al sistema estatal a todos aquellos nuevos trabajadores que no hagan ninguna opción, a los que siempre les quedaría la posibilidad de elegir en el futuro ir al sistema privado.
Aun con cambios, mantener el esquema cavallista es un absurdo, ya que no se puede colocar al sistema de seguridad social al azar de la ruleta bursátil y, en todo caso, siempre le dará al Estado la responsabilidad de acudir en ayuda de los que resulten perjudicados, lo que hará con el dinero de los aportantes al sistema público y no con el de los que sigan aportando al privado. Mecanismo éste tan inevitable de mantenerse el esquema, como intrínsecamente injusto.
De mirarse las cosas con atención y un poco de sentido común se advierte fácilmente que, si es en última instancia responsabilidad del Estado garantizar la dignidad y satisfacción de las necesidades de todos los trabajadores retirados, es entonces deber y atribución del Estado recaudar y administrar los aportes de todos los trabajadores activos.
No se trataría de eliminar los fondos de jubilación privada -a los que, para evitar que sigan las confusiones, sería preferible llamarlos “seguros de retiro”-, en tanto consistan en un ahorro extra del trabajador que quiera o pueda permitírselo, independientemente de la existencia del sistema de reparto, común y obligatorio para todos, ya que no consiste en un ahorro individual sino en la solidaridad de los más jóvenes con los más ancianos.
De todas formas, el sistema cavallista, ya desprestigiado, recibirá un duro golpe con el aluvión de pases al sistema público que, todo indica, se producirá en los próximos meses. Junto a los nuevos aportantes -se estima que tradicionalmente 7 de cada 10 trabajadores jamás optaron y acabaron inadvertidamente engrosando las arcas del sistema financiero-, el aluvión supondrá un fortalecimiento del sistema de seguridad social, ya de por sí superavitario simplemente gracias a una mejor administración.
Sin embargo, es imprescindible un cambio cultural profundo en el comportamiento de los funcionarios: si el superávit es necesario a fin de crear y consolidar un fondo anticíclico que les evite riesgos a los futuros jubilados, en sí mismo el superávit carece de sentido, sencillamente por tratarse de un sistema basado en la solidaridad y no en la acumulación de ahorros.
Este cambio cultural tal vez aliente un cambio análogo en una sociedad carente de convicciones, voluble, superficial, pretenciosa, a menudo arrastrada por las modas y la cháchara de charlatantes a sueldo de los peores intereses, y lo que es todavía peor, carente de sentido común. La misma sociedad que no hace mucho aplaudió con entusiasmo las políticas que la sumieron en la situación de la que, muy lentamente y con gran dificultad, el país va saliendo, y de la que es tan víctima como el irresponsable que apoya el caño de una pistola contra su sien.
¿Está hoy esa sociedad en condiciones de aprender de sus graves errores, de asumir su parte de responsabilidad, de entender el valor del esfuerzo, la coherencia, la perseverancia y el sentido común por sobre los ridículos ilusionismos de los encantadores de serpientes?
