El reloj marcaba las 14 horas con 14 minutos. En ese doble catorce, la cara de los pocos diputados oficialistas expresaban la falta de seguridad absoluta sobre si podían llegar a iniciar la sesión. La calma se quebró cuando dirigieron la vista hacia su lado derecho y contemplaron que un par suyo había ingresado al recinto e iba bajando de a poco a los escalones de la Cámara Baja. El aplauso fue eufórico. Pero no opacó las palabras protocolares de Martín Menem, quien trataba de reprimir su alegría: “Con la presencia de 130 diputados, queda abierta la sesión”.
La llegada del santacruceño José Luis Garrido permitió el quórum para tratar, y luego aprobar, la Ley de Modernización Laboral o Reforma Laboral, que modifica el marco jurídico que protege al sector trabajador, amplifica las posibilidades para generar despidos, reduce indemnizaciones y limita la protesta social.
Garrido es un alfil que acata las órdenes del actual gobernador Claudio Vidal. Lo mismo que dos senadores: José Carambia y Natalia Gadano. Pero la diferencia es que estos dos habían votado en contra del proyecto laboral, al igual que la tercera que representa a la provincia, la ex-gobernadora Alicia Kirchner.
De raíces sindicales y cercanas al peronismo, Claudio Vidal tuvo un protagonismo en el año 2011, cuando participó de la toma de una planta de YPF en Las Heras. Llegó a manejar el sindicato de petroleros a partir del 2013. En 2019, apostó por el Frente de Todos, pero se distanció en el 2021 para ser diputado nacional en un partido propio. Para 2023, luego de una cuestionada gestión de Alicia, descabezó al kirchnerismo en su mismísima cuna provincial, donde prometió recorrer “un camino distinto”. Hasta ahora es todo un misterio por qué el “vidalismo” santacruceño cambió su postura sobre la reforma laboral, que le restringe a los gremialistas llevar a cabo acciones directas como las que había hecho el actual mandatario.
La Libertad Avanza ya venía juntando porotos entre quienes responden a sus respectivos gobernadores en el Congreso, cuando se eliminó un fragmento del capítulo fiscal, que implicaba una baja de impuestos para la coparticipación. Al sacarse ese capítulo, determinados mandatarios operaron para la aprobación de la cuestionada reforma, como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta). También se le sumaron los del centro pampeano: Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
Algunos de esos dirigentes, son peronistas. La pregunta: ¿por qué?
Argentina, ¿no lo entenderías?
Argentina es el país de habla hispana más grande del mundo. Tiene 2,8 millones de kilómetros cuadrados. A la vez, tiene una extensión de norte-sur de 3.700 kilómetros. Esto implica que atraviesa territorios con distintos geomorfológicas, climáticas y demográficas. Cada pueblo tiene su propia historia, sus propios recursos y, por ende, su propia idiosincrasia. Una realidad heterogénea que no alcanza ser percibida en un sistema administrativo institucional que está centralizado en Buenos Aires, cuya mayor percepción sobre “el interior” solo llega a la zona industrial de la provincia homónima.
En los años noventa, las medidas de Carlos Menem, centralizadas en la convertibilidad, pretendieron paliar la desnacionalización de la economía mediante el incremento de poder a los gobernadores. Para eso, descentralizó el gasto público y más recursos fiscales a las provincias para su respectivo manejo discrecional. Esto llevó a que el Congreso Nacional se vea como el ámbito óptimo para que los mandatarios puedan disputar recursos adicionales, más que por un interés en el desarrollo nacional.
En su voluminoso libro El nudo: Por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina, el periodista Carlos Pagni asevera que “la larga recesión que se inicia en 1998, en cuyo curso se produce el derrumbe de la convertibilidad, induce a que una alianza bonaerense intente el rescate de un tipo de economía mercado-internista, estadocéntrica, cuyo agotamiento se había vuelto evidente muchos años atrás”.
Por esa razón, para el autor, “el conurbano constituye el límite de cualquier receta que se abrace sin flexibilidad a reformas ortodoxas. O dicho al revés: cualquier programa de reformas ortodoxas debe contemplar, como condición de su viabilidad, cómo superar la resistencia del conurbano bonaerense”.
Pues bien, a los pocos meses de publicarse El nudo, Javier Milei se convirtió en presidente en una implícita oda federal, con sus propuestas de libre mercado a lo anarcocapitalista, ganando en la inmensa mayoría de las provincias sin llegar al triunfo de esa franja urbana bonaerense.
Cuestión de clase
Semejante rugido leonino fue policlasista como efecto de la crisis de representatividad que afecta a los principales partidos políticos. En el siglo pasado, la Unión Cívica Radical interpelaba a la clase media ilustrada, que se contraponía con el Partido Justicialista, que tenía su apego a los sectores populares, teniendo como contracara austera a otras identidades partidarias más simpatizante a las clases altas, como el Partido Autonomista o la Ucedé.
Hoy, con el deterioro de la clase media, la UCR tiende a su desaparición. Y como la clase trabajadora se vuelve tan embarullada (estatales, obreros, emprendedores, autogestivos, informales…), los distintos peronismos no se ponen de acuerdo sobre a qué trabajador se le habla. O por lo menos se desconoce de parte de Cristina, Massa y Axel. Guillermo Moreno insiste en el fabril que trabaja su jornada de corrido; Juan Grabois, a quien integra la economía popular; y Santiago Cúneo, al joven que crea ideas con las nuevas tecnologías.
Cooperando al capital
Y en el caso de los peronismos “del interior”, ni siquiera le hablan a los trabajadores. En algunos casos, lo hacen al emprendedor que intenta aplicar valor agregado a los commodities. Tal es el caso del “peronismo núcleo”, como lo define el periodista Diego Genoud, en su insistencia en que se tome en cuenta el rol de los biocombustibles a base de soja y maíz. Aquí se genera una interna interburguesa, ya que eso implicaría obligar a las petroleras a comprar los líquidos agros como modo de paliar las emanaciones de gases de efecto invernadero. No sorprende que eso sea mal visto por parte del “peronismo petroca”, que encarnaría Vidal.
En el caso de los peronismos más cordilleranos, como el catamarqueño Jalil o el salteño Sáenz, puede que ni siquiera eso. Solo están a la espera de la llegada de más inversiones mineras de afuera y esperar que la teoría del derrame haga lo suyo. Ahí juega otro proyecto polémico como es la reforma a la Ley de Glaciares.
En el caso del tucumano Jaldo, el premio por su mano de yeso es la más obvia de todas: el depósito de $20.000 millones por Aporte del Tesoro Nacional (ATN) a mediados de enero. Es el más grande realizado desde la asunción de Milei al poder. Tucumán cuenta con desventajas competitivas en relación a otros distritos como Córdoba. Las actividades rurales son importantes en ambos, pero los cordobeses tienen los campos más productivos. Por eso tienen más garantía para acceder a créditos internacionales. Pero para eso, tienen que ser avalados por el Ministerio de Economía. El primero, dialoga con el Colorado Santilli. El segundo, con el Toto Caputo.
Así, la conciliación capital-trabajo que brega el peronismo “del interior” optó por la primacía del primero sobre el segundo. Ante el aval electoral de 2025 de mantener el cese de circulación de pesos argentinos en las calles, y que solo se emita para pagar las tasas de interés, se pone como expectativa la llegada de dólares para lograr un mínimo desarrollo, a costa de la primarización y trasnacionalización de la economía. Mientras tanto, los peronistas todavía tratan de averiguar a qué trabajador tienen que hablarle.