La minería es un negocio para pocos, que no tiene humanidad, mucho menos solidaridad y, por supuesto, carece totalmente de argentinidad. El modelo extractivista, que sólo favorece a las empresas extranjeras, deja de regalías apenas el 3 % de lo declarado, que además es mucho menos que el total que debería declararse. Pero lo que sí deja es un tendal ruinoso que consume toneladas de agua, al tiempo que contamina los caudales de agua pura glaciaria y la tierra. En pocas palabras, el negocio es sólo para las empresas: no queda prácticamente nada de plata en nuestro país, ya que se llevan todo, y el saldo es un grado de contaminación de magnitudes irreversibles.
Existen en la Argentina leyes que protegen nuestros bienes comunes, nuestros recursos, nuestra tierra y nuestro agua. Por lo tanto, para que las empresas mineras procedan a ejecutar sus planes, deben derogar dichas leyes, eliminarlas y, al mismo tiempo, silenciar las protestas de las porciones conscientes de los pueblos que defienden lo más sagrado que existe: el agua. Por eso, reclamemos a los medios de difusión y a los gobernantes y legisladores honestos que alcen la voz para visibilizar lo que está ocurriendo.
Las corporaciones transnacionales pretenden hacer su negocio, y para eso necesitan gobernantes y medios corruptos. A través de coimas, favores personales y también amenazas directas y cruzadas, utilizan a los esquemas político y comunicacional para conseguir sus objetivos.
La Ley 26.639 protege los 17.000 glaciares argentinos y el ambiente periglaciar con el objetivo de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos, destinadas al consumo humano, la agricultura, la recarga de cuencas hidrográficas y la protección de la biodiversidad. Para cumplir con los objetivos mencionados, la Ley de Glaciares prohíbe la megaminería, ya que requiere grandes volúmenes de agua, implica remoción masiva de suelo, alteración física del territorio y uso de sustancias químicas, generando daños graves e irreversibles. En zonas glaciares y periglaciares se afecta directamente la capacidad de almacenar y liberar agua dulce, el abastecimiento de ríos y cuencas, la regulación del clima y la integridad de los ecosistemas. Es de destacar que, por la escala y las características, no existe una forma de realizar megaminería sin dañar estos sistemas. Por eso, se declara contundentemente que la Ley de Glaciares no se toca, ya que el agua vale más que todo.
El agua pura que proviene de los glaciares es indispensable para la vida humana, animal y vegetal, pero además para regar las actividades productivas, destacando que en nuestro país se logran los mejores niveles mundiales de vino, aceites de oliva, orégano y otras aromáticas, tomates, manzanas, limones, frutillas y varias frutas que conforman una larga lista. Asimismo, los paisajes únicos que ofrecen nuestros más de 5.000 kilómetros de cordillera constituyen una fuente inagotable para el disfrute de los argentinos, pero además se erigen como una importante fuente de ingresos para el país por turismo receptivo. En resumen, para la ganancia de unas pocas empresas extranjeras en una actividad que no genera empleo, se perjudicaría la producción de miles de familias que producen los bienes alimenticios y gastronómicos más preciados del planeta entero, privando a los argentinos del disfrute y destruyendo las ganancias provenientes de las exportaciones tanto de bienes como de servicios, lo cual incluye al turismo, al transporte, las comunicaciones y todas las actividades que de manera directa e indirecta se activan con la producción y con la llegada de visitantes nacionales y extranjeros a cada maravillosa región de nuestro tan hermoso país.
Pero Milei no hace negocio solamente con la minería: lo hace con todos aquellos poderes económicos extranjeros que pretenden robar nuestras riquezas. Por eso también se intenta desde su gobierno proceder a la derogación de la Ley de Tierras y la Ley del Fuego.
La Ley de Tierras N.º 26.737, del año 2011 (gobierno de Cristina Fernández de Kirchner), regula la propiedad de tierras por extranjeros, limitando su posesión al 15 % del total nacional y restringiendo la posibilidad de adquirir tierras fronterizas, acuíferos o lagos, alzando la bandera de la soberanía y la protección de los recursos naturales. Asimismo, un mismo titular extranjero no puede superar el 30 % del total de tierras rurales de una misma provincia. El gobierno de Milei está pretendiendo facilitar la compra de tierras argentinas por manos extranjeras, por lo cual la calificación de “cipayo vendepatria”, utilizada por muchos comunicadores, parece cuajarle adecuadamente.
Por su parte, la Ley del Fuego N.º 26.815, del año 2012 (gobierno de Cristina Fernández de Kirchner), busca prevenir incendios rurales y forestales, proteger la vida y la propiedad, prohibiendo por décadas cambios de uso del suelo en tierras quemadas con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria. Esto significa evitar que ciertos grupos de poder incendien extensiones de tierra para luego comprar esas hectáreas a bajo costo y desarrollar negocios propios. En otras palabras, evitar el robo de grandes empresas y, con ello, también proteger el medio ambiente, así como las propiedades, los animales y los cultivos existentes. El gobierno de Milei, con el mismo posicionamiento que respecto de las leyes anteriormente citadas, también pretende eliminar esta ley para liberar el accionar de corporaciones que procuran instalarse en nuestro tan rico país a bajo costo, para lo cual se presume un jugoso cobro de comisiones.
En línea con el contenido del presente informe, debe destacarse que la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que incluye a las Islas Malvinas, posee una posición estratégica en cuanto a las mayores reservas de agua dulce del mundo, así como respecto de los recursos hidrocarburíferos, mineralógicos y pesqueros, y también en lo comercial y comunicacional, ya que al norte de la península Antártica el Pasaje de Drake une los océanos Pacífico y Atlántico. Por su parte, se destaca que la Argentina mantiene una presencia permanente con actividad científica en la Antártida, con bases y logística propias, habiendo fundado el Instituto Antártico en 1951 (gobierno de Perón).
Ya sin sorpresa, Milei desprecia la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y confesó que sus ídolos son Margaret Thatcher, Winston Churchill y Ronald Reagan. En definitiva, la pregunta que urge es cómo podemos, como pueblo argentino, seguir aceptando a estos vendepatria manejando el Estado argentino. Pero cuando los echemos —para lo cual quien escribe desea que no falte mucho— no debemos olvidarnos de cada uno de los legisladores que votaron en contra de nuestro pueblo, de los gobernadores que fueron funcionales a intereses foráneos y de los periodistas que sostuvieron el intento de entrega del país. Sin los mencionados, las oligarquías dominantes y los imperialismos no hubiesen tenido siquiera posibilidades de ejecutar sus planes de saqueo para sus propios negocios.