A dos años de la asunción de Javier Milei, la Argentina muestra una inflación estabilizada alrededor del 2 por ciento mensual, un relativo equilibrio fiscal y una reducción parcial de la pobreza, pero también una economía frágil, un Estado reducido a su mínima expresión operativa, tensiones institucionales crecientes y un reordenamiento político cuyo desenlace aún está abierto. El experimento libertario avanza entre algunos logros macroeconómicos de corto plazo y un fuerte apoyo externo, pero con costos sociales y productivos que ponen en discusión la sustentabilidad del modelo.
Un gobierno en “emergencia permanente”
La impronta fundacional de la gestión de Milei fue la declaración de una situación de emergencia integral que habilitó una delegación de poderes inédita desde la recuperación democrática. El DNU 70/2023 y la posterior Ley Bases instalaron un esquema de desregulación a gran escala, flexibilización de normas laborales y comerciales, reformas regresivas en materia previsional y un régimen de incentivos para grandes inversiones que redefinió la relación entre Estado y mercado.
Este marco de excepcionalidad se convirtió en la arquitectura institucional del mileísmo: gobernar por decreto cuando es posible, presionar al Congreso cuando es necesario y presentar el repliegue del Estado como la condición indispensable para “liberar” fuerzas productivas. La tensión con el Poder Legislativo —que logró anular decretos clave y revertir vetos en áreas sensibles como discapacidad y educación— fue creciendo durante 2025. Sin embargo, el aumento de legisladores propios a partir del 10 de diciembre por parte del Gobierno puede poner en riesgo el ya frágil equilibrio republicano de cara a los dos últimos años de gestión. La tentación autoritaria del mileísmo, como lo ha mostrado en sus primeros años, puede ser una fuente de conflictos futuros, más teniendo en claro que el Poder Judicial, árbitro en muchas de estas cuestiones, está totalmente cooptado por el poder económico y los “servicios”, que pululan en los subsuelos de la democracia.
Desinflación como bandera, estanflación como escenario
La economía logró su objetivo central: contener la inflación. Tras el salto inicial de 2024, el IPC se estabilizó en niveles del 2 por ciento mensual y el índice de pobreza retrocedió respecto del pico del año de transición, 2024. La estabilización, sin embargo, descansa en un trípode delicado:
- Ajuste fiscal drástico, con eliminación del déficit primario y reducción profunda del gasto público.
- Contracción monetaria y fin del financiamiento del Tesoro vía emisión.
- Licuación inicial de salarios, jubilaciones y programas sociales.
El costo fue una economía con bajo dinamismo, consumo deprimido y un mercado interno en retroceso. La industria muestra un rebote estadístico sobre un 2024 desplomado, pero ramas enteras —textiles, calzado, metalmecánica orientada al mercado local— siguen en caída. Los sectores más dinámicos están concentrados en energía, minería y agroexportación, consolidando un perfil primario que profundiza desigualdades regionales y reduce la capacidad del país para generar empleo formal de calidad.
El resultado es una desinflación tutelada: el índice baja, pero lo hace sobre una economía comprimida, con una distribución del ingreso más regresiva y con alta dependencia del financiamiento internacional.
El papel del FMI y la dependencia financiera
La estabilización no sería posible sin el soporte externo. El acuerdo ampliado con el FMI y los desembolsos iniciales sostuvieron reservas, anclaron expectativas y habilitaron la continuidad del programa fiscal. A cambio, la Argentina aceptó reformas estructurales de alto impacto: disciplina fiscal reforzada, reformas regulatorias, cambios en normas laborales y reducción del peso del Estado en sectores estratégicos.
Este alineamiento con el FMI y con los intereses financieros de Estados Unidos implicó un corrimiento del eje geopolítico. En paralelo, el país sigue fuera del mercado voluntario de crédito y depende de multilaterales para sostener su programa.
El apoyo explícito del gobierno estadounidense, tanto en declaraciones del propio Donald Trump como en el aporte de dólares por parte del Tesoro estadounidense, le permitió sostener una gestión que venía muy golpeada y, a su vez, ganar una elección de medio término, que le dio aire político para los próximos dos años.
La retórica triunfalista del Gobierno coexiste así con un nivel elevado de tutela externa sobre la política y la economía.
Reconfiguración del sistema político
Milei llegó al segundo aniversario con mayor poder parlamentario, aunque sin control pleno del Congreso. La fuga de legisladores del PRO, radicales y peronistas permitió a La Libertad Avanza acercarse a la condición de primera minoría en Diputados, pero no consolidar una mayoría estable. El Gobierno avanza ley por ley, negociando apoyos circunstanciales de gobernadores e interbloques provinciales, mientras enfrenta resistencias crecientes en temas sensibles como la reforma laboral, la previsional y el presupuesto.
Del lado opositor, el peronismo atraviesa una crisis de identidad y liderazgo, con tensiones internas entre sus sectores tradicionales, el liderazgo creciente de Axel Kicillof, la situación de los gobernadores del interior —que buscan su lugar en el nuevo escenario—, un kirchnerismo duro que pierde protagonismo y la necesidad de construir un discurso que lo reconecte con la sociedad.
La centroderecha macrista, por su parte, continúa perdiendo densidad política frente al magnetismo del oficialismo. Los errores políticos de Mauricio Macri, el oportunismo de muchos dirigentes intermedios que se acercan al calor del nuevo poder, lo van convirtiendo en una fracción irrelevante.
El fracaso de la experiencia de los gobernadores de Provincias Unidas muestra, una vez más, las limitaciones de una política que pretenda “caminar la avenida del medio” en un país corroído por una grieta profunda desde hace décadas.
La situación de la vieja UCR, convertida en una expresión totalmente minoritaria, con escasa presencia en las cámaras, marca un quiebre que puede ser definitivo si no hay un giro en su dirigencia hacia la búsqueda de sus fuentes ideológicas. El seguidismo y la subordinación de los dirigentes radicales, primero hacia el macrismo y ahora hacia el Gobierno de Milei, han sido suicidas para un movimiento con una historia de lucha como la del radicalismo.
El resultado es un sistema político fragmentado, donde el presidente concentra poder simbólico y la agenda pública, pero carece de un programa sólido y de una coalición gobernante permanente.
Sociedad: mejoras estadísticas, fragilidad estructural
La supuesta reducción de la pobreza respecto de 2024 convive con un panorama social tenso. Millones de hogares se ubican apenas por encima de la línea de pobreza y en condiciones de alta vulnerabilidad. Detrás de los números fríos de la estadística se esconden dos datos: el incremento tanto en beneficiarios como en el monto de la AUH, único ingreso para muchas familias, y un fenómeno relativamente nuevo, el trabajador que, a pesar de tener un ingreso fijo, sigue bajo la línea de la pobreza.
El consumo masivo sigue cayendo, los ingresos reales no se recuperan desde la caída brutal en 2024 y la informalidad domina el mercado laboral.
En los últimos meses está apareciendo con mucha fuerza otro síntoma de la crisis: el crecimiento del desempleo. Las políticas de ajuste, pero sobre todo el industricidio, están generando cierres y ajustes en sectores productivos, con el consiguiente aumento de la desocupación. Algunos economistas advierten que el fenómeno puede acelerarse y que, al igual que en la década de los noventa, el número de desocupados puede llegar en el próximo año a niveles preocupantes.
El mapa social muestra así un país partido: una minoría con capacidad de consumo en dólares y un amplio conjunto de hogares que vive bajo reglas de austeridad forzada. La pirámide social se reconfigura sin alterar el fondo del problema: pobreza, desempleo, precariedad laboral, desigualdad territorial y falta de movilidad ascendente.
Balance a dos años: logros, costos y dilemas
El Gobierno de Milei logró mostrar un marco de relativa estabilización macroeconómica. Ese “éxito”, sostenido por los salvatajes financieros del FMI, el apoyo de Donald Trump y el Tesoro estadounidense, constituye un punto de fortalecimiento político de la gestión mileísta. Pero la sustentabilidad del modelo es incierta y la sensación de un gobierno en emergencia permanente continúa.
Los costos son claros: caída del salario real, retroceso del consumo, deterioro del entramado productivo local, mayor dependencia del financiamiento externo y tensiones crecientes sobre el tejido social.
El dilema estratégico para los próximos años es si este esquema puede transformarse en un modelo de desarrollo o si quedará encapsulado como un ciclo de ajuste con estabilización transitoria.
La capacidad del Gobierno para reconstruir una economía productiva, fortalecer el mercado interno y generar empleo de calidad será determinante. También lo será su relación con las instituciones democráticas y con los actores sociales que comienzan a reorganizarse frente al impacto del programa.
El Gobierno sabe que su margen de maniobra es estrecho: necesita reformas estructurales, para lo cual requiere construir mayorías parlamentarias y un blindaje financiero externo que evite una crisis financiera de cara a 2026, año con pagos importantes de la deuda externa.
La Argentina que viene se moverá, una vez más, sobre el alambre del equilibrio, con Milei intentando sostener su programa de reformas, mientras la sociedad observa, dividida entre la resistencia, el temor, la esperanza y el desencanto.
Nota. El país de las últimas cosas, Paul Auster. Editorial Seix Barral.