Durante la mañana del 22 de noviembre pasado, el teniente general Carlos Alberto Presti fue entronizado en el Ministerio de Defensa. Entonces, declaró: “Necesitamos un Ejército más joven, más liviano, más ligero y más letal”.
Ya aquí, un interrogante: ¿a quiénes tendría en mente matar?
Más allá de eso, se trata del primer militar en servicio activo que, desde la restauración de la democracia tras la última dictadura, se suma a un gabinete del Poder Ejecutivo Nacional.
Sin embargo, en su caso, este nombramiento es motivo de, por lo menos, dos desbarajustes institucionales.
El primero, un desequilibrio en la estructura castrense de la Nación, dada la supremacía de la que gozará el Ejército sobre la Armada y la Aeronáutica.
El segundo, una superposición en los mandos de su propia fuerza. Porque él, habiendo llegado a su nuevo cargo siendo el jefe del Estado Mayor General del Ejército (EMGE), deberá suspender sus funciones como tal, pero sin pasar a retiro sino a “disponibilidad”. De manera que, por una cuestión de jerarquías, estará subordinado a su reemplazante en el EMGE, Oscar Santiago Zarich. Pero, al mismo tiempo, aquel deberá obedecerlo, puesto que las FF.AA dependen del Ministerio de Defensa. Una paradoja casi kafkiana.
Había que ver a este individuo en la primera reunión del nuevo gabinete —cuyo video se difundió por X (antes Twitter)—, cuando Javier Milei brincaba, abrazado a sus integrantes como un monito en celo. Desde luego que él, con una sonrisa incómoda, eludió tal bailecito, pero no el uso del uniforme.
Pues bien, que un oficial del Ejército en actividad acceda a la jefatura de un ministerio significa que, a partir de ese preciso instante, el país pasa a tener nada menos que un régimen cívico-militar.
Por ahora son pocos los que han reparado en tal detalle. Y menos aún en sus consecuencias, dado hándicap de cuna que exhibe semejante personaje.
Esto obliga a un viaje hacia el pasado.
¿Qué hiciste en la guerra, papi?
Como todas las mañanas, ese día el teniente coronel Roque Presti desayunó con sus hijos, Carlos y Daniel, de 10 y 8 años, respectivamente, sin apartar los ojos del diario Clarín: Su título de tapa solo tenía dos vocablos: “Nuevo gobierno”.
Era el 24 de marzo de 1976.
Luego, se despidió de su esposa, doña María Isabel, con una frase seca:
—No sé a qué hora vuelvo.
Era un individuo de pocas palabras.
El tipo estaba al mando del Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata. Y lo esperaba en la sede capitalina del Primer Cuerpo del Ejército, su jefe, el general Guillermo Suárez Mason.
Éste confiaba en la capacidad represiva de Presti, y lo puso al mando del Área 113, que formaba parte de la Subzona 11. De modo que el teniente coronel sería el amo y señor de un vasto territorio que abarcaba La Plata, Berazategui, Brandsen, Monte, Florencio Varela y General Paz.
“Pajarito” —como se lo llamaba a Suárez Mason— también le entregó una lista con nombres de 70 personas que debían ser detenidas cuanto antes.
Presti regresó a su hogar a la hora de la cena. ¿Acaso su semblante poseía la gravedad de quienes tienen por delante una difícil misión?
De ser así, ¿es posible que su primogénito lo notara?
La suya, por cierto, era una típica familia castrense. Porque su abuelo fue el coronel Pedro Agustín Presti, quien participó el 6 de septiembre de 1930 del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen por el general José Félix Uriburu. Sería el primer golpe de Estado del siglo XX en la Argentina.
Su papá, que tuvo el tino de nacer en tales circunstancias, supo mostrarles a sus hijos una foto color sepia del viejo golpista, un oficial de Caballería muy tieso sobre su corcel. Esa imagen parecía la de una estatua ecuestre.
Ya se sabe que Roque también fue un militar, pero de Infantería, al igual que, después, su hijo mayor, el ahora teniente general.
En cambio, Daniel se volcaría a una profesión civil: la abogacía.
Carlos había entrado al Colegio Militar de la Nación en 1984, egresando el 17 de diciembre de 1987 con el grado de subteniente.
Ese año fue muy duro para los Presti, porque don Roque –quien ya había pasado a retiro ascendido a coronel– estuvo preso en un cuartel de Palermo por su participación en delitos de lesa humanidad. Es que sus acciones durante la denominada “lucha antisubversiva” fueron profusas.
Al punto de que la Cámara Federal porteña —el mismo tribunal que había actuado en el Juicio a las Juntas— lo procesó, con prisión preventiva, por hechos que incluyen desde “La Noche de los Lápices” (los secuestros y asesinatos de seis estudiantes secundarios en La Plata, el 16 de septiembre de 1976), hasta la razzia efectuada el 24 de noviembre en las afueras de esa ciudad, donde fueron acribilladas cinco personas; entre ellas, Diana Teruggi, cuya beba, Clara Anahí, fue apropiada por los esbirros (era la nieta de “Chicha” Mariani, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, quien la buscó hasta su fallecimiento, en 2018).
También le atribuían al coronel las ejecuciones de dos militantes montoneros, Dardo Cabo y Rufino Pirles (durante un traslado desde la Unidad 9 de La Plata, en la madrugada del 8 de enero de 1977).
A tales crímenes se le sumaban unas 44 desapariciones ordenadas por él.
A tal efecto, Presti controlaba un vasto circuito de Centros Clandestinos de Detención (CCD) que se extendían por todo el Área 113.
Los más conocidos: el Pozo de Arana, la Comisaría 5ª, La Calesita y La Cacha, frente a la cárcel de Olmos. En su territorio, había otros 25 CCD, aunque no tan relevantes.
Cabe resaltar que Presti disputaba su autoridad en tales inframundos con el jefe de la Bonaerense, general Ramón Camps.
La animosidad entre ambos también sacudía cuestiones operativas, lo que enervaba sobremanera al gobernador provincial, Ibérico Saint Jean (otro general con las manos manchadas de sangre, que murió encarcelado en 2007).
Tal vez el niño Carlos percibiera en su casa el nerviosismo que tal interna le provocaba a su padre, al que veía cada vez más malhumorado.
En 1987, siendo ya un cadete del Colegio Militar, ¿habría sido consciente de que el hombre que le dio la vida era, en realidad, una bestia con garras?
Presti recuperó la libertad a mediados de ese año, después de que —con el visto bueno del presidente Raúl Alfonsín— se promulgara la Ley de Obediencia Debida. A partir de entonces, la “normalidad” volvió a reinar en su hogar.
El coronel Roque Presti murió impune en 1993.
La hora del centurión
El 27 de noviembre pasado, cuando Javier Milei le tomó juramento a Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el teniente general Carlos Presti estaba en primera fila, de riguroso uniforme.
A su lado, el titular saliente del Ministerio de Defensa, Luis Petri —esta vez sin disfraz de combatiente— se prestó a la requisitoria periodística y, acerca de su reemplazante, solo dijo:
—El kirchnerismo designaba montoneros y nosotros elegimos militares.
Presti, con el cuello estirado hasta lo imposible, esbozó una leve sonrisa, sin ocultar su incomodidad.
¿Acaso toda referencia a la Historia reciente lo perturba?
Lo cierto es que, hasta ahora, no se le escuchó una declaración de apoyo o condena a lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado. Es como si, para él, aquella etapa no hubiera existido.
No menos cierto es que el nombramiento del hijo de un genocida procura clausurar el debate sobre los crímenes de la dictadura, algo que Milei interpreta como “la demonización de las Fuerzas Armadas”.
Sin embargo, su predilección por este sujeto cuenta con el rechazo de no pocos oficiales del Ejército, puesto que, en enero de 2024, cuando fue puesto al frente del EMGE, tuvieron que pasar a retiro anticipado 22 generales con más antigüedad que él. Una purga nunca antes vista.
A eso se le añade el malestar del personal de esa fuerza por sus miserables salarios y la situación calamitosa de IOSFA, su obra social. Tales problemas se extienden a la Armada, a la Aeronáutica y también a las agencias federales de Seguridad. Según un informe del diario La Nación, solo en el primer trimestre de 2025, más de dos mil militares y policías pidieron la baja. De ese total, casi 300 pertenecían al Ejército. Y es de suponer que, en los siguientes ocho meses, tal contabilidad podría haberse triplicado.
A pesar de estas disfunciones, el gobierno esgrimió en defensa del arribo de Presti al Poder Ejecutivo que la “Argentina potencia” (una expresión afanada a José López Rega) necesita FF.AA “firmes, profesionales y despolitizadas”.
¿Acaso el teniente general es un ejemplo de esto último, en particular?
Al respecto, bien vale situarnos en la capital cordobesa durante el soleado 1° de mayo de 2022, cuando Luis Juez, en el marco de la campaña electoral del Frente Cívico, organizó un acto en el predio de la Sociedad Belgrano.
De pronto irrumpieron allí cuatro camiones del Ejército; avanzaban con cautela, a muy baja velocidad, precedidos por dos jeeps. Pertenecían a la brigada local de paracaidistas, comandada por Presti. La multitud los ovacionó.
Sus ocupantes tenían una misión especial: cocinar y servir un exquisito locro para todos los presentes.
Es que el jefe militar simpatizaba con Juez, aliado al macrismo.
Ahora, entre sus íntimos se confiesa “libertario”. Tanto es así que, en los últimos tiempos, supo articular un lazo de amistad con los hermanos Milei.
¿Acaso, entonces, la despolitización es realmente su bandera?
Pero, por encima de esta cuestión, palpita en ese hombre otro enigma: la posibilidad —ya fantaseada en voz alta por Milei y Patricia Bullrich, entre otros— de que las FF.AA intervengan en asuntos inherentes a la seguridad interna, como el control de las fronteras, el narcotráfico y el terrorismo.
¿Acaso por eso el ministro de Defensa necesita un Ejército “más letal”?
Habría que saberlo.