Eran casi las nueve de la noche del 14 de noviembre cuando el intendente del partido bonaerense de Ezeiza, Gastón Granados, llegó a su hogar, situado en un barrio cerrado del territorio que gobierna.
Había sido un viernes sin sobresaltos. Hasta, claro, ese preciso instante.
Porque, al cerrar la puerta, todo a su alrededor se sacudió al compás de una detonación, seguida por otras tres que se escucharon desde un punto lejano, mientras el tintineo de los vidrios del living, al hacerse añicos, se sumaban como en una película a la melodía del asunto.
Tras un minuto de estupor, el funcionario recobró la compostura. Pero aún ignoraba el origen y la magnitud de lo sucedido.
Lo cierto es que la onda expansiva de semejantes explosiones reventaron todas las ventanas de la zona, además de volar algunas puertas e, incluso, techos, en un radio de, aproximadamente, cuatro kilómetros del denominado “Polígono Industrial Carlos Spegazzini”, lindante a la autopista Ezeiza-Cañuelas.
Al rato, los noticieros comenzaron a transmitir allí en vivo la luminosidad anaranjada de las llamas, envueltas por la noche y coronadas por un gigantesco hongo negro. Era el monóxido de carbono que se alzaba hacia el cielo.
En tales circunstancias, todos los movileros, sin ponerse previamente de acuerdo, pusieron en su boca el adjetivo “dantesco”.
El fuego se tornaba cada vez más ominoso.
Pues bien, para combatirlo hicieron acto de presencia unas 70 dotaciones de bomberos. Las ambulancias levantaron a 22 heridos leves –por la inhalación de gases– que, con el paso de las horas, fueron dados de alta. Recién durante la tarde del lunes, los últimos focos ardientes fueron sofocados.
No sin un aire triunfalista, el intendente Granados –en cuyo semblante se evidenciaba que en las últimas 70 horas no había pegado un ojo– repitió una y otra vez estos datos ante todo micrófono que se le puso a tiro.
Sin embargo, fue más cauto al referirse a las pérdidas materiales causadas por el incendio, habida cuenta de que las llamas arrasaron –como ya se dijo– un enclave exclusivamente fabril.
En tal sentido, al dar por concluida la cuestión, solo adujo:
–Hay diez industrias afectadas por el siniestro.
En rigor, seis resultaron totalmente destruidas; a saber: las compañías Logischem (en cuya planta se habría iniciado el fuego), Aditivos Alimentarios, Larroca Minera, Almacén de Frío, la distribuidora Salon e Iron Mountain.
Por cierto, bien vale reparar en los antecedentes ígneos de esta última.
El “aguantadero” de los papeles sucios
Iron Mountain Incorporated, fundada a fines de 1951 en los Estados Unidos por un tal Herman Knaust, se dedica a la custodia, almacenamiento y digitalización de archivos pertenecientes a grandes empresas y corporaciones.
La ocurrencia de este “emprendedor” fue un éxito en el mercado, lo cual hizo que los tentáculos de Iron Mountain se extendieran a 35 países, ya que sus servicios abarcan papeles sensibles por razones de evasión impositiva, lavado de dinero, fuga de divisas y otras trapisondas de alta gama.
Tanto es así que el lema de esta compañía podría ser: “Todo documento que compromete va a parar al asador”.
De hecho, durante las últimas cuatro décadas, Iron Mountain sufrió siete incendios totales en los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Italia y Argentina, habiéndose probado que cinco fueron intencionales.
Por su parte, el caso vernáculo pasó a la posteridad como un ejemplo de la impunidad macrista. He aquí su trama.
Hasta el 5 de febrero de 2014, sus instalaciones ocupaban una manzana, con el frente sobre la calle Azara 1245, del barrio de Barracas.
Durante el alba de aquel miércoles estalló allí el infierno.
Desde el punto de vista institucional, no fue el día más oportuno para un hecho de tal dimensión; es que el entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se encontraba en una de sus habituales vacaciones.
El ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, no tuvo otro remedio que importunarlo por vía telefónica.
Desde Villa La Angostura, la voz de Macri sonó adormilada, y la noticia no pareció causarle sorpresa. Solo preguntó alguna generalidad antes de cortar la comunicación.
Al rato, el ministro volvió a llamarlo; esta vez, para informar:
–Hubo una desgracia, jefe. Ahora hay nueve muertos.
Macri seguía adormilado, y Montenegro notó en él un dejo de fastidio.
Minutos antes, el desplome de un muro lateral, sobre la calle Jovellanos, fue la causa de esa fatalidad. Sus víctimas: cinco bomberos de la Policía Federal (Juan Matías Monticelli, Eduardo Adrián Conesa, Damián Veliz, Maximiliano Martínez y Anahí Garnica); un bombero voluntario (Sebastián Campos); dos rescatistas de Defensa Civil (Pedro Barícola y José Méndez) y un empleado de Iron Mountain (Leonardo Day). También resultó gravemente herido el policía Facundo Ambrosi, quien falleció una semana más tarde, con lo que la cantidad de muertes ascendió a diez.
Macri voló hacia Buenos Aires ese mismo miércoles, y ya al caer el sol se dejó caer en el escenario de la catástrofe.
Entonces, abordado por un movilero de TN, soltó:
–Hoy es un día muy triste para la Argentina, por ser una enorme pérdida para los bomberos y para nuestro equipo de Defensa Civil.
Su voz sonaba más paposa que nunca. Y dicho esto, se retiró.
¿Acaso por “perdida” también se refería a la documentación siniestrada?
Aquello era la clave de esta historia. Pero sus detalles tardarían un tiempo en salir a la luz.
Autopsia contable
El lazo entre Iron Mountain y el abanico de delitos financieros cometidos aquí por sus clientes, que incluyen el lavado de dinero, fraudes y trampas tributarias, surgió por un trabajo conjunto de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), conducida por el fiscal Carlos Gonella, y la Comisión Nacional de Valores (CNV), a través de su funcionaria jerárquica, Karina Bermúdez. Fue en agosto de 2014.
El método investigativo –tras establecer la obligación para las empresas de informar donde guardaban sus documentos– consistió en cruzar los nombres de las corporaciones con causas penales abiertas por los mencionados delitos, y así descubrieron unas 30 coincidencias entre los clientes de Iron Mountain y las compañías denunciadas o bajo proceso.
Entre las que estaban en offside resaltaba desde el banco HSBC hasta el Banco Patagonia, pasando por JP Morgan, Merrill Lynch, Credit Suisse, Jumbo, Edesur, Telefónica y McDonalds, junto con otras tantas.
Dicho sea de paso, algunas cajas carbonizadas pertenecían a empresas del grupo SIDECO –como Pago Fácil, el Banco Interfinanzas Creditanstalt y varias offshore, como Omexil–, controladas nada menos que por el propio Macri.
Fue notable en esta operatoria el rol que tuvieron dos de sus funcionarios: el director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Juan José Gómez Centurión, y el ministro de Producción, Francisco Cabrera.
El primero, un mayor (R) del Ejército, veterano de la Guerra del Atlántico Sur y muy activo en los “rechifles” carapintadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín, incumplía con creces su responsabilidad de controlar los depósitos de Iron Mountain, la cual, a su vez, ignoraba a ojos vista las normas de seguridad. Y ese tipo era el encubridor perfecto. Al punto qué, en ocasión de comparecer ante la Legislatura porteña para dar explicaciones, dijo que la habilitación de esa empresa estaba extraviada, y agregó: “La están reconstruyendo”. Sobre los bomberos muertos deslizó que fue debido a la “impericia” de ellos, además de pronunciar un remate memorable: “Los depósitos con papeles se queman y se terminó la historia”.
El segundo, un empresario amigote de Macri, fue denunciado más de una vez por encubrir las irregularidades de Iron Mountain, obviando olímpicamente las inspecciones a sus depósitos, además de haber trabajado para el HSBC, uno de los bancos que atesoraba sus documentos en el galpón incendiado.
En resumen, Centurión y Cabrera, al igual que Macri, han sido excluidos por la Justicia de la investigación. En cambio, el juez Pablo Ormaechea procesó a 17 personas. Un lote compuesto por funcionarios porteños de bajo nivel, junto con directivos menores de la empresa. Sin embargo, en su momento, la Cámara del Crimen –con las rúbricas de sus integrantes, Marcelo Lucini y Magdalena Laiño– revocó aquella resolución, argumentando que “no está acreditado que el incendio fuera intencional”. No obstante, después, otra apelación supo validar nuevamente los procesamientos dictados en primera instancia. Y recién en abril de 2023, la jueza Fabiana Palmaghini elevó la causa a juicio oral y público, pero sin fijar la fecha de su realización. Desde entonces, no se habló más de ello.
A casi 12 años de haber ocurrido, esa tragedia inducida continúa impune.
Desde luego que el reciente incendio en Ezeiza reactualiza el de Barracas, junto al recuerdo de sus diez muertes.
En este caso, en cambio, no hubo víctimas fatales.
Sin embargo, un interrogante flota en la atmósfera como el monóxido de carbono: ¿Lo que acaba de suceder en el Polígono Industrial Carlos Spegazzini fue realmente un accidente?
Esta es, por ahora, la pregunta del millón.