Marina tiene 35 años, trabaja entre 8 a 12 horas diarias. Solo en uno de sus cuatro trabajos está en blanco (de un sueldo tres veces menor a la canasta básica familiar), además es madre. Lleva enferma muchos años y ha recorrido innumerables consultorios médicos en la provincia en busca de un tratamiento efectivo. A pesar de tener un empleo formal, su cobertura de salud no cubre (sí, leyeron bien: una cobertura que no cubre) el medicamento que necesita, cuyo costo mensual supera los $ 500.000. En el último consultorio al que asistió, el médico le entregó un bono con un 50% de descuento en una farmacia específica. Aun así, el precio final sigue siendo inalcanzable para su economía.
Cuando lloró en el consultorio, su médico, quien la atiende hace cinco años, la abrazó, pero antes le dijo: «Esto no se hace». En un primer momento, Marina pensó que su aviso era por cuestiones de protocolo ante posibles denuncias de acoso. Después entendió que ese comportamiento se sostiene y fomenta con la idea de que debe existir una distancia entre médico y paciente para preservar la objetividad, una idea que en realidad resulta ser un constructo que contribuye a la deshumanización del sistema. Sin embargo, el mismo médico no se había guardado la humorada a la hora de intervenir: «Es mejor tener cáncer que tener un hijo». Este comentario, sin embargo, no resultaba un conflicto ético, ni necesitaba de paraguas abiertos.
La experiencia de Marina es el reflejo de una estructura sanitaria que se sostiene sobre desigualdades. No se trata solo de un problema de médicos y pacientes, sino de un sistema que cada vez deja a más personas fuera del acceso a una salud digna.
Según la Oficina de Presupuesto del gobierno, el 36% de la población depende exclusivamente del sistema público, mientras que el 61% cuenta con una obra social y solo el 13,6% accede a una medicina prepaga. Sin embargo, contar con obra social no necesariamente garantiza el acceso a servicios de salud privados, debido a que se produjeron aumentos en la recaudación por cobros a las obras sociales por los gastos que produce el efector a la hora de atender afiliados que utilizan el sistema público.
Mientras que los hospitales estatales dependen de presupuestos ajustados y operan con sobrecarga, las clínicas privadas y prepagas atraen a los médicos con mejores condiciones laborales, lo que agrava la falta de especialistas en el ámbito público. Además, el acceso a medicamentos y tratamientos es limitado en hospitales y obras sociales estatales y sindicales debido a recortes y demoras en la provisión, mientras que las prepagas garantizan una cobertura más amplia, pero solo para quienes pueden costearla. A esto se suma la burocracia que, en el sector público, genera demoras en turnos y tratamientos. Si al médico no se le entiende la letra, a la casa; si el médico no puso el diagnóstico en el cuadrante correspondiente, a la casa; si el médico no puso su sello en los dos lados de la hoja, a la casa. Ir y volver de un consultorio a una mesa de entrada hasta el hartazgo, o en el peor de los casos, hasta el abandono del tratamiento.
Así, hablar de derecho a la salud en Argentina se vuelve una paradoja. Si bien la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales la reconocen como un derecho fundamental, en la práctica su acceso está condicionado por el nivel socioeconómico de cada persona. La fragmentación del sistema, los recortes presupuestarios y la mercantilización de la medicina han generado un modelo en el que la calidad y rapidez en la atención dependen de la capacidad de pago. Así, más que un derecho garantizado, la salud se convierte en un privilegio al que solo algunos pueden acceder sin trabas ni postergaciones.
Desde 2022, el precio de los medicamentos aumentó un 280%, superando ampliamente la inflación.[1] Esto ha dejado a miles de personas fuera del acceso a tratamientos esenciales. Un informe de la Confederación Farmacéutica Argentina reveló que el 60% de los pacientes con enfermedades crónicas ha reducido o suspendido su medicación debido a los costos. Para comprender la gravedad de esta situación, basta con pensar en el impacto que tiene en la vida de una persona con una enfermedad que requiere un tratamiento continuo para evitar la progresión de síntomas incapacitantes. Un paciente diabético que no puede costear su insulina enfrenta riesgos graves como ceguera, insuficiencia renal o amputaciones. Una persona con hipertensión sin tratamiento está expuesta a infartos y accidentes cerebro-vasculares que podrían haberse prevenido. La imposibilidad de acceder a la medicación no solo pone en riesgo la calidad de vida de los pacientes, sino que también sobrecarga el sistema de salud, que luego debe atender las complicaciones evitables de estas enfermedades. Razones de sobra para comprender por qué hablar de acceso a la salud como un derecho se vuelve urgente.
En este sentido, las recientes medidas del gobierno de Javier Milei agudizaron el problema, ya que se redujo el presupuesto sanitario y se eliminaron programas de entrega gratuita de medicamentos. Por ejemplo, en enero de 2024, la interrupción de la provisión de insulina y fármacos para enfermedades como la hipertensión y el cáncer afectó a más de 500.000 personas, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. En Tucumán, la realidad no es diferente. La provincia cuenta con 15 hospitales públicos y 160 centros de atención primaria de la salud (CAPS), pero el déficit de profesionales y la saturación del sistema dificultan la respuesta a la demanda que viene en crecimiento en los últimos años. El sector privado, por su lado, tampoco garantiza el acceso. Las prepagas han incrementado sus tarifas en el último año, y muchas obras sociales comenzaron a limitar sus coberturas, dejando a los pacientes con dos opciones: pagar costos exorbitantes o resignarse a no tratarse. Este gobierno sigue reduciendo la inversión en salud pública y los costos en el sector privado aumentan, el resultado es que el acceso a tratamientos médicos queda reservado para quienes pueden pagarlos.
El lunes 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud bajo el lema “Comienzos saludables, futuros esperanzadores”, una consigna que en Argentina choca de frente con la realidad del desfinanciamiento, el deterioro de la salud pública y el avance de un modelo que parece preparar el terreno para su desmantelamiento. La estrategia es clara: reducir recursos, sobrecargar el sistema hasta volverlo obsoleto y luego justificar su privatización como única alternativa viable. Pero en este esquema, los comienzos saludables se convierten en un privilegio y los futuros esperanzadores quedan reservados solo para quienes puedan pagarlos. La historia de Marina es una de las muchas que reflejan la realidad del sistema de salud en Argentina.
La pandemia ha puesto en evidencia la importancia del rol del Estado en la garantía del derecho a la salud. Sin embargo, en nuestro país, la salud se ha fragmentado y se ha vuelto cada vez más inequitativa, proceso de inequidad que se acentuó con la ola de privatizaciones y con el desfinanciamiento.
En 2023, Daniel Gollán, en un programa de televisión dedicado a la salud (emitido el 9 de octubre de ese año),[2] además de fundamentar, con mucha solvencia, por qué la salud necesita ser coordinada desde el Estado, expresó su creciente preocupación por los criterios de financiamiento. En aquella ocasión, el ex ministro de Salud de la Nación indicó que el relevamiento realizado desde el gobierno mostraba que, entre los grandes extractores del sistema, para 2009, se llevaban —de la inversión total en salud— el 18%, y ya para entonces esa cifra, a las autoridades ministeriales, les parecía un exceso, puesto que si llegaban al 20% se ponían frente a un techo de cristal, porque te desfinancia el resto del sistema: salarios, aranceles, el conjunto de trabajadores/as, etc. Para 2023 la industria farmacéutica ya se llevaba el 40%. Es una posición monopólica insoportable e insostenible. Y estamos hablando antes de Milei.
Durante la pandemia, también las empresas de medicina prepaga tuvieron récord histórico de ganancias, mientras que nosotros, el pueblo, padecíamos el COVID 19, el encierro, las distancias, los temores, las enfermedades, y tantas otras urgencias y padecimientos. Lo hicieron al mismo tiempo en que recibían fondos del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).[3]
En este contexto, la pregunta sobre si la industria farmacéutica es el negocio más grande que sostiene el gobierno es relevante. Es una de las más rentables en el mundo, ¿por qué no lo sería aquí? En lugar de priorizar la ganancia económica, el gobierno debería centrarse en garantizar el acceso universal a la salud, incluyendo el acceso a los medicamentos. Esto requiere una política de salud que priorice la equidad, la justicia social y la protección de los derechos humanos. Así todas (y todos) las Marinas podremos hablar de un Día Mundial de la Salud. Mientras tanto seguiremos ¿sorprendiéndonos? equívocamente con gestos vacíos…
[1] Datos publicados en El Liberal, e informes del Observatorio de Medicamentos como Bien Social de la CTA Autónoma Y ATE Argentina.
[2] Deudas de la Democracia: 40 años | Salud. UNDAV TV, octubre 2023. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=xCDk_4rBR70&list=PLmV1axcx45CwDDEnVO0Ssvn1R0whLkY9d&index=28
[3] Medida del gobierno argentino durante la pandemia de COVID-19. El programa se implementó en marzo de 2020 para ayudar a las empresas a pagar los sueldos de sus trabajadores.
