La revocatoria de la titularización de una empleada jerárquica del ministerio de Seguridad de Santa Fe puso en escena una explosiva denuncia por sabotaje a la información pública y manipulación de ascensos policiales, pagos indebidos de suplementos e intervenciones irregulares en contrataciones de personal, que impacta en el círculo íntimo del gobernador Maximiliano Pullaro, según documentos oficiales a los que pudo acceder Zoom.
La denuncia penal, presentada el 12 de octubre de 2022 por la entonces secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del ministerio de Seguridad, Ana María Morel, aporta auditorías e informes técnicos que sostienen sus acusaciones. Las apuntadas son tres personas que integraban un grupo de trabajo creado en 2017 por la entonces directora de Bienestar Policial, hoy secretaria Legal y Técnica de la provincia, María Julia Tonero, una persona de estrechísimo vínculo con Pullaro.
La presentación de Morel reaparece ahora en el escrito de defensa de su hija, Vanesa Suasnábar, ante la decisión del actual gobierno de revocarle una titularización en el cargo de subdirectora de Recursos Humanos de esa misma cartera, en la que trabaja hace 17 años. Aduce “persecución política” como represalia por aquella denuncia.
A continuación, los detalles. Con una advertencia: es una nota extensa, pero debe ser leída en su totalidad para entender cabalmente la historia.
La comisión, la comisión
Para comprender la historia es necesario aclarar el contexto. A los pocos días de iniciada la gestión del frente Unidos, que nuclea a radicales, socialistas y el PRO, entre otros, Pullaro firmó un decreto para crear una Comisión Revisora cuya función sería peinar la política de personal de Omar Perotti, especialmente aquella que involucró pases a planta permanente, subrogancias y titularizaciones.
De esa comisión, conformada por funcionarios de diversas áreas, surgieron dictámenes que le dieron basamento al gobernador para ejecutar centenares de cesantías, voltear subrogancias y revocar titularizaciones, pese a que la mayoría de ellas habían sido acordadas en paritarias con los gremios estatales.
El argumento oficial, en buena parte de los casos, se apoyó en la denominada “regla de fin de mandato” de la ley de Responsabilidad Fiscal, la cual dispone que “durante los dos (2) últimos trimestres del año de fin de mandato, no se podrán realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente”. Varios de los cambios en los vínculos laborales objetados se produjeron en el tramo final del gobierno de Perotti.
Pero hay un elemento que debe ser tenido en cuenta. La misma Ley de Responsabilidad Fiscal establece excepciones a este criterio, como por ejemplo los gastos corrientes “cuya causa originante exista con anterioridad al periodo indicado y su cumplimiento sea obligatorio”. Es el caso de los acuerdos paritarios del primer tramo de 2023, en el marco de los cuales luego Perotti decretó los pases a planta, subrogancias y titularizaciones.
Previsiblemente, además de los tironeos entre el gobierno de Pullaro y los gremios, hubo presentaciones judiciales de los trabajadores que se vieron afectados, muchas de ellas aún con final abierto.
El caso Suasnábar
En septiembre de 2023, Perotti decretó la titularización en cargos jerárquicos de tres agentes del ministerio de Seguridad en la estructura de la Dirección de Recursos Humanos de esa cartera, siempre con el anclaje de acuerdos paritarios previos. Una de ellas fue Vanesa Suasnábar, quien de esa manera pasó a ejercer como subdirectora general de esa área.
Un año después, previo dictamen de la Comisión Revisora, Pullaro revocó esa decisión. Los argumentos, en líneas generales, estuvieron atados a lo explicado en párrafos anteriores, todo lo cual fue rechazado con elementos legales por las trabajadoras en cuestión, con las particularidades de cada caso.
Pero con Suasnábar se verificó, además, otra línea de ofensiva. La comisión sostuvo, y el gobernador avaló con su decreto, que “a propuesta de un familiar directo de la agente de referencia se creó una nueva dependencia en el Ministerio y, en el mismo acto, se le otorgó funciones de mayor jerarquía dentro de la carrera administrativa categoría 8 y un suplemento por subrogancia, lo que produjo un favorecimiento directo en la carrera administrativa”, una situación que “colisiona de frente con las previsiones contenidas en Ley provincial de Ética Pública”.
La mención al “familiar directo de la agente” está dirigida a que Suasnábar es hija de Ana María Morel, quien ejerció con intermitencias –producto de choques con los sucesivos ministros del área e incluso con la oposición- la secretaría de Administración Financiera del ministerio de Seguridad durante el gobierno anterior, un área de extrema sensibilidad por obvias razones.
En su defensa ante la Comisión Revisora, Suasnábar señala con relación al “salto de categoría” que “basta con analizar el propio decreto (de Perotti) que se encuentra en revisión, para notar que se trata de una situación generalizada” y se pregunta: “¿por qué resaltar una situación que es generalizada, sólo con relación a una agente determinada?”. “La respuesta no puede ser otra que la que se desarrollará a continuación: la maniobra forma parte de una persecución política que se manifiesta en este procedimiento”.
Luego, asevera que “de ningún modo puede sostenerse el análisis reduccionista que afirma que se produjo un favorecimiento directo de madre a hija conforme lo pretende presentar esta Comisión. En el procedimiento administrativo previo al dictado del decreto participaron múltiples áreas del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Economía, y finalmente, fue el propio Gobernador provincial quien suscribe la decisión”.
Continúa: “La Secretaria carece de competencia para el dictado del decreto en cuestión, que es materia propia del Gobernador de la Provincia. Pretender una relación directa madre – hija como sostiene el dictamen, implica un tendencioso reduccionismo orientado, una vez más, a la persecución individual con fines políticos”.
Sabotaje
En su escrito ante la Comisión Revisora, Suasnábar indica que su “antigüedad total ejerciendo en áreas de Recursos Humanos del entonces Ministerio de Seguridad suman 17 años” y precisa que “el 27 de junio de año 2018 (gobierno de Miguel Lifschitz, Pullaro ministro) mi superiora jerárquica solicitó formalmente se otorguen las funciones del cargo vacante de Coordinadora General de Recursos Humanos”, lo cual “jamás mereció respuesta”. Luego presentó un reclamo administrativo que “nunca fue admitido”. “La solicitud fue mantenida en· reiteradas oportunidades” pero no hubo caso.
“La situación, sostenida en el tiempo, constituye un claro caso de violencia laboral, que produce un evidente perjuicio moral y psicológico a cualquier trabajador del estado”, afirma Suasnábar, quien posteriormente destaca que ese mismo año ingresó en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe una denuncia dado que “desde hace años vengo atravesando una situación de acoso laboral, que comprende la negativa sistemática al reconocimiento de mis derechos”.
Las líneas previas hacen de prólogo al lanzamiento de un misil que impacta en el núcleo más cercano de Pullaro. Dispara Suasnábar: “El motivo de lo expresado anteriormente se basa en hechos ocurridos durante el año 2017 que involucran a la Dra. María Julia Tonero, hoy Secretaria Provincial de Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, en ese momento Directora Provincial de Gestión de la Carrera y Bienestar Policial del entonces Ministerio de Seguridad”.
Vale un asterisco. Tonero elevó involuntariamente su visibilidad pública cuando su voz apareció en 2017 en las escuchas telefónicas al entonces ministro Pullaro en una causa por presunta manipulación de ascensos policiales, sobre la cual Zoom hizo referencia en una nota previa. En el diálogo entre ambos queda nítidamente evidenciado un vínculo estrecho. La funcionaria luego pasaría a ser subdirectora de Administración de Procesos Legales del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde fue una de las protagonistas, más acá en el tiempo, de la avanzada contra el primer ministro de Seguridad de Perotti, Marcelo Sain.
Vuelta al escrito de Suasnábar. El texto señala que Tonero, en aquel entonces, “se encontraba a cargo de un equipo integrado por Alejandro Abel Ruggeri, Ana Raquel Boero y Valentina Pía Duquez, que cumplían funciones como personal de gabinete, el primero agente de policía y las dos restantes Categoría 3, con no más de 4 años de antigüedad previa”.
Sigue el relato: “La Dra. Tonero promovió la estructura del Decreto Nº 3670/2017. Hasta ese momento quien suscribe tenía 11 años de antigüedad y subrogando categoría 6. En ese momento, la funcionaria le otorgó a Raquel Guadalupe Bedini (hermana del entonces Director General de Administración José Carlos Bedini), la subrogancia con idéntica categoría a la mía, sin los mínimos antecedentes que fundamentaran su otorgamiento y agravado por la ventaja concedida de que también el cargo era vacante. Esto se aplica también en el caso de Alejandro Abel Ruggeri. Ambos titularizaron, y yo que era la empleada de mayor carrera administrativa, no”.
“Los funcionarios denunciados fueron los responsables, incluso, de que quien suscribe no haya podido titularizar con posterioridad porque decidieron darme un cargo ocupado y me sacaron funciones incluida la de ser reemplazante natural de mi superiora”, agrega.
Y finalmente, el misil hace impacto: “Más aún, Alejandro Abel Ruggeri, Ana Raquel Boero y Valentina Pía Duquez, fueron denunciados penalmente por la CP Ana Morel por un sabotaje a la información pública no sólo de la nómina del personal involucrado sino también por la modificación de la fórmula que debía respetarse en lo que hace a la plataforma específica del examen para los ascensos de ese año (resultado de una auditoría en la que participaron áreas técnicas externas a la Dirección General de Recursos Humanos e incluso al propio Ministerio)”.
La acusación
El 12 de octubre de 2022 ingresó a la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional I de Santa Fe la denuncia penal de Morel. Quedó a cargo del fiscal Federico Grimberg. Consiste en cinco puntos:
1) “La desaparición de información contenida en computadoras en el denominado ‘Departamento de Carrera Administrativa’ (…) que eran utilizadas por los empleados de planta permanente Ruggeri, Duquez y Boero”. En el escrito de Morel se indica que el 22 de febrero de ese año “empezó a funcionar en el ministerio de Seguridad la Dirección de Recursos Humanos”, cuya titular Fabiana Wolff solicitó la intervención de un agente de la Sectorial de Informática de esa cartera, quien “advirtió que no se hallaban documentos o archivos preexistentes en las computadoras referenciadas”.
Según la denuncia, un informe de esa área del 4 de marzo de 2022 reveló que en la computadora que usaba Ruggeri “se observaba la estructura de directorios, pero todos vacíos, no había archivos dentro de ellos. Tampoco había elementos en la papelera de reciclaje. Se eliminaron los datos e historiales de navegación. No se pudo recuperar el registro de archivos eliminados y/o modificados”.
La máquina utilizada por Duquez “tenía las cuentas ‘Valentina’ y ‘Concursos’ y cuando se accedió a los mismos se observó que faltan los directorios que crea por defecto el sistema operativo: Documentos, Imágenes, Música, Videos. En estos directorios se guardan generalmente los archivos de los usuarios. Tampoco había elementos en la papelera de reciclaje”.
Finalmente, en la computadora de Boero se encuentraron directorios pero “no contenía la totalidad de los documentos que debería haber tenido”.
La consecuencia de ese vaciamiento fue que “la flamante Dirección General de Recursos Humanos debió hacerse cargo de la prosecución del Concurso de Ascenso Policial 2020 – Primer Tramo desde donde se encontraba, se procedió a continuar con la evaluación de antecedentes, pero con la salvedad de que no podían modificar lo que ya había sido evaluado por el grupo anterior (a cargo del equipo integrado por los agentes Ruggeri, Boero y Duquez).
2) “La manipulación de información e intervención inapropiada en el campus virtual vinculado al Concurso de Ascensos Policiales 2019 y 2020, y la supresión del Banco de Preguntas y errores de parámetros de aprobación del examen de concursos de ascensos policiales”.
En el escrito de Morel se aclara que el Concurso de Ascenso Policial 2020 – Primer Tramo finalizó con el dictado del decreto correspondiente el 8 de septiembre de 2022. Una vez publicado el decisorio “se empezaron a recibir reclamos de empleados policiales vinculados por ejemplo a la habilitación o no para participar, sin que se cuente –en muchos casos- con material digital o impreso que justifique la decisión adoptada por los agentes que realizaron la primera parte de la tarea de evaluación por la eliminación del contenido de las computadoras”.
3) “Inconsistencias en la carga y manipulación de datos en relación a las altas y novedades en el procesamiento de información para el pago de las Asignaciones Especiales No Remunerativas y No Bonificables” para la Policía Comunitaria, Policía de Acción Táctica, Policía de Seguridad Rural y para quienes desarrollen tareas operacionales.
La denuncia de Morel afirma que “la gestión de la carga de altas y bajas de estas asignaciones correspondían a la subsecretaría de Recursos Humanos del ministerio de Seguridad, según los protocolos pertinentes de cada suplemento. Sin embargo eran ejecutadas por el agente Alejandro Ruggeri, ejerciendo facultades que no le resultaban competentes, siendo que él pertenecía al Departamento de Carrera Administrativa” y “se encontraba en comisión de servicios en la subsecretaría Legal y Técnica” del ministerio.
Resultado: la dirección de Recursos Humanos inició un expediente “a fin de que se suspenda el pago de estos suplementos porque los mencionados en los listados correspondientes habían dejado de reunir los requisitos para continuar percibiéndolos”.
4) “Comportamiento inapropiado” de Ruggeri “al participar de la selección de personal médico arrogándose facultades que no poseía, apersonándose en las entrevistas con los profesionales de la salud”.
En la presentación de Morel se adjunta un dictamen del asistente letrado de la dirección de Medicina Legal del ministerio, de donde surge que Ruggeri “se atribuyó la representación de la subsecretaría de Recursos Humanos” y “se arrogó facultades que nunca tuvo para la selección de contratados, influyendo indebidamente en el proceso de contratación de profesionales médicos, que iban a desempeñar funciones en un régimen del que no forma parte desde el año 2017 (el policial)”.
5) “Inconsistencias en la carga y manipulación de datos en relación a las altas y novedades en el procesamiento de información de las tarjetas alimentarias policiales (TAP). En el mes de abril de 2021 y a partir de la cantidad de reclamos recibidos por vía telefónica del personal de la Dirección General de Acción Táctica, vinculados a las tarjetas TAP, la División Informática realiza un cruzamiento de datos de las planillas TAP con la base de datos proveniente de la subsecretaría de Recursos Humanos. Como resultado del mismo, se detectaron inconsistencias entre lo enviado en formato papel (…) y las planillas digitales que se cargaron”.
En el escrito de Morel se precisa: “todo el manejo de este tipo de información y carga de altas y bajas eran realizados” por Ruggeri “y debería ser investigado para establecer si existe responsabilidad de su parte por el eventual incumplimiento de sus deberes como empleado público y la comisión de eventuales delitos”.
Fin
Al día siguiente, 13 de octubre de 2022, Morel presentó una nota al entonces ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi -de breve paso por esa función-, con quien se llevaba pésimo, en la cual le informa de la presentación de la denuncia con este argumento: “ante la inacción de los funcionarios administrativos y políticos que han sido debidamente notificados, me veo compelida en mi carácter de funcionaria pública a instar la investigación de los mismos en pos de defender el erario público, de evitar la generación de perjuicios económicos actuales y a futuro en contra del Estado y de los empleados policiales involucrados”. Poco tiempo después dejó su cargo.
En el mundillo policial se conocía el tema. Miguel Zalazar, uno de los fundadores del sindicato (no reconocido) de uniformados Apropol, quien luego rompería y armaría otra organización, Utrapol, publicó el 18 de febrero de 2022 en su cuenta de Facebook: “Hace unos días el ex policía A.R., ahora devenido en empleado administrativo, reconocido por vender proyectos de concursos de policías, como así cobrarle a quienes decía ‘sus compañeros’ para hacerles a todos los mismos exámenes de manera virtual, hecho éste que fue denunciado por este gremio; casi sale en camillas al hospital de emergencias, cuando se enteró que, en la nueva restructuración ministerial, lo sacarían de sus funciones, y perdería toda aspiración a un cargo jerárquico”.
Este posteo podría ser desacreditado por tratarse de un mero revoleo panfletario en el marco de una interna policial, pero ahora adquiere otro volumen y legitimidad: por decreto Nº 185 del 27 de diciembre de 2023, firmado por el gobernador Pullaro, Zalazar fue designado Asistente Técnico Nivel III (asesor político) del ministerio de Seguridad.
Con todo, a Ruggeri tampoco le fue mal con la actual gestión. A pedido del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, fue afectado en comisión de servicios el 28 de mayo a la secretaría privada de ese funcionario.
Por su parte, y a través del decreto Nº 114 del 18 de diciembre de 2023 de Pullaro, Duquez fue designada directora provincial de Asuntos Jurídicos de la subsecretaría Legal y Técnica. Es decir, a las órdenes de María Julia Tonero, la funcionaria de estrecho vínculo con el gobernador que armó en 2017 el grupo denunciado.
A su vez, Boero fue afectada en comisión de servicios el 9 de febrero de 2024 a la secretaría de Gestión Pública del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía.
De la denuncia penal de Morel se desconocen novedades. Es tramitada en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, creada en 2017 en medio del escándalo por las escuchas telefónicas judiciales a Pullaro. Esa dependencia rápidamente absorbió la causa por manipulación de ascensos policiales que complicaba al entonces ministro y actual gobernador. El caso terminó en el archivo.
