El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se apresta a resolver favorablemente un reclamo administrativo del comisario Adrián Rodríguez para lograr un ascenso a director general de Policía, retroactivo al 1 de enero de 2015, según documentación oficial a la que accedió Zoom.
Rodríguez fue jefe de las Unidades Regional I (La Capital) y V (Castellanos) y se retiró luego de un escándalo político-policial detonado en 2017, que incluyó su detención y la difusión de escuchas telefónicas judiciales en las que bromeaba con el entonces ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz, el hoy gobernador Maximiliano Pullaro, sobre la manipulación de concursos de ascenso.
El jefe policial presentó el 16 de abril de 2019 el reclamo administrativo, cuando todavía Pullaro era ministro, y el expediente avanzó hasta la dirección de Asuntos Jurídicos de la cartera de Seguridad. Luego, con el cambio de gobierno, el trámite quedó congelado por 4 años.
Tras la llegada del frente Unidos a la gestión santafesina, el reclamo de Rodríguez se reactivó. Más precisamente, el 12 de enero de 2024. Tres días después, el gobernador firmó el decreto Nº 20, mediante el cual se dispuso la reincorporación de 15 oficiales retirados de la policía y el Servicio Penitenciario “en el marco de las medidas de excepción vinculadas con la situación de emergencia operativa por la que atraviesa la Provincia de Santa Fe”. Todos ellos fueron asignados a la secretaría de Seguridad Pública.
A lo largo de este año, el expediente por el ascenso retroactivo de Rodríguez fue superando las distintas instancias administrativas y el 22 de agosto, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del ministerio de Seguridad y ex diputada provincial del pullarismo, Giorgina Orciani, dejó estampada su firma en un documento oficial que dice: “Vienen las actuaciones tramitadas en razón del reclamo administrativo previo interpuesto por Adrián Guillermo Rodríguez, tendiente a su designación en el cargo de director general de Policía con retroactividad 01/01/2015, con el correspondiente pago de las diferencias salariales pertinentes e intereses. Que, atendiendo al estado de autos, y analizada la pretensión por la Dirección General de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen Nº 2670, se remiten las presentes, solicitando la elaboración del acto administrativo correspondiente”.
Hay, finalmente, otro elemento que no necesariamente está relacionado pero que de manera ineludible debe ser tenido en cuenta. Tal como señala el decreto de reincorporación, “en ningún caso puede reintegrarse al servicio a personal de la Policía de la Provincia o del Servicio Penitenciario que haya sido exonerado de la fuerza policial o de la Administración Pública Provincial y/o Nacional, o se encuentre con auto de procesamiento en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad o condenado en causa penal, aun cuando hubiese cumplido la totalidad de la penal”. En octubre de 2023, apenas dos meses antes del arribo de Pullaro a la Casa Gris, el fiscal Exequiel Hernández archivó la causa conocida como “Horas Ospe”, en la que se investigaban horas extras policiales presuntamente cobradas y nunca ejecutadas, y que tenía a Rodríguez como imputado.
El origen
Es precisamente la causa Horas Ospe la cuna de una serie de episodios que en 2017 conmovieron a la política santafesina y se proyectaron a escala nacional. En aquel entonces, los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí estaban al frente de esa investigación y, en ese marco, dispusieron escuchas telefónicas a jefes policiales con la autorización del juez Nicolás Falkenberg. Uno de los “pinchados” fue Rodríguez.
La sorpresa ocurrió cuando en el celular del entonces titular de la Unidad Regional V ingresó un llamado del ministro. “¿Cómo andás, Adrián? Fijate que hoy ya está publicada la lista de los que están habilitados para rendir para (director) General (…) Tenés que hacer el trabajo, papá (…) ¿Sabés quién va a ser el presidente del jurado? Yo. Te vamos a dar las preguntas, como en la escuela”, le dijo Pullaro, entre risas.
Ante esta situación, los fiscales resolvieron abrir una causa paralela por presunta manipulación de los concursos de ascenso en la policía, intervenir con aval del mismo juez –sin decirle quién era el sospechoso— el celular del ministro y meter preso al comisario Rodríguez por cohecho pasivo.
Al enterarse de la detención de “Adrián”, Pullaro arrancó una seguidilla de llamados telefónicos, revelada por los periodistas Nicolás Lovaisa y Maximiliano Ahumada en el portal Diario Santa Fe, que incluyó a quien ocupaba en ese momento la titularidad del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Baclini, a quien le comenta que el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, le había anticipado “qué tenía” sobre la causa Horas Ospe “pero que los iban a detener después de las elecciones a todos, no sé porque han apurado”.
Luego, el raid de comunicaciones pasó por el mismísimo gobernador: “Miguel, te pongo al tanto de una situación que es bastante grave. Que la estuve hablando con Baclini recién y es sumamente grave. Ahí acaban de detener al jefe de la 5ta., Adrián Rodríguez, que parecía que salía del tema de la causa de las horas Ospe, pero lo que me dice Baclini, que me llamó por WhatsApp, que me llamó muy preocupado por el tema, es que es por cohecho pasivo. Que es por una conversación que tuvo conmigo, ¿entendés? Que yo tuve con todos los tipos para que se presenten al concurso de Generales, yo le digo ‘presentate, papá, presentate al concurso, que yo presido el concurso’. ¿Entendés?”.
Todo esto, claro, se supone que sin saber de la pinchadura a su teléfono. Las contestaciones con monosílabos de Lifschitz hacen presumir que él sí lo sospechaba. En cualquier caso, y más allá de las especulaciones, lo cierto es que a los pocos días el fiscal regional Arietti revocó la detención de Rodríguez y creó la Unidad de Delitos Complejos, que terminó absorbiendo las causas que llevaban adelante Apullán y Martí.
Al frente de esa dependencia del MPA quedó el fiscal Exequiel Hernández, quien en enero de 2019 dispuso archivar la causa por supuesta manipulación irregular de los concursos, ya que “la evidencia reunida, especialmente los testimonios de los miembros del jurado del concurso, arroja que los exámenes no fueron confeccionados con preguntas preestablecidas, sino con entrevistas de carácter coloquial precedidas de la exposición del concursante. Al momento de puntuar al concursante el jurado conocía tanto el nombre como el seudónimo”.
“En todo caso resulta evidente que el concursante Rodríguez, al igual que Pullaro, conocían que no existían preguntas preestablecidas y por eso contestó sólo riendo. Surge que las conductas desplegadas no pueden de ninguna manera ser encuadradas dentro de la figura penal de cohecho”, argumentó Hernández, y agregó que “no cabe interpretar de lo actuado que Pullaro haya tenido un interés de carácter personal en beneficiar a Rodríguez; y que si ello hubiera sido así, el hecho de no apartarse de un concurso no configuraría delito penal alguno que Rodríguez debiera haber denunciado”.
“Puede merituarse la conducta mediante la cual un ministro de Seguridad pregunta un seudónimo a un aspirante a un cargo, entendiendo que ello puede ser pasible de algún reproche ético o aun administrativo, pero no por ello debe ser considerada una conducta atípica, antijurídica y culpable. Debe considerarse que ello no tuvo efectos en el resultado del concurso”, redondeó.
Al conocer aquella decisión judicial, Rodríguez afirmó a la prensa: “Estuve 472 días esperando este fallo y se hizo justicia. Me arruinó la carrera policial en un legajo intachable. Yo tenía pensado jubilarme de otra manera, pero cuando me pasó eso pedí el retiro voluntario y me quise ir”.
Como ya se dijo, cuatro años más tarde, en octubre de 2023, el fiscal Hernández tomó idéntica determinación para la causa Horas Ospe, el caso que originó todo el escándalo cuyas repercusiones aún resuenan.
En 2017, tras la filtración de las escuchas telefónicas que lo tenían como protagonista, Pullaro se defendió: “Hay un dato que se olvidan porque Rodríguez rindió bien para ser director general pero cuando sale la causa de las Ospe suspendo el ascenso hasta que aclare el tema. Entonces, contemos toda la verdad, ese diálogo informal pero también contemos que por una resolución mía no fue director general de Policía”. Aquel paréntesis, abierto hace ya 7 años, está a punto de cerrarse.
