La reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe, impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro y aprobada en trámite escandaloso por la Legislatura, asoma como el núcleo del ajuste en las cuentas públicas hacia 2025, en línea con el resistido reclamo del presidente Javier Milei de mayor recorte por parte de los Estados subnacionales.
Desde el inicio mismo de la gestión del heterogéneo frente Unidos, el rojo previsional fue materia de discusión. El justicialismo advirtió, primero en sordina y luego en la voz del ex ministro de Economía de Omar Perotti, el hoy diputado provincial Walter Agosto, que el gobierno provincial había inflado artificialmente, con una maniobra contable, el déficit de la Caja.
¿En qué consistía esa presunta “contabilidad creativa”? En incluir en el cálculo las erogaciones previsionales hasta diciembre de 2023, inclusive, pero registrar los aportes y contribuciones recién en enero de 2024. Siempre según la mirada justicialista, esa operación infló en 45 mil millones del déficit.
Desde el gobierno de Pullaro salieron a rechazar tajantemente ese enfoque y aseguraron que, en realidad, se trataba de una corrección en línea con la Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado. Así, el ministro Pablo Olivares anunció un cierre del ejercicio 2023 con un déficit global de 130 mil millones de pesos.
En cualquier caso, la problemática quedó instalada. Y la administración pullarista se lanzó a ejecutar un rigurosísimo programa de control del gasto que incluyó pago en cuotas de los aumentos acordados en paritarias por la gestión anterior, política salarial propia con incrementos sustancialmente menores a los pretendidos por los gremios, revisión de pases a planta permanente con centenares de cesantías, reinstauración del presentismo docente con el formato de “Incentivo a la Asistencia Perfecta” y descuento a rajatabla de los días de paro, entre otras medidas.
En este contexto, cobró notoriedad el secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso, un dirigente radical rosarino adepto a las polémicas encendidas. Fue él quien empezó a señalar, en diálogo con medios y a través de sus intensas redes sociales, que el déficit de la Caja de Jubilaciones se estaba espiralizando y que se imponía la necesidad de una reforma urgente.
En junio, a instancias centralmente del senador provincial Raúl Gramajo –un peronista que saltó el charco hace algunos años—, se aprobó por ley la conformación de una Comisión de Análisis del Sistema Previsional. Quedó integrada por legisladores de las dos Cámaras, funcionarios del Poder Ejecutivo y sindicatos del sector público.
A principios de agosto, y con la previa de objeciones gremiales de distintos matices, la Comisión entregó el informe final al Poder Ejecutivo. El tono discursivo del oficialismo empezó a revelar su estrategia política: la reforma era necesaria porque había que “salvar a la Caja” de una eventual transferencia a la Anses o una potencial privatización. Nunca se explicó por qué semejantes opciones serían posibles con el actual cuadro de situación.
Hubo otro argumento que se enarboló con insistencia, proveniente en buena medida de los sondes de opinión pública que hace a diario el gobierno provincial: había que terminar con “los privilegios” de algunos regímenes especiales, que generaban un déficit pagado, al final del día, con “los impuestos del kiosquero de la esquina”.
A partir de allí, la administración de Pullaro se tomó un par de semanas para negociar con sus socios de coalición los aspectos más controversiales del proyecto que finalmente elevaría el Ejecutivo a la Legislatura. Hubo un fantasma recurrente: la suba y/o equiparación de la edad jubilatoria entre varones y mujeres.
El socialismo bloqueó parcialmente esa posibilidad y la salida fue particularísima: se acordó una delegación de facultades legislativas al gobernador para que, en caso de que a nivel nacional se apruebe un incremento en la franja etárea de retiro, Pullaro pudiera hacer lo propio por decreto. Es decir, asumiendo el costo mayor de esa decisión, llegado el caso.
Al explosivo Boasso no le gustó nada esa alternativa y, la noche previa al envío del proyecto a la Legislatura, protagonizó un antológico zapateo en la red social X. Al día siguiente borró los tuits y se llamó a silencio por varios días. Así, el secretario de Seguridad Social de la provincia no participó de la defensa pública de la reforma jubilatoria de su gobierno, tarea que quedó nuevamente en cabeza del ministro Olivares.
Por fuera de ese punto, la iniciativa contempló, sintéticamente, la declaración de la emergencia previsional, una suba generalizada de aportes (con criterio progresivo por escala salarial), topes a los haberes más altos, restricciones a los regímenes especiales de la docencia y las fuerzas de seguridad, cambios en la base de cálculo de las jubilaciones futuras y eliminación de la posibilidad de canjear años de servicio por retiro anticipado.
A sabiendas del costo político ineludible en términos de base electoral, dado que no es ningún secreto el voto masivo de los estatales santafesinos a Pullaro y su coalición en 2023, el oficialismo decidió darle un trámite exprés a su proyecto en la Legislatura. La reforma previsional entró en el Senado a fines de agosto y a los pocos días ya logró media sanción.
La semana posterior, ya en septiembre, fue el momento de tratar la iniciativa en Diputados. El Palacio Legislativo amaneció íntegramente vallado y en las rutas se instalaron retenes policiales para requisar los colectivos que trasladaban manifestantes desde distintos puntos de la provincia hacia la capital provincial. Asomaba una jornada de alta tensión.
La presidenta de la Cámara de Diputados, la socialista Clara García, reclamó con éxito el desarme de la armadura que rodeaba a la Legislatura. Probablemente se haya arrepentido con el correr de las horas. Una multitud se congregó frente a la puerta principal del edificio parlamentario y un grupo se apostó en el ingreso trasero, por donde suelen entrar diputados y senadores. Los forcejeos y empujones estuvieron a la orden del día.
Tras esa entrada caótica, la reducida guardia policial interna de la Legislatura trabó las puertas, mientras los manifestantes pugnaban por entrar. Una pequeña delegación sindical logró su cometido y se ubicó en las barras del recinto. En ese clima arrancó la sesión.
Se empezaron a suceder los discursos, mayormente de los diputados opositores de distintos bloques, todos ellos en contra del proyecto oficial. Se escuchaban de fondo los golpes contra las puertas de la Legislatura. En un momento, un estruendo dio la señal de que los ingresos habían cedido. Fuera del recinto, en el hall, empezaron a volar objetos de todo tipo.
Fue allí cuando se produjeron dos episodios en paralelo. Por un lado, la fuerza de infantería policial hizo su aparición para despejar con gases a los manifestantes. Por el otro, el diputado socialista hizo una moción para concluir el debate y pasar rápidamente a la votación. La presidenta de la Cámara aceleró en la misma dirección. Escándalo.
Los legisladores opositores se pararon y alejaron sus bancas, mientras gritaban que el trámite era nulo. Algunos, como la histriónica Amalia Granata, les recriminaban a viva voz y a corta distancia a sus colegas oficialistas que estaban violando el reglamento. Alguien en las gradas revoleó agua hacia Clara García, quien seguía adelante con una votación a todas luces irregular. Ni siquiera llegó a completarse la aprobación en particular de la ley.
Pasadas las horas, ya con la plaza de la Legislatura semi desierta, se reanudó la sesión. El frente Unidos ratificó lo actuado y afirmó que la reforma previsional ya había sido aprobada. Las bancadas opositoras aseveraron que el procedimiento estaba completamente viciado de nulidad y que sería judicializado. Mientras tanto, el gobernador Pullaro y su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, denunciaban la presencia de barras bravas en la protesta.
En su balance final, la administración santafesina considera que el proceso resultó relativamente barato, teniendo en cuenta las experiencias locales y nacionales de tratamiento de reformas previsionales. Al leve superávit obtenido en el primer semestre de este año, presume que el horizonte de equilibrio en las cuentas públicas está despejado.
Cuando el domingo por la noche, el presidente Javier Milei reclamó a las provincias un ajuste de 60 mil millones de dólares –cifra que luego fue relativizada—, Pullaro salió rápidamente a contestar: “Santa Fe ya hizo su ajuste”. Sabía de qué se trataba: había pagado esa exigencia por adelantado.
