Lo que se conoce en la historia argentina como Semana Trágica fue producto de una represión violenta que asesinó a cientos de trabajadores y decenas de mujeres, niños y ancianos. También fue un punto de inflexión en términos de lucha laboral. En Rosario tuvimos nuestra propia semana trágica, que a diferencia de comienzos del siglo pasado, surgió a raíz de conflictos por el mercado ilegal de drogas. Las muertes de cuatro trabajadores en manos del narco nos llaman a repensar lo realizado y proyectado como “solución” a un fenómeno que no tiene una respuesta mágica. ¿Cuáles son las razones por las cuales la dirección que está tomando tanto el gobierno nacional como el provincial está destinada al fracaso?
¿Dónde estamos?
En primer lugar una aclaración, estas líneas no tienen como objetivo dañar a los oficialismos actuales, más allá de que me posicione en términos teóricos y políticos en veredas opuestas, lo que pretendo suscitar es un debate sobre las implicancias que tiene embarcarnos en proyectos apresurados, irresponsables y demagógicos en políticas de seguridad mediante ejemplos concretos que ya fracasaron una y otra vez.
Dicen que el hombre es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra y, si bien parece un refrán de abuela, en estos momentos, esa frase adquiere en Rosario una actualidad política consistente. Tristemente, nuestra ciudad vuelve a ser centro del debate nacional motivo de la escalada de violencia. La localidad que supera cuatro veces la tasa de homicidios de Argentina, estos últimos días subió un escalón más: volvió a usarse la muerte de civiles por bandas criminales para dejar mensajes políticos. Ya no se trata de vecinos de barrios populares que quedan atrapados en una balacera, ni de familiares de personas implicadas en la criminalidad en un lugar y momento equivocados, ni de balas pérdidas, ni de bajas por disputas barriales. Lo que viene sucediendo en Rosario es una amplificación del conflicto donde las víctimas civiles no son “efectos colaterales” de la violencia que generan los mercados ilegales, sino el objetivo directo de sus ataques.
Buena parte de especialistas ubican este punto de inflexión a comienzos del 2023, con el homicidio del joven Lorenzo «Jimi» Altamirano, un músico rosarino secuestrado al azar en la calle y asesinado para enviar un mensaje entre bandas criminales. Todo este espiral de violencia –que en Rosario era bastante conocido— decantó en noticia internacional cuando aparecieron amenazas en uno de los supermercados de la familia de la esposa de Lionel Messi. Fue así que en marzo del año pasado, el gobierno nacional, encabezado por el presidente de entonces, Alberto Fernández, realizó una conferencia de prensa donde anunció: el desembarco del ejército, refuerzo de agentes federales, creación de una delegación de Unidad de Información Financiera (UIF) en el lugar, la colocación de nuevas cámaras de video-vigilancia para agilizar la identificación facial de los autores de delitos, y un mayor control en las cárceles desde donde operan dichas bandas. ¿Coincidencias con la reciente conferencia de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich?
Es sabido que los mercados ilegales asociados al narcotráfico no surgen de la noche a la mañana. Su expansión requiere un proceso que abarca desde la toma de territorios hasta el reclutamiento de sicarios y soldaditos, así como la cooptación de voluntades en las fuerzas de seguridad, el sistema judicial e incluso en la esfera política. Este proceso demanda tiempo y estrategia para consolidarse y mantener su influencia. En este marco, no es correcto afirmar que su existencia no es responsabilidad exclusiva de un solo gobierno. Tampoco puede achacarse a los flamantes oficialismos. Ahora bien, ¿qué fue lo que desencadenó los cuatro homicidios que paralizaron Rosario?
Enrique Font, profesor de Criminología y Política Criminal en Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario explica que las fotos difundidas por el Gobernador Maximiliano Pullaro –donde se ven presos de alto perfil esposados en el piso semidesnudos— fue un “circo para el electorado” porque propició una tragedia con el “objetivo de obtener rédito político”. Es decir, esa acción del gobierno provincial imitando al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, conocido internacionalmente por montar espectáculos mediáticos en las cárceles para demostrar el control sobre los detenidos y sus pésimas condiciones de detención, en Rosario –ubicada a más de 7000km del país centroamericano— provocó una respuesta por parte de las bandas criminales con consecuencias fatales para la población civil. Germán Bussanich, padre de Bruno, el joven trabajador de la estación de servicio que fue asesinado recientemente para sembrar un clima de miedo y terror, dijo: «quiero decirle a la ministra Bullrich que hacen las cosas mal, se hacen los Bukele y nos dejan desprotegidos, la pagamos nosotros».
En las últimas horas, se conoció que la famosa foto no sería la razón central de los ataques, sino la gota que derramó el vaso. Para entender la secuencia, hay que remontarse al sábado 2 de marzo, día que dos micros que trasladaban personal policial y del Servicio Penitenciario, fueron atacados a balazos en avenida Circunvalación. Lo que siguió a este hecho fueron torturas y abusos en la cárcel de Piñero por parte de las fuerzas de seguridad contra los detenidos con el fin de obtener información sobre la autoría de los ataques. La Fiscalía recibió las denuncias y se encuentra en marcha un proceso de investigación para constatar posibles torturas al estilo de la última dictadura: submarino seco, submarino ruso, picanas, golpes, palazos contra los detenidos en Piñero. Todo indica que este accionar sumado a la gestualidad de la foto condujeron a recrudecer la violencia en las calles.
Llegando a este punto, vale preguntarse qué grado de aplicabilidad tiene en una provincia como Santa Fe, y en un país como Argentina, un paradigma surgido en El Salvador, país que carece de moneda nacional, que atravesó una guerra civil sobre finales del siglo pasado, que mantiene una marcada tradición de presencia de armas de fuego largas en las calles y espacios cotidianos, que muestra una profunda desigualdad social, y que por 2015 cuadruplicaba la tasa de homicidios de Rosario.
Para empezar, Bukele previo a montar los espectáculos de torturas a presos de alto perfil en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, se ocupó de controlar la policía y las calles. Primero: el control político de las fuerzas de seguridad; luego, el show en las cárceles. Aquí en Santa Fe fue todo al revés. Las consecuencias están a la vista. En la escena del crimen de los dos taxistas, asesinados en una semana trágica para la ciudad, se encontraron balas provenientes de la policía. De parte del gobierno hubo un silencio rotundo respecto a este asunto de alta gravedad. Se puede hipotetizar que la falta de mención al hecho está asociado a la verdad que de él surge: la existencia de un entramado policial que se articula con el delito.
¿Cuáles fueron las respuestas ?
El paro de taxis y colectivos –motivo del asesinato de tres trabajadores en cumplimiento de sus tareas como transportistas públicos— paralizó completamente la ciudad. El panorama se agravó aún más con el cierre de las estaciones de servicio durante la noche debido al homicidio del día sábado 9 de marzo contra el playero Bruno. El día martes, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich aterrizó en la ciudad con música sensacionalista y cobertura mediática minuto a minuto. El presidente Javier Milei decidió quedarse en Capital Federal y no pisar Rosario porque su seguridad no estaba garantizada (¿qué nos queda a los rosarinos y rosarinas que aquí vivimos?). Buena parte de la visita de Bullrich –de tan sólo un día— se centró en una conferencia de prensa en la sede de Gobierno de la Provincia de Rosario junto al ministro de Defensa Petri, el Gobernador Pullaro y el Intendente Javkin. En resumidas cuentas, los anuncios buscaron más bien ratificar el rumbo planteado: presencia del ejército en tareas de apoyo en el marco de la Ley de Seguridad Interior, refuerzo de agentes federales, seguimiento del lavado de dinero. Quizá la novedad podría encontrarse en el pedido de uso de la Ley Antiterrorista para perseguir a las organizaciones criminales, instrumento que duplica las penas previstas cuando los delitos se cometen para infundir terror en la población y en la espectacularización de la llegada de fuerzas militares.
El Congreso de la Nación –a raíz de la presión en la opinión pública— tomó nota de la crisis que atraviesa la ciudad que vio nacer a Messi y esta semana convirtió en ley la propuesta de reforma y actualización a la Ley de Prevención y Control de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, proyecto que se encontraba empantanado en el Senado de la Nación y había sido enviado por el ex presidente Fernández. Para que se pueda tomar dimensión de la emergencia en Rosario, esta ley goza de un récord, fue la primera que logró sancionar el Senado de la Nación en 2024 por unanimidad con los votos del peronismo, el radicalismo, La Libertad Avanza, el PRO y otros partidos provinciales. Probablemente esta respuesta haya sido la más consensuada por todo el arco político, porque en la conferencia de prensa, en plena parálisis de la ciudad, sólo se habían visto rostros oficialistas. Al parecer, hasta ahora, no hubo llamado a los líderes de otros partidos. Juan Monteverde –quien fuera derrotado por Javkin en la disputa por la intendencia en 2023—, consideró que: “no hay salida si no es con un gran acuerdo social, que es lo contrario a lo que están haciendo tanto el intendente como el gobernador, que cada vez gobiernan más solos, con más soberbia y con más desapego con lo que sucede en las calles”.
El enemigo
Para analizar la realidad colombiana, la jurista Diana Molina, explica que la filosofía de la historia se ha centrado a lo largo de los siglos en la aplicación de la fórmula «mal por mal» como un método para impartir justicia. Recupera un trabajo de la década del setenta de Odo Marquard para argumentar que esta práctica, heredada del medioevo pero adoptada por la modernidad, no ha llevado a la realización de una sociedad ideal, y en lugar de resolver problemas, generó una dinámica de retaliación y búsqueda constante de enemigos, desviando la atención de las deficiencias institucionales y de poder. Como si “el dolor que padece un hombre pudiera compensarse con el dolor de otro”. Esta lectura de la realidad nosotros-ellos para abordar el problema del narcotráfico ha sido expuesta de manera contundente por el gobierno nacional cuando se refirió a la crisis en Rosario: “esto [el conflicto narco] no es ni más ni menos que una guerra”; también acompañó dicha afirmación con el anuncio del envío de fuerzas del ejército nacional para controlar el territorio de la ciudad. Así, una vez más, como pasó en Ecuador, Colombia, México y Brasil, un gobierno nacional de América Latina de tinte neoliberal recurre a librar un discurso de guerra contra el narcotráfico.
En relación con el ejecutivo provincial, parte de la estrategia delineada por el gobernador Pullaro y su ministro de Seguridad Cococcioni consistió en fijar como enemigo de la sociedad a los criminales asociados al narco. Para esto, dispuso restricciones en las condiciones de detención de los líderes de las bandas y una campaña comunicacional intensa al respecto.
En la actualidad, el mercado ilegal de drogas de la ciudad no está ordenado, carece de una centralidad, es decir, cada banda organiza su territorio pero no existe una hegemonía clara sobre el control territorial de toda la ciudad. Esto ha llevado a enfrentamientos por disputas territoriales entre los distintos sectores. La jugada del gobierno provincial de reunir a todos los criminales en una misma cárcel para someterlos y humillarlos con mayor facilidad, terminó siendo contraproducente. Logró algo inédito en la reciente y triste historia de la violencia rosarina. Tanto las bandas de la zona sur de la ciudad, como las del norte y del oeste lograron concertar un enemigo común: el gobierno provincial. Los detenidos se sindicalizaron en las cárceles, y a través de sus terminales externas expusieron mediante sangre y muerte a la población civil su mensaje. Si bien Cococcini expresó: “no vamos a sentarnos a negociar nada con la ranchada” –en alusión a la posibilidad de abrir conversación con los grupos que se adjudican los asesinatos—, en estos últimos días el gobierno provincial parece haber bajado un cambio en el enfrentamiento público. Habrá que estar en alerta respecto a las próximas acciones que se tomen en este sentido.
Al gobierno nacional la discusión sobre seguridad y narcotráfico le vino como anillo al dedo. Por un lado, le permite evitar la necesaria rendición de cuentas sobre los pocos resultados económicos obtenidos en los primeros 100 días de gestión de Javier Milei, que muestra una inflación acumulada de 71,33% y una pérdida de poder adquisitivo de las clases medias brutal. Por otro, pone a hacer el trabajo “sucio” y el circo de la militarización a Bullrich, ex candidata a presidenta por el PRO que coincide políticamente con Pullaro y Javkin. Ciertamente, el menos responsable de la escalada de violencia en la ciudad en estos últimos días es el intendente Javkin, que no entró en la lógica “guerra” pero le cabe la completa responsabilidad política por haber apoyado electoralmente un proyecto nacional que frenó la obra pública en los barrios populares de la ciudad que él gobierna. Estos barrios son los focos calientes del conflicto y su población la más golpeada por la crisis económica, social y de seguridad. Quizá Javkin acuerde con la idea de su candidata a la presidencia y actual ministra Bullrich, respecto a que urbanizar los barrios populares versa más sobre disponer presencia policial y militar en las calles y menos o prácticamente nada en hacer un cordón cuneta, construir viviendas dignas para cientos de personas que viven hacinadas o iluminar las veredas y espacios de tránsito. Ni hablar de su ensordecedor silencio sobre los negocios inmobiliarios y financieros que transforman en flujo legal los millones de dólares mal habidos del mercado de drogas.
Vieja receta para viejos problemas, sobran ejemplos donde se muestra que la sola presencia policial no disuade ni previene el delito. Sin un programa serio de inversión en infraestructura, trabajo, reactivación económica, políticas sociales y educativas la sola militarización de las calles es costosa y profundamente ineficiente. En todo caso, quizá sirva para mostrar a la ciudadanía –agobiada por esta situación— un interés de la clase política a un drama que atraviesa toda la ciudad en el marco de emergencias políticas y electorales que empiezan a jugar un papel.
La guerra contra las drogas
La combinación de las políticas neoliberales propuestas por Milei y la militarización promovida por Bullrich no parece ofrecer una solución favorable al problema. Ya hemos sido testigos de los trágicos resultados que esta combinación ha tenido en el continente. A pesar de la evidencia empírica, la revolución conservadora de LLA se alineó velozmente con el discurso norteamericano que promueve la “guerra contra el narco” (un poco pasado de época y con serios déficits funcionales). No obstante, todo parece indicar que ésta será la receta que aplicará el gobierno que asumió la presidencia en diciembre de 2023. Quedará pendiente para los tiempos venideros cuantificar la gradualidad e intensidad de dicha filosofía de armas, ocupación militar y el retiro –o destrucción— del Estado social de derecho.
En el país de Shakira, el Plan Colombia cristalizó la militarización en el territorio con el apoyo de EE.UU, quien en el período 2000-2016 invirtió casi 10.000 millones de dólares, más del 70% fue para gasto militar directo. En Colombia, el fracaso fue tan grande que el proceso de militarización de comienzos de siglo llevó al fenómeno de los “falso positivo”, una práctica utilizada para ganar dinero extra por militares y civiles en el marco de recompensas otorgadas por el Estado por bajas o capturas de: guerrilleros, cabecillas de las organizaciones al margen de la ley y narcotraficantes. Esto devino en una red de sicarios “legales” que mataban y secuestraban por dinero haciendo pasar de narcotraficantes o guerrilleros a poblaciones civiles de campesinado y jóvenes de sectores populares. El departamento de Antioquia, región donde se ubica Medellín, fue la región más violenta y con mayor cantidad de ejecuciones. La región paisa tocó fondo y cambió de paradigma, así logró salir de la crisis y hoy es ejemplo mundial de recuperación y transformación social.
México recuerda con dolor el día que Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. Nada bueno resultó de esa experiencia que comenzó en 2006 y a la fecha aún existen importantes resabios de ese modelo que operan sobre la realidad de manera trágica. En México entre 2006 y 2021 fueron asesinadas alrededor de 350.000 personas y más de 72.000 continúan desaparecidas. La guerra inventada desató un negocio espectacular para la industria militar de Estados Unidos y los carteles narcos de México. Mientras que en ciertas regiones se vivía con terror y miedo, en ciertos puntos del país y centros financieros, las vivencias eran magníficas para algunos sectores de poder. Desde que se declaró la guerra a las drogas aumentó el consumo, aumentó la violencia y las muertes. A su vez, se produjo una ola expansiva hacia otros mercados ilegales como trata de personas y secuestros extorsivos. El complejo entramado del narcotráfico escaló de esferas estrictamente ilegales, hacia estamentos estatales: policía, medios de comunicación, poderes políticos. El Plan Mérida fue la herramienta de asistencia, control militar y ocupación territorial de Estados Unidos para con México y centroamérica. Para ejemplificar los compromisos asumidos por el gobierno federal con el gobierno norteamericano, durante el primer año y medio, de la presidencia de Calderón, el gobierno mexicano invirtió aproximadamente siete mil millones de dólares en la lucha contra el narcotráfico, en su gran mayoría los gastos estuvieron asociados a la adquisición de armas, inversión social fue absolutamente marginal.
Es sabido que las organizaciones asociadas a los mercados ilegales en Rosario no manejan los volúmenes de los carteles mexicanos o colombianos, ni tuvieron origen en un contexto de bandas criminales como las maras de El Salvador. Por eso, parece difícil de entender la impotencia estatal para abordar este problema, incluso se percibe una falta de voluntad para actuar que no es nueva.
Los mercados ilegales de drogas tienen potencialidad para crecer en Argentina. Eliminar la financiación de los partidos políticos –lo que pretende el gobierno nacional— puede funcionar como un estímulo para que lo que sucede en Rosario se agave y expanda hacia otras ciudades y provincias. Esta propuesta del oficialismo al menos motiva a la sospecha, si se tiene en cuenta que el diputado nacional de LLA, Luis Espert, no sólo es conocido por presidir la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación sino por mostrarse cercano a Fred Machado, un empresario buscado por vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos por la justicia estadounidense. Todos estos problemas se amplificarán y multiplicarán si se suma la variable del proceso de dolarización en Argentina, política económica que en Ecuador sirvió para dotar de mayores márgenes de actuación a cárteles internacionales que eligieron instalarse para operar globalmente desde allí.
Está llegando el momento de discutir regionalmente si estamos dispuestos a sincerar ciertos mercados ilegales y poner así un paño frío a la violencia. Parte del problema es el prohibicismo, otra parte el capitalismo salvaje que le pone un precio a la vida, y sin dudas el consumo, que cumple su rol en tanto dinamiza el mercado y arroja a miles de personas a la marginalidad y exclusión.
En Rosario, no hay más tiempo ni espacio para el aprovechamiento del dolor para el marketing político. El Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, lo entendió velozmente. Por ello con una actitud de prudencia política puso a disposición de Pullaro: 80 móviles, 400 agentes, tecnología y la flota de helicópteros. Hay que decirlo, esta acción en el fondo responde a un interés directo: Kicillof sabe que la Provincia de Buenos Aires es sensible a la escalada de violencia y que el entramado narco así como ganó territorio en Santa Fe, puede hacerlo en Buenos Aires si no interviene rápido. Hoy es momento de dejar los discursos de emergencias electorales atrás porque sin un pacto social y político programático no hay solución practicable.
