El último lunes de mayo amanecíamos con la noticia de que el actual presidente del gobierno español de coalición socialismo-izquierda, Pedro Sánchez (PSOE) anunciaba la disolución de las cortes y el consecuente adelantamiento de las elecciones generales al 23 de julio, elecciones que estaban previstas para diciembre de este año. La decisión tomó por sorpresa a todo el arco político español que aún se encontraba procesando los números del escrutinio del domingo electoral previo, al que acudieron a las urnas los ciudadanos de doce de las diecisiete comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para renovar diputados de los parlamentos autonómicos. También votaron los ciudadanos de todos los municipios del territorio español para renovar ayuntamientos a través de la elección de sus concejales. Los resultados fueron contundentes: la derecha representada por el Partido Popular (PP) conducido por Alberto Núñez Feijóo le arrebató al menos seis de los diez gobiernos autonómicos que detentaba el socialismo y ganó las elecciones municipales consiguiendo 31.5 puntos (que implica un repunte de 9 puntos respecto a los resultados de 2019) frente a los 28.1 que obtuvo el PSOE. Por su parte la extrema derecha representada por el partido VOX consiguió 7 puntos frente a los 4 conseguidos en 2019, lo que le otorga el lugar de tercera fuerza política.
¿Qué nos dicen estos resultados? En primer lugar que con el casi 60 % de los votos que suman PP y PSOE, se recupera, se estabiliza y se refuerza el bipartidismo. Esta tendencia, característica de la política española luego de la Transición, parecía que había comenzado a quedar atrás con el salto a la escena política de partidos políticos de izquierda que habían tenido sus orígenes en las asambleas del movimiento de los indignados del 15M surgido en 2011, quienes incluso consiguieron llegar al poder y ser indispensable en momentos críticos de la política española como fue la investidura del propio Pedro Sánchez en 2019.
Sin embargo, en estos días el escenario es muy diferente al de aquellos años post 15M. El Partido Socalista y el gobierno de coalición perdieron una gran cuota de poder en el marco de un esquema administrativo descentralizado como es el español, ya que triunfó el PP en comunidades autónomas consideradas como bastiones socialistas: Comunidad Valenciana y Extremadura, además de Aragón, Baleares, La Rioja y Cantabria. Los populares también arrasaron en la Comunidad de Madrid y sus municipios (incluyendo la capital), y en Murcia. Los Socialistas solo aguantan en Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra y en las Islas Canarias. A nivel municipal, el PSOE perdió las alcaldías de ciudades clave como Sevilla y Valladolid, además de no poder recuperar el Ayuntamiento de Barcelona. De las 52 capitales de provincia, el PP ganó en 30 y por tanto el PSOE no podrá formar gobierno en ninguna de las diez ciudades más pobladas del país.
Por su parte la izquierda formada por aquellos indignados del 15M y los dirigentes tradicionales llegó a estas elecciones dividida en varias facciones entre Podemos, Izquierda Unida, Más País y el proyecto Sumar; lo que impidió que se convierta en una fuerza que dispute el poder. Unidas Podemos comenzó a desaparecer de la escena política: de los cinco gobiernos autonómicos en los que gobernaba sólo tiene posibilidad de mantenerse en Navarra. A nivel municipal los resultados fueron igualmente desalentadores con Barcelona como principal pérdida ya que su candidata, Ada Colau, no pudo mantener la alcaldía. En Madrid y Valencia también obtuvieron pésimos resultados: pasaron de detentar diez escaños a quedarse con cero en la capital y en Valencia pasaron de ocho escaños a ninguno, perdiendo, de esta manera, totalmente la representación. Otro partido que desaparece de la escena es Ciudadanos, considerado por algunos como otro partido que devino también del 15M ocupando el lugar del “centro”. Ha perdido el 90 % de su representación y sus dirigentes decidieron no presentarse a las anticipadas elecciones del 23J. Estos resultados y sus consecuencias indican lo que pareciera ser el ocaso final del 15M y de los partidos que surgieron de ese movimiento.
Mientras, la ultraderecha de VOX consigue representación en todo el territorio gracias a su repunte respecto a los resultados de 2019, lo que merece ser observado con detenimiento, incluso con cautela. Este partido definido como de extrema derecha nacionalista y ultraconservador, ha tenido declaraciones abiertamente negacionistas sobre la dictadura franquista y expresa posiciones xenofobas, homofóbicas y machistas, entre otras posturas contrarias a derechos humanos e incluso en disconformidad con los regionalismos españoles que conforman el esquema de comunidades autonomas. Esas son las preocupantes características de la tercera fuerza política que salió como ganadora por su peso institucional. Esto quiere decir que se convierte en el principal aliado del PP para formar gobierno ya que en España la elección no es directa y los presidentes/alcaldes se invisten según votación del congreso/concejos municipales (en algunos casos requieren mayoría absoluta, en otros mayoría simple) por tanto, en función de los resultados del 28M, el PP requiere de VOX para formar gobierno en la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares o Cantabria, donde a los populares no les alcanza con los escaños obtenidos y debería pactar con Vox para poder gobernar. De esa forma sería la primera vez que la extrema derecha estaría en el poder desde el fin de la dictadura de Franco.
Además de convertirse en aliado de los populares, VOX le arrebató el tercer puesto a la izquierda, que en los últimos años era ocupado por Podemos o Izquierda Unida, o Ciudadanos como partido de centro. En este sentido, la relevancia y el avance electoral de la extrema derecha es una llamada de atención para todos los sectores progresistas y de izquierda, incluido el propio gobierno socialista.
De esta manera, las elecciones autonómicas y municipales no fueron unas elecciones más, supusieron un castigo al gobierno de coalición y la exposición de un estado de situación de cara a las elecciones generales de este año: el claro avance de la ultraderecha y la crisis de la izquierda, crisis que repercute directamente en el gobierno de Sánchez por ser parte de su coalición. Ante esto es posible comprender la sorpresiva decisión del presidente del gobierno.
En primer lugar se puede pensar que de mantener la fecha de las elecciones para diciembre hubiera habido una dura campaña de desgaste durante seis meses por parte de una derecha eufórica con el triunfo. Ahora la decisión de Sánchez hace coincidir la campaña electoral con las negociaciones que el PP deberá tener con VOX en los ayuntamientos y comunidades donde no consiguió mayoría absoluta. Así los populares debieron cambiar el relato triunfalista y comenzar a estar ocupando dos frentes, el de la campaña y el de las negociaciones. A su vez estas negociaciones podrían favorecer al PSOE por las concesiones que el PP llegara hacerle a los líderes de la extrema derecha, lo que podría convertirse en un incentivo a los votantes de izquierda que el 28M no acudieron a las urnas, y el traslado de los votos más moderados y centristas hacia los socialistas ante la amenaza real de que la ultraderecha nacionalista y ultraconservadora ingrese y tenga peso en el poder nacional.
Por otro lado, el 23J también obliga a la izquierda dividida a tomar posiciones en un tiempo breve (diez días) para conformar una alianza ante la amenaza de desaparecer o de asumir el costo de un gobierno PP-Vox. La unidad de estas fuerzas beneficiaría al PSOE ante una eventual necesidad de pactar con ellos para formar gobierno en el sentido que podrían hacerlo negociando con un solo partido y no por separado con cada uno de los partidos de izquierda que consigan escaños. Asimismo, si la unidad de la izquierda no se logra, Sánchez confía en que el voto de la izquierda se movilice y se concentre en el PSOE, en especial ante el derrumbe electoral de Podemos. En ese derrumbe también se encuentran motivos del adelanto electoral ya que la debilidad de Unidad Podemos podría motivar la ruptura de la coalición lo que implicaría terminar la legislatura con una gran debilidad parlamentaria por parte del PSOE.
Entonces, si nos detenemos a observar la foto que nos dejó el 28M, el anuncio de Sánchez es tan entendible como sorpresivo. La amenaza de la ultraderecha está presente, los números la acompañan y su ingreso a los poderes autonómicos y locales es casi un hecho. El gobierno socialista tiene a su favor una gestión de políticas salariales, de empleo, feministas y ambientales, entre otros logros, que evidentemente no fue refrendada por la ciudadanía en las urnas. El voto fue contra el gobierno y benefició a la derecha en sus más extremas posiciones. Restan meses de campaña y negociaciones, elecciones y debate de por medio para que sepamos si el gobierno socialista, junto con la izquierda, son capaces de evitar este revés en el poder e incluso en el bienestar y los derechos de la sociedad española. Las posibilidades de logro radican en la reacción de la izquierda, que sus discusiones bajen a tierra y se unan para aumentar la oportunidad de éxito junto al PSOE. Sin esto las probabilidades son bajas y la próxima oportunidad recién sería, con un costo social muy alto, en 2027.
