Particularmente en las últimas semanas, ambos objetivos, reducir el déficit fiscal y lograr una acumulación de reservas internacionales, han tomado notoriedad en la agenda pública por dos de los anuncios económicos más relevantes de lo transcurrido en la gestión Massa. Por un lado, se realizó el pasado 3 de septiembre el anuncio de un “Dólar Soja” mediante el cual, durante el mes de septiembre, se le garantiza a las exportadoras del complejo oleaginoso un tipo de cambio especial de $200 por cada dólar liquidado, con el objetivo de ingresar en el transcurso del mes 5000 millones de dólares. Por otro lado, el pasado viernes 16 de septiembre se envió a la cámara de diputados el proyecto de presupuesto para 2023. El cual busca, en el marco del acuerdo establecido con el Fondo Monetario Internacional, reducir el déficit fiscal de un 2,5% del PIB al 1,9% lo que representa, en pesos corrientes de hoy tomando el PIB al primer trimestre de 2022, un ahorro aproximado de unos 360.000 millones de pesos.
La implementación del Dólar Soja es una medida que, al reconocerle a un sector un precio de venta del dólar mayor al que luego el BCRA vende esos dólares, trae asociado un costo fiscal. Este es asumido por el tesoro nacional a partir de la emisión de una letra (deuda pública en pesos). El monto del esfuerzo fiscal que haría el tesoro nacional está estimado en 200.000 millones de pesos. Este monto surge de la diferencia de aproximadamente $60, entre los $200 por dólar que paga actualmente el gobierno a las exportadoras, contra los $140 que pagaba antes de la medida. A ese monto hay que restarle que ahora se cobrarán $66 de retenciones (33% de $200) respecto a los $46 (33% de $140), por lo que hay un ingreso extra de $20 por cada dólar liquidado. Así, el costo de la medida es de $40 por dólar, multiplicando por los 5000 millones de dólares que se esperan que se liquiden se alcanza el costo total de 200.000 millones de pesos.
Vemos entonces que hay una primera contradicción entre los dos principales objetivos del plan Massa. Para acumular reservas internacionales por 5000 millones de dólares (algo más del 11% de las reservas totales) necesita asumir, en un mes, un costo fiscal de 200.000 millones de pesos, lo que representa más del 55% de la reducción del déficit fiscal de 2022 a 2023 pautado en el presupuesto. Este monto del costo fiscal cobra sentido cuando tenemos en cuenta, dicho por el propio Sergio Massa, que la implementación del dólar soja es un aumento de rentabilidad para los productores similar a una quita del total de las retenciones.
Parece entonces que las convicciones de una administración férrea y comprometida con el orden fiscal son solo cuanto se trata con los gastos en políticas sociales y para las mayorías, pero ante la presión de los grandes grupos concentrados del complejo exportador más importante del país, las restricciones para gastar se relajan. Recordemos que durante el fugaz paso de Silvina Batakis por el Ministerio de Economía se habían implementado medidas para fomentar la liquidación de granos que fracasaron y derivaron ahora en el Dólar Soja, ¿y si el el complejo oleaginoso no reaccionaba ante el Dólar Soja? ¿Qué más les íbamos a ofrecer? ¿Hasta qué punto vamos a garantizarles rentabilidad a los grandes grupos exportadores para conseguir divisas?
Un último punto a destacar es que estos 200.000 millones de pesos extras de rentabilidad como consecuencia de la implementación del Dólar Soja, van a parar a las arcas de sectores concentrados. Por lo qué, en gran parte, no son volcados a la economía nacional mediante consumo o nuevas inversiones sino que se suman a la ya intensa presión cambiaria, a través de volcarse esos pesos a la demanda por los distintos dólares paralelos (blue, CCL, MEP) por los que estos sectores tienen un gran apetito.
¿Qué se podría haber hecho?
La implementación del Dólar Soja es una medida que se impone por otras de mayor poder redistributivo que se vienen reclamando desde los sectores populares.
El bono de $16.000 anunciado, en principio, por tres meses tiene por objeto asistir directamente a personas bajo la línea de indigencia, situación que alcanza a 3,9 millones de personas en el país. Para esto es necesario contar con recursos estimados en $64.000 millones de pesos al mes, sin tener en cuenta el efecto inflacionario que degrada la asistencia y requiere de cada vez más recursos. Es entonces que el costo fiscal que conlleva la implementación del Dólar Soja permitiría ampliar el alcance de ese bono por tres meses más.
Aún más, cabe comparar el beneficio otorgado con la política de segmentación de tarifas. Tras idas y vueltas con renuncias de funcionarios de por medio se implementó un régimen de segmentación de tarifas que permitirá al estado ahorrarse en conceptos de subsidios un equivalente del 0,6% del PBI, cifra representa actualmente $360.000 millones de pesos anuales. Si contrastamos este monto con el costo neto del Dólar Soja se ve que 55 de cada 100 pesos ahorrados por la medida de segmentación de tarifas van a parar a manos de especuladores de granos. Si evaluamos el volumen de discusión de ambas políticas se observa una enorme desproporción. Mientras la segmentación de tarifas fue ampliamente resistida y se llevó consigo a un ministro, el reconocimiento de una renta extraordinaria al complejo oleaginoso se resuelve de la noche a la mañana y se lleva con ello gran parte del esfuerzo de un país entero.
En conclusión se hace evidente que el rumbo que ha tomado la política económica dirigida por Sergio Massa, en armonía con todo el Frente de Todos, no viene a dar vuelta la tortilla sino por el contrario a sostener y ampliar la rentabilidad a los sectores concentrados. Una crítica que le cabía en buena medida al ex ministro Martin Guzman, pero que se hace pequeña en contraste con la actual. El debate de la magnitud y dirección del ajuste parecería estar cada vez más saldado hacia adentro del gobierno y eso se expresa no solo en las medidas que aquí relatamos sino también la paz política en la que se enmarca.
