Uno de los puntos salientes de los anuncios económicos del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, fue el eje subsidios/tarifas de la energía, y su relación con las finanzas públicas y el sector externo.
El vínculo con las finanzas públicas está explicado por la diferencia entre el costo de prestación de los servicios públicos de electricidad y gas natural de red, por un lado, y la tarifa abonada por el usuario, por el otro. Al no llegarse a cubrirse el costo del servicio con la tarifa, el Estado Nacional completa la diferencia a través de subsidios pagaderos en pesos. Si se congelan las tarifas o éstas aumentan por debajo de los costos, los subsidios aumentan.
El vínculo con el sector externo se da al tener que importar energía para abastecer la demanda, particularmente entre los meses de mayo y agosto cuando el consumo de gas natural alcanza un punto máximo. Esta importación, al realizarse con dólares que escasean, tensiona la frágil economía argentina.
Para tener una idea de lo que implican las importaciones energéticas, en el primer semestre del presente año, en concepto de petróleo, gas y electricidad, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pagó, en términos neto, 4.191 millones de dólares. Para la totalidad del año 2021, el pago representó 4.507 millones de dólares. Y en 2019 el rojo acumulado ascendió a 650 millones de dólares.
Balance cambiario del sector energético.
En millones de dólares
Saldo del balance cambiario
En millones de dólares
Nota: Elaboración propia en base a BCRA.
Para entender por qué las importaciones energéticas en la actualidad se encuentran en niveles tan elevados, corresponde contemplar que el precio de importación de estos productos subió significativamente en el último período. Por ejemplo, el precio del barril de petróleo Brent pasó de 60 a 130 dólares desde el 2019 al presente, con un piso durante la pandemia en torno a los 20 dólares. Así es como el gas natural, que se importó por un valor de 6 dólares por millón de BTU en 2019, luego de 8 en 2021, este año se está importando a valores que se ubican entre los 24 y 45 dólares el millón de BTU.
El nivel de actividad económica local también presiona las importaciones energéticas. Para mayo y junio de 2022, la economía nacional registró niveles de actividad cercanos al máximo alcanzado en la última década. Según Orlando Ferreres, la variación acumulada en el primer semestre de 2022 fue de 5,4 %. Este crecimiento exige al límite las reservas internacionales del BCRA.
La definición de las tarifas de los servicios públicos en general, y de los vinculados a la energía en particular, tiene efectos sobre el salario real de la economía. Entre los distintos esquemas tarifarios posibles, si la opción elegida implica sostener servicios públicos que conlleven subsidios significativos, por la fijación de una tarifa que no tiene relación con los precios de los otros bienes y servicios de la economía, erramos, puesta esta variante es falsa y poco conducente. El problema es el bajo salario real en el país, la devaluación constante de la moneda argentina, la estructura productiva caracterizada por una escasa acumulación de capital, como así también, los bajos salarios que se abonan en ciertos sectores de la actividad económica debido a la baja productividad con la que éstos operan.
Ahora bien, en los servicios públicos debiera existir una relación entre el costo de provisión y la tarifa abonada por el usuario. Hay que planificar la prestación de los servicios públicos de manera tal que la calidad del servicio provisto no se resienta en el tiempo.
La opción de resentir la actividad para que el consumo sea bajo no es viable ni en términos políticos ni en términos sociales. Pero también tiene que existir una relación de la tarifa con el salario y su evolución. En todos los servicios públicos el costo de provisión se paga, la pregunta es quién debiera afrontarlo, si el Estado vía subsidio o el usuario vía tarifa.
También existe la discusión en torno a si por la implementación de tarifas bajas de los servicios públicos, se promueve un derroche y mal uso de recursos tan estratégicos y escasos como lo son la energía y los combustibles.
Otra arista de la discusión es la eficiencia energética de los electrodomésticos y el aislamiento de las viviendas que, ante el bajo costo relativo de la energía, tiende a retrasar inversiones necesarias para lograr menores niveles de consumo de energía gracias a un mejor aprovechamiento del recurso.
A futuro, hidrocarburos, tarifas y dólares.
El desafío para el país pasa por transitar un camino de crecimiento económico sostenido de manera tal que las condiciones de vida de la población mejoren significativamente. Ésto es necesario para superar las restricciones históricas de nuestro ciclo económico. Tenemos Vaca Muerta, por lo cual, evitar y saltar la restricción externa es un imperativo. Solo con una producción abundante de energía local, y saldos de exportación importantes, se puede tanto equilibrar la macroeconomía como también abaratar la energía en términos relativos a la economía nacional y el salario local. Como primer paso se tiene que exportar gas a Chile y Brasil con contratos a largo plazo. Y luego, pensar en plantas licuefactoras de gas natural para exportarlo más allá de los países limítrofes.
Existió un proyecto de ley de hidrocarburos por parte del Gobierno, el cual no pasó por el Congreso Nacional, tenía como objetivo aumentar las inversiones en el sector, a su vez fijaba metas de producción y exportación hidrocarburífera, como también facilitaba a las empresas del sector el giro de sus utilidades. Sergio Massa anunció un proyecto en igual sentido, resta esperar la letra chica del proyecto. Está claro que el riesgo argentino, sumado a la inestabilidad macroeconómica, no ayudan al desarrollo del sector, que por ser capital intensivo y de largo plazo, pide un marco jurídico propio que separe el riego argentino con el riesgo de invertir en Vaca Muerta. Si se logran separar ambos riesgos, se da un paso para estabilizar la macroeconomía argentina y salir del cortoplacismo para pensar en el mediano y largo plazo.
