Las políticas agrarias de los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón han sido deliberadamente ocultadas. Más allá del Estatuto del Peón es poco lo que se conoce sobre la política de tierras y la articulación con este sector central, todavía hoy, en la política agraria: los pequeños y medianos productores. Este segmento social, junto con el de los arrendatarios rurales, tuvo un enorme crecimiento durante durante la década justicialista. El resultado fue una extensa red de familias agrarias que vivían en chacras mixtas, expresión del acceso a la tierra y el ascenso social durante la década del 40’. Las causas de este encuentro entre Perón y mundo agrario, tantas veces negado, deben comprenderse atendiendo al derrotero histórico de estas organizaciones.
Los pequeños productores durante el Orden Oligárquico
Hacia finales del siglo XIX y principios del XX se consolidó en Argentina un modelo de economía abierta inserto en la economía mundial como exportador de bienes primarios provenientes del sector agropecuario pampeano. Este modelo económico social estuvo caracterizado por la ocupación mayoritaria del territorio nacional, la organización de un Estado centralizado, la recepción de capitales extranjeros y la llegada masiva de inmigrantes. Aunque también tuvo como contrapeso una enorme vulnerabilidad frente a las fluctuaciones económicas mundiales, lo cual produjo cíclicamente fuertes impactos en la economía nacional. A tiempo de cumplirse el primer centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, el modelo agroexportador empezaba a mostrar incipientes problemas que con el tiempo se irían agravando. Por un lado, una fuerte dependencia de los mercados internacionales que demandaban los bienes exportables, sumado a las convulsiones que producen la alteración de los flujos de inversión extranjera en la evolución general de la economía argentina y en particular en el sector primario. Por el otro, la conflictividad creciente en una estructura social agraria compuesta por mayoritariamente por aparceros y arrendatarios que cedían excedentes productivos – a la vez incrementan la renta diferencial – hacia la gran propiedad, y las duras condiciones de vida de los trabajadores rurales, que realizaban sus labores con altos niveles de desprotección.
Esta combinación de vulnerabilidad externa frente a la alteración de los precios y la fragilidad de los vínculos productivos comenzó a sacudir al entramado social agrario, que no encontraba en el Estado – todavía – un ámbito de referencia que recepcione sus reclamos. Además, en el largo plazo se haría evidente que la falta de inversión en desarrollo tecnológico por parte del estado.
Durante este periodo, Santa Fe se convirtió en el epicentro de la conflictividad agropecuaria. En junio de 1912 dio inicio una larga huelga que nuclea a aparceros, arrendatarios y pequeños propietarios contra terratenientes, empresas de colonización e intermediarios de la producción agrícola. El conflicto tuvo varias causas, pero la principal se debió a las irregularidades vinculadas a los contratos de arriendo y la brutal fluctuación de precios a la baja que afectaron a la cosecha de maíz, sumado esto a una situación donde el endeudamiento privado de los productores era la norma. Los agricultores contaban con escaso capital para invertir por lo que debían comprar a crédito tanto insumos como servicios, por lo que la apuesta de los productores era bastante riesgosa: si la cosecha era buena, podría cubrir sus deudas e incluso expandirse; por el contrario si algún aspecto hacia declinar el valor de la cosecha – sean tanto plagas como alteraciones en los precios del grano – el chacarero podía perderlo todo. La única ventaja potencial que este poseía frente a la “lotería” de la producción agraria era la renta diferencial de la tierra.
El llamado “Grito de Alcorta” puso en agenda la situación de dependencia de los pequeños productores frente a una estructura de tierras fuertemente monopólica, a la vez que fue el puntapié inicial para la creación de la Federación Agraria Argentina. La nueva regulación ordenaba una duración mínima de cuatro años para los contratos y se fijaba una indemnización para las mejoras que introdujeron los arrendatarios al campo. Un punto muy discutido fue el límite de 300 ha; para que el vínculo contractual sea regulado por la ley, propuesto en el proyecto yrigoyenista y defendido por los legisladores socialistas. A pesar de esta media sanción, hizo falta una importante movilización agraria impulsada por FAA para lograr que la misma sea tratada por la Cámara de Senadores, que desde el principio se mostraron muy reticentes a este tipo de legislación. Esta acción de movilización colectiva fue acompañada por un petitorio público que fue replicado incluso por medios conservadores como La Nación y La Prensa. A pesar de esta pequeña victoria para los arrendatarios, el resto de la década, durante los gobiernos de Marcelo Torcuato de Alvear e Hipolito Yrigoyen, transcurrió sin que se lograran nuevos avances en materia de reforma de la estructura agraria.
La ambigüedad del agrarismo conservador
Un nuevo periodo se abre en la Argentina de la mano de un golpe militar impulsado por sectores conservadores, los cuales permanecerán en el poder gracias a una alianza de gobierno con el Partido Socialista y el Radicalismo antipersonalista, además de contar con mecanismos de alteración del proceso electoral a los cuales denominaron “fraude patriótico”. La década del treinta trajo como consecuencia de la crisis global la necesidad de adaptar la economía local a las nuevas dinámicas internacionales. Durante este periodo fueron estos sectores conservadores los que dirigieron por medio del control estatal un conjunto de reestructuraciones vinculadas a la regulación económica, manteniéndose en el poder hasta 1943. Durante los gobiernos de la Concordancia las demandas agrarias fueron abrazadas como parte de una estrategia de ampliación de bases políticas en un contexto de ascenso de las izquierdas en el mundo.
Los efectos de la crisis del 29’ fueron devastadores para los arrendatarios y los pequeños propietarios pampeanos. La caída de los precios granarios llevó a la quiebra a miles de explotaciones agrícolas, afectando menos a las producciones ganaderas que en general ocupan mayor superficie. En este contexto, muchos colonos se vieron en dificultades a la hora de cubrir sus deudas con comerciantes, intermediarios y grandes propietarios, a quienes habían adelantado compras de insumos para la producción. Esta situación se tradujo en grandes migraciones entre 1929 y 1935 como resultado de la expulsión de arrendatarios y las cuantiosas pérdidas de propiedades agrícolas.
Esta serie de reacomodamientos en el mundo rural se dieron en un contexto de avance relativo de legislaciones e instituciones de fomento de la colonización y el acceso a la tierra. La emergencia de un agrarismo crítico del latifundio y favorable a las demandas chacareras estuvo presente en la tónica política de diversas experiencias provinciales: hacia 1936 el gobernador de Buenos Aires, Manuel Fresco, creó el Instituto de Colonización provincial y los dos años siguientes adquirió cinco campos de un total de 63.062 hectáreas; durante la gestión del radical antipersonalista de Luis Etchevehere en Entre Ríos se aprobó la Ley de Transformación Agraria; en Santa Fe, el gobierno de Luciano Molina – por el Partido Demócrata Progresista – impulsó la ley de colonización provincial en 1934; y por último en Córdoba, el gobierno radical de Amadeo Sabattini presento proyectos tanto de colonización como impuestos progresivos a la propiedad rural. En el plano nacional se tomaron medidas a los fines de promover la estabilidad entre los arrendatarios y aparceros ya en el marco de la segunda guerra mundial. En septiembre de 1942 se sancionó la Ley de Reajuste a los Arrendamientos Rurales, la cual dejaba bajo decisión del poder ejecutivo la aplicación del canon según los índices que el presidente elaboraba, a la vez que prorrogaba los vencimientos de contratos de alquiler rural. Esta medida que fue presentada como transitoria terminó teniendo vigencia hasta 1967.
Un elemento central redunda en que una importante porción de iniciativas vinculadas a demandas agrarias fue impulsada por expresiones políticas oligárquicas. Esto se debe fundamentalmente a tres aspectos: en primer lugar, la centralidad que ocupaba la crítica al latifundio durante estas décadas, lo cual se traducía en una enorme visibilidad social de las acciones de los terratenientes; en segundo lugar, una valoración notoriamente negativa respecto del latifundio en la discusión pública, donde se lo vinculaba a los principales males que aquejaban al país. Por último, la incapacidad política de las organizaciones agrarias para consolidar y militar un programa integral de reformas para el agro pampeano, razón por la cual las elites oligárquicas controlaban – y enfriaban en los hechos – todos las iniciativas que buscaban reformar nuestra estructura agraria. Esto explica tanto la escasa integración entre los tres tipos de reformas aplicadas (las políticas de colonización, el incremento de la presión fiscal sobre el latifundio y la protección a los arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios) como en el hecho de que realización efectiva no cumplió con los objetivos propuestos. En los años siguientes, las políticas de regulación y expropiación del latifundio crecieron en importancia durante el primer gobierno peronista. Esto fue posible gracias a la construcción de un sentido común antilatifundista que perdurará en nuestra sociedad hasta la década del 70’.
La tierra no debe ser un bien de renta, sino de trabajo. El agrarismo peronista
Los vínculos entre las organizaciones agrarias y el primer gobierno de Juan Domingo Perón han sido deliberadamente ocultados, a los fines de fortalecer el mito de la confrontación entre el peronismo y el mal llamado “Campo”. Lejos de esto, se iniciaban tratativas entre Peron y las organizaciones agrarias muy tempranamente. A partir de los inicios de la llamada Revolución Nacional de 1943 el recién asumido gobierno establece dos políticas destinadas a cubrir demandas agrarias: en primer lugar, entre 1943 y 1944 el Ministro de Agricultura Diego Mason llevó adelante una campaña de colonización agraria donde se adquirieron un total 147.823 hectáreas; en segundo lugar, el coronel Perón – quien estaba a cargo de la Secretaria de Trabajo y Previsión – impulso hacia 1944 en la sanción del Estatuto del Peón Rural, donde se regulan los contratos y derecho laborales de los trabajadores rurales. Hacia finales de ese año, ya en el contexto de ascenso político del secretario, el recién creado Consejo Nacional Agrario – a cargo de Antonio Molinari – quedaría bajo la órbita de Trabajo y Previsión. En el transcurso de 1945 Molinari estaría a cargo de expropiar unas 55.388 hectáreas ubicadas en las provincias de Buenos Aires y Corrientes. Luego de los afamados hechos de octubre de ese año, Juan Domingo Perón lanzaría su campaña electoral anticipando que “la reforma agraria ya está en marcha”. Desde un primer momento la política agraria peronista se encuentra vertebrada con un discurso crítico del latifundismo. La expresión “La tierra no debe ser un bien de renta sino un bien de trabajo” ordenaba un proyecto de reforma que se propone expropiar las tierras improductivas de un latifundio para otorgarlas a aquellos actores del agro vinculados a la producción: “los trabajadores del campo”.
El clima político que signó el periodo que va desde octubre del 45’ a la campaña electoral de enero y febrero estuvo marcado por uno de discursos contrarios al latifundio: la revista La Chacra, de orientación conservadora, daría lugar a las demandas campesinas con un artículo titulado “Hay que evitar los éxodos rurales mejorando las condiciones de vida de la familia campesina”, a la vez que reclamaba por el avance de las expropiaciones. Por otro lado, el Instituto Agrario Argentino mantuvo acaloradas discusiones donde se fueron imponiendo posiciones favorables a los intereses de las bases agrarias. Finalizado el proceso electoral y con Perón en la presidencia, Antonio Molinari intentó avanzar con una propuesta de nacionalización de las tierras improductivas expropiadas al latifundio, a los fines de cederlas de manera vitalicia a los arrendatarios. Esta iniciativa fue fuertemente criticada por la Federación Agraria Argentina a través de su órgano de comunicación: La Tierra. En la misma se pedía que se “termine la aventura colonizadora” y se criticaba sin miramientos al “Estado terrateniente” (Balsa, 2012. p.116).
De la ley impulsada por Molinari solo quedó un decreto para reformar la ley de arriendos. El propio Molinari renunció, y los proyectos de gestión estatal de la tierra fueron definitivamente abandonados. Su lugar fue ocupado por Juan Carlos Picazo Elordy, quien era socio de la Sociedad Rural Argentina aunque afín políticamente al gobierno de la Revolución Nacional. Picazo Elordy fue quien organizó e impulsó la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), entidad autárquica que ocupa un lugar central en el llamado Primer Plan Quinquenal, como instrumento capaz de redireccionar la renta agropecuaria hacia la creación de empleo, el aumento de salarios y el alcance de nuevos niveles de consumo, un periodo de expansión económica que se extendería hasta 1949.
Al mismo tiempo Santa Fe también tendrá su primer gobernador peronista: Waldino Suarez (1946-1949), quien llegaría al ejecutivo provincial como candidato del Partido Laborista. La provincia contaba entonces con 1.800.000 habitantes distribuidos de manera desigual, la gran mayoría se concentraba en el sur y el centro mientras el norte provincial se hallaba escasamente poblado. A raíz de las políticas nacionales y de un contexto internacional de retracción de los mercados granarios, la inversión privada rural se reorientó hacia las urbes, aprovechando las oportunidades que se abrían allí en este periodo. Por otro lado, a raíz de las políticas de protección de las bases agrarias, se conforma un estrato de “farmers” que está en condiciones de sostener la propiedad de la tierra. Esto se observa en el crecimiento del volumen de propietarios, que pasa de 34,3 % a 52,6 %, mientras se observa una notable reducción del número de arrendatarios rurales, que pasa de 44,7% a 21,6%.
Durante el primer gobierno peronista la política agraria fomentó el crecimiento de un segmento de chacareros bastante extendido en la pampa húmeda. Se calculan que en 50.000 las nuevas explotaciones eran de chacra mixta, donde se alternaban en proporciones disimiles prácticas de ganadería y agricultura. Antes de que el pool de siembra sojero inundara nuestros campos, destruyendo toda forma de producción regional, existía – y aun resiste – un tipo de explotación caracterizado por no ser ni minifundio ni estancia, por tener a sus familias viviendo y dirigiendo la producción. Esto implicaba un entramado asociativo entre los productores que en la década del 40’ llego a constar de 1278 cooperativas de producción agropecuaria. En el sur de la provincia este crecimiento de la familia agrícola propietaria pasa a representar entre el 75% y el 80% de las formas de tenencia en un lapso de 30 años (1947-1974). En particular se observa un crecimiento del estrato propietario que va de las 50 a las 80 ha en la zona núcleo maicera. Desde 1950 se observa un notable cambio tecnológico en esta región, con la llegada masiva de cosechadoras y tractores, la utilización de nuevas variedades de trigo y maíz, que producirán importantes transformaciones en los sujetos agrarios hacia las décadas venideras,
Durante el primer gobierno de Perón se introdujeron un conjunto de modificaciones en la estructura rural argentina que tendieron al reparto de la tierra en términos alusivos a una reforma agraria. El sostenimiento del congelamiento del valor de los arriendos, rol del Consejo Nacional Agrario como impulsor de una colonización agrícola que adjudico más de 2.000.000 de tierras fiscales a familias de productores, sumado a procesos de expropiación de tierras improductivas en manos de familias oligárquicas en todo el territorio (se calculan unas 350.00 hectáreas entre la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos) produjeron una importante transformación de la estructura agropecuaria.
La implementación de políticas agrarias durante el primer peronismo debe dividirse en dos periodos: un primer periodo que se inicia ya con las gestiones de la Secretaria de Trabajo y Previsión y que culmina rondando 1949, cuando se hacen las últimas campañas de colonización; un segundo periodo que va de 1950 a 1955 donde la política agropecuaria toma un rumbo más productivista – en el marco del Segundo Plan Quinquenal – signado por una política de apoyo crediticio a las empresas del rubro agrícola, una postura más moderada respecto al avance sobre la gran propiedad pero sin ofrecer concesiones a los sectores oligárquicos y, por último, una innovadora política pública de tecnificación productiva como la que ya hemos mencionado para el caso santafesino. El primer gobierno peronista no solo favoreció a los trabajadores del campo y a los pequeños productores, fue la punta de un proceso de tecnificación destinado a aumentar la productividad agropecuaria.
