El concepto de desigualdad socioeconómica engloba a un grupo de personas que acceden de manera inequitativa a ciertos recursos, bienes y servicios, con respecto a otro grupo de personas. La distribución del ingreso de esas personas es la causante de esta inequidad.
Los últimos datos de Argentina exponen mejoras en la distribución, pero el contexto inflacionario no da tregua. Las políticas públicas tienen especial relevancia para mejorar las condiciones de los sectores socioeconómica más precarios. Las desigualdades sostenidas en el largo plazo quebrantan el crecimiento económico impidiendo el desarrollo socioeconómico. Así, la desigualdad vulnera las posibilidades futuras, y se torna muy nociva si se observa en los primeros años de vida del ser humano.
Según el último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el valor del coeficiente de Gini en el cuarto trimestre del 2021 es de 0,413 (cuanto más cercano a 0, menor desigualdad; cuanto más cercano a 1, mayor desigualdad). Es un valor mejorado del anterior dato (0,435) obtenido para el mismo período del 2020 (pandemia en vigor). No obstante, en términos más gráficos, el organismo arrojó que el 21,8% del ingreso está concentrado en el decil más alto de la población. El decil más bajo contiene el 3,5% del ingreso.
Con los últimos datos expuestos por Indec se identifica que las cifras sobre pobreza en Argentina han mejorado respecto al semestre anterior, pero siguen siendo datos altos. Se registró para el segundo semestre del 2021 que el 27,9% de los hogares y el 37,3% de la población se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
El Indec registró que más de la mitad (51,4%) de la población entre 0 y 14 años de edad son pobres. En tanto el 44,2% lo representan las personas de entre 15 y 29 años, el 32,6% abarca a aquellas personas por debajo de la línea de pobreza con entre 30 y 64 años de edad. El 13% de la población mayor a 65 años se encuentra por debajo de dicha línea.
Y si de desigualdad se trata, es imprescindible dejar de lado la brecha que aún persiste entre los ingresos de las mujeres y los hombres. El último estudio de la asociación multidisciplinaria Ecofeminista mostraba que “las mujeres deben trabajar un año y tres meses para obtener los mismos ingresos que los hombres acumulan en un año”. Casualmente “7 de cada 10 personas que se dedican a las tareas domésticas y de cuidados del hogar (no remunerados) son del género femenino”. Desde la asociación indicaban que esta jornada de trabajo gratuita dentro de los hogares acaba por convertirse en el diferencial fundamental que “sostiene y reproduce las disparidades en el mercado laboral”.
Basta con ver la realidad para dejar de lado las posturas más ortodoxas que conciben a la desigualdad económica como un fenómeno natural, producto de un combo de características de la estructura con la que cada país nace. Un plano más consciente observa a la desigualdad muy alejada de lo natural, y la entiende como un fenómeno que hay que medir, analizar y mitigar.
Medidas para “palear” la situación local
La discusión de qué es lo que se debe hacer primero siempre está vigente. De un lado: primero redistribuir para luego crecer. Del otro, crecer primero para luego distribuir. En este último caso resurge la popular, pero naufragada, teoría del derrame (made in los ’30) y todos sus mecanismos análogos que hace décadas obtuvieron nulo éxito en países donde los aplicaron.
En principio, lejos de confiar en el derrame, los últimos anuncios del Ministro de Economía apuntaron a “reforzar la política de ingresos”. Idea que se está haciendo cuesta arriba en la economía interna, más aún con el contexto de precios a nivel internacional. En el anuncio del lunes 18 de abril, luego de explicitar que la economía argentina del 2021 experimentó crecimiento (por encima del 10%), incremento de la tasa de actividad, de la inversión y de las exportaciones; Guzmán marcó que durante el 2022 continúa la recuperación. Sin dudas que los sectores más vulnerables difícilmente pueden obtener una porción de la torta de la “recuperación”. Ocurre que el contexto internacional (precio de las materias primas y de la energía en niveles muy altos) impactó fuertemente en los precios internos.
No obstante, el fenómeno inflacionario cobró lugar a nivel mundial. Estas alzas de precios en los productos primarios están impulsando la inflación en todo el mundo. Claro está que los niveles de precios locales (6,7% mensual para marzo del 2022) no son los de Europa, sin embargo varios de los países del viejo continente ya encendieron las alarmas. Alemania tiene la inflación más alta desde 1990 (7,3% i.a en marzo) y España la más alta desde 1985 (9,8% i.a en marzo). Por su parte, Estados Unidos no tenía los valores actuales desde 1982 (7,9% i.a%) y Reino Unido tiene la inflación más alta desde 1992 (6,2% i.a.).
En pos de “garantizar el crecimiento del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores” y de “evitar consecuencias desiguladoras regresivas”, el gobierno nacional comunicó medidas (refuerzos) para el sector informal de la economía y monotributistas de las categorías A y B. Para jubilados que cobren hasta dos pensiones mínimas el monto es de $12.000 en una sola cuota (refuerzo 1). Para las dos primeras categorías del monotributo y para trabajadoras de casa particulares (entre 18 y 65 años) y trabajadores informales se anunciaron $18.000 en dos cuotas mensuales (refuerzo 2).
Hacia el final del discurso de Guzmán se esbozó la polémica idea de “capturar parte de la renta inesperada producto de un shock internacional”, haciendo alusión a los sectores agroexportadores que tuvieron una ganancia extra muy alta producto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Sin demasiado detalle la medida implicaría “construir un instrumento” que permita captar una alícuota de ese margen extra. Se aclaró que en caso de aplicarse se haría sobre un conjunto de empresas con ganancias netas imponibles altas en términos absolutos. Y que la condición necesaria es haber obtenido ganancias superiores a los mil millones de pesos anuales. Esta condición solo involucraría al 3,2% aproximadamente de las empresas del país.
Mitigar la desigualdad socioeconómica es clave en todo el rango etario, pero aún más en las primeras infancias para no condicionar el desarrollo de las generaciones futuras. Brindar soluciones para los sectores más perjudicados, sobre todo a la hora del consumo diario, debería ser una prioridad. La justicia distributiva es primordial en términos estructurales aunque en muchos casos las políticas de ayuda social cooperan solo a subsistir y no a mejorar condiciones estructurales.
