Es en el contexto de un mundial neoliberal, posfordista, profundamente finanicierizado que emergen las economías populares. En países como Argentina, con procesos sostenidos durante décadas de fuerte industrialización, profunda raigambre sindical y ampliación de conquistas populares con gobiernos como los peronistas, la crisis de legitimidad del neoliberalismo no tardó tanto en llegar, y su sacudón provino de experiencias de lucha que supieron tener un oído puesto en la tradición, y otro en la escucha profunda de las nuevas situaciones.
Economía Popular y sujeto para la trasformación social de la Argentina
Hoy los movimientos de la economía popular han logrado estar presentes no sólo en todas las provincias, en las barriadas de los grandes conurbanos del país, sino –sobre todo en la provincia de Buenos Aires— en cada pueblo y poblado en los que, incluso en tiempos de fuerte participación política nacional, no se había desarrollado allí organización de base. Esta fuerza extensiva se combina asimismo con una gran capacidad de movilización de masas, que puede verse no sólo en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, sino en las principales capitales del país.
Más allá de la fragmentación popular, producto de la sociedad neoliberal en la que vivimos, y de las fuertes divisiones en las organizaciones durante todos estos años, la realidad es que en la actualidad logran congregarse en la UTEP la mayoría de las expresiones representativas del sector (sólo quedan afuera los partidos trotskistas que se han dado una política barrial hacia los “desocupados” y algunos pequeños grupos de otras izquierdas no-trotskistas).
Este polo de unidad es producto de una década de acumulación en un determinado sentido, desde que el Movimiento Evita decide convocar en 2011 a otros sectores, con un criterio amplio, y conformar la CTEP, tras dos mandatos consecutivos de gobiernos progresistas que no lograban dar respuestas a un amplio porcentaje de la población trabajadora de nuestro país, y contando en sus espaldas con todo el proceso previo de luchas populares, centralmente del movimiento piquetero en los noventa.
Hoy la economía popular es un sector reconocido públicamente, más allá del ninguneo ejercido tanto por sectores de la “clase política” como del sindicalismo tradicional y los medios hegemónicos de comunicación. Ni que hablar el reconocimiento social alcanzado, en las barriadas y por los laburantes (¡pero ojo! Que sea reconocido no quiere decir necesariamente que logre conquistar una referencia, porque producto de la sociedad neoliberal, la fragmentación también produce rivalidades por abajo, al interior del seno de nuestro pueblo).
A diferencia de otras épocas, incluso de fuerte ofensiva neolibral, en la que nuestro país se caracterizó por contar con expresiones de luchas y procesos de masas en varias realidades sociales (movimiento estudiantil; de derechos humanos; de expresiones culturales; por la comunicación democrática; por la salud mental…), hoy no parece ser uno de esos momentos, más allá de que existen miles de agrupamientos de personas que realizan tareas y libran peleas en torno a cuestiones diversas, no se visualizan en la escena pública movimientos de la sociedad, con excepción de la coyuntura 2018-2019 de las mujeres y disidencias.
Por eso las grandes concentraciones del último tiempo han pasado por el lado de la economía popular, el sindicalismo y los feminismos. Y más allá del poderío sindical que sigue siendo fuerte en Argentina (a pesar del creciente proceso de des-industrialización y des-sindicalización desde la última dictadura a esta parte) y de la capacidad de transversalizar planteos a toda la sociedad por parte de los feminismos, ha sido la economía popular el sector más dinámico a la hora de pensar en las posibilidades de reconstruir un sujeto de lucha para la transformación.
Cuatro vectores de acumulación de la Economía Popular
Es en este sentido, y en la búsqueda por ordenar ciertos debates en las militancias, es que podríamos pensar la estrategia de institucionalización de la Economía Popular desde cuatro vectores: el sindical, el estatal, productivo y el político emancipatorio. Veamos algunos aspectos centrales de cada vector.
El vector sindical
La institucionalización de la economía popular implica, en primer lugar, contar con un instrumento gremial, legal, a partir del cual ser reconocidos a la hora de las discusiones que benefician o perjudican a las y los trabajadores que hasta ahora han quedado por fuera de la representación sindical. Por el peso de su tradición (recientemente cumplió 100 años) y por el fracaso de construir una vía alternativa por parte de la CTA (que nació con un fuerte impulso a mediados de los años noventa pero que tras casi tres décadas de existencia no ha logrado mayor inserción que en docentes y estatales y se ha fracturado en tres espacios), parece correcto que la UTEP plantee la necesidad de reunificación de todas las experiencias de organización de la clase trabajadora (incluyendo las de la economía popular) en la CGT. También parece correcto que, acorde con la tradición peronista hegemónica en el movimiento sindical del país en los últimos setenta años, la propuesta sindical no sea meramente gremial, sino que asuma el desafío de pensarse como un aporte a la recreación de una nueva columna vertebral, es decir, como un proceso de reorganización de las y los trabajadores para avanzar en una redistribución de la riqueza, pero también, en una redistribución del poder, a la vez que se recrea la dinámica sindical misma para este siglo XXI , con el aporte comunitario y territorial, feminista y diverso de la economía popular, para lograr un sindicalismo más inclusivo, democrático y participativo, pero también, más comprometido con las posibilidades de que los trabajadores tengan como clase una voz en el sistema político.
Por supuesto, como ha demostrado la propia experiencia de nacimiento y desarrollo del movimiento piquetero, primero, y de la economía popular, luego, es desde abajo y la periferia que se podrá avanzar en esta estrategia. De allí que resulte fundamental la conformación de las mesas distritales de la UTEP, y desde esos ámbitos, tomar contacto con la CTA y las regionales de la CGT (o incluso con gremios locales puntuales).
El vector estatal
En segundo lugar, el vector estatal de la estrategia de institucionalización de la economía popular. Porque a diferencia de muchos movimientos sociales, nacidos y desarrollados al calor del ciclo de luchas desde abajo (1993-2003), y de las organizaciones sociales que acompañaron la gestión kirchnerista (2003-2010), esta perspectiva de organización sindical de las y los trabajadores de la economía popular (2011-2021) busca poner en el centro de la discusión política argentina una agenda propia del bloque social que sea discutida en el Estado. No una agenda externa que otros y otras discutan en el Estado, ni tampoco una agenda que se elabore y “baje” desde el Estado hacia las organizaciones, sino una agenda que surja desde abajo y sea discutida en las instituciones con la participación política de las y los últimos de la fila dentro de ellas.
Así como en el período anterior se conquistó que un gobierno neoliberal aprobara la Ley de Emergencia Social de la que se desprendió el Salario Social Complementario, en este nuevo período institucional abierto en diciembre de 2019 los Movimientos Populares conquistaron algunas posiciones al interior de esa fortaleza liberal que es el Estado: la creación de la Secretaría de Economía Social dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, formada y dirigida por militancias que provienen del proceso de luchas y organización de la economía popular; la conducción (nuevamente) de la subsecretaría de Agricultura familiar de la Nación; y, más recientemente, la dirección del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que agrupa entidades históricamente más vinculadas al cooperativismo. También se logró la apertura de secretarías de la Economía Popular en algunas de las principales jurisdicciones del país, como Córdoba (capital y provincia) y Buenos Aires (provincia). En otro orden, un conjunto de figuras de los Movimientos Populares hoy ocupan sus bancas en el Congreso Nacional y algunas Legislaturas provinciales, además de varias docenas de concejalías en municipios, sobre todo de la provincia de Buenos Aires.
Comenzar a visibilizar estas conquistas ante el conjunto de la población y contar con una intervención más articulada entre los distintos ámbitos se tornará fundamental si lo que se busca es empezar a ser visualizados como un actor político autónomo, es decir, con una estrategia y una conducción propia que se sustrae de los aparatos y personajes que conforman el elenco estable de la democracia de la posdictadura (Massa y el Frente Renovador; Cristina Fernández y Unidad Ciudadana/ Instituto Patria; gobernadores e intendentes)
El vector productivo
En tercer lugar vector productivo de la estrategia de institucionalización de la economía popular, que conlleva una cualificación de la producción y de los circuitos de comercialización: conformación o legalización de cooperativas de trabajo; establecimiento de Polos productivos con varias cooperativas o proyectos de trabajo en su interior; acceso al crédito; conformación de almacenes y mercados populares para la venta de productos; capacitaciones en oficios y compra de maquinarias que permitan producir a mayor escala; vinculación con sindicatos, universidades y otros ámbitos de la sociedad civil para ampliar las redes de venta, aparecen como los elementos más destacados en este sentido.
Si tenemos en cuenta que el proceso neoliberal (incluso como trasfondo de los gobiernos progresistas) lleva casi medio siglo (desde 1976 a hoy), y que la memoria de luchas y procesos de organización popular en Argentina no están fuertemente ligados al cooperativismo y el control obrero de la producción (con excepción de algunas corrientes a inicios del siglo XX), entenderemos que nos enfrentamos a un desafío enorme: organizar la producción rompiendo con la lógica de patronazgo, es decir, apuntando a la autogestión colectiva y no a ser nuestros propios patrones. Experiencia colectiva, por otra parte, a la que todo el tiempo se la pretende condenar al lugar de mera economía de sobrevivencia.
El vector político-emancipatorio
Por último, lo que aquí denominaremos el vector “político-emancipatorio”, que implica la consolidación de un proyecto transformador más allá y más acá de la intervención en el Estado.
Más allá, porque implica asumir la construcción de poder popular socializador de las decisiones en los organismos que la propia sociedad va gestando en su movimiento, a diferencia de los organismos estatales, monopolizadores del poder por naturaleza. Y más acá, porque asume la necesidad de que la intervención de las militancias populares en el estado modifiquen esas mismas estructuras, en función de una apuesta por ampliar la participación de las masas en el proceso político (reforma constitucional e institucional).
No alcanza entonces con combinar una estrategia productiva-sindical con una de intervención estatal si no se apuesta a gestar las condiciones para revertir la desfavorable correlación de fuerzas en la que nos encontramos inmersos como pueblo en los últimos 45 años.
Contar con una estrategia de poder implica no sólo resistir y construir un poder propio del pueblo, disputar en las instituciones liberales, sino encontrar las formas (acordes a la época), para revertir de raíz las situaciones de injusticia (concentración y extranjerización de la economía; pobreza e indigencia extrema; precarización generalizada de la vida; apropiación de la política por parte de aparatos profundamente distanciados del sentir y los modos de vida populares). Por eso no basta con obtener conquistas materiales, lograr meter compañeros y compañeras en el Estado y mejorar la calidad de nuestra propia producción si no formalizamos ese proceso en una perspectiva nacional que implique la apertura de otro tramo histórico, que para ponerle un título, seria aquel que nos permita comenzar a discutir nuevamente sobre la emancipación (gobierno popular; democracia plebeya; transición del Estado liberal hacia un nuevo tipo de institucionalidad).
