El principal debate en torno a la negociación con el Fondo pareció estar durante un buen tiempo centrado en torno a la cuestión del “ajuste fiscal”. Los y las economistas solemos medir el déficit fiscal en relación al PBI. Siguiendo esta metodología, el gobierno envió al Congreso de la Nación el Presupuesto 2022 el día 15 de septiembre donde pronosticaba tener un déficit primario del 3,6% del PBI y un déficit financiero (se le suman los pagos de intereses al déficit primario) de 5,2% del PBI. Para tener una referencia, estos valores son inferiores al déficit de 2017, cuando se alcanzó el 3,8% y 5,9% del PBI respectivamente.
Históricamente, el Fondo siempre se caracterizó por insistir en “sanear” las cuentas en cada país donde le tocaba aterrizar. Por eso, las miradas se dirigieron en un primer momento al frente fiscal. Como se ha dicho en reiteradas oportunidades, es difícil modificar fuertemente el gasto público sin tocar las jubilaciones y la seguridad social que representan cerca del 60% de los gastos totales. El horno no parece estar para bollos y exigirle a estos sectores que vuelvan a pagar los platos rotos cuando recién empezarán a asomar la cabeza en 2022 después de una dura crisis económica, no parece ser el camino que seguiría un gobierno que cuide a su gente.
Por eso, apareció el mentado y pospuesto tema de la segmentación subsidio a las tarifas. El gobierno tiene una ventaja. Entre las dos últimas políticas tarifarias (las de Macri y las de Cristina Kirchner) hay una amplio terreno para ubicarse porque cada una fueron las expresiones más extremas de trasladar todos los costos a los usuarios en un caso y de subsidiar sin mucho criterio en el otro caso. Está claro que, con el contexto social, destinarle recursos al 15% de la población de mayores ingresos no resulta muy positivo en términos distributivos ni en términos de impacto económico. Dado que son de los pocos hogares que tienen capacidad de ahorro, al menos una parte de esos subsidios terminan presionando sobre la brecha cambiaria. De todos modos, tampoco es muy significativo el monto al que se pueda llegar en términos fiscales. Los subsidios a la energía eléctrica son, aproximadamente, 1,3% del PBI. El 15% de eso es el 0,2% del PBI. Es decir, la discusión fiscal con el Fondo puede ir de a décimas y se puede discutir cómo financiarlo. Pero está claro que por el lado del gasto, no hay gran cosa por hacer.
Las vías para mejorar los resultados fiscales son tres. Mejorar el control y la fiscalización de las responsabilidades impositivas. El caso del aporte a las grandes fortunas es un buen ejemplo de eso. La AFIP fue a investigar quiénes debían haber hecho sus presentaciones y no la habían cumplido y con eso, en pocos meses, la recaudación sumó un 5% adicional (unos $10.000 millones) que no hubiesen estado si no se fiscalizaba correctamente. Hay margen para sumar un porcentaje similar en otros impuestos, sobre todo en los que tienen un carácter progresivo (bienes personales, principalmente). Luego queda también la discusión sobre el sistema impositivo porque estos impuestos progresivos tienen un peso relativamente bajo en la recaudación. Increíblemente, Macri había dictaminado la desaparición del impuesto a los bienes personales.
En otras fuentes de recaudación, queda el incremento del 12 al 15% de las retenciones en algunos productos. En muchas exportaciones de economías regionales y asociadas al software y conocimiento se eliminaron las retenciones, pero en el trigo y maíz pueden ser dos fuentes donde se eleven las retenciones si los precios de commodities se mantienen altos.
La tercera pata la suma el incremento de la actividad, como viene planteando y aplicando el gobierno durante 2021. El mayor volumen de producción, de ventas y de actividad implica mayor nivel de recaudación que sólo se traslada en parte a mayores gastos. Es decir, si se crece fuertemente habría espacio para incrementar los gastos y aún así reducir el déficit.
¿Cómo se ajusta la economía argentina?
Sin embargo, si se quiere estar alerta ante un fuerte ajuste del sector público sobre el sector privado no hay que mirar tanto los datos de déficit y gasto. En los últimos años, los ajustes fuertes vinieron por el lado del tipo de cambio y las devaluaciones. Si se quiere aplicar un ajuste, lo que se debe hacer es liberar rápidamente los controles cambiarios y una buena parte del ajuste queda hecho.
Por eso es importante mirar una negociación con el Fondo que no está ocupando las tapas de los diarios y es sobre el régimen que tendrá Argentina para administrar los tipos de cambio (oficial, financiero y blue).
El caso de Islandia es relevante para tener en cuenta porque también tuvo que resolver un problema con la brecha cambiaria en el marco de un acuerdo con el FMI recientemente. El interés es mayor porque Julie Kozack, quien está al frente de la negociación con nuestro país, fue quien también estuvo a cargo de la misión del Fondo en Islandia durante ese acuerdo. En 2008, el país nórdico firmó un acuerdo stand by con el organismo y, a lo largo de casi 10 años, aplicó un esquema de subastas de divisas (en este caso, principalmente euros) para lograr que converjan el tipo de cambio oficial y el paralelo. El tipo de cambio paralelo era tan alto que resultó atractivo para inversores extranjeros que lo usaron para ingresar inversiones en la economía real. Con eso, pasaron el stock de moneda extranjera en mano de los residentes del 40% al 3,5% del PBI. Fue una forma de aceitar el ingreso y la salida de distintas posiciones de inversión hasta ir hacia un mercado de cambios único.
Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre la situación de nuestro país y la de Islandia hace algunos años. En el caso de Islandia, la presión en el tipo de cambio venía principalmente por fondos externos que habían quedado “atrapados” en un esquema de carry trade. Algo de eso pasó con los fondos PIMCO y Templeton, que ingresaron de la mano del entonces ministro Caputo y todavía tienen posiciones en nuestro país por un monto cercano a los USD 3.000 millones. Pero los fondos atrapados no son el principal problema de la Argentina. PIMCO y Templeton pueden terminar de irse y, así y todo, la presión por la dolarización local va a seguir presionando sobre la brecha. Las características estructurales de nuestra economía bimonetaria y con elevada informalidad, impide pensar que la brecha se resuelva cuando una serie de actores internacionales dolaricen sus tenencias en pesos y se despidan del país. Toda nuestra cúpula empresarial y sectores de elevados ingresos tiene dolarizado parte de su circuito financiero, hecho que se extiende hasta las capas trabajadoras con alguna capacidad de ahorro.
Esto hace que el mismo esquema aplicado en otros países no resuelva tan fácilmente el problema de la brecha cambiaria que el FMI va a querer cerrar lo antes posible. Incluso, para el caso de Islandia llevó prácticamente 10 años. Hacia adelante, parece que el Fondo va a estar una buena cantidad de años en el país. Ese fue el resultado buscado al tomar un crédito tan pero tan grande: vivir la próxima década (por lo menos) con los monitoreos del organismo. Despejada la cuestión fiscal, queda pendiente la cuestión cambiaria. Y en ese frente, lo que tenga para imponer el fondo puede implicar un ajuste mucho más importante que en relación al gasto público.
