Dos años atrás, un video corto y tenso nos mostraba los últimos minutos de Evo Morales en el aeropuerto de Chimoré, antes de partir al exilio. La angustia del presidente boliviano y los pocos seguidores que lo rodean logra traspasar la pantalla. A un lado, Álvaro García Linera recoge un puñado de tierra y lo aprieta contra el pecho: “Me llevo la tierra de mi patria aquí”, afirma. El mundo presenciaba en vivo y en directo el golpe de Estado en Bolivia, que días más tarde se cobraría la vida de al menos 37 personas en las masacres de Sacaba y Senkata.
Tras la dramática partida, México actuó para que el avión aterrizara en su territorio. “AMLO me salvó la vida”, recordaría más tarde Evo Morales en relación a la intervención del mandatario mexicano, Manuel López Obrador. Días después, Alberto Fernádez asumió la presidencia en Argentina y en un gesto solidario acogió a Morales y García Linera en nuestro país durante once meses. Con la recuperación de la democracia boliviana, ambos dirigentes pudieron regresar a su país, sellando en menos de un año un proceso que dejó huellas, no solo en Bolivia, sino en toda la región.
El final de aquella travesía fue un triunfo importantísimo, pero la disputa sigue abierta. “Estamos frente a victorias temporales y a derrotas temporales. No estamos aún en condiciones de una victoria de largo plazo”, aseguraba hace pocas semanas Álvaro García Linera desde las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA, reflexionando sobre Latinoamérica y también sobre su experiencia en primera persona. La creciente tensión en Bolivia demuestra que, efectivamente, la democracia volvió pero el golpismo sigue ahí. Siempre estuvo ahí. Y un dilema persiste: ¿cómo enfrentar con política las ambiciones renovadas de una derecha antidemocrática?
Santa Cruz, otras vez a la cabeza
El segundo aniversario del golpe transcurre en medio de un nuevo ciclo de movilizaciones de la derecha boliviana, con epicentro en Santa Cruz, un territorio históricamente hostil al proyecto del Movimiento al Socialismo (MAS). Ya en 2008, el gobierno de Evo Morales sufrió un intento desestabilizador encabezado por los prefectos de la región de la Media Luna, una zona que incluye los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando… Otros tiempos, donde la región contaba con espacios de integración como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para abordar regionalmente y de forma soberana estos conflictos.
En esta oportunidad, los denominados Comités Cívicos realizaron un paro durante toda una semana, con protestas violentas y declaraciones encendidas que no hicieron más que caldear los ánimos. La convocatoria partió del rechazo a la Ley 1386 de “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo”, aprobada por la Cámara Baja en el mes de septiembre como inicitiva contra el lavado de activos. La oposición echó mano del proyecto para sembrar miedo en la población, alegando que el gobierno haría uso político de la ley y podría llegara a confiscar los bienes de los bolivianos y bolivianas.
Detrás de los motivos declarados están las preocupaciones reales de quienes promovieron una dictadura en Bolivia. En octubre, la derecha tuvo una cumbre en Santa Cruz donde acordó presionar de forma más decidida contra las causas abiertas a los responsables políticos y militares del golpe. Poco antes, el presidente Luis Arce había declarado: “No podemos ignorar la exigencia de justicia de compatriotas que fueron duramente reprimidos por malos militares al servicio de autoridades ilegítimas”. Los sectores golpistas presionan para garantizarse impunidad.
Este martes el Congreso optó por derogar la Ley 1386. Así, el gobierno boliviano intenta distender tensiones y evitar una escalada de violencia. Es que durante las protestas de noviembre, en Potosí, un campesino de 22 años resultó herido y murió luego de que los movilizados impidieran que llegara ayuda médica. En su exposición, el bloque del MAS advirtió que “personas inescrupulosas con intereses individuales desinformaron a la población” y mintieron “respecto a los objetivos reales de la ley”.
En esta última sesión, el Congreso también se encargó de frenar un proyecto presentado por la oposición para restituir los dos tercios de votos en la aprobación de decisiones, cuando la Constitución indica que solo se requiere la mayoría simple de los diputados.
Una de las voces más confrontativas, que ahora se adjudica como un logro la abrogación de la Ley 1386, es Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que sin medias tintas aseguró frente a los suyos: “Los hermanos mineros van a estar en las calles y van a tumbar a este gobierno”. Calvo estuvo a la cabeza del paro que se extendió durante nueve días, y tras los últimos anuncios legislativos definió levantar la medida. Su decisión generó la reacción de los grupos más radicales, como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que lo acusa de traición. Una expresión de la puja interna dentro de la oposición.
Los respaldos de Luis Arce
Cuando Luis Arce llegó al gobierno, el 8 de noviembre del año pasado, sabía que enfrentaba una compleja recomposición democrática. El MAS conoce de cerca y desde hace mucho tiempo la amenaza golpista. Para enfrentarlo, el gobierno nacional cuenta con un músculo social importante, expresado es organizaciones sociales, campesinas e indígenas como la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa”, que en las últimas semanas se lanzaron a las calles con la wiphala como estandarte.
Pero además, el gobierno nacional ostenta una serie de logros en su primer año de gestión que, en principio, le permite ampliar esos apoyos. “El Proceso de Cambio es la solución para los problemas del pueblo boliviano”, aseguró el presidente en un acto de entrega de viviendas en Beni.
Recordemos que Arce fue Ministro de Economía durante el mandato de Evo Morales, y es considerado uno de los artífices del crecimiento económico boliviano entre 2006 y 2014. Hoy, el gobierno nacional prevé cerrar el año con indicadores alentadores. “En este primer semestre, Bolivia ocupa el tercer lugar de crecimiento económico en la región con 9,4%”, destaca Marcelo Montenegro, actual responsable de la cartera económica. Desde el Ejecutivo proyectan que el crecimiento total durante 2021 rondará el 5%.
Esta recuperación económica impacta positivamente en la imágen de Luis Arce. La última encuesta de opinión publicada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) habla de “una valoración positiva muy elevada, 47 %; muy por encima de la mayoría de los presidentes en la región. Este valor se explica en gran medida por la confianza que tiene entre la ciudadanía para resolver la situación económica: el 62 % confía en que con Luis Arce la situación económica mejorará en el corto y mediano plazo”.
La gestión frente a la pandemia es otro de los escallos que enfrentó Arce desde un comienzo, para lo cual invirtió más de 22 mil millones de Bs en salud, la mayor asignación para el sector en la historia del país. El informe de la CELAG destaca que “3 de cada 4 encuestados valoran positivamente la gestión de la campaña de vacunación, al tiempo que casi dos tercios aprueban la política de bonos y asistencias a los que menos tienen”. Esto, aún cuando el gobierno decidió devolver un crédito al Fondo Monetario Internacional que había sido otorgado al gobierno de facto de Jeanine Añez. El Banco Central de Bolivia explicó que realizó la devolución por tratarse de un crédito oneroso que fue “gestionado irregularmente”.
Así es que el gobierno boliviano cuenta con legitimidad y sectores organizados para resistir estos embates, pero los grupos que buscan desestabilizar, lejos de ocultarse en las sombras, se muestran a cielo abierto. Tal como advierte García Linera, el método utilizado por la derecha en Bolivia no es excepcional. “Fue un caso extremo pero nos debe llamar a estar muy atentos. No es un caso irreproducible, es una tendencia”.
Es probable que la región andina seguirá siendo el centro de las miradas en el futuro inmediato, considerando que allí existe una fuerte disputa por la gobernabilidad, ya no solo en Bolivia, sino también en Chile, que tiene elecciones presidenciales este domingo, y en Perú, donde el gobierno de Pedro Castillo enfrenta amenazas de vacancia y una fragmentación creciente en su coalición de gobierno. Aún cuando los gobiernos populares o progresistas vienen funcionando de forma desarticulada, la configuración regional puede ser decisiva. Sus adversarios se parecen mucho entre sí.
