Por Enrique M. Martínez
Ningún otro país en el mundo asigna, en estos momentos, un ingreso ciudadano universal (ICU) a más del 40% de su población económicamente activa, mientras su macroeconomía transita por un camino bimonetario (el dólar es el refugio de valor típico aunque Argentina no lo imprima). Esto, acompañado por una inflación que nos pone contentos cuando bajamos del 2% mensual, mientras el mundo central tiene esa inflación anualmente.
Ese hecho no descalifica la idea per se, pero obliga a analizar los posibles efectos de usar un ICU para atenuar la pobreza, cuando ésta es incentivada por la falta de soberanía monetaria y por la inflación que fogonean los formadores de precios, quienes disponen del uso abusivo del poder económico en casi cualquier frente de la economía.
Aparece una pregunta elemental: ¿Se puede hacer algo valioso sobre las consecuencias, si las causas del problema no se encaran?
El contra argumento es casi obvio. Recuperar la soberanía monetaria y reducir la inflación a tasas anteriores a la Segunda Guerra Mundial requiere una densa red de transformaciones estructurales, que cambiarían relaciones de poder y alterarían el horizonte de vida de grandes franjas de la sociedad. Quizás el balance general sería muy positivo, pero el camino, dificultoso cuando menos.
¿Eso significa, acaso, que a los sectores de menores ingresos, muchos de ellos en situación desesperante, hay que reclamarles que esperen hasta ese momento, que puede demandar más de una década de paso firme y lúcido, de un programa que ni siquiera se ha concebido teóricamente, que no tiene ni un borrador preliminar?
Por supuesto que no.
Significa que no se puede pensar en mitigar la pobreza con transferencias monetarias, que rápidamente pueden perder importancia ante la inestabilidad en el frente externo. Todo esto a la luz de una inflación que depende en gran medida de la voluntad de un pequeño sector, extractor de valor del resto de la sociedad.
¿Entonces?
Se hace bien visible la propuesta de los economistas más transgresores de la academia en el mundo central actual: se recomienda contar con programas de generación masiva de trabajo para acercarse al pleno empleo, sin descartar que, en última instancia, el Estado podría funcionar como empleador.
Para eso, los economistas que proponen la Teoría Moderna Monetaria (MMT) reclaman poner allá lejos a la emisión como problema, y financiar programas siguiendo un cuidadoso monitoreo, para no crear demanda excedente.
Claro, en países con soberanía monetaria, como Estados Unidos, Japón, Inglaterra o Estados Unidos, esto resulta sencillo. Para los demás, ya sea que pertenezcan al euro o la periferia, hace falta agregar componentes locales que la MMT no proporciona.
Para la Argentina, la llave del cofre está en tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado, las necesidades comunitarias insatisfechas, así como las cadenas industriales con valor agregado pendiente, son tantas y tan variadas que encontrar los temas a los cuales aplicarse está al alcance de cualquier profesional con modesta experiencia. Basta que se entienda lo que hay que hacer.
Por otro, que implementar un “capitalismo social”, con el Estado como principal dinamizador, podría resultar ampliamente provechoso. Esto significa crear corporaciones productivas de bienes y servicios donde el Estado tenga la mayoría del capital pero pueda complementarse con inversores locales, buscando la reproducción del capital, evitando subsidiar a componente alguno, pero sin necesidad de pretender maximizar el beneficio, sino optimizar el resultado social.
Tal sería el caso de una Corporación de Urbanización Federal, que desarrolle nuevas áreas urbanizadas a pedido de ámbitos provinciales o municipales y luego venda los lotes a precio reducido. O una Corporación de Fomento del uso de Energías Renovables, que facilite la diseminación masiva de la generación eólica o fotovoltaica, vendiendo las instalaciones por leasing a plazos largos. Pueden formularse media docena de grandes proyectos similares, que capitalizarían al país, al Estado, a miles y miles de particulares y generarían trabajo para millones.
En esencia, lo que verdaderamente cuenta es el Trabajo para Todos (TPT). No es fruto de una mente afiebrada o especialmente aguda. Es el resultado de sedimentar las ideas más modernas en términos económicos y adaptarlas a estos países asolados por el despojo y la avaricia.
Una ampliación de la lógica expuesta, con abundante bibliografía para profundizar los fundamentos, se ha presentado en el texto “No podemos fracasar”, publicado por el Instituto para la Producción Popular (www.produccionpopular.org.ar).
