El reconocimiento diplomático fue la primera etapa y reavivó la confianza entre la oposición venezolana. Pero sin una intervención de fuerza extranjera, la respuesta final en este conflicto de poderes estaba en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ésta cerró filas alrededor de Nicolás Maduro. Por eso, esta semana Estados Unidos pasó a una segunda etapa: asfixiar económicamente al gobierno venezolano lo suficiente para poner en jaque sus dos salvavidas financieros más importantes, Rusia y China.
El lunes el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra la empresa petrolera estatal venezolana y corazón de la economía de ese país, Pdvsa: “Todas las propiedades e intereses sobre propiedades de Pdvsa que estén sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos están bloqueados y las personas (jurídicas o físicas) de Estados Unidos quedan prohibidas en general de realizar transacciones con ellos”.
No es la primera vez que Estados Unidos impone sanciones al Estado venezolano ni a su capacidad de hacer transacciones internacionales. Sin embargo, ninguna había tenido tanto potencial de asfixiar a las arcas del Estado y, principalmente, de dañar las alianzas comerciales y políticas que permiten a Caracas seguir refinanciando su enorme deuda externa.
“Las nuevas sanciones prohíben cualquier transacción, la compra o venta de crudo y productos a PDVSA por parte de entidades estadounidenses, pero establece excepciones. Durante los próximos tres meses, tanto CITGO (empresa de Pdvsa en Estados Unidos) como las otras compañías que importan crudo venezolano en Estados Unidos podrán seguir haciéndolo, pero el dinero no puede retornar a Venezuela. Por eso, rápidamente el gobierno va a tener que redirigir las exportaciones, seguramente a Asia, en particular a India y China”, explicó a Zoom Francisco Monaldi, un experto en energía venezolano y profesor en la Universidad Rice, en Texas, Estados Unidos.
China e India se alternan el segundo lugar en las exportaciones de crudo venezolano, después de Estados Unidos, con entre un 19 y 17% apróximadamente, pero ambos -como Rusia- mantienen, en diferentes niveles, un sistema en el que ya no pagan el envío de petróleo con divisas frescas, sino que representa una mera cancelación de deuda.
Por ejemplo, Pdvsa le debía 600 millones de dólares a la empresa estatal india ONGC Videsh por los dividendos de un proyecto de explotación conjunto en Venezuela y, como Caracas no podía pagarle, en 2017 acordó ir cancelando esa deuda con los 17.000 barriles diarios que exportaba desde la Faja del Orinoco a la potencia asiática.
Pero con la caída de la producción generalizada dentro de Venezuela -en los últimos seis años cayó a casi un tercio hasta los 1,2 millones de barriles diarios- y el bajo precio internacional del crudo, los plazos de pago, inicialmente estimados en tres años, se extendieron.
Las exportaciones de crudo venezolano a China y Rusia siguen la misma lógica, pero en una proporción mucho más grande.
“Por eso, la redirección del medio millón de barriles diarios que se exportan a Estados Unidos a estos países asiáticos produciría una reducción significativa para el flujo de caja de Pdvsa”, explicó Monaldi y agregó que actualmente las exportaciones al vecino del Norte y principal enemigo político del gobierno de Maduro representan “un 80%” del dinero fresco que ingresa a la petrolera venezolana.
En paralelo, las sanciones también podrían poner en jaque la alianza de Venezuela con Rusia a través de CITGO, la filial de Pdvsa en Estados Unidos que da trabajo a alrededor de 4.000 personas y posee 48 terminales distribuidoras en 20 estados, tres refinerías en Texas, Luisiana e Illinois, miles de estaciones de servicio en 30 estados y la capital, tres oleoductos en Texas y participación accionaria en otros seis, según su página web.
En las sanciones “se trata a CITGO de manera diferente que Pdvsa. Puede seguir operando en su mercado, pero tiene que cortar sus lazos con su casa matriz y solo puede importar por tres meses más crudo venezolano”, explicó Monaldi en su Twitter ni bien se conoció el anuncio del gobierno estadounidense.
Aquí surge el problema más importante y urgente para Pdvsa y para el gobierno de Maduro.
Venezuela puso al 50,1% de CITGO como garantía de los bonos Pdvsa 2020 e hizo lo mismo con el restante 49,9% con la deuda que mantiene con la petrolera Rosneft, la tercera más importante en Rusia y la segunda empresa estatal que más ganancias produce en ese país.
Después que el presidente Vladimir Putin ratificara su apoyo a Maduro frente a lo que consideró una interferencia de Estados Unidos y que el vice ministro de Finanzas ruso, Sergei Storchak, reconociera esta semana que Venezuela “probablemente tendrá problemas” para pagar la deuda de más de 3.000 millones de dólares que mantiene con Rosneft, el Ministerio de Finanzas emitió un comunicado breve y concreto: “No se introdujeron cambios en el acuerdo y, por lo tanto, corresponde que Venezuela cumpla con las obligaciones que asumió con su acreedor.”
En una entrevista con la agencia de noticias rusa Ria Novosti, Maduro intentó calmar los temores y prometió: “Venezuela paga, siempre a tiempo”. Sin embargo, no está claro cómo hará para pagar los más de 71 millones de dólares de intereses que vencen en marzo -y puede pagar hasta en abril- a los tenedores de los bonos Pdvsa 2020 y cómo cumplirá con Rosneft si las exportaciones de crudo se ven interrumpidas o caen aún más por las sanciones estadounidenses.
“Si Venezuela deja de pagar, los bonistas podrían intentar tomar las acciones de CITGO y Rosneft podría hacer lo mismo”, advirtió Monaldi y agregó: “Pero está claro que Estados Unidos no va a dejar que Rusia tenga el 49,9% y sea el accionista mayoritario.”
En Washington existe un órgano estatal llamado Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos (CFIUS por su sigla en inglés) que fue creado en la Guerra Fría para determinar si alguna inversión o adquisición de empresas u operaciones en el país puede entrar en conflicto con la seguridad nacional. De considerar que es así, la Casa Blanca tiene poder para prohibir la inversión o adquisición.
En 2017, luego que se filtrara a la prensa el acuerdo entre Pdvsa y Rosneft, senadores estadounidenses pidieron en tres oportunidades al gobierno de Trump que tome medidas para “proteger los activos en Estados Unidos” y pida un informe del CFIUS sobre la situación de CITGO. La Casa Blanca nunca contestó de manera oficial.
“Creo que la posibilidad de que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia empeoren está creciendo”, advirtió esta semana a la agencia de noticias Reuters el ex director del Departamento de Previsión del Ministerio de Economía ruso y actual investigador en jefe de la consultora de inversiones Loko Invest, basada en Moscú, ante la posibilidad de que Rosneft quiera activar la cláusula de garantía.
La posibilidad de que Venezuela no logre mantener su nivel actual de exportaciones de crudo y, por ende, se atrase aún más en la cancelación de deuda a sus socios China e Rusia, principalmente, radica en la segunda parte de las sanciones.
Además de darle seis meses a las empresas petroleras extranjeras, como Chevron, para abandonar sus proyectos en Venezuela, las sanciones estadounidenses prohíben cualquier transacción con Pdvsa. Esto complica un paso intermedio vital para la compañía venezolana: la importación de petróleo liviano, un producto más procesado y refinado que necesita para diluir el crudo pesado que extrae de la Faja del Orinoco.
Actualmente, estos productos se importan primariamente desde Estados Unidos, pero con las sanciones, Venezuela tendrá que buscar nuevos vendedores.
“Hay empresas europeas que producen, pero no está claro que quieran hacer acuerdos ahora con las sanciones estadounidenses. Rusia también exporta este tipo de diluyentes, pero como recibe petróleo venezolano para pagar deuda, normalmente entrega petróleo liviano a cambio de recibir el crudo ya refinado. Finalmente, Pdvsa puede conseguirlo del norte de África, Argelia o Nigeria, pero es muy probable, dada su situación financiera, que le pidan que pague de contado”, aseguró Monaldi, analizando las distintas opciones que existen en el mundo.
Esta semana, el corresponsal de Wall Street Journal en Moscú y anteriormente en Venezuela, Anatoly Kurmanaev, informó que la empresa rusa Lukoil, uno de los proveedores de petróleo liviano de Pdvsa, congeló su contrato con su socia sudamericana. Por el momento, sin embargo, Lukoil, la segunda productora de petróleo más importante de Rusia, no lo confirmó.
La dificultad para conseguir nuevos proveedores sumada a los mayores costos de transporte que tendría Pdvsa para importar desde el norte de África, Rusia o Europa, supondrá otro golpe a la falta de liquidez de la empresa venezolana, posibles retrasos en la producción y, por ende, en la cancelación de deuda con sus aliados externos.
Venezuela es el país con mayores reservas petroleras en el mundo y hoy más del 95% de sus exportaciones provienen del crudo. El Estado es completamente dependiente de la exportación de petróleo y la economía nacional, incluida una parte importante del sector privado, depende a su vez del Estado.
Por lo tanto, una estrategia de pinza que asfixie al sector petrolero venezolano podría asfixiar también al gobierno de Maduro. Eso sí, se trata de un arma de doble filo. Venezuela vive una crisis humanitaria declarada por la ONU, en la que los alimentos, los alimentos, los bienes de primera necesidad y hasta la energía eléctrica escasean, y de la que más de 2,3 millones de personas se escaparon para buscar una mejor vida en otro país o enviar remesas a sus familias.
En este contexto, no está claro cuán a fondo está dispuesto a ir Estados Unidos para sacar a Maduro del poder y reemplazarlo con el líder opositor que la semana pasada se autoproclamó presidente interino en una plaza de Caracas frente a una protesta multitudinaria y con la Constitución en la mano, el titular de la Asamblea Nacional Juan Guaidó.
El viernes la Casa Blanca dio una señal poco auspiciosa para Maduro cuando nombró como enviado especial para Venezuela a Elliott Abrams, un símbolo de los métodos más sucios que utilizó el Departamento de Estado en los años de la Guerra Fría y un declarado referente del intervencionismo militar estadounidense.
Tampoco está claro si China y Rusia darán prioridad a sus vínculos políticos con Maduro y le darán un respiro financiero, ya sea postergando vencimientos de intereses de deuda, aceptando una reducción temporal de sus importaciones de petróleo y facilitando mayores ventas de petróleo liviano, en el caso ruso, a pagar en diferido. Tanto Beijing como Moscú tienen miles de millones de dólares invertidos en proyectos petroleros en Venezuela y una masiva deuda con el Estado. Parece imposible imaginar que tomarán una posición intransigente, sin antes al menos negociar algún tipo de garantía de continuidad con Guiadó y la oposición.
La última gran incógnita en el plano internacional es si las potencias europeas acompañarán el bloqueo al sector petrolero si la situación humanitaria empeora dentro de Venezuela. Como lo ha demostrado Irán durante años, no será fácil para el país sudamericano hacer transacciones internacionales si tiene que evitar todas las entidades financieras estadounidenses y de las más poderosas economías europeas.
El fin de semana pasado, las principales potencias de Europa -entre ellas Francia, Alemania, Reino Unido y España- dieron un ultimátum a Maduro para llamar a elecciones presidenciales, que termina este sábado. El mandatario venezolano ratificó esta semana que no cederá, pero se mostró abierto a iniciar un diálogo con la oposición con una posible mediación internacional, como propuso México y Uruguay, y a convocar a comicios anticipados para renovar la Asamblea Nacional, el único poder del Estado controlado por la oposición, desde las elecciones de fines de 2015.
Mientras tanto, la tensión, sin dudas, crecerá dentro del país en las próximas horas. Guaidó convocó a una nueva jornada nacional de protestas, después de una semana que terminó con al menos 35 muertos y más de 800 detenidos, entre ellos 77 menores de edad, según ONGs venezolanas. Una nueva represión o más detenciones sólo acentuarán la presión internacional y el gobierno de Maduro lo sabe. Por eso, el Tribunal Superior de Justicia no ordenó aún la detención preventiva de Guaidó, como si lo hizo con otros dirigentes opositores en otros momentos de crisis y polarización extrema.
