El proyecto oficialista sobre la baja de la edad de imputabilidad a los 15 años es otro desesperado intento del gobierno para solidificar un electorado que, harto de sufrir los estragos de la inseguridad, busca respuestas urgentes de una «clase política» que no ha logrado reducir la cantidad de delitos cometidos en las barriadas más humildes que crecen ininterrumpidamente desde el regreso de la democracia.
A este discurso demagógico debemos oponerle otro, que desde una mirada democrática y respetuosa de los derechos humanos intente darle voz a este reclamo y apunte al diseño de políticas públicas efectivas para bajar los índices de violencia en las calles.
A tal fin, debemos ser claros en algo: ingresar pibes más jóvenes al sistema penal lejos de solucionar el conflicto de la inseguridad lo hace más profundo. Los chicos que a los 15 años son castigados por la justicia criminal, son expulsados definitivamente de cualquier otra red de contención social – familiar, escolar, de organizaciones sociales, eclesiásticas-; en las que pudiera estar intentando alejarse del delito.
El sistema de antecedentes penales y el tiempo perdido en la prisión alejan al joven de cualquier posibilidad de progresar o encontrar un trabajo. Por ese motivo, quien delinque a temprana edad tiene mayores posibilidades de convertirse en un reincidente y así seguir aumentando los índices delictivos.
Por otra parte, el proyecto oficialista parte de una gran falacia: los delitos violentos -homicidios, lesiones gravísimas, etc.- cometidos por menores de edad, aunque son ampliamente difundidos por medios de comunicación, constituyen una estadística realmente baja respecto del total de hechos ilícitos relevados (1). Por eso, la demagogia aplicada por estas políticas punitivistas solo lograrán tener cárceles llenas de ladrones de celulares de 15 años. A lo sumo, algún ministro trasnochado, contabilizará más detenidos por delitos vinculados con el narcotráfico mejorando las estadísticas al detener y encarcelar «soldaditos» de la droga mientras los que organizan las bandas -adultos todos ellos- siguen gozando de una amnistía de hecho en nuestro país.
¿Qué podemos hacer?
Fortalecer las experiencias sociales que desde el estado o desde la sociedad civil intentan contener a los jóvenes que ven en el delito una forma de subsistencia sencilla. Dotar a las escuelas de recursos para abordar estas problemáticas, apoyar la tareas de las organizaciones sociales que trabajan en las zonas con los jóvenes más humildes o fortalecer con presencia del estado la tarea que se hace a pulmón para sacar a pibes de la droga como en los conocidos “Hogares de Cristo” o el trabajo realizado por la CTEP gestionando y reclamando por mayores espacios para contener a chicos que sufren adicciones, son algunos de los caminos que pueden explorar para lograr que nuestra juventud se mantenga lejos de la delincuencia y nuestra sociedad sea más segura.
¿Qué no debemos hacer?
Parece una coincidencia azarosa pero es una muestra de coherencia oficialista respecto de las políticas aplicables a la infancia pobre: al mismo tiempo que se les abren las puertas de la justicia penal se les cierra las de la educación pública. Los docentes organizados en UTE explican que los estudiantes de 16 a 18 años no tienen donde estudiar con esta resolución: los CENS son escuelas nocturnas para adultos mayores de 18 años; las ‘escuelas de reingreso’ dan vacantes solo a estudiantes que hayan estado al menos 1 año sin estudiar, es decir, fuera del sistema; en los colegios diurnos no pueden –insisten los docentes– legalmente ingresar a 1° año alumn@s con más de 15 años.” “En conclusión, afirman que muchísim@s estudiantes de los sectores más vulnerables quedan expulsados del sistema.
Cortar las posibilidades de acceso a la educación es condenar a miles de jóvenes a la marginalidad y aumentar las posibilidades de ser reclutados por bandas criminales que aprovechan estas situaciones.
