Donald Trump podría haber concentrado la campaña republicana para las elecciones de medio término del próximo 6 de noviembre en los buenos números macroeconómicos que deja este año, podría haber hecho hincapié en la falta de liderazgos claros y las internas en la oposición demócrata, o intentado capitalizar las promesas cumplidas en estos dos años de gobierno con poco o ningún costo político internacional. Podría haber utilizado cualquiera de estos argumentos, sin embargo, eligió una estrategia que ya le funcionó y en la que es un experto: convirtió a unos 7.000 inmigrantes y refugiados centroamericanos en un cuco imparable que amenaza con sobrepasar la frontera e irrumpir en el país.
Todos los años, entre 400.000 y medio millón de centroamericanos pasan por México e intentan llegar a Estados Unidos. La política y la retórica antimigratorias de Trump no los desalentaron. Las posibilidades -limitadas y siempre asediadas por los agentes migratorios- siguen pareciendo mejores que las realidades de millones de personas que viven en los países más pobres y violentos de la región. Por eso, unos 7.000 hondureños, salvadoreños y guatemaltecos abandonaron sus casas este mes, cargaron sus pertenencias más importantes y comenzaron una travesía que, en dos semanas, llevará a algunos de ellos, los que no se dejen amedrentar por las amenazas, a una de las fronteras más protegidas del mundo.
La llamada Caravana del Migrante comenzó el sábado 13 de octubre en San Pedro Sula, una ciudad ubicada en el extremo norte de Honduras que no hace mucho fue bautizada como la urbe más violenta del mundo por fuera de las zonas de guerra. La tasa de homicidios ha caído en los últimos años, pero San Pedro Sula -y Honduras en general- continúa siendo uno de los lugares más violentos y peligrosos para vivir en Centroamérica.
Según cifras de organismos internacionales, en 2016, la tasa de homicidios fue de 82,84 cada 100.000 habitantes en El Salvador, 56,52 en Honduras y 27,26 en Guatemala. En comparación, en Argentina, la tasa fue de 5,94.
En paralelo, según la Cepal, la tasa de femicidio cada 100.000 mujeres en esos países fue de 10,2 en El Salvador y 2,7 en Guatemala en 2017, y 5,8 en Honduras en 2016. En Argentina, en comparación, el año pasado fue de 1,1.
La primera parada de la caravana de centroamericanos fue la frontera con Guatemala. Gracias al acuerdo de libre circulación, todos pudieron cruzar sin problemas y, pese a que los operativos de seguridad fueron más importantes y constantes que en Honduras, la caravana avanzó a través del país hasta que llegó a la frontera con el estado mexicano de Chiapas.
La tensión acumulada de la primera semana explotó allí en el puente fronterizo Rodolfo Robles, sobre el río Suchiate, cuando se encontraron con el paso completamente cerrado.
El fin de semana pasado, la enorme columna de familias abarrotó el puente a la espera de que las autoridades mexicanas -las mismas que denuncian sistemáticamente la retórica antimigratoria de Trump- abrieran la frontera y los dejaran pasar. Después de una larga espera, la desesperación se apoderó de algunos que se tiraron al agua con una soga y cruzaron como pudieron por el río. En el puente, otros empezaron a empujar para pasar y la Policía mexicana decidió tirar gases lacrimógeno y pimienta entre las familias.
Algunos se replegaron unos metros, pero nadie dio la media vuelta y se fue. Para ellos, no hay a donde volver. Por eso, finalmente, la Policía escoltó dentro del territorio a la caravana, que para entonces ya había sumado a ciudadanos guatemaltecos y salvadoreños.
El gran debate por estos días en los medios, mientras los inmigrantes y refugiados avanzan a través de México, es quién organizó la caravana.
El gobierno de Honduras acusa a un opositor -que fue detenido cuando la columna de inmigrantes llegó a Guatemala y ya fue deportado de vuelta a su país-, mientras que Estados Unidos y la oposición venezolana establecen vínculos entre él, el ex presidente derrocado de Honduras Manuel Zelaya y el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
“El presidente de Honduras me dijo que la caravana fue organizada por grupos de izquierda hondureños, financiada por Venezuela y enviada al Norte para desafiar nuestra soberanía y nuestra frontera», sostuvo esta semana el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, apuntalando las versiones de sus aliados en la región. Sin embargo, puertas adentro, la estrategia de la Casa Blanca es otra.
En la recta final de la campaña electoral, Trump quiere convencer a su base aliada de que la caravana en una amenaza masiva e inminente a la soberanía nacional, alentada por la oposición demócrata.
“Estoy viendo el asalto dirigido por el Partido Demócrata (porque ellos quieren fronteras abiertas y las actuales leyes débiles) sobre nuestro país, realizado por Guatemala, Honduras y El Salvadores, cuyos líderes están haciendo poco para evitar que este flujo de personas, INCLUIDOS MUCHOS CRIMINALES, entre de México a Estados Unidos”, tuiteó el mandatario la semana pasada.
Desde ese momento, fue escalando su discurso hasta que, hace unos días en un acto en Montana, advirtió que los comicios del próximo 6 de noviembre, en los que su partido podría perder el control de una o de las dos cámaras del Congreso, son “las elecciones de la caravana”.
El hilo conductor del discurso electoral de Trump se hizo más fácil desde ahí: repetir una y otra vez que los demócratas son “obstruccionistas” que no dejaron aprobar su proyecto de reforma migratoria el año pasado, ni le permiten financiar la expansión del muro fronterizo con México -pese a que el oficialismo republicano tiene mayoría propia en ambas cámaras del Congreso-, que la caravana está a punto de sobrepasar la “débil” seguridad estadounidense y que entre los inmigrantes centroamericanos hay “criminales”, “traficantes de drogas” y “personas de Medio Oriente no identificadas”.
“Cada vez que ven una caravana o personas entrando ilegalmente o intentando entrar ilegalmente a nuestro país, ¡piensen y culpen a los demócratas por no habernos dado los votos para cambiar nuestras patéticas leyes migratorias! ¡Acuérdense de las elecciones de medio término! Es tan injusto para los que vienen legalmente”, continuó esta semana el mandatario en su cuenta de Twitter, luego de calificar la futura llegada de la caravana a la frontera como “una Emergencia Nacional”.
En los comicios de principio de noviembre, los estadounidenses renovarán toda la Cámara de Representantes, alrededor de un tercio del Senado y se pondrán en juego 36 gobiernos estatales y otros poderes locales. Trump no sólo se juega su popularidad con la primera elección federal de su mandato, sino que además podría perder la ajustada mayoría de un senador que tiene en la cámara alta. Pese a que tiene más margen en la cámara baja, a sólo semanas de las elecciones, ningún analista se anima a pronosticar un resultado allí.
Según un reciente sondeo hecho por Pew Research Center, para tres cuartos de los votantes que se identifican como republicanos, la inmigración es un “problema muy importante” y en la lista general de temas que los preocupan aparece como el número uno. Entre los votantes demócratas, en cambio, la mayoría cree que la ilegalidad en el trato con inmigrantes es uno de los principales problemas del país.
“Políticamente hablando, creo que podría ser un golpe definitorio para la elección porque nada es más poderoso, más potente que la idea de masas, de gente descontrolada irrumpiendo en tu país”, destacó hace unos días al medio estatal Voice of America Dan Stein, el presidente de una organización que pide reducir la inmigración ilegal, la Federación para una Reforma Migratoria Estadounidense (Federation for American Immigration Reform).
Desde el otro lado del espectro político, la directora de comunicación del Consejo de Inmigración Estadounidense (American Immigration Council), Royce Bernstein Murray, también advirtió sobre el uso electoral de la caravana de inmigrantes y refugiados centroamericanos que está haciendo la Casa Blanca: “Creo que la caravana se convierte en una excusa para que el presidente pueda escalar su retórica hostil que demoniza a los inmigrantes y les roba su humanidad”.
Esta retórica electoral -puertas adentro de Estados Unidos- y complotista -puertas afuera con los presuntos vínculos con Maduro y Venezuela- corre el eje de discusión de los más de 7.000 centroamericanos que, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la agencia de la ONU para refugiados, el Acnur, escaparon de situaciones de extrema pobreza, persecución política y violencia criminal, y están desesperados por reconstruir su vida y la de su familia en otro lado.
Por ejemplo, a diferencia de la caravana anterior que partió de Honduras e intentó llegar a Estados Unidos en abril pasado, esta vez la columna de personas fue mucho más grande y muchos más decidieron pedir asilo en México, un punto supuestamente intermedio, según destacó a Zoom la vocera de Acnur para la región, Francesca Fontanini.
Después de cruzar la frontera desde Guatemala, cerca de 1700 centroamericanos pidieron formalmente asilo en la ciudad mexicana de Tapachula esta semana. Muchos otros miembros de la caravana siguen en esa ciudad pensando en sus próximos pasos con la ayuda legal y humanitaria de organizaciones civiles e instituciones internacionales como la OIM y Acnur. Otros continuaron camino hacia el Norte y se cree que en dos semanas los primeros caminantes de la caravana podrían llegar a la zona fronteriza con Estados Unidos.
Fontanini evitó comentar sobre la escalada verbal en Estados Unidos, pero sí afirmó que no se trata de un movimiento gigantesco de personas: “No es un número tan grande si se lo compara con la situación de los migrantes y refugiados venezolanos.” La columna de caminantes, aclaró además, no avanza toda junta y aún no está claro cuántos llegarán finalmente a la frontera norteamericana. En abril pasado, fue sólo un pequeño grupo.
Pero la utilización política de la caravana que está haciendo Trump no sólo esconde la humanidad y la realidad dramática de miles de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que prefieren lanzarse con sus niños pequeños a una travesía peligrosa y que difícilmente será exitosa antes que quedarse en sus países y aceptar que no tendrán un futuro seguro y digno. También busca esconder la realidad social en Estados Unidos.
“El presidente está desesperado por cambiar el tema del sistema de salud a la inmigración porque sabe que el sistema de salud es el tema que más les interesa a los estadounidenses”, denunció esta semana el jefe de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer.
Pero recientes sondeos y el hecho de que Trump haya mantenido sus niveles de popularidad tras desarticular la reforma de salud de su antecesor, Barack Obama, que buscaba garantizar la universalidad del sistema, ponen en duda el discurso demócrata. Más aún, el ataque frontal contra el llamado sistema Obamacare, al igual que las promesas xenófobas y antimigratorias, demostraron ser herramientas muy efectivas en la exitosa campaña electoral presidencial republicana de 2016.
Lejos de querer hacer de esta elección un referéndum sobre sus primeros dos años de gestión -como suelen hacer los presidentes en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo-, Trump vuelve a echar mano sobre una estrategia que sabe que funciona, no para el público en general, sino para su base electoral: erigirse como la única persona capaz de hacer lo que el resto no se anima a hacer.
Hoy se trata de acusar a la oposición de tener “una política de fronteras abiertas” y frenar a las supuestas hordas que avanzan descontroladas desde Centroamérica y México y quieren entrar al país para usurpar sus trabajos, sus servicios y sus beneficios. No importa que el muro en la frontera sur comenzó a construirse en 1994 con el presidente demócrata Bill Clinton o que las deportaciones de inmigrantes se dispararon bajo ese mismo gobierno en los 90s y crecieron como nunca antes durante los dos mandatos de otro demócrata, Obama.
No importa porque los demócratas, cómplices en esta política migratoria durante décadas, están paralizados, atrapados entre la necesidad de oponerse a las políticas de Trump y de controlar a la nueva camada de dirigentes y votantes -muchos de ellos mujeres feministas, latinas y progresistas- que pide un cambio real dentro del programa y los valores del partido.
