En los últimos meses se abrió una interesante discusión pública sobre la falta de legitimidad del sistema judicial la cual se convirtió en uno de los principales ejes de debate de la agenda nacional. El descreimiento de gran parte de la población en la justicia es una cuestión instalada en el imaginario colectivo que será interesante desmenuzar poco a poco. Algo así intentaré hacer en este artículo con una mirada alternativa a la se propone desde el oficialismo y los medios de comunicación hegemónicos.
Este problema de legitimidad se convirtió en un tema oficial para los tres poderes del Estado. El Presidente de la República realizó una fuerte crítica al funcionamiento del judicial en un acto de gobierno que intentaba fijar el rumbo de la alianza gobernante. Casi como una respuesta instantánea en el acto de apertura del año judicial, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) llamó a jueces, camaristas, abogados y trabajadores judiciales a hacer una reflexión respecto de la necesidad de modificar las prácticas arraigadas en la institución judicial con una mirada crítica. Al mismo tiempo, diputados y senadores discuten una agenda de reforma atada a las demandas de la demagogia punitiva, que en los últimos tiempos llevó a la sanción de leyes como la modificación del proceso de flagrancia y el endurecimiento de los requisitos para hacer uso de la libertad condicional.
Los medios de comunicación no son ajenos neutrales en la discusión y rápidamente los temas judiciales han ganado lugares protagónicos en tapas de diarios y portales web. La necesidad de un cambio radical en la administración de justicia aparece como un tópico permanente.
Pero esta notoriedad creciente abre dos grandes interrogantes: En primer lugar, ¿Sobre qué concepto de justicia se discute cuando debatimos sobre la reforma del Poder Judicial? Y por otra parte: ¿Estamos seguros que se está discutiendo de cara a la sociedad o se trata simplemente de una disputa de legitimidad dentro de los sectores del poder político y económico local?
En cuanto al primer aspecto, considero que el modelo que habitualmente se tiene en miras al tiempo de discutir estas reformas se corresponde con el de una justicia pensada como artífice necesaria de una Democracia Representativa o de baja intensidad íntimamente relacionada con el robustecimiento del libre mercado. Este sistema de gobierno se basa en el respeto de las formas típicas de la democracia -voto uninominal, libertad de expresión, sistema de partidos, separación de poderes y libertad de asociación, libertad de empresa, etc., pero no cuestiona ni intenta revertir la desigualdad social en cuanto a la apropiación de la riqueza producida socialmente. Es el sistema democrático exportado por las grandes potencias mundiales a través de un bonito “packaging” denominado Estado de Derecho es aplicado al pie de la letra por la mayoría de los gobiernos alrededor del mundo. Sin ir más lejos, el funcionario elegido por Donald Trump para ocupar la embajada argentina refirió al tiempo de ser entrevistado en el Senado de su país que: «Sé cuán importante es el Estado de Derecho y cuán importante puede ser una rama judicial fuerte e independiente para un país que va a ser una democracia sólida», y agregó: «Mi intención es continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina para mejorar el sistema judicial y fortalecer la confianza de la gente en el sistema judicial”.
Pero este modelo de justicia instrumental que no brinda respuestas a grandes grupos sociales busca legitimarse socialmente a través de una de sus facetas que tiene un gran nivel de exposición mediática. Por eso en nuestra sociedad ha desarrollado un tipo de justicia al cual Boaventura de Souza Santos denomina justicia- espectáculo –que representa un 1% del trabajo judicial- que está íntimamente vinculada con lo que los grupos de poder hegemónicos denominan “Estado de Derecho”, llama la atención de los medios de comunicación y sus tópicos constituyen gran parte de la agenda local y global al tiempo de pensar las tan proclamadas reformas judiciales.
Incluso las potencias mundiales, a través de las agencias multilaterales de crédito, invierten millones de dólares para importar a nuestros países semiperiféricos lo que el modelo de Estado de Derecho consensuado entre aquéllos países. Se trata de un modelo de justicia que selecciona como objeto procesal algunos de los grandes casos en los cuales se examina, por ejemplo, el vínculo de los dirigentes políticos con los emporios económicos. Cabe destacar que la justicia-espectáculo no plantea una lucha sistémica contra todos los hechos de corrupción sino que se eligen políticamente los casos que van a prosperar y que “casualmente” son los que involucran a los funcionarios que de alguna manera han perdido poder hegemónico. En tal sentido, Zaffaroni afirma que “hay conflictos entre poderosos grupos económicos, de tal manera que la corrupción denunciada sólo afecta a los perdedores en esos conflictos”. Lejos de buscar una solución definitiva al problema de la corrupción, como si ocurrió en la Italia del “Mani pulite” (Manos Limpias), la selección de “chivos expiatorios” permite que el vínculo entre empresarios y funcionarios “ganadores” funcione sin mayor cuestionamiento social.
De esta manera la discusión sobre la legitimidad del Poder Judicial se consolida sólo con una correcta separación de los Poderes, logrando que los jueces no intervengan en asuntos en los que no son llamados, que exista transparencia en los procedimientos y en el sorteo de las causas, protección de los imputados respecto de las grabaciones de sus conversaciones, etc. Como verán estas son las cuestiones que se dirimen en la actualidad mediante acordadas, artículos periodísticos y sentencias que se han convertido en tópicos de conversación habitual entre argentinos.
¿Pero no deberíamos ampliar la agenda de debate sobre la necesaria reforma de la justicia y volvernos a preguntar por qué la gente no cree en el sistema judicial?
En este camino existe un segundo tipo de justicia mucho menos visibilizada, mucho menos mediatizada a la cual De Souza Santos denomina justicia-rutinaria, representa el 99% del trabajo de las oficinas judiciales y está constituida por causas civiles, laborales previsionales en las que se garantizan los derechos a los ciudadanos de a pie. Este tipo de justicia no encuentra un lugar privilegiado en la agenda de debate del Poder Judicial, por lo menos en la voz de los actores políticos y judiciales que deberían impulsar estas transformaciones. Solo son temas de debate cuando se intentan instrumentar procesos basados en la solución alternativa de conflictos –arbitraje, mediación, etc.- para intentar que estos procesos se regulen fuera del poder judicial y se realicen con la lógica propia del mercado y así aumentar la desprotección de los ciudadanos con menos recursos o cuando se discute sobe la excesiva judicialización que representa un problema de costos del sector del capital.
La afectación de los derechos de los jubilados, de los trabajadores, de las víctimas de la violencia de género, etc., no encuentran respuestas de una justicia rutinaria que tiende a fracasar debido a la falta de recursos técnicos, edilicios y humanos y por la falta de reformas procesales que garanticen el acceso de forma económica y veloz para este tipo de casos.
Los ejes de la reforma global van a tomar parte de las cuestiones referentes a esta justicia-rutinaria pero lo harán exclusivamente sobre materia penal. Es decir se impulsan reformas que intentan generar una sensación de seguridad haciendo más eficiente una parte de la justicia criminal que investiga y sanciona a los delincuentes menos complejos que son los que cometen delitos contra la propiedad en la calle y sin organicidad por lo que habitualmente son atrapados en el momento de cometer el ilícito. Sobre este tipo de delito la justicia intenta dar una respuesta veloz. La paradoja de la agenda de la demagogia punitiva es que como los recursos son limitados en el Poder Judicial, los recursos destinados a este tipo de investigación son los mismos que no se destinan a investigar los delitos complejos como los del narcotráfico, el lavado de dinero o la trata de personas.
Entonces se habla de una crisis de legitimidad del Poder Judicial pero al tiempo de discutir sus alcances y los motivos de la situación actual lo hacemos a través de un prisma que no nos permite ver lo que se encuentra detrás de la justicia-espectáculo y una vez superados los parámetros impuestos por el concepto de Estado de Derecho y la democracia de baja intensidad.
Pero ¿cómo podemos generar estas transformaciones en el sistema judicial?
Creo que debemos dar una fuerte batalla con el fin de visibilizar una agenda de democratización del Poder Judicial que tome en cuenta las necesidades concretas de los ciudadanos excluidos dándole lugar a una versión de la democracia en términos participativos, es decir, una democracia no ya meramente instrumental sino mucho más sustantiva en la cual el Poder Judicial funcione como parte del sistema de Gobierno y asuma un compromiso respecto de las grandes deudas que tiene nuestra sociedad con los sectores más desprotegidos.
Queda entonces dar una respuesta al segundo interrogante planteado. La cuestión de si la mediatizada disputa entre los diferentes agentes que componen el campo jurídico y el gobierno nacional se está llevando delante con el objetivo de lograr un reforma del PJN que brinde respuestas a esa sociedad que descree de la justicia o si por el contrario, se trata de un enfrentamiento palaciego que tiene como principal interés encontrar algo de legitimidad social frente a la falta de respuestas políticas.
Vamos por partes. Por un lado el sector de la política -que aplica a rajatabla el modelo de la democracia Representativa o de mercado-, no encuentra respuestas eficaces a los principales conflictos sociales que esta ha generado como ser la inseguridad, el desempleo, la corrupción y eso hace que el sistema de gobierno se encuentre deslegitimado e intente colocar al Poder Judicial como el principal responsable de todos lo males.
Por el otro lado, el Poder Judicial resulta ser parte del problema, por ser parte del sistema de gobierno; pero también parte de la solución, por la expectativa social creada por medios de comunicación y el sector político. La permanente judicialización de la política, a la cual le corresponde una diametral politización de la justicia; son la respuesta desesperada de todos los protagonistas de una democracia que se encuentra con un déficit de legitimidad producto de haber abandonado la idea de transformación social o el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos para convertirse un mero instrumento de diseño institucional.
Salir de esta mirada limitada de las funciones judiciales y de las deudas pendientes de la justicia implica construir una agenda alternativa para la transformación que recupere la confianza de la población en nuestro sistema de gobierno. Algunos de los puntos importantes podrían ser los siguientes:
a) Garantizar el acceso a la justicia de:
1) los sectores más vulnerables de nuestra sociedad como son los trabajadores y los jubilados. Esto se lograría mediante la inversión en estructuras y personal para sortear el abarrotamiento de los juzgados que hacen que en muchos casos un trabajador acceda a un acuerdo irrisorio al no poder afrontar un litigio que dura en promedio cuatro (4) años. Evitar propuestas que impulsen la creación de métodos alternativos de solución de conflictos ya que por lo general desvirtúan el principio de juez natural y desprotegen a la parte débil de la relación laboral.
2) De las mujeres víctima de la violencia de género mediante sistemas de asesoramiento jurídico gratuito y el establecimiento de protocolos de actuación para funcionarios y Magistrados.
3) De las víctimas de las modernas formas de esclavitud moderna como son la trata de personas con fines sexuales, el trabajo esclavo y la explotación infantil. Dotar a los funcionarios de herramientas procesales adecuadas para la obtención de resultados respecto de los grandes poderes económicos y políticos que controlan dichas redes.
b) Reformar los sistemas de selección de Magistrados de manera que no duren más de un año, sean más transparentes y garanticen igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Es necesario erradicar el sistema de justicia subrogante que funciona como elemento coercitivo sobre el Poder Judicial .
c) Modificar la ley del Consejo de la Magistratura de forma consensuada logrando que se encuentren representados equilibradamente los tres estamentos que menciona la Constitución Nacional. A futuro y mediante una reforma Constitucional deberían analizarse la posibilidad de incorporar algún estamento relacionado con la sociedad civil de forma de abrir el campo jurídico a participación de representantes con una mirada externa al mundo judicial, fomentando así la democracia participativa dentro del Poder Judicial.
d) Avanzar en la aplicación de las reformas procedimentales que se encuentran pendientes en el ámbito Federal y comenzar el camino de la oralidad para los fueros civil y comercial. Instrumentar nuevas y novedosas acciones de clase.
e) Reglamentar el ingreso democrático al Poder Judicial para erradicar definitivamente sus prácticas elitistas, nepóticas y plutocráticas.
f) Dotar al Poder Judicial de las estructuras edilicias necesarias para hacer más veloces los procedimientos, evitando traslado de documentación y personas sin sentido.
g) La mayoría de las dependencias del PJN se encuentran centralizadas en zonas específicas de ciudades importantes pero no se encuentran en los lugares con más necesidades de presencia judicial por lo que resulta necesario trazar un mapa descentralizado de acceso a la justicia.
h) Dotar al Poder Judicial de tecnología de avanzada. Definir el sistema de expediente digital y compatibilizar los sistemas de la CSJN con los de los Ministerios Públicos. Para agilizar los procedimientos se podría brindar acceso directo a las bases de datos de la administración pública.
i) Reorganizar la oficina judicial a través de una mirada de la gestión social de calidad que se encuentra en las antípodas de los sistema de Juzgados Modelo y normas ISO 9001 impulsados por el Poder Ejecutivo y financiados por países extranjeros a través del Banco Mundial o empresas privadas.
j) Repensar la formación profesional universitaria haciendo foco en la práctica jurídica, punto débil en la gran mayoría de los planes de estudio de las Facultades de Derecho. Además, debemos formar abogados que sean capaces de entender los grandes problemas estructurales que permanecen sin solución en nuestras sociedades para poder intervenir en ellos a través de un derecho que sea más amplio que el derecho positivo.
Es tiempo de dar respuestas a la sociedad dando inicio a un programa democrático de auto reforma.
