“Nunca tuvimos tanto trabajo como hoy, así de clarito”, confiesa María del Carmen Verdú, abogada y referente histórica de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi), una organización que hace más de 25 años combate la violencia uniformada, denuncia su origen político y asiste a las víctimas en materia judicial. Para Verdú, la Argentina vive hoy en “estado de excepción”, en vista de los episodios que se fueron sucediendo desde mediados del año pasado y ante la postura adoptada por la gestión de Mauricio Macri. “Desaparición de Santiago Maldonado, fusilamiento de Rafael Nahuel y la reacción del gobierno, saliendo a bancar, a redoblar la apuesta”, enumera la dirigente de Correpi. A eso, le suma lo ocurrido durante las protestas callejeras y la sintonía fina entre la Casa Rosada y el actuar aleccionador de los tribunales. “Tenemos a cinco personas que están presas desde el 14 de diciembre por haber ido a una manifestación”, remarca Verdú en diálogo con Zoom. También sostiene que “si lo de Chocobar no es homicidio, entonces que modifiquen el Código Penal”, y lamenta que el presidente de la Nación salga “a abrazarse y a decirle héroe y que necesitamos más policías como usted a un tipo que le acaba de meter dos tiros por la espalda a una persona desarmada”.
¿Cómo caracterizan el momento que atraviesa el país en función de la política represiva del gobierno y el accionar de las fuerzas de seguridad?
Venimos sosteniendo que estamos en un estado de excepción. Muchas veces, nos equivocamos en las caracterizaciones de las etapas; a veces, frente a un hecho concreto, la indignación, la bronca, te llevan a sacar un montón de adjetivos. En cambio, hoy sí decimos que esto es estado de excepción. Y ojo, hay algunos grupos que nos dicen “no, no es estado de excepción porque es una democracia, así se reprime en democracia” y hacen tabla rasa: “Son todos iguales, son todos burgueses, son todos malos”, que también es un error. Decimos que vivimos en un estado de excepción por lo que estamos viendo, sobre todo desde mediados del año pasado. Porque lo que veíamos al principio era una avanzada represiva en distintas modalidades, con mucha velocidad y que auguraba cosas peores. Pero después, con la desaparición de Santiago, el fusilamiento de Rafael y la reacción del gobierno saliendo a bancar, a redoblar la apuesta con sus declaraciones, a partir de ahí paramos las antenas. Simultáneamente, empezó la represión masiva en las movilizaciones, en especial en la Ciudad de Buenos Aires, que hasta ese momento venía con exhibición de fuerzas, con detenciones tipo razia al término de alguna marcha, pero que se resolvían en comisarías sin causas o con alguna causa contravencional. Pero desde la marcha al mes de la desaparición de Santiago, empezamos a encontrar una cantidad de elementos donde se reproduce, en el ámbito judicial, de manera completamente lineal y muy ordenadita, una bajada política del gobierno nacional.
¿De qué manera se manifiesta ese rol que juegan los tribunales?
Por un lado, está la intervención de la Justicia Federal, que ya de por sí implica mucha más dificultad para liberar a los compañeros, porque es más burocrático, y supone una imputación mucho más grave. Hay que hablar de intimidación pública para arriba, y ya tenemos imputaciones por sedición, por rebelión. Implica también una amenaza de mayor pena y, de hecho, en esto de la dificultad de las libertades posteriores, tenemos cinco personas que están presas desde el 14 de diciembre pasado por haber ido a una manifestación, porque en su procesamiento ni siquiera se puede identificar una conducta puntual.
Conceptualmente, ¿cómo se puede entender el estado de excepción?
Es el recurso que tienen los gobiernos cuando deben enfrentar una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias. Por ejemplo, conmoción interna, invasión de un país extranjero, una catástrofe natural, etcétera. Entonces, podés decretar el estado de emergencia, de alerta, de sitio, todas distintas variantes del estado de excepción. Pero acá no tenemos una declaración formal; o sea, ni siquiera se molestaron en redactar un decreto, mucho menos en llevar un proyecto de ley al Congreso. Pero sale el presidente de la Nación a abrazarse y a decirle héroe y necesitamos más policías como usted a un tipo que le acaba de meter dos tiros por la espalda a una persona desarmada. Una persona que antes podrá haber robado o no, o haber lesionado o no, pero ahora ya no voy a saber nunca más si eso fue o no fue, porque lo mataron en lugar de juzgarlo. El Código Penal no dice “el que matare a un buen tipo” o “el que matare a un ciudadano honesto sin antecedentes penales”, dice “el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión”. Esa es la definición del homicidio. Entonces, si lo de Chocobar no es homicidio, que modifiquen el Código Penal. Pongamos las cartas sobre la mesa. Bueno, eso está ocurriendo de hecho. Por eso decimos estado de excepción y pena de muerte como la circunstancia más grave de ese combo. Nosotros tomamos la definición de Giorgio Agamben, que la desarrolló a partir de todas las modificaciones normativas y de manejo del aparato de seguridad de Estados Unidos después del 11 de septiembre. Esto, que antes se usaba cuando había un terremoto, una invasión o un estado de conmoción interna, se está convirtiendo paulatinamente en el nuevo paradigma de las democracias para controlar el conflicto social a través de medidas que son ilegales, inconstitucionales, pero que tienen el fundamento de legalidad objetiva porque emanan de un gobierno constitucional.
“Desde la marcha al mes de la desaparición de Santiago, empezamos a encontrar una cantidad de elementos donde se reproduce, en el ámbito judicial, de manera completamente lineal y muy ordenadita, una bajada política del gobierno nacional”
En Cambiemos hablan de un “cambio cultural”. Incluso, después del asesinato del joven mapuche Nahuel, el presidente declaró: “Hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse”.
Todo eso lo hemos citado en el recurso de apelación que fundamentamos en la Cámara Federal. Le dijimos a los jueces que las leyes se hacen en el Congreso, que el Código Penal dice tal cosa, el Procesal tal otra, pero resulta que el juez Claudio Bonadio dice, al procesar a los detenidos del 14 de diciembre, que no tiene una sola evidencia de que esas 32 personas hayan cometido algún hecho puntual porque no tiene imágenes ni filmaciones, no tiene siquiera constancia de que hayan estado en la marcha, pero que esto no es óbice para que pueda tener por probados los hechos de la acusación porque posee las actas policiales y, a falta de otras pruebas, les da plena veracidad. ¿Qué diferencia hay con decir que la versión de las fuerzas es la versión de verdad?
Frente a este cuadro de situación, ¿cómo actúan desde Correpi?
Nosotros partimos de la base de no tener confianza en ninguna institución del Estado, porque no lo entendemos como un sujeto neutro que está ahí para ayudar a los pobres y los débiles, sino como la herramienta con la cual la clase dominante garantiza el sostenimiento y la profundización de la explotación, pegándole al que le tenga que pegar. Por eso decimos que todo Estado es represor, en tanto sea un Estado con distintas clases en su seno, y todo gobierno que administre un Estado dividido en clases va a tener que reprimir. Ahora, el cómo reprima va a depender básicamente de dos parámetros. Primero, están las propias características del gobierno en cuestión, porque si vos en cada discurso querés salir hablando de constitución, democracia, derechos humanos, libertades públicas, más o menos tenés que pilotearla, y hemos visto bastante de esto en tiempos recientes. Y el segundo y central elemento es la necesidad de la etapa. Agamben dice que el estado de excepción va indisolublemente unido a la necesidad del gobierno. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Al tener esta caracterización del Estado, con represión más o menos explícita, para nosotros la salida siempre es la organización y la lucha independiente. Y en una instancia como esta, a eso se suma además otro requisito que es la unidad.
¿Algo de eso se vio durante el paro del 21 de febrero?
Lo vimos claramente en la 9 de Julio. Vos tenés un conflicto que es común con toda una cantidad de gente con la que te vas a matar discutiendo 8000 millones de cosas, pero con las que hoy estás de acuerdo en que hay que salir a decir que este es un gobierno de hambre y represión. En estas circunstancias, esa unidad de acción callejera que vimos el 21, que vimos en las movilizaciones por Santiago y que, espero, podamos ver el 24 de marzo, es imprescindible, ya no es una opción. Es una necesidad absolutamente imperiosa, más allá de que haya un montón de sectores con los que vas a llegar hasta ahí en el acuerdo. O sea, con (Hugo) Moyano no nos vamos a sentar a discutir nunca un programa, ni siquiera uno de acción gremial. Después, tendrás un nivel intermedio, donde podrás avanzar en determinados tipos de coordinaciones de reivindicaciones específicas, donde sí vas a poder armar un programa antirrepresivo o de reivindicaciones gremiales o para los docentes o la defensa de los estudiantes que toman los colegios o los jubilados. Es un nivel intermedio, donde no vas a tener tampoco acuerdos en definiciones estratégicas, pero no necesitás estar de acuerdo en el plano estratégico para denunciar que el gatillo fácil avalado y defendido por el gobierno nacional es pena de muerte de facto. Después te queda, por lo menos para los que creemos en la necesidad de sostener la mirada fija en el horizonte del socialismo, los niveles estratégicos, que es la construcción de organización revolucionaria, de partido, pero ahí Correpi ya no tiene nada que ver.
Sin embargo, son dos tareas que corren en paralelo, ¿no?
A partir de haber comprendido eso, y bien en la praxis, no en los libros, es que después de casi 30 años de militancia exclusivamente en el frente antirrepresivo en Correpi, hace dos años me sumé a una organización política (NdR: en 2017, fue candidata a diputada nacional por el espacio Poder Popular en la lista del FIT).
“Si vos mirás todo el esquema de las distintas reformas propuestas, de cabo a rabo, te das cuenta que es tirar por la borda 200 años de conquistas obreras, barajar y dar de nuevo con otra lógica, con la lógica del capital, del empresario”
Aunque la política de seguridad de Cambiemos tenga su propia entidad, es parte de un proyecto de país más amplio. ¿Cómo se vinculan estos dos planos?
Esto no es un tema de buenos y malos, y ahora nos tocó uno malo que se levanta y dice vamos a salir a hacer barbaridades. Acá hay un plan. Esto que ellos llaman “el cambio cultural” es la herramienta para llevar adelante un proyecto que es la reformulación y reestructuración a fondo y a largo plazo del conjunto de las relaciones capitalistas en el país. Si vos mirás todo el esquema de las distintas reformas propuestas, de cabo a rabo, te das cuenta que es tirar por la borda 200 años de conquistas obreras, barajar y dar de nuevo con otra lógica, con la lógica del capital, del empresario. ¿Por qué uno tiene esa sensación de que no le entran las balas? Por un lado, a partir de cómo manejan de bien la cuestión comunicacional, efectivamente están avanzando en ese cambio cultural o simulan hacerlo a partir de toda su usina de propaganda, trolls, bots, medios. También tiene que ver con que, por primera vez en nuestra historia, no se trata de un segmento de la política burguesa a la que le toca hacer de mandatario del capital reconcentrado. Es el propio capital reconcentrado. Esto de “Argentina atendida por sus propios dueños” es tal cual. Entonces, las reuniones de gabinete son reuniones de directorio, donde lo que se busca es el costo-beneficio, me sirve, no me sirve, aunque después los salgan a insultar. Claro que se intenta manipular para que la reacción sea la menor posible. Y cuando eso no sale, palo y a la bolsa.
Una crítica reiterada a Cambiemos es que, fruto de la actitud del Ejecutivo, las fuerzas de seguridad están envalentonadas. ¿Qué opina?
Mirá, Trotski puro: el tipo nacido en la clase obrera que se mete a policía se convierte en un policía de la burguesía. Para pegar el salto de ponerte al servicio del patrón para reprimir a tu igual, mínimamente tenés que tener el germen del desclasamiento en la cabeza, que después se van a encargar de reafirmar durante el entrenamiento. A mí me preocupa la idea del envalentonamiento, tratamos de no fomentarla, porque esto de “le soltaron la correa, le dieron luz verde” lo que hace es colocar el centro de decisión en cabeza de la policía. La policía es la herramienta, es el brazo armado, la que piensa y baja la orden es la cabeza. En ningún momento, bajo ningún tipo de gestión, hemos visto una ruptura de la cadena de mando, jamás. Cuando te la contaban como ruptura de la cadena de mando, la típica tesis de (Nilda) Garré hablando de la autonomía funcional, burocrática, era en realidad para disimular las cosas que ellos mismos habían ordenado. Que las fuerzas de seguridad tienen feroces y furibundas internas, no te quepa la menor duda, pero reproducen las internas de la burguesía en general. Cuando dos jefes policiales se pelean entre sí, es porque uno es un hombre de tal y el otro es de tal otro.
A nivel país, ¿cómo se viene manifestando la situación represiva que denuncia Correpi?
Si ves el archivo donde sistematizamos el tema de muertes por gatillo fácil o en lugares de detención con un índice por millón de habitantes, el gráfico, de ser en valores absolutos mitad provincia de Buenos Aires y mitad el resto de los distritos con alguna diferencia, se convierte en una torta prolijamente cortada en porciones casi iguales. Ahora está Tierra del Fuego primera, con un índice de 188,67, segunda Santa Fe y Buenos Aires queda tercera. O sea, en lo que tiene que ver con el disciplinamiento de control social en las calles, los barrios, gatillo fácil, torturas, detenciones arbitrarias, es absolutamente parejo, con mayores incidencias en los centros urbanos. ¿Por qué Santa Fe tiene un índice alto? Porque tiene el Gran Rosario. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Tierra del Fuego? Las características socioeconómicas del lugar. Si vos me decís cuáles son las ciudades más “pesadas”, destacan Mar del Plata y Bariloche, porque son lugares en los que tenés que limpiar un centro para el uso turístico, y tenés una periferia con una tasa de desempleo absolutamente superior a la media nacional. Ahora, en cuanto a represión de la protesta y conflicto, hay que ver dónde se dan los casos. Ahí hay un mapita bien específico de estos últimos dos años: Mendoza, Jujuy, provincia y ciudad de Buenos Aires, Córdoba. Es decir, el eje Cambiemos.
