La causa por el Memorándum con Irán es un himno al desplome del Estado de Derecho. Su efecto más siniestro fue el procesamiento con prisión preventiva (domiciliaria) de Héctor Timerman, algo que por su debilitada salud requirió una dosis extraordinaria de crueldad. En medio de aquellas circunstancias fue espeluznante que el titular de la AMIA, Agustín Zbar, escribiera una columna de opinión –difundida el 17 de enero por la agencia Télam– en la que califica como personas “que se jugaron todo por esta causa” a los ex fiscales Eamon Mullen y Jorge Barbaccia, ambos acusados –en el juicio oral que investiga el encubrimiento del atentado al edificio de esa mutual– por haber construido pruebas falsas a fuerza de sobornos. Nadie entonces suponía que dicho parecer era en realidad la avanzada de una política de Estado.
Tanto es así que los abogados querellantes que representan al Gobierno acaban de pedir en su alegato la absolución de ambos, para quienes la fiscalía solicitó ocho años de cárcel. Semejante decisión fue respaldada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, al afirmar en un reciente comunicado que “no son suficientes los elementos probatorios” contra ellos. Cabe resaltar que semejante brote de “garantismo” oficial también alcanza al ex comisario Jorge Palacios, al que se le imputa el abandono deliberado de la investigación sobre el sospechoso de origen sirio Alberto Kanoore Edul, vinculado con la familia del ex presidente Carlos Menem, entre otras trapisondas
Es un secreto a voces que el salvataje al célebre policía tiene directamente que ver con el cariño que le profesa Mauricio Macri.
Bien vale entonces reparar en este personaje. Y en el lazo que lo une al actual mandatario.
El pasado nunca muere
Durante la mañana del 23 de noviembre de 1991, Macri fue llevado a una casa ubicada sobre la avenida Garay al 2800, de Parque Patricios, para reconocer el sitio en el que dos meses antes había transcurrido su secuestro. Y al llegar a un oscuro sótano, rompió en llanto. Su sollozo entrecortado y agudo era casi infantil. En aquel instante, un oficial lo estrechó entre sus brazos con una fingida ternura. Se trataba de un tipo alto, con bigote tupido y mirada fría. Ese gesto bastó para que el joven heredero recobrara la compostura. Claro que entonces el uniformado no imaginó hasta qué punto tales palmaditas incidirían con el tiempo en su propio destino.
Lo cierto es que, 18 años después, ya siendo jefe del Gobierno porteño, Macri le concedería al “Fino” –tal como todos llaman a ese hombre– el honor de organizar y conducir lo que por aquella época era su criatura más preciada: la Policía Metropolitana. Eso causó su primera crisis política, dado el carácter picante del historial de Palacios.
Entre quienes repudiaban su nombramiento había familiares de víctimas del atentado a la AMIA, organismos de Derechos Humanos y casi todo el arco opositor. El rechazo hacia Palacios reconocía múltiples motivos: su dudoso rol en la investigación del ataque terrorista en la calle Pasteur, su participación en la oleada represiva de 19 y 20 de diciembre de 2001, además de la ya famosa escucha telefónica en la que Palacios le manifiesta a un traficante de vehículos robados su interés en adquirir una camioneta para una excursión de pesca. El lazo entre ellos fue el ex subcomisario Carlos Gallone, quien sería condenado en 2008 a prisión perpetua por la Masacre de Fátima, uno de los crímenes más brutales de la última dictadura. A raíz de la difusión pública de esa llamada, el Fino fue echado de la Policía Federal en 2004.
La prehistoria de Palacios en esa fuerza arrancó en la Escuela Ramón L. Falcón, de la que egresó a los 20 años con el grado de oficial ayudante. Corría 1969, y por un tiempo se fogueó en algunas comisarías. Pero ese joven policía daba para más. De modo que no tardó en arribar al edificio de la calle Moreno 1417, un destino codiciado por los efectivos puesto que allí prestaba servicios nada menos que la elite de esa mazorca. En aquellos tiempos, tal dependencia tenía el críptico nombre de Coordinación Federal, casi un eufemismo para nombrar el brazo represivo de la principal agencia policial del país. Dicen que Palacios desarrolló allí sus aptitudes investigativas durante buena parte de los setenta; es decir, los años de plomo.
Es de suponer que por entonces aquel entusiasta oficial haya conocido los rincones más recónditos de ese lugar. El edificio de la calle Moreno tenía nueve plantas. Desde octubre de 1975, el tercer y cuarto piso fueron usados como sede del temible GT 2 (Grupo de Tareas 2), que operaba bajo la órbita del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. En consecuencia, uno de sus jerarcas, el teniente coronel Alejandro Arias Duval –quien murió preso por delitos de lesa humanidad–, solía trajinar los mismos pasillos que Palacios. Al poco tiempo, entre el quinto y el séptimo piso se habilitó un centro clandestino de detención por el cual pasarían unas 800 víctimas del régimen. En aquella edificación no había efectivo o empleado civil que ignorara las actividades que se realizaban en dichos sectores. Máxime cuando el acceso de vehículos que transportaban a ciudadanos secuestrados se hacía a través de un patio descubierto con entrada por la calle Moreno. Desde allí, atravesando oficinas y guardias se llegaba a la zona de detención.
«Es un secreto a voces que el salvataje al célebre policía tiene directamente que ver con el cariño que le profesa Mauricio Macri»
El hombre fuerte del lugar era el comisario Juan Carlos Lapouyole, alias “El Francés” (también condenado a perpetua por la Masacre de Fátima). Este sujeto alto y con aspecto intimidante estaba al frente de la Dirección General de Inteligencia; de esta dependían los jefes de las brigadas operativas. Gallone era uno de ellos.
No se sabe con exactitud cuándo el “Duque” –aquel era su apodo– tuvo como subordinado al oficial Palacios, a quien apenas le lleva cinco años. Pero, por cierto, no fue a comienzos de los ochenta, cuando el represor ya prestaba servicios en la comisaría 4ª, su único destino fuera de Coordinación, y en el que el Fino no pasó. Se presume, en consecuencia, que la relación policial entre ellos se haya desarrollado en el edificio de la calle Moreno, así como también el vínculo amistoso que se prolongaría hasta el presente.
Aún se ignora en qué área específica prestó servicios el Fino durante su permanencia en Coordinación –ya por entonces llamada Superintendencia de Seguridad Federal– ni cuáles fueron sus tareas. Hay que reconocer que sobre él no hay denuncias por crímenes cometidos en la dictadura ni testimonios de sobrevivientes que lo incriminen. Sin embargo, por alguna razón, los detalles de ese segmento de su historia permanecen guardados bajo siete llaves.
Desde 1984 Palacios inició una etapa profesional que lo convirtió en un oficial reconocido y exitoso, al punto de llegar a la cima del escalafón con el grado de comisario general. En aquel trayecto supo encabezar la División de Toxicomanía y, luego, la Dirección Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA). Eso ocurrió en 1997. A partir de entonces se adueñó de la pesquisa del atentado a la AMIA, aunque su influencia en aquella causa se remontaba a 1994, siendo ya el sabueso de confianza del juez federal José Luís Galeano. El anhelo del Fino era llegar a ser el jefe máximo de la Policía Federal. Pero esa llamada telefónica para comprar una camioneta robada hizo que el presidente Néstor Kirchner lo exonerara.
Y fue Macri –por entonces presidente de Boca Juniors– quien lo rescató del ostracismo al darle empleo como jefe de seguridad del club.
Cumbres borrascosas
Su paso por el universo xeneize fue plácido y tranquilo. Allí anudó vínculos provechosos con ciertos socios reputados: el entonces juez federal Guillermo Montenegro, el fiscal Carlos Stornelli y el gerente del club, Andrés Ibarra.
También cabe mencionar que su mano derecha en esa función no fue otro que el después famoso espía Ciro James –un ex “pluma” de la Federal, tal como se denominan los agentes de su aparato de inteligencia–, a quien llevó en carácter inorgánico a las filas de la Metropolitana.
El regreso de Palacios a la función policial –en apariencia una segunda oportunidad brindaba por la vida– fue para él una fuente inagotable de dolores de cabeza. Empezando por el rechazo masivo que causó su designación. Otro con sus antecedentes se hubiera quedado en el molde. Pero ya se sabe que la ambición es una mala consejera. Y la visibilidad que le dio el nuevo cargo fue la antesala de su desgracia.
A eso se le sumó el escándalo por las escuchas telefónicas realizadas desde la Metropolitana a familiares de víctimas del atentado a la AMIA, junto a políticos, empresarios y hasta parientes incómodos de Macri. El ejecutor de esa maniobra no fue otro que el tal James.
Palacios se apartó de la Metropolitana en agosto de 2009.
El 17 de noviembre fue detenido en el marco de dicha causa por pedido del fiscal Alberto Nisman. James corrió idéntica suerte. A su vez, Macri quedó procesado como jefe de aquella «asociación ilícita». Recién sería sobreseído horas después de asumir la presidencia.
Palacios y James fueron excarcelados en diciembre de 2010. Pero siguen encausados en ese expediente.
Por entonces Nisman también lo procesó por encubrir a sospechosos del atentado a la AMIA.
Lo acusaba del “extravío” de 66 casetes con escuchas telefónicas –y sus transcripciones en papel–, además de obstaculizar la pesquisa en torno al ya mencionado Kanoore Edul.
«El Fino Palacios aún permanece en el banquillo de los acusados. Pero la suave brisa de un futuro venturoso lo refresca»
Al tipo, un próspero empresario textil, le habían detectado una llamada efectuada diez días antes del atentado a Carlos Telleldín –el principal acusado del asunto–, además de tener que ver con el volquete que en el momento de la explosión permanecía sobre la vereda del edificio siniestrado.
De modo que el Fino tenía orden de allanar su domicilio. La comisión policial comandada por él llegó allí en la mañana del 1 de agosto de 1994; sin embargo el operativo se realizó a las 17:30. Y en el ínterin hubo dos llamadas efectuadas desde su celular al teléfono de Kanoore Edul. Eso –de acuerdo a la acusación– incidió en que el asunto arrojara resultados negativos.
Dicho sea de paso, en vísperas a ser sumado al lote de sospechosos del encubrimiento, su jefe político, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, contrataba sin ninguna licitación la compra de uniformes para la Metropolitana a la empresa textil Texicorp. Su propietario era nada menos que Kanoore Edul.
Ese hombre murió en 2010.
El Fino Palacios aún permanece en el banquillo de los acusados. Pero la suave brisa de un futuro venturoso lo refresca.
Una brisa que sopla desde la Casa Rosada.
