No es simple explicar lo que pasa. Desde hace un año y medio a esta parte la Alianza Cambiemos nos demuestra a diario que encarna un gobierno ceocrático y “fantasma”: en su doble acepción de presente y ausente. Presente para restarnos derechos, para ajustar y reprimir. Y ausente a la hora de implementar políticas públicas que vayan a favor de las grandes mayorías argentinas. Macri encabeza un gobierno que mandó a reprimir en varias oportunidades. Además, está cifrando en ese gesto un reconocimiento para sí mismo: que es incapaz de mantener el orden social por medio de políticas públicas y entonces inevitablemente debe apelar a la brutalidad de la fuerza, contratara fáctica de los 147 caracteres expresivos de la retórica presidencial. Por otra parte, esa frontera represiva afectó también a las universidades públicas: lo vimos en Jujuy donde se violó la autonomía universitaria y se torturaron estudiantes en la Universidad Nacional de esa provincia. Y no se trató de un evento aislado, pues el viernes pasado la policía detuvo sin motivos aparentes a once estudiantes en la Universidad Nacional de Salta.
¿Cómo se pueden sintetizar esos ademanes? Con la gestualidad de un gobierno que carece de coherencia pública. Y que además destruye lo común que toca: el vivir en común. De hecho, ya rozó todos los ámbitos que podía tocar con el objetivo de quebrarlos: la vida obrera y del trabajo en sus distintas declinaciones, la educación, la cultura, la ciencia, la oposición por medio del ataque a sus dirigentes sociales que además concentran una cuota de género y de mayorías históricamente minorizadas (pensamos en Milagro Sala), la protesta social con una política explícita de criminalización. Ajuste, tarifazos, negaciones de paritarias nacionales y otras jocosidades. Además, estamos frente a un gobierno que tiene un plan de comprar armamento militar por más de 2000 millones de dólares a los Estados Unidos con el objetivo de combatir el terrorismo. Y como si esa frontera no fuera ya de por sí una especie de expansión hacia una segunda campaña del desierto, el macrismo, a través de su Corte Suprema, avanzó sobre la justicia para demostrarnos que el gobierno, desde el presidente, sus ministros y hacia abajo, es capaz de activar las pasiones más oscuras del ser. Por eso afloran todos los días las aberraciones del pasado y del presente, encarnadas esta vez en una ignominia jurídica que lleva las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco.
¿Qué legitimaron esos jueces? El beneficio del 2×1. Se trata de la ley 24.390 sancionada en 1994 y derogada en 2001. En su artículo 7 sostenía que en el caso de las personas detenidas y sin sentencia fija, a partir del plazo de dos años, cada día de prisión preventiva se contaba como doble. Pues bien, con este emergente el macrismo quebró todo pacto del vivir el común, al negar las luchas históricas del pueblo argentino en materia de memoria, verdad, justicia y derechos humanos. Y pasó un límite ético imposible de suturar. De hecho, el mismo día en que fue votada la ley por la Corte Suprema, en el segundo cordón del conurbano bonaerense, y en una de sus Universidades Nacionales, la de General Sarmiento, cuatro integrantes de la Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo, que aparentemente habían salido a festejar (vale la pena preguntarse, ¿qué cosa?), atacaron sexualmente a una estudiante; ataque que en la Comisaría Nº 2 de Malvinas Argentinas rotularon como “agresión sexual leve”. Ahora bien, ¿ese acto disciplinador en contra de una mujer el día de la sentencia hay que leerlo de manera separada de la ignominia jurídica de la Corte? Sospechamos enfáticamente que no. Mal por partida doble. El indulto derivado de este fallo despreciable nos retrotrae a los años de la impunidad, cuando no sólo los genocidas contaban con el beneplácito de un Estado democrático incapaz de superar al Estado terrorista en materia de justicia, sino que el conjunto de la sociedad posgenocida sufría las consecuencias de sostener una moral incapaz de creer que un mundo más justo era (y es) posible.
El pueblo movilizado en la marcha multitudinaria -histórica: una más en lo que va de un año y medio de macrismo brutal- que tuvimos el miércoles de la semana pasada viene a decir que no está dispuesto a volver a la impunidad. Que los genocidas tienen que estar presos en cárceles comunes. Que la legitimidad de esos juicios la otorgó un movimiento popular que nunca cesó ni cesa de exigir memoria, verdad y justicia. Y que volverá a decir que si no hay justicia, habrá escrache.
