Empujado por el escándalo creciente del Correo Argentino, el martes pasado el jefe de gabinete Marcos Peña brindó una conferencia de prensa e indicó que el gobierno le solicitará a la Auditoria General de la Nación un “veredicto técnico” sobre el cuestionado acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri que, de aprobarse, le permitiría a la empresa de la familia del presidente la condonación de una deuda millonaria. De inmediato, el titular de ese organismo, Oscar Lamberto, le respondió a Peña y aclaró que los pedidos de informes a la Auditoria deben ser ordenados a través del Congreso y no del Poder Ejecutivo. Además, señaló, la Auditoría no es el organismo pertinente para esta clase de casos y que, de necesitar una investigación, el Estado cuenta con otras herramientas más acordes. A pesar de esto, cuarenta y ocho horas después Mauricio Macri reiteró la necesidad de una investigación de parte de la Auditoría aunque, a diferencia de lo dicho por Peña, indicó que le pedirán al Congreso que solicite el informe. En diálogo con Revista Zoom, Lamberto insiste con que la Auditoría General de la Nación no es la instancia adecuada para este caso, que desconoce cuál puede ser la materia auditable y que, si el Comgreso aprueba finalmente el pedido de investigación, “es un tema tan traído de los pelos que vamos a tener que hacer malabares”. Asegura que el caso “es un tema sumamente complejo como para tratarlo con tanta liviandad” y apunta: “si piensan que se sacan un problema de encima mandándolo a la Auditoria se equivocan”.
El gobierno pide que la Auditoría General de la Nación investigue el tema Correo. ¿Es la instancia adecuada para un caso como este?
En realidad, el Poder Ejecutivo primero pidió mal. Porque esto tiene que dirigirse al Congreso, no a la Auditoria. El Congreso tiene que definir qué tipo de auditoría pretende qué hagamos y después precisar bien el objeto. Nosotros estamos en una situación un poco complicada, porque auditamos al Correo cuando era del Estado, cuando fue privatizado, cuando volvió al Estado y lo seguimos haciendo. Pero acá el problema en discusión es un proceso de quiebra que está en manos de los jueces. Y nosotros no podemos auditar a otro poder, que es la justicia en un trámite de quiebra. Por lo tanto, si no se precisa exactamente qué es lo que quieren que hagamos, va a ser bastante dificultoso para poder hacerlo. Así que estamos esperando que el Congreso nos lo defina.
¿Por qué cree que el gobierno quiere llevar este caso a la Auditoria?
No sé, pero esperemos que sean más serios. Porque si piensan que se sacan un problema de encima mandándolo a la Auditoria se equivocan. Se equivocaron de lugar. Creo que es un tema sumamente complejo como para tratarlo con tanta liviandad. Además, si hubiesen tenido la delicadez de levantar el teléfono y preguntar si lo podían hacer, le hubiésemos indicado que acá no era el lugar.
¿Hubo algún contacto posterior por parte del Ejecutivo?
No. La única persona con la que hablé después de la conferencia de [Marcos] Peña fue con la Vicepresidenta. Pero del Ejecutivo con nadie.
¿Hay antecedentes de que, en casos similares, el Estado haya demandado una investigación a la Auditoría?
Acá hubo dos trabajos que se hicieron, que yo recuerde. Uno, al principio del gobierno de Néstor Kirchner, que fue sobre el Pami, que después lo intervinieron. Y después intervenimos en el pase al Estado de Aerolíneas Argentinas. Pero ambos casos fueron una decisión del Congreso. Incluso en el caso de Aerolíneas hasta hubo una ley.
¿Cómo está conformada la comisión del Congreso que solicita las auditorias?
Es una comisión de doce miembros, seis diputados y seis senadores. Hoy la preside el senador [José Miguel] Mayans. Esa sería nuestra instancia superior.
¿En el caso puntual del Correo cuál cree que sería la materia auditable?
Eso es lo que no sabemos. Es tan traído de los pelos esto que cuando nos digan qué es lo que tenemos que auditar, vamos a tener que hacer malabares. Yo me pongo a pensar por qué se les ocurre mandarlo acá. El Estado tiene la Sigen, la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía Administrativa, la Procuración del Tesoro. La Justicia tiene el cuerpo de auditores judiciales. O sea, tienen todo un espectro y justo se le ocurre mandar donde no tienen que mandar.
Y más allá de lo que pueda resultar del informe de la Auditoria, la judicialización del caso va a continuar.
Además, si esto fuera poco, se trata de un proceso de quiebra, dentro del derecho privado. Esto es el código de comercio. El Estado acá actúa como una persona del derecho privado. Se juntan los acreedores con el deudor y le piden al juez que homologue el concurso. El problema acá tiene una naturaleza ética y política complicada, porque de los dos lados del mostrador está el mismo apellido. Este es el lío. Es más, en un concurso que puede llevar años y termina en una quiebra, no se puede hablar de actualizaciones. Se habla de moneda de quiebra. Es decir, cuántos bienes hay para pagar cuánta deuda. Pero si no tengo plata, no importa cuánto sea el valor. El Estado pierde tanto, bueno, pero si no está la plata no lo va a cobrar. Por lo tanto, este es un proceso que es de la ley de quiebras, no tiene nada que ver con la Auditoria. ¿Qué puede decir la Auditoria si se pusieron de acuerdo deudor y acreedores?
¿Cómo es la composición de la Auditoria?
Nosotros tenemos tres auditores para el justicialismo, dos radicales y uno por el Frente Renovador. Y además yo, que sería el que desempata.
¿Existe la posibilidad de que el gobierno lleve el caso a un terreno de disputa política, o al revés, que busque alguna ventaja política al enviar el caso a la Auditoria?
Es que este tipo de cosas no las politizamos. Esta es una casa de profesionales. Es más, si yo no tengo el profesional que necesito lo contrato. Esto no va a ser una mirada del comité nacional ni de la sede del Partido Justicialista. Esta es una sede profesional. Van a intervenir contadores, abogados, especialistas, todo lo que haga falta. Y su mirada es técnica. Por lo tanto, si pretenden sacar alguna ventaja política de la Auditoria, se equivocan de lugar,
¿Si el Congreso determina el plan de acción, cuáles serían los pasos a seguir?
Vamos a suponer que la comisión mixta apruebe algo que venga para acá. Deberá definir qué cosas quiere que auditemos. Esto significa hacer un plan de auditoría, armar los equipos, planificar la auditoría.
Es un trabajo de mediano plazo, no de resolución inmediata.
Sí, sí. No es en una semana, digamos. Pero insisto, imagino cosas que pueden mandar y no encuentro nada.
Cuando asumió Ricardo Etchegaray al frente de la Auditoria, él planteó implementar una suerte de auditoría en tiempo real. ¿Eso es factible?
No. Hay una norma legal constitucional que lo impide. Argentina adoptó como sistema de control externo el sistema ex-post, que rige en casi todas partes del mundo. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno no tiene límites para poder gobernar pero después responde por lo que hace. El sistema de control previo suponía un control que te aprobaba antes y después nadie te controlaba. Ahora es el revés. El tipo terminó su ministerio, está disfrutando de una playa y viene un juez y se lo lleva de las pestañas. Porque el control posterior encontró que había violaciones legales. No hay forma de hacer un control en tiempo real. Lo prohíbe la Constitución.
¿Cuántas causas hay hoy por controles de la Auditoria?
Hoy en la Justicia hay 150 causas penales fundamentadas en informes de la Auditoría. Y algunos presos también.
