Como todo lo que ocurre en el ámbito carcelario, salvo las fugas espectaculares y los hechos que terminan con un baño de sangre, la noticia fue ignorada por los grandes medios de comunicación y pasó casi inadvertida. La semana pasada, centenares de detenidos en las cárceles de Devoto, Olmos, Ezeiza, José León Suárez, Magdalena, la Unidad 9 y otras unidades penitenciarias de todo el país realizaron batucadas y huelgas de hambre contra el proyecto -con media sanción en la Cámara de Diputados- que modifica la Ley 24.660, más conocida como de Ejecución Penal, que reduce de manera tajante las posibilidades de los presos a acceder a las salidas transitorias y a la libertad condicional.
La iniciativa, cuyo tratamiento en el Senado fue finalmente postergado, forma parte de un paquete de proyectos que reforman el Código Penal, la ley de Ejecución Penal y el régimen de libertades durante el proceso que se inscribe en el marco de la ofensiva represiva del gobierno de Cambiemos cuyo eje es más mano dura -con la consiguiente restricción o anulación de derechos consagrados por la Constitución- en la llamada lucha contra la inseguridad. “Estos proyectos se suman a la ley de flagrancia aprobada hace poco tiempo y constituyen la consagración de normas que no sólo contrarían los pactos internacionales de derechos humanos suscriptos por Argentina, sino que modifican radicalmente el sistema penal, aniquilando principios constitucionales reconocidos por nuestro país desde su independencia. Además, terminan con el principio constitucional de inocencia. Se restringe la excarcelación a casos excepcionalísimos, constituyéndose la prisión preventiva en la regla. Desde ahora, las personas serán culpables hasta que demuestren su inocencia. Toda persona detenida por ser sospechosa de haber infringido la ley, permanecerá privada de su libertad hasta que la justicia determine si es culpable o inocente, es decir, estará condenada de antemano hasta que se pruebe lo contrario”, señaló la Comisión Provincial por la Memoria, que instó a los senadores que no voten el paquete y abran el debate en las comisiones con la participación de representantes de distintos sectores de la sociedad.
“Se pasa del derecho penal del acto, en el que es culpable el que comete un delito, al derecho penal de autor, donde es culpable la persona por su condición de peligroso o enemigo, aun antes de cometer un delito”
La lectura de los proyectos desnuda un rosario de medidas antidemocráticas y violatorias de la Constitución: terminan con el principio constitucional de que no se puede condenar dos veces a una persona por el mismo delito; dejan de lado el principio de resocialización; ancla las penas en el castigo y no en la búsqueda de la rehabilitación de las personas; suprimen el régimen de progresividad, que significa un aliciente para comenzar el proceso de reinserción dentro de las mismas cárceles; derogan en los hechos el régimen de libertad condicional, con la consecuencia de que prácticamente todos los presos deberán cumplir la totalidad de sus condenas; atentan contra la garantía de defensa en juicio, impidiendo a los condenados presentar peritos para acreditar sus dichos; otorgan al Servicio Penitenciario potestades extraordinarias, ya que obligan a los jueces a acatar los informes de sus juntas criminológicas para otorgar o no libertades; y con la creación de un registro de huellas genéticas violan la integridad de las personas, promoviendo su estigmatización y calificaciones arbitrarias de “peligrosidad”.
“Las leyes penales deben ser reformadas teniendo en consideración algunas cuestiones que estos proyectos dejan de lado completamente. En primer lugar, la situación escalofriante de las cárceles y el modo en que dentro de ellas se reproducen prácticas abusivas de manera permanente, que no sólo vulneran derechos humanos sino que tienden a desintegrar la persona humana y sus vínculos, sobre todo los familiares. A ello se agrega la necesidad de reformar los servicios penitenciarios, quitarles su impronta militar en la que la seguridad es el bien preciado, en lugar del tratamiento de cada persona, entendiendo por tal no sólo las distintas etapas del cumplimiento de la pena, sino también los aspectos laborales, educativos y la inserción de las personas en la sociedad. Todo proyecto que no vea esos puntos está destinado a reproducir males y a generar mayor violencia. Y la violencia que reproduce la cárcel repercute de modo directo sobre los sectores que tradicionalmente pasan por ella, que son los pobres”, explicó a Revista Zoom el penalista Rodolfo Yanzón.
Esa vieja costumbre de criminalizar
Para la Comisión Provincial por la Memoria, las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados son, en los hechos, instrumentos para la criminalización de los márgenes sociales que desplazan el eje del derecho penal de una manera que remite a los momentos más oscuros de criminología del sistema capitalista. “Se pasa del derecho penal del acto, en el que es culpable el que comete un delito, al derecho penal de autor, donde es culpable la persona por su condición de peligroso o enemigo, aun antes de cometer un delito. La política criminal basada en el derecho penal del enemigo, se fundamenta en la concepción de una sociedad de riesgo, donde el ciudadano es peligroso per se y sin prueba en contrario. Esto es el derecho penal de autor”, advirtió a los senadores que ahora deberán tratarlos. Y les recordó que “estas ideas tuvieron su máxima expresión en el régimen de la Alemania Nazi. Allí el enemigo del régimen, a quien se condenaba solo por considerárselo peligroso, era considerado el parásito del pueblo. Fueron estas ideas las que progresivamente llevaron al nazismo a implementar el sistema de exterminio de todo aquél que se considerara indeseable. También estas ideas abonaron regímenes dictatoriales como el franquismo español o el fascismo italiano”.
“La lectura de los proyectos desnuda un rosario de medidas antidemocráticas y violatorias de la Constitución”
En la Argentina de hoy queda claro quiénes serán las víctimas caracterizadas por la nueva normativa: los pobres y los marginados que entran en conflicto con la ley penal y que, por sus condiciones económicas, educativas y sociales están en francas desventaja a la hora de acceder a una buena defensa. Hay un desplazamiento evidente que transforma al supuesto “delincuente” en un enemigo del pueblo. El proyecto lo dice con todas las letras, cuando no se centra en el delito a juzgar sino en la caracterización arbitraria -por parte de los jueces- de un sujeto como “peligroso para la comunidad o para la seguridad” de la comunidad. “En vez de analizar los motivos del fracaso del sistema, agregan más razones para ahondar ese fracaso. Se funda la restricción de derechos en casos en los que el agresor se encontraba gozando de libertad durante el cumplimiento de pena, cuando justamente esos casos explican el estado lamentable del sistema, el nulo interés que la clase gobernante tiene sobre los presos, ya que ellos, en tanto miembros de esa clase, jamás irán a la cárcel”, dijo Yanzón a Revista Zoom.
Así no hay cárcel que aguante
La media sanción de los proyectos en la Cámara de Diputados también provocó preocupación en el seno mismo de los servicios penitenciarios. En ese sentido, la Procuración Penitenciaria de la Nación señaló que, de ser aprobado por el Senado, el paquete de reformas legales “conllevará al cumplimiento íntegro de las penas para la casi totalidad de los condenados que actualmente son alojados en las cárceles federales, incluyendo los penados por delitos no violentos como el tráfico de drogas a pequeña escala (quienes) serán puestos en libertad en forma abrupta, sin el acompañamiento y supervisión del Patronato de Liberados previsto en la actualidad para el instituto de la libertad condicional”, además de contravenir “los estándares constitucionales de resocialización y reinserción social de los penados contenidos en la actual ley, los cuales fueron reconocidos tanto por nuestra Corte como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
En caso de ser aprobada, la nueva legislación tendrá como consecuencia la agudización de la ya muy crítica superpoblación que tienen las cárceles argentinas. Para citar un solo caso, a fines del año pasado el Servicio Penitenciario Bonaerense alojaba a 34.096 presos, de los cuales sólo el 30% tenía condena firme, mientras que el resto estaba procesado con prisión preventiva. Si se tiene en cuenta que todas las cárceles y alcaidías del SPB cuentan con un total de 20.732 plazas, la superpoblación era del 59,8%, con una tendencia ascendente que no se detuvo en los últimos diez años. En este contexto, la inevitable llegada de más presos, producto de la restricción de las excarcelaciones y el acceso a la libertad condicional que contemplan los proyectos, será como agregar más combustible a un cóctel a punto de estallar.
“Estos proyectos son altamente regresivos para la sociedad, la libertad y la democracia. No hay que confundirse, la mano firme de un gobierno para resolver los problemas de la sociedad no pasa por profundizar la represión y el castigo sino por ofrecer oportunidades y políticas que promuevan más derechos. Nunca la restricción de las libertades ha traído mayor bienestar, sino que ha sido el camino hacia las peores catástrofes de la historia”, advirtió a los senadores la Comisión Provincial por la Memoria. “Si no se encara seriamente una reforma profunda del sistema carcelario, para acabar con el hacinamiento, las torturas y los malos tratos, toda reforma es demagógica, un juego para la tribuna”, dijo Yanzón consultado por Revista Zoom.
Fuentes de la Cámara de Senadores consultadas para esta nota dijeron que, tras la postergación del miércoles de la semana pasada, el tratamiento de las modificaciones aprobadas por los diputados deberá esperar a las próximas sesiones ordinarias. Así, los senadores tendrán tres meses para plantearse si van a sumar sus voluntades al endurecimiento de las políticas represivas que, fogoneado día tras día por los medios de comunicación hegemónicos, buscan consolidar la coalición conservadora en el gobierno y sus compañeros de ruta.
