Según el programa “Argentina Recicla”, se calcula en más de 50 mil los trabajadores cartoneros, carreros, botelleros y afines que día a día realizan sus actividades en las 23 provincias argentinas. Solo en Buenos Aires existen unos 30.000, de los cuales 5.000 están concentrados en la Ciudad Autónoma. Alrededor de 3.500, por su parte, habitan Córdoba, la provincia en la cual se realizó el lanzamiento, el pasado fin de semana, de una nueva herramienta de organización de los sectores populares: la Federación Cordobesa de Trabajadores del Ambiente (FCTA). El lanzamiento, entre muchas otras cosas, vino a poner en escena un dato que hoy resulta insoslayable: la ascendente multiplicación de las organizaciones de trabajadores de la economía popular en los últimos meses, hecho que a su vez viene marcando a paso firme el pulso de la agenda política actual.
Unidad, solidaridad, organización
“Somos actores que representamos una historia que está viva pese a que se ha querido negar. Como Facón Grande, referente de la Patagonia Rebelde, somos unos de los tantos protagonistas de una Argentina posible”, exclamó un miembro de la FCTA, el sábado pasado, al momento de explicitar la importancia coyuntural que tiene la unidad de los trabajadores de la economía popular. “Nuestra Federación reúne a cooperativas de cartoneros a pie, recuperadores a caballo, recicladores artesanales, proyectos de separación de basura y hasta cooperativas con pequeñas plantas modelo de reciclado”, expresaron luego a través de un comunicado de prensa. “Lo que nos une junto a la tarea ambiental es nuestra condición de trabajadores de la economía popular, nos unen nuestros orígenes y aún más nuestros horizontes compartidos”, resaltó asimismo uno de sus voceros.
Desde la nueva organización llaman la atención sobre esta paradoja de que surjan “micropolíticas ambientales” por parte de aquellos que menos tienen en esta sociedad y que, en cambio, los gobiernos que triunfan en las elecciones prometiendo “macropolíticas ambientales” no hagan más que estampar sus promesas en grandes inversiones publicitarias para que solo queden en eso. “Creemos fuertemente que la respuesta al problema ambiental y a la falta de políticas en esa dirección la damos quienes por necesidad nos vemos forzados a vivir de lo que los demás tiran: cartoneros, carreros, cirujas, recuperadores informales de todo tipo, somos quienes tomamos lo que la sociedad deshecha y lo transformamos en nuestro sustento”, argumentan. Y agregan: “reciclamos eso que de otro modo iría a un basural a cielo abierto o a un foso, a contaminarnos, y en cambio, lo devolvemos al circuito productivo”.
“‘Somos actores que representamos una historia que está viva pese a que se ha querido negar, somos unos de los tantos protagonistas de una Argentina posible’, exclamó un miembro de la FCTA”
Sin embargo, por lo general, los distintos gobiernos suelen “criminalizar” esta actividad, perseguirla, incluso encarcelando a sus protagonistas y, en el caso de los carreros, secuestrando sus animales.
En Santa Fe, sin ir más lejos, los carreros han visto agravada su situación tras las recientes medidas tomadas por el gobierno municipal, quien los denunció por “riesgo sanitario” luego de que protagonizaran una protesta en el basural de la ciudad. Esto se suma a medidas anteriores, como sancionar a los comerciantes que entreguen el material reciclable a los carreros. Algo similar sucedió en Tucumán durante el verano, luego de que el intendente Germán Alfaro impidiera a los carreros continuar con sus tareas laborales diarias. En Córdoba, la gestión del intendente radical (ahora “amarillo”), Ramón Mestre (hijo), también ha hecho lo suyo en el territorio de la capital provincial.
Por eso desde la Federación Argentina de Cartoneros y Carreros (FACyR), junto con algunas ONGs, lanzaron recientemente una campaña nacional bajo el rótulo “Reciclado en Nuestras Manos”, con el objetivo de visibilizar, durante tres semanas, esta labor. Charlas en universidades, cara a cara con vecinos de distintos barrios luego de instalar mesas en parques y esquinas, propaganda por redes sociales virtuales, fueron los modos a través de los cuales se convidó al resto de la sociedad su propuesta de construir un “sistema de gestión social integral del reciclado”.
Resistir/reciclar
Para el sector, el mencionado programa “Argentina Recicla” se propone, entre otras cuestiones, reducir las enfermedades y accidentes laborales, facilitar la lucha contra el trabajo infantil, propiciar interconexiones entre distintas iniciativas de la economía social, fortalecer la visualización del sujeto social como trabajador, a la vez que reducir los niveles de enterramiento de basura en rellenos sanitarios, fomentar la recuperación de materiales reciclables y elevar la conciencia ambiental de la población en general.
Entendiendo que la problemática ambiental tiene un alcance mundial, debido entre otras cosas al “esquema irracional de consumo propio del capitalismo neoliberal”, que genera una cantidad de basura imposible de absorber por el ambiente más allá del método de disposición final (enterramiento, combustión, etcétera), el proyecto busca visibilizar el costado afirmativo de la actividad de este sector y no solo dar la discusión en torno al (legítimo por otra parte), elemento vinculado a su actividad como medio de subsistencia de miles de familias. Como “recicladores”, entonces, los cartoneros, carreros y afines, están de hecho cumpliendo, generalmente, con un servicio social, sin contraprestación alguna por parte del Estado, que debería ser quien garantice la tarea, conforme no solo a las legislaciones nacionales vigentes (con su correspondencia provincial y municipal), sino también por los diversos compromisos internacionales adquiridos. En cambio, como ya se ha mencionado, el Estado suele perseguir, judicializar e incluso encarcelar a quienes trabajan en el sector. De allí que la unidad y la solidaridad de cada organización local y provincial con sus pares de otros lugares del país se les torne fundamental.
Por eso, ya desde su fundación esta semana, la Federación Cordobesa de Trabajadores del Ambiente (FCTA) se constituyó como una expresión provincial de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR), que integra a su vez la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
La FACyR se autodesigna como una “herramienta reivindicativa” de los trabajadores, nacida para resistir los embates del Estado contra el sector y defender los derechos y el reconocimiento del valor ambiental y social de la labor desarrollada por los cartoneros, carreros, recicladores y recuperadores urbanos de todo el país, organizados en cooperativas o formas asociativas similares. Luchan por anular la prohibición estatal de su derecho a trabajar, para que se los reconozca como trabajadores y, por lo tanto, se les pague una remuneración por su tarea, con todo lo que eso implica: acceso a una obra social y un seguro contra accidentes; herramientas, maquinaria y vehículos para su labor pero, también, para combatir el “negocio corrupto” del reciclado en manos privadas. Comprendiendo las reconfiguraciones a nivel mundial, la Federación integra asimismo la CTEP, organización a través de la cual los trabajadores de la denominada “Economía Popular” buscan hacerse un lugar como sujetos políticos que resisten las mutaciones del capitalismo mundial como un sector de la clase obrera que parece ya no estar en una situación transitoria.
Autogestión, sindicalización y política
Si, tal como define el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST), las prácticas cooperativas se caracterizan por el “carácter colectivo de la propiedad”, y porque se rigen “por principios democráticos, de adhesión libre, voluntaria y responsable de sus integrantes”, entonces, la práctica de la cooperación se torna un gran “instrumento pedagógico” para la construcción del “ser social”, según reflexionan en una de sus cartillas. Visto desde esta perspectiva, aun en trabajos de pequeña escala, la cooperación se torna un elemento central en la edificación de un nuevo tipo de socialización. Recordemos, dicho sea de paso, que hace ya un siglo y medio -casi- Karl Marx analizó en El Capital que la cooperación era (conceptual e históricamente) el punto de partida de la producción capitalista. “El mero contacto social genera, en la mayor parte de los trabajos productivos, una emulación, y peculiar activación de los espíritus libres, las cuales acrecientan la capacidad individual de rendimiento”, subrayó en aquél emblemático libro.
Por supuesto, las experiencias sostenidas en una concepción cooperativa y autogestiva (no olvidar que bajo el nombre de “cooperativas” se esconden empresas de servicios que no hacen más que precarizar la fuerza de trabajo y engatusar a sus usuarios) son experiencias acotadas, puntuales, que no tienen perspectivas de masificarse y expandirse si no se amplían los horizontes políticos en el país con cambios más generales, pero en el “mientras tanto”, operan -o pueden hacerlo- como ejemplo de otros modos de organizar la producción.
«Las experiencias sostenidas en una concepción cooperativa y autogestiva son experiencias acotadas, puntuales, que no tienen perspectivas de masificarse y expandirse si no se amplían los horizontes políticos en el país con cambios más generales, pero en el “mientras tanto”, operan -o pueden hacerlo- como ejemplo de otros modos de organizar la producción»
Así y todo, los proyectos de producción autogestiva siguen siendo emprendimientos que, más allá de cambios de coyuntura, no dejan de proliferar en la Argentina, por la sencilla razón de que hay toda una masa de la población que no ingresó al mercado laboral, aun después de los mejores momentos de reactivación económica que el país vivió durante la última década. Esto, sumado a la inmensa cantidad de trabajadores -sobre todo jóvenes- que fluctúan entre la desocupación y el trabajo precarizado y temporal. Por eso la construcción de nuevas herramientas se torna una tarea estratégica del movimiento popular.
Después de experiencias de ocupación de fábricas y recuperación de empresas (y su puesta en funcionamiento bajo la modalidad “cooperativa” o de “gestión obrera”) por parte de sus trabajadores, en auge durante los años 2001-2002, y el sostenimiento de proyectos autónomos de producción autogestiva, nucleados en numerosos movimientos sociales de base, la emergencia de herramientas de organización como la CTEP, muestran un salto de calidad en la construcción política de los sectores populares. Y no solo porque en ella, retomando la perspectiva unitaria de los sindicatos, conviven distintas tendencias políticas, sino además porque logran combinar las dinámicas más participativas y de acción directa de esos movimientos sociales con las perspectivas de sindicalización de esos sectores y de otros que, aún siendo “trabajadores de la economía popular”, suelen realizar sus tareas laborales de manera menos organizada, más individual que colectivamente.
Por eso, tras la Marcha de San Cayetano protagonizada por 100 mil trabajadores de la economía popular en agosto, pero también luego de la masiva Marcha Federal, que puso 200 mil personas en la Plaza de Mayo en septiembre (principalmente encuadradas en gremios, adscriptos a las dos CTA pero también a la CGT), la posible alianza entre estos sectores con quienes construyen dentro del movimiento sindical puede aportar a la construcción de una dinámica política que, desde lo social, contribuya a cambiar las relaciones de fuerzas en el país, y que la “aplanadora macrista” no puede avanzar tan fácilmente con su ofensiva conservadora.
