“Se monta y arma un grande y completo aparato de hacer opinar a la gente en este sentido y no esto otro … ¡y a eso se llama libertad de opinión!. Este aparato responde a un pilotaje invisible y está fuera de todo control nacional político o no político”
Leonardo Castellani
¿Para qué el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15?
El Gobierno Nacional sancionó el DNU 267/15 por intermedio del cual derogó parte importante del articulado de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522/09) y la de Argentina Digital (27.078/14). Básicamente y de manera sumamente resumida, el DNU implicó:
a- Beneficiar al Grupo Clarín.
-El DNU prorrogó por 10 años las licencias del grupo de medios. En el año 2005 el Gobierno Nacional ya había prorrogado por el mismo tiempo las licencias (Decreto 527/05).
-Evitó que Clarín aplique la cláusula antimonopolio de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que había sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
También para proteger al grupo empresario, en el año 2002 Duhalde sancionó una ley que puso un tope del 30% del capital extranjero en medios (25.750/03). La finalidad fue evitar que un acreedor extranjero se quede con Clarín, que había tomado préstamos para comprar los cableoperadores del interior.
-El DNU favorece la posibilidad de que el grupo retenga y amplíe su red de televisión por cable (“TV por suscripción”). El decreto estableció que la TV por cable se regula por la misma norma que las telecomunicaciones y no por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Actualmente y como resultado de la reforma, no hay límite del número de licencias, los operadores no deben respetar las grillas, ni promover canales locales y tampoco están obligados a cumplir con las finalidades culturales de la ley 26.522/09.
Es de esperar que Clarín refuerce su política de apropiación del cable en todo el país que aplicó en los años noventa. El grupo adquirió Nextel para extender su actividad a los servicios de telefonía y la nueva normativa le permite ampliar sus licencias de TV abierta.
El Grupo Clarín es el gran beneficiario del DNU y todo indica que Cambiemos le pagó su apoyo político en la campaña electoral del año 2015.
b- Favorecer al Grupo Telefónica. Además de la prorroga de licencias mencionada, el gobierno apoya a este grupo con la posibilidad de que en dos o tres años las telefónicas puedan vender televisión por cable o satelital.
c. Debilitar las funciones de regulación del sistema de medios por parte de las organizaciones libres del pueblo y el Congreso, en relación al Poder Ejecutivo. El Decreto clausuró la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), creando en su lugar el Ente Nacional de Comunicación (ENACOM). El ENACOM se compone de un presidente y de tres directores nombrados por el Poder Ejecutivo. De los tres directores que designa el Congreso uno corresponde a la primera minoría. En resumen, Mauricio Macri designa cinco miembros del ENACOM y la oposición solamente dos. La norma establece que sus miembros pueden ser removidos sin causa o proceso y desaparecen las representaciones de las provincias o de las universidades.
El DNU flexibiliza la transferencia de licencias entre los grupos, cuestión que facilita la consolidación del sistema de oligopolios y acentúa la falta de regulación pública.
En paralelo, el gobierno apoyó la finalización de Fútbol Para Todos, transfiriendo la televisación de los partidos a los grupos privados. Paradójicamente, la mayoría de los costos del futbol siguieron siendo abordados por el Gobierno Nacional.
Comisión para la reforma de las leyes de Servicios de Comunicación y Argentina Digital
El objetivo que originó la reforma es la potencial “convergencia” y la supuesta búsqueda de la “pluralidad” de los medios públicos. En este contexto, el DNU creó una Comisión para la elaboración de un proyecto de reforma de las normas derogadas. La Comisión publicó un documento con 17 “Principios que regirán la Ley de Comunicaciones Convergentes”. El texto fue elaborado por un colectivo de seis personas dirigidas por Silvana Giudici y con figuras vinculadas a Clarín y Telefónica.
En general, el documento está cargado de “buenas intenciones” como es el caso de la convergencia, la pluralidad de voces, el respeto a los derechos de los usuarios, el derecho al acceso a internet, la autonomía de los órganos de control, la adjudicación “razonable” de licencias, la promoción de la cultura nacional, la defensa del empleo del periodista, el pluralismo de los medios estatales o la existencia de medios comunitarios.
En buena medida, gran parte del decálogo de intenciones ya integraba la regulación anterior. El texto tiene grandes omisiones y a la vista de lo que está efectivamente ocurriendo, difícilmente se puede cumplir el “espíritu” de la Comisión. Además, y tema preocupante, se están perdiendo miles de puestos de trabajo en medios y poderosos grupos norteamericanos están ganando espacio.
El sistema de medios de comunicación y la dependencia cultural
Las medidas de gobierno de Cambiemos profundizan la condición cultural dependiente de la Argentina. En el plano de la comunicación se reproduce la asimetría de la división internacional del trabajo, que está caracterizada por la existencia de un centro que vende tecnología y exporta contenidos (EUA y Europa) y por una periferia que reproduce los patrones culturales dominantes. Las potencias económicas y culturales desarrollan su predominio a partir de vincularse con actores locales. Esta realidad no es meramente un problema argentino, sino que caracteriza a Chile (Diario Mercurio), Venezuela (Grupo Cisneros) o Brasil (Grupo Globo). Estas empresas de medios son puertas de entrada en Iberoamérica de los intereses geopolíticos, económicos e ideológicos de las potencias internacionales.
El funcionamiento del sistema de medios del país se caracteriza por tres rasgos fundamentales que son:
Comportamiento oligárquico
La historia de nuestra comunicación está ligada directamente al poder de la oligarquía económica y política. La línea editorial de los principales medios es la de los grupos agroexportadores o la de los grupos industriales. Arturo Jauretche lo describió con lucidez cuando mencionó que “El cuarto poder está constituido en la actualidad por las grandes empresas periodísticas que son, primero empresas, y después prensa. Se trata de un negocio como cualquier otro que para sostenerse debe ganar dinero vendiendo diarios y recibiendo avisos (…) Así, el diario es un medio y no un fin, y la llamada “libertad de prensa”, una manifestación de la libertad de empresa que a ella se subordina, porque la prensa es libre sólo en la medida que sirva a la empresa y no contraríe sus intereses”.
Extranjerizante
El mundo se desenvuelve en una férrea disputa cultural. Las Potencias tienen sus propias agencias y medios de organización y de difusión cultural para Iberoamérica. Los Estados Unidos disponen de la CNN en español, los rusos RT en español, los chinos administran la agencia Xinhua y los británicos Reuters. Además de las agencias de noticias, hace tiempo que las potencias extranjeras están comprando los medios de comunicación en el país.
Cambiemos promueve que el norteamericano grupo Turner adquiera Telefe (español) y el negociado de la transmisión del futbol. De conseguirlo, los EUA abrirían CNN Argentina e impondrán su ideología desde el deporte y las noticias.
Los españoles manejaron con perspectiva estratégica los medios y a la par que compraron canales y radios con Carlos Menem, fueron persuadiendo a la opinión pública argentina para que sus grupos económicos se queden con el petróleo (REPSOL), Aerolíneas (Marsans) o las telefonías de la ex ENTEL (Telefónica). No exageró Juan José Hernández Arregui cuando mencionó que “Desacreditar y aislar todo pensamiento argentino era la misión combinada de la prensa, la radio, el cine, al servicio de los centros organizados del poder mundial”.
Tal cual denunció Julian Assange, el grupo norteamericano nucleado en Silicon Valley (Apple, Google o Facebook) utiliza las nuevas tecnologías al servicio de la política exterior norteamericana. Estos grupos controlan a las personas, moldean conductas y direccionan búsquedas de información, de consumos comerciales y de opiniones políticas en las redes.
Buena parte de nuestra comunicación en redes sociales, televisión o radio está orientada al beneficio de empresas extranjeras y promueve la geopolítica europea y norteamericana.
Oligopólicos
Nuestro sistema de comunicación está sumamente concentrado y permite que algunos pocos grupos manejen buena parte de la emisión y distribución de la cultura. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tenía, entre otras funciones, el objetivo de democratizar esta concentración que hace imposible la pluralidad de voces y que impide la vida democrática.
Con el DNU que comentamos, la aristocracia del dinero está impulsando activamente la consolidación oligopólica y concentrada de los medios.
La aristocracia del dinero de Cambiemos profundiza el proyecto neoliberal
Lejos de ser original en este y en otros planos, el Gobierno Nacional aplica un paquete de medidas que fueron iniciadas en el año 1955 y profundizadas a partir del año 1976 y 1989.
Agencias de noticias
El peronismo impulsó un sistema de medios públicos y privados, orientados a la promoción cultural y a la defensa de los intereses nacionales. Con dicha finalidad abrió la agencia de noticias Télam, de cuya escuela de periodismo se formaron Rogelio García Lupo o Jorge Ricardo Masetti quienes contribuyeron a crear la cubana Prensa Latina. Luego del año 1955 las noticias internacionales fueron importadas de las agencias norteamericanas que las cubren, editan y distribuyen en función de su interés nacional.
En el siglo XXI los gobiernos populares del continente crearon Telesur, con la finalidad de romper el cerco informativo neocolonial. Actualmente, Cambiemos borró Telesur de la grilla de la TV Digital abierta y sacó a la Argentina del canal sudamericano. En su lugar y en acuerdo con el gobierno de los EUA, Mauricio Macri impulsa al grupo Turner y a la CNN.
Con la Resolución 166 – E/16 de la Jefatura de Gabinete, el Gobierno Nacional se apropió de la base de datos del Anses para hacer propaganda en la telefonía y en los correos electrónicos de los individuos. En la campaña electoral de 2015 Cambiemos se quejaba de la comunicación gubernamental de Fútbol Para Todos y ahora le dieron ese poder a grupos económicos y posiblemente a los EUA. Actualmente y pese a lo que sostenían hace un año, realizan una onerosa y masiva campaña de prensa que avanza sobre las libertades individuales. La publicidad de gobierno es financiada con recursos públicos derivados de los favores a Clarín o Telefonica y se complementa con un manejo masivo y agresivo en redes sociales y buscadores de música o videos. Con la Resolución 166 van a hacer propaganda en cadena en los teléfonos particulares y en los correos personales de más de 30 millones de personas.
Los dueños de los medios de comunicación
Luego de producido un conflicto gremial entre el Diario La Prensa y sus trabajadores que culminó con un obrero muerto, el gobierno peronista expropió el periódico en el año 1951. A diferencia de lo que tradicionalmente ocurre, el Estado fallaba a favor de los obreros que recibieron el medio y lo administraron de manera idónea y democrática. El nicho de mercado de La Prensa fue ocupado, en parte, por el diario Clarín.
Para contrarrestar la acción oligárquica, meramente comercial y extranjerizante del periodismo, el Estado creó la televisión pública en 1951 (Canal 7). Durante la etapa el Estado potenció la producción nacional y cultural y adquirió algunas radios.
El gobierno había generado las condiciones legales y tecnológicas para la aparición de tres canales privados, que fueron asignados luego del golpe de Estado de 1955. La dictadura de Aramburu clausuró todos los medios de comunicación ligados al gobierno democrático, sean estatales, partidarios o sindicales y sancionó el decreto 4161 que directamente prohibía nombrar a Perón y a su Movimiento. Los nuevos canales de televisión fueron adjudicados con un doble criterio:
Los titulares eran referentes políticos opositores al gobierno y a la democracia popular;
Los contenidos y la tecnología eran principalmente norteamericanos. Canal 9 se vinculó a la National Broadcasting Company (NBC), el 13 nació ligado a Goar Mestre con vínculos con la Columbia Broadcasting System (CBC) y Time Life y el Canal 11 con la American Broadcasting Company (ABC).
Como resultado de esta decisión gubernamental, la Argentina ponía los medios de comunicación al servicio de las dictaduras políticas y de la norteamericanización de la económica.
En el año 1974 el peronismo no renovó las licencias de los tres canales privados que pasaron al Estado. Lo mismo hizo Hugo Chávez en el año 2007 con Radio Caracas Televisión (RCTV) y no le renovó la licencia. Como a Perón, al dirigente bolivariano lo acusaron de dictador. Paradójicamente, cuando se privatizó Canal 9 a la vuelta de la democracia o las televisoras 11 y 13 con Menem, los mismos periodistas hablaron de pluralismo y de libertad de prensa. Se cumplió un principio dogmático del liberalismo que sostiene que las trasferencias económicas de la mayoría popular a una minoría oligárquica son legítimas y que el proceso inverso es un medio de “subversión y autoritarismo”.
Hasta la llegada de Carlos Menem a la presidencia en el año 1989, la propiedad de medios tendió a ser nacional y sus perspectivas y contenidos (series o noticias) extranjeros. El presidente riojano modificó la ley de medios de la dictadura 22.285/80 que prohibía a los licenciatarios ser extranjeros. En paralelo y en el marco de la Constitución Nacional de 1994, firmó tratados de inversión con EUA permitiendo que la potencia del norte administre nuestra cultura. La decisión de Macri de apoyar a Turner no es original, sino que profundiza la dependencia cultural y política iniciada en el año 1955.
El menemismo mantuvo la prohibición para que las cooperativas sean licenciatarias de medios, contribuyendo a la consolidación de un modelo comercial y oligopólico de la cultura. El gobierno menemista amplió la cantidad posible de licencias de cuatro a veinticuatro y permitió el cruce de empresas gráficas con la producción audiovisual. Los grandes grupos comerciales tenían todo el poder mediático en sus manos y la democracia estaba silenciada.
Regulación democrática del sistema de comunicación audiovisual
Tal cual adelantamos, la historia de la comunicación es la de nuestra oligarquía que evitó las regulaciones propias de la soberanía popular. No es casualidad que en democracia sólo dos gobiernos impulsaron leyes de servicios de comunicación: en 1953 y 2009. El poder económico nacional y extranjero no sometió la regulación de medios a fines sociales y en nombre de la libertad de prensa retuvo sus privilegios de clase o de facción. Esta última condición también se repitió en dictaduras y no es secreto para nadie que Clarín o La Nación apoyaron al golpe de 1976 continuando una actitud que Mariano Grondona había aplicado desde Primera Plana en 1966.
La ley de medios del peronismo 14.241/53 declaraba al sistema interés público, prohibía el ingreso del capital extranjero, impedía la formación de oligopolios, vedaba la trasferencia de licencias y le proporcionaba una importancia fundamental al sistema oficial de comunicación. Desde el año 1955 se produjo el proceso inverso y la prensa se volvió eminentemente comercial, de propiedad extranjera y concentrada en pocas manos privadas.
Desde la vuelta de la democracia la Coalición por una Radiodifusión Democrática, impulsó una comunicación con perspectiva social y que no sea un mero negocio, sostuvo que había que impedir la concentración y la trasferencia de licencias por parte de los grandes actores. El espació bregó por la pluralidad de voces y por el derecho a que los medios comunitarios y sin fines de lucro sean propietarios y emisores. Desde su origen, la Coalición contempló la defensa de la cultura nacional y local y la formación de una autoridad de control diversa y democrática.
Muchos de estos principios conformaron la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del año 2009. Esta última norma conjuntamente con la ley de Educación Nacional del 2006, fueron los dos textos normativos más debatidos en foros, sindicatos o universidades de toda la historia Argentina.
La aristocracia del dinero que gobierna los destinos del país quiere retrotraer el sistema cultural al año 1955. Mientras tanto y como sostuvo Leonardo Castellani “seguimos hablando para que siga respirando la patria. Mientras habla una nación, no está muerta”
