De la Redacción de ZOOM. El golpe del 24 de marzo, el Plan Cóndor y la complicidad cívico-militar en una charla donde opinaron Ana María Careaga, directora del Instituto Espacio para la Memoria (IEM); Antonio Rojas Salinas, abogado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo; Carlos Zamorano, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; y la periodista Stella Calloni.
La última dictadura militar argentina representó un plan sistemático de persecución y destrucción de la articulación y lucha de los sectores organizados y populares del país, que incluyó también a los militantes y dirigentes políticos, sociales, culturales y religiosos de las colectividades migrantes organizadas en la Argentina.
La Operación Cóndor fue el pacto criminal de los dictadores Latinoamericanos para ensañarse contra el campo popular bajo el libreto de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Cuatro militantes de los Derechos Humanos y protagonistas directos de la resistencia al poder déspota analizan y retratan las implicancias del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, que provocó la desaparición de 30 mil seres humanos, exilios y la prisión de miles de personas: Ana María Careaga, directora del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), Antonio Rojas Salinas, abogado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Carlos Zamorano, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Stella Calloni, periodista e investigadora del Plan Cóndor.
Terminar con la impunidad de los represores
A los 16 años y con un embarazo de tres meses, Ana María Careaga fue secuestrada en junio de 1977 y llevada al centro clandestino El Atlético, donde estuvo cuatro meses, posteriormente junto con su familia partió al exilio. Ella es hija de la militante del Partido Revolucionario Febrerista de Paraguay, Esther Ballestrino de Careaga, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, secuestrada en la iglesia Santa Cruz y asesinada por la represión. Su búsqueda concluyó 28 años después, en julio de 2005 se encontró sus restos junto con otras dos de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de De Vicenti y María Ponce de Bianco.
La actual directora del Instituto Espacio para la Memoria considera que los procesos judiciales que se iniciaron en contra de los responsables de la desaparición, muerte, tortura y apresamiento de miles de militantes y activistas sociales y políticas son ejemplificadoras respecto a cómo hacer justicia. En ese sentido la responsable del IEM afirma que “una sociedad basada en la impunidad no puede salir adelante”.
Careaga destaca la importancia de las luchas de los movimientos de Derechos Humanos para que las causas se profundicen y lograr en el corto tiempo el procesamiento de todos los represores.
“Las causas son fragmentadas, los testigos tienen que recorrer una y otra vez los estrados judiciales dando testimonios. Es importante que sigamos trabajando para que la sociedad en su conjunto se haga cargo, y que las violaciones a los derechos humanos deje de ser tratados solamente por las víctimas directa de la represión”, afirma Ana María Careaga, aludiendo que aún falta mucho por esclarecer los casos de la represión de la dictadura.
“Durante mucho tiempo el discurso alternativo del movimiento de derechos humanos había instalado en nuestro país la “teoría de los dos demonios” (*). Pacientemente se trabajo para desechar esta aseveración y demostrar que acá hubo un solo demonio, y fue la del terrorismo de Estado”, ratifica.
Operación Cóndor: Pacto Criminal
Stella Calloni, periodista, escritora e investigadora del Plan Cóndor revela los antecedentes, testimonios y las pruebas de este criminal pacto llevado a cabo por los regimenes militares del Cono Sur.
No hay lugar de Latinoamérica que Calloni haya dejado de investigar. Así desde las crueldades de los dictadores centroamericanos y sus pares sudamericanos. “Tuvimos una sucesión de dictaduras en Argentina desde 1955, la dictadura de Alfredo Stroessner tuvo el apoyo de los militares argentinos desde ese momento para aplacar las guerrillas -FULNA y 14 de Mayo- que habían nacidos para combatir contra la dictadura de Stroessner”, revela Stella Calloni acerca de los inicios del Frente Unido de Liberación Nacional (FULNA), uno de los grupos de resistencia armada a la dictadura de Stroessner que se gestó en 1958 en la Argentina, junto con el Movimiento 14 de Mayo y apoyado muy de cerca por internacionalistas argentinos.
Calloni afirma que la última dictadura se gestó antes del golpe del 24 de marzo con el denominado Operativo Independencia en Tucumán, donde afloraron los secuestros, la creación de ccautiverios clandestinos y la utilización de la tortura en los interrogatorios, así como el ocultamiento de los cuerpos de los asesinados y negación oficial de estas prácticas.
“El plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de Sudamérica -Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia- llevada a cabo en las décadas de 1970 y 1980, fue una operación típica de contrainsurgencia organizado bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional de Estados Unidos que impuso el terrorismo de Estado en todo nuestros países, este a su vez fue el espejo trágico de la Operación Fénix en Asia”, explica Calloni.
“El caso de Gradys Meillinger de Saneman, exiliada paraguaya en Argentina y que dos días después del golpe de marzo de 1976 fue cruelmente torturada en la cárcel de Posadas y entregada posteriormente a fuerzas militares de Paraguay que la trasladó a la Técnica (centro de tortura) luego al campo de concentración de Emboscada, en las afueras de Asunción, y finalmente terminar en la ESMA, esta ha sido la manera como se desarrolló el pacto”, sostiene la investigadora.
Stella Calloni señala que el Golpe de Estado en Brasil en 1964 contra João Goulart protagonizado por militares brasileños y el derrocamiento del general Juan José Torres en Bolivia, que posibilitó la dictadura de Hugo Banzer ha sido apoyado por Estados Unidos. “Recién ahora esta apareciendo los documentos que los demuestran, pero nosotros ya habíamos denunciado mucho antes”, afirma Calloni.
Juan José Torres fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires el 2 de junio de 1976, en el marco del Plan Cóndor, en complicidad y colaboración de las dictaduras de Hugo Banzer y Jorge Rafael Videla.
La autora del libro Operación Cóndor. Pacto criminal relaciona que el modelo dictatorial de un gobierno democrático en Uruguay en 1971 también ha sido ejecutado desde Washington.
El Partido Colorado de Uruguay, entonces en el gobierno, llevaba como candidato a Juan Bordaberry, a la postre elegido presidente. Este asumió en marzo de 1972, dio un golpe de Estado en 1973 de la mano de los militares y fungió como presidente de facto hasta 1976, la dictadura siguió hasta 1985.
“No podemos del papel desempeñado por Estados Unidos en el golpe de Estado en Chile en 1973, que encabezó Augusto Pinochet derrocando al primer presidente socialista elegido democráticamente en America Latina. Las documentaciones sobre el golpe militar en Chile hay que estudiarla porque ahí vemos como se preparó ese golpe, y, de como Estados Unidos utilizó los métodos que ya había desarrollado en Centroamérica”, sostiene Calloni.
El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y sus cómplices
El abogado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Antonio Rojas Salinas, relaciona la complicidad de varios actores civiles con la dictadura militar que se impostó a partir del 24 de marzo de 1976. Señala que hubo una connivencia de las empresas de comunicación, la jerarquía de la iglesia católica, la burocracia sindical, el Poder Judicial y el poder político y economico.
“El golpe del 24 de marzo de 1976 fue esencialmente para plasmar una política económica diseñado por el imperialismo estadounidense y los consorcios financieros internacionales. En el caso de Argentina se plasmó básicamente en el ensañamiento del Estado para la entrega a precio vil de los bienes del Estado, la destrucción del aparato productivo y un gran endeudamiento, esto como sabemos agudizó la crisis y produjo desempleos, caída de salarios y provocó la conmoción popular que ya venia en curso pero la situación de crisis la potenció”, alega Antonio Rojas Salinas.
“El sistema necesitó un cierto clima de paz social para perpetuarse y reproducirse, el modo de lograrlo es a través de la represión que comenzó y prosiguió con el golpe del Estado. Con la implementación del plan criminal, las victimas fueron aquellas personas que querían un mundo mejor, que luchaban desinteresadamente en pos de cambiar este sistema perverso e injusto, las que buscaban la igualdad de oportunidades, la inclusión social a través de una mejor distribución de la riqueza”, dijo el abogado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Rojas Salinas detalla que las características descritas han sido el parámetro común de los perseguidos políticos durante esta oprobiosa época.
“El plan criminal consistió en secuestro de personas en estado de absoluta indefensión, llevados a cientos de centros clandestinos de detención que funcionaban en todo el país, donde eran salvajemente torturados y en la mayoría de los caso asesinados. Hubo caso de mujeres violadas, otras que tuvieron que dar a luz a sus hijos en los centros clandestinos; sus hijos fueron apropiados y sus partidas de nacimientos fueron falsificaron para imitarles identidad; los bienes de las victimas también se convirtieron en aves de rapiñas”, detalla el asesor jurídico de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Iglesia y dictadura
“La estructura de la iglesia fue absolutamente connivente con la dictadura. No sólo bendijeron las armas que los militares utilizaron para la represión sino también estuvieron en los centros clandestinos de detención tratando de obtener información, del mismo modo cuando los familiares recurrirían a los referentes de la iglesia para buscar apoyo, estas después son facilitadas al aparato de inteligencia militar”, afirma Rojas.
Según Rojas, “hay documentos que revelan con crudeza la justificación de la represión, considerando a los luchadores políticos- sociales que están en contra del mandato de Dios, eso justifica y explica el silencio de la iglesia frente a las víctimas de su propia creencia”.
“Hubo muchos sacerdotes que clamaban por justicia, que militaron y acompañaron a los familiares de las víctimas y fueron perseguidos y silenciados por la estructura de la iglesia. Esta complicidad se ve reflejada en muchísimos casos, por nombrar sólo algunos, los curas Murias y Longueverille (**) que fueron secuestrado en Chamical, La Rioja en el año 1976. Sus cuerpos dos días después aparecieron totalmente torturados, el obispo Angeleli estuvo investigando lo que ocurrió con estos curas, también tiempo después habría sido asesinado en un supuesto accidente automovilístico el obispo Ponce de León, así como la muerte de los religiosos Palotinos”, atestigua Antonio Rojas.
Empresas periodísticas
“Los empresarios de comunicación (radial, gráfica y audiovisual) fueron absolutamente funcionales en el tratamiento de las informaciones que divulgaban, hablaban de muertes en enfrentamientos a sabiendas que se trababan de fusilamientos. Comparaban la información de que los argentinos son derechos y humanos para instalar en el ámbito internacional, y el mensaje discursivo del víctima sospechoso, en algo debe estar”, interpela Rojas el proceder de algunos medios de comunicación durante la dictadura militar. Resalta que la burocracia sindical también ha sido cómplice desde el momento en que señalaban a los trabajadores honestos, comisiones internas y a delegados sindicales.
La complicidad Judicial
“El Poder Judicial que fueron declarados en Comisión debieron jurar por las actas de la dictaduras, eran verdaderos bandos militares, en detrimentos de la propia Constitución. Estos jueces aceptaban como validas las normas que emitían la Comisión de Asesoramiento Legislativo, es un ejemplo de cómo se pretendió remplazar al Congreso que estaba integrado por tres oficiales de cada una de las fuerzas”, relaciona el abogado Antonio Rojas respecto a la connivencia del Poder Judicial con la dictadura.
Agregó que “estos jueces jamás resolvieron un sólo caso de privación ilegitima de libertad a pesar de que fueron presentados miles de hábeas corpus. Sin embargo dictaron condenas severísimas cuando se trataban de perseguidos políticos y que había tenido “la suerte” de haberse sido legalizados. Admitieron a su vez la validez de la vigencia del estado de sitio durante más de siete años, la desnaturalización de la opción de salida del país para los perseguidos políticos”.
Por último Rojas Salinas reitera que “las fuerzas represivas tuvieron sectores muy importante que los apoyaron, los avalaron y fueron absolutamente funcionales, no hay dudas de que los delitos cometidos se inscriben dentro del genocidio, delitos aberrantes contra la condición humana, y por ello sostenemos que es aplicable totalmente la Convención para la Prevención y la Sanción de Delitos de Genocidio aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948 y ratificada por el Estado argentino en el año 1956”.
Golpe Militar para imponer plan económico
Al abogado y dirigente histórico de la comisión de derechos humanos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Carlos Zamorano, el golpe de Estado de 1976 lo sorprendió estando preso, hacía 16 meses que estaba en la cárcel por persecución política. Recluido en ocho campos de concentración durante seis años, asegura que “el golpe militar argentino se produjo para imponer un plan económico y no para restablecer el orden como se quiere hacer aparecer, tampoco ha sido una dictadura estrictamente militar. Hoy se habla de una dictadura empresarial-civil-militar, no ha sido fácil definirlo de esa manera sin chocar con muchos actores, que incluso algunos componían organismos relacionados con los derechos humanos”.
Para Carlos Zamorano, “el 24 de marzo no es una fecha infausta sino de la memoria considerando a su vez que en 1813 la Asamblea Nacional Constituyente declaró, un 24 de marzo, la abolición del tribunal de la inquisición y eso me llena de satisfacción. El 24 de marzo de 1816 se abrió el Congreso Constituyente de Tucumán que dictó la independencia el 9 de julio de ese año, es por ello que no podemos afirmar que es una efeméride infausta”, reflexiona el abogado y activista de los derechos humanos.
Los cuatro exponentes de la militancia por los derechos humanos coinciden que el país está viviendo un momento oportuno, por decisión política, para que después de 35 años estén siendo juzgados y condenados los represores de la última dictadura militar dentro del derecho vigente, con todas las garantías que ellos jamás les dio a sus víctimas. Para Antonio Rojas “la fecha del 24 de marzo es propicia para asumir compromiso con la justicia, la memoria y tener presente siempre la entrega de aquellos compañeros que dieron todos por un mundo mejor”.
Notas:
(*) El término teoría de los dos demonios acuña una concepción ideológica en las que los actos de violencia y terrorismo perpetrados por las Fuerzas Armadas argentinas son comparables a las acciones de las organizaciones guerrilleras. En la edición del año 2006 del Nunca más se agregó un nuevo prólogo en la que se rechaza esta denominación en contraposición al primer prólogo redactado por Ernesto Sabato y Magdalena Ruiz Guiñazú cuando formaban parte de la (CONADEP) Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
(**) El abogado Antonio Rojas se refiere a los sacerdotes Gabriel Longueville, asesinado en Chamical, La Rioja, el 18 de julio de 1976 y a Carlos de Dios Murias, asesinado en Chamical, La Rioja, el 18 de noviembre de 1976. El número de cristianos -católicos y protestantes-, comprometidos en actividades apostólicas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, es difícil de estimar. Sin embargo involucra a una cantidad importante de los miles de asesinados, detenidos-desaparecidos, presos y exiliados que produjeron las fuerzas armadas entre 1974 y 1983. Los religiosos de la Congregación Palotinos Irlandeses de la Parroquia San Patricio fueron otras de las víctimas.
