La discusión acerca de la potestad del Gobierno en tanto poder Ejecutivo que administra los recursos públicos del Estado a favor de las mayorías generó un cambio de paradigma en el Banco Central con la designación de Mercedes Marcó del Pont. Los límites del modelo y los caminos a seguir.
El inicio del Bicentenario sorprendió a los argentinos con un acalorado debate cuando la Presidenta Cristina Fernández solicitó la renuncia al ahora ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el funcionario se negó a presentarla. Inmediatamente, el frente neoconservador liderado por el monopolio mediático, lo constituyó en un líder democrático y defensor de las reservas internacionales de la patria. El funcionario finalmente fue desplazado de su cargo y, el fin del primer trimestre de 2010, recibió a Mercedes Marco del Pont como flamante presidente del Banco Central.
Este cambio pone fin a una contradicción fundamental que venía arrastrando el modelo heterodoxo desde el 2003. Nos referimos a una conducción bicéfala, donde desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se implementaban medidas que alentaban la demanda efectiva, la producción y el empleo, mientras que desde la autoridad monetaria se seguían políticas ortodoxas convalidando tasas de interés que inhibieron un proceso de transformación del ahorro interno en inversión productiva y alentaron la especulación financiera.
Desde el 2008 en adelante la política del BCRA se concentró en que el rendimiento financiero en pesos sea mayor a la tasa de devaluación y este procedimiento se acentuó con la crisis financiera internacional a lo largo del 2009. La idea era premiar a quien se quedara en pesos convalidando tasas lo suficientemente atractivas. Para ello se ocupó de que el crecimiento de la oferta monetaria fuese menor que el crecimiento de la economía y la evolución de los precios. Esta contradicción generó retrasos en el orden de la evolución de la inversión inhibiendo la consolidación de un proceso de crecimiento sostenido y un retraso cambiario que restó competitividad a la industria local. Creemos que este cambio en la conducción de la autoridad monetaria responde a la profundización del modelo económico heterodoxo e intenta acabar con dicha contradicción.
Pero el debate de fondo no fue saldado: ¿Qué son y para qué se deben utilizar las reservas del Banco Central? Este debate se postergó luego de la implosión del modelo neoliberal en 2001 pero, luego de seis años de crecimiento y en plena vigencia de un modelo económico heterodoxo conviene comenzar a discutir la política monetaria y las funciones de la entidad que las ejecuta, dado que de ella dependerá en gran medida, la posibilidad de mantener en el mediano plazo un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) cercano a los dos dígitos.
Para iniciar este proceso parece conveniente advertir al lector que, en general, a lo largo de la historia económica de nuestro país, cada vez que se inició un modelo económico de corte liberal, quienes lo implementaron se ocuparon de poner en orden la cuestión monetaria logrando que la autoridad de turno actuara consistentemente con sus objetivos políticos y económicos.
Desde la caja de conversión a fines del siglo XIX o “la tablita” en el proceso militar hasta las modificaciones a la Carta Orgánica del BCRA realizadas para poner en marcha la convertibilidad a principios de la década del ’90, siempre se asoció a los paradigmas “liberales” de turno la premisa monetaria de que la creación de moneda o medios de pago en la economía local debían quedar fuera de la orbita de decisiones del Estado Nacional. En otras palabras, la creación de dinero debe ser sólo y exclusivamente potestad del sector Financiero y regidas por una visión monetarista-neoliberal.
En esta visión si las cuentas públicas no son favorables (como normalmente ocurría) el Estado debía tomar deuda (normalmente externa) convalidando tasas de interés elevadas, acentuando un proceso de acumulación financiera cuyo resguardo, en caso de imposibilidad de pago del Estado, siempre eran los recursos acumulados en el ente financiero de turno.
El caso emblemático de este tipo de esquemas es la convertibilidad en la década del noventa. En aquel momento, el Estado no tenía ninguna posibilidad de emitir moneda, cualquier déficit público debía ser cubierto con endeudamiento externo. Se trató de una singular forma de emisión. En lugar de emitir papel moneda sin costo alguno para el Estado se emitieron bonos al costo que definían las consultoras de riesgo internacionales (y las retribuciones a los “lobistas” locales).
La política monetaria respondía al paradigma político económico del Consenso de Washington que consistía en cuatro premisas básicas: libertad de comercio, libertad en el mercado de capitales, desregulación de los mercados laborales, y la abstinencia total del Estado de intervenir en las cuestiones económicas. De esta forma el mercado monetario local era una mera extensión del mercado financiero internacional, si ingresaban capitales se ampliaba la oferta monetaria y se reducían las tasas de interés. El Estado no podía emitir billetes pero si podía emitir títulos de deuda con lo que no sólo equilibraba su presupuesto sino también el balance de divisas, claro que al costo de un creciente endeudamiento externo.
En este esquema los Estados-nación del Tercer Mundo fueron llamados emergentes. Se entendía, que emergerían de la pobreza de la mano invisible de los mercados financieros internacionales.
El modelo económico implícito en el paradigma no funcionó, la realidad dio por tierra con todas sus predicciones. El desempleo abierto creció, las economías nacionales se sobre endeudaron y las crisis se multiplicaron hasta extenderse a los centros políticos económicos del sistema. Estados Unidos experimento en el 2009 una de las peores crisis recesivas desde la década del ’30 y Europa aun no logra retomar la senda del crecimiento. La crisis griega pone en jaque a la moneda europea y amenaza a toda la región. En España, Francia y Alemania ya se aplican ajustes generalizados. La reducción de salarios y gasto público es la receta escogida.
Ante los hechos económicos de las ultimas dos décadas es prudente señalar que el paradigma económico en el que se asentó el Consenso de Washington se agotó, sus anomalías son demasiadas, es decir que ya no alcanzan algunas correcciones a sus postulados para interpretar la realidad y diseñar políticas económicas; por el contrario parece necesario, casi indispensable, un giro copernicano en la ciencia económica. Al elevar el fallo del mercado al papel de único criterio científico de eficacia y racionalidad, la economía “mestre” niega toda respetabilidad a la discusión del papel del Estado y de los Convenios Colectivos de Trabajo como instrumentos eficaces a la hora de la planificación económica. Asimismo se explicaron las depresiones y el desempleo considerándolas como el costo del progreso.
En este sentido la política económica ensayada en Argentina luego de la implosión de la convertibilidad es una muestra de que existen otros paradigmas. Desde 2003 el salario y las jubilaciones lejos de ser variables endógenas de ajuste para el mercado fueron instrumentos de política económica y social para recuperar el mercado interno. El tipo de cambio se utilizó como instrumento para corregir las diferenciales de productividad que la economía argentina tiene con las economías desarrolladas por los diferenciales tecnológicos y de escala (tamaño de mercado). El gasto y la inversión pública fueron también protagonistas de un proceso que sumó los esfuerzos del Estado a los del sector privado para mejorar la competitividad y a la vez corregir los problemas de la exclusión social. Y todo ello se logró a pesar que desde diversos sectores ortodoxos, muchos de ellos comprometidos con intereses espurios del viejo modelo, intentaron detener las reformas “y los cambios de enfoque” particularmente, en lo que atañe a la participación del Estado en la economía.
Sin embargo, los resultados económicos y sociales obtenidos, año tras año, fueron dejando sin argumentos validos a tales detractores que, pese a toda la evidencia disponible, continúan negando la realidad que luce ante sus ojos. La reducción de la pobreza y la indigencia, la reducción del desempleo, el crecimiento de la inversión y la producción, el aumento de las exportaciones, el desendeudamiento público, parecen no hacer mella en su obsesión por señalar las deficiencias por encima de los logros. Luego de siete años y de la evidencia disponible, tal actitud responde no sólo a una cuestión de intereses económicos sino también a una negación de carácter ideologista: de abandonar un paradigma caduco en nuestro país y en el mundo. Ocurre, siguiendo a Kunn, que el derrumbe de un paradigma no implica necesariamente la aparición de otro que lo supere. Más bien parecería que la crisis habilita las condiciones sociopolíticas y económicas que “acunan” la aparición de nuevos paradigmas.
En el caso argentino es claro que en materia de política económica se avanzó en la construcción de una alternativa exitosa frente al fracaso de la ortodoxia neoliberal. También son claros los avances en términos de institucionalidad en el mercado de trabajo que ha sido de suma utilidad para coordinar objetivos del nuevo modelo con la Confederación General del Trabajo (CGT) y también con diversas entidades empresarias. Los objetivos de distribución se transformaron en metas cuantitativas y normalmente se cumplieron. Esta nueva institucionalidad queda reflejada en las palabras del Secretario de Estadísticas de la CGT, Horacio Ghilini (SADOP), cuando señala “… los modelos económicos implementados en la argentina desde Krieger Vasena a Cavallo, pasando por el también nefasto Martínez de Hoz, han conspirado contra los legítimos intereses de los trabajadores y generado brechas de desigualdad social sin precedentes. Durante los últimos siete años ha ido mejorando la participación de los trabajadores en la renta nacional pero aun estamos lejos de alcanzar el 50 por ciento. Durante doscientos años de historia sólo se superó el 50 por ciento del PBI durante las presidencias de Juan Domingo Perón. Nunca los trabajadores vivieron mejor que en esos períodos…”. También explica Ghilini que “el bombardeo mediático a veces no permite vislumbrar los logros alcanzados. Tampoco permite reconocer que las causas de la mayoría de los problemas reales que aun nos aquejan se asientan en las políticas neoliberales de décadas pasadas”.
El caso de la política e institucionalidad monetaria sea tal vez donde más se advierta la herencia del pasado neoliberal. En el sector financiero sigue vigente la Ley de Entidades Financieras impuesta por la última dictadura y la Carta Orgánica del BCRA armada por Cavallo a medida de la convertibilidad. Por ello en materia de política monetaria Martín Redrado y antes Alfonso Prat-Gay siguieron recurriendo a viejos esquemas. Al punto de caer en el absurdo de pretender que el Estado se siga endeudando a tasas superiores al 10 por ciento cuando por los recursos propios nos pagan menos del 1 por ciento. O, continuando en el orden de los absurdos, el sistema financiero local en vez de incentivar la inversión privada vuelca más del 70 por ciento de la liquidez del sistema a financiar consumo e importaciones en lugar de inversión y exportaciones. Ésta es una de las peores contradicciones que trabaron el desarrollo del modelo heterodoxo.
Si se pretende sostener elevados niveles de crecimiento del salario real y del empleo, sin elevadas tasas de inflación, es indispensable que la inversión reproductiva crezca a los niveles necesarios, de tal forma que, el crecimiento de la demanda efectiva encuentre respuesta en el aumento de la oferta. Para ello el sistema financiero y la política monetaria deben asegurar que la tasa de interés sea tal que asegure que ese incremento de la inversión se produzca. Para lograrlo no es suficiente que el valor de la misma asegure rentabilidad a la inversión, sino que además es necesario que se cuente con el volumen de crédito requerido y los accesos adecuados para que el ahorro local pueda transformarse en inversión.
Lamentablemente en los últimos años no se contó con estas condiciones. La política monetaria no se ocupó de este problema, más bien se concentró en restringir la oferta monetaria y convalidar tasas elevadas. Por su parte, el sistema financiero, se concentró en el negocio fácil de financiar el consumo en una economía en expansión.
Así las cosas, luego de siete años de vigencia del modelo heterodoxo, no disponemos de un sistema financiero que responda a las necesidades del momento. Están dadas todas las condiciones para que el modelo heterodoxo ingrese en su etapa de madurez y profundización. Para ello, como señala el economista Aldo Ferrer, “debemos vivir con lo nuestro”. Y esa frase no implica ningún ajuste, por el contrario implica que se puede crecer a tasas elevadas si se logra que el ahorro nacional (cerca del 30 por ciento del PBI) se transforme en inversión reproductiva (en la actualidad la IBIF es menos del 21 por ciento del PBI). Esto es posible sólo si se cambia radicalmente la política monetaria y se pone la misma no al servicio de la acumulación financiera sino al servicio del desarrollo productivo nacional.
Confiamos en que la actual presidente del BCRA intentará producir las modificaciones en la política monetaria que sigan este rumbo. Sin embargo, como se dijo en párrafos anteriores, la Carta Orgánica del BCRA y la ley que rige el sistema financiero responden al paradigma neoliberal del pasado. Por tanto para contar con una política monetaria acorde a las necesidades actuales del modelo heterodoxo será indispensable una variedad de cambios institucionales donde se redefina tanto el rol del BCRA como del sistema financiero local. Esta tarea puede ser postergada e incluso demorada tomando medidas como la de ampliar la base monetaria generando programas de inversión direccionados a sectores estratégicos. La madurez del modelo heterodoxo se alcanzará cuando la correlación de fuerzas habilite a una refundación institucional del sistema financiero local.
